La semana pasada se la llevó el Congreso del Estado. Una nota de la
reportera Claudia Beltrán, publicada en Noroeste, reveló que a cinco
diputados locales, miembros de la Junta de Coordinación Política, no les
basta el jugoso sueldo de 180 mil pesos, dietas y bonos incluidos, sino
que perciben también 30 mil pesos adicionales solo por pertenecer a
dicha comisión. Es decir, 210 mil pesos al mes, en números tan redondos
como los pesos.
Más que el sueldo formal del gobernador y más de lo que
gana el presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien tiene un
sueldo formal de 204 mil 185 pesos, según el Presupuesto de Egresos de
la Federación para 2014, ya con prestaciones incluidas, sin bonos extra,
ni dietas, ni comisiones. (Los negocios son aparte).
Así las cosas, el sueldo de nuestros legisladores es mayor que el de
los diputados federales, quienes, de acuerdo a la misma fuente, cobran
al mes, con todo y prestaciones, un salario de 124 mil 656 pesos; y que
el de los senadores de la república, quienes reciben, prestaciones
incluidas, 165 mil 227 pesos mensuales.
¿Dé qué están hechos nuestros diputados? ¿De qué material los sinaloenses?
Ya se habían dado primeras lecturas a las cuentas públicas
correspondientes a 2013, de los ayuntamientos, entidades
descentralizadas y la estatal. Y se habían propuesto los dictámenes.
Destacaban la suspensión de la cuentas de cuatro municipios y del
Fideicomiso del Fondo Agropecuario (FOFAES), por haberse encontrado
manejos turbios de los recursos.
La suspensión de la cuenta del FOFAES era histórica porque nunca el
Congreso del Estado había suspendido una cuenta estatal o parte de ella.
Igual que de un manotazo suspendiera las cuentas de cuatro municipios.
Pero de ese tamaño es el atraco que se ha estado ventilando en el
gasto de algunas comunas, a las que se les cercena la posibilidad del
desarrollo porque el dinero se va a los bolsillos de los funcionarios
públicos, alcaldes, tesoreros, regidores…
Aunque es inexplicable que se haya aprobado la cuenta de Sinaloa
municipio, que se había estado suspendiendo semestre tras semestre,
porque también allí la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó
millonarias irregularidades, entre ella la existencia de decenas de
facturas falsas atribuidas a una empresa fantasma que manipulaba un
cuñado del ex alcalde Saúl Rubio Valenzuela.
También se había generado una discusión sobre el papel que está
jugando la ASE, sus facultades y limitaciones, el destino de la
información que de sus revisiones se desprende. Pero al final apareció
el congreso al que los diputados de legislatura tras legislatura nos han
acostumbrado: manso, demagógico, mercader, complaciente, tapadera,
cómplice…
Cuando el martes se puso a discusión la cuenta del Gobierno estatal
correspondiente al segundo semestre de 2013, en realidad no hubo debate.
Solo dos diputados, los dos del PRD, se apuntaron para expresar su
rechazo al dictamen y propusieron una moción suspensiva. Pero no hubo un
argumento que respaldara la cuenta, solo una caterva de legisladores
que parecía les habían castrado el habla. De todos los colores,
panistas, priistas, ciudadanos y hasta los dos de nuevo cuño: Héctor
Melesio Cuen y Roberpierre Lizárraga, del PAS. Todos escondidos en el silencio, pero enfáticos,
puntuales al responder “aprobada”, con el clásico levantón del índice.
Un día antes, la propia ASE había citado a una inusual conferencia de
prensa para informar que le estaba dando al Gobierno estatal una
—inusual también— prórroga de seis meses para que aclarara el mugrero
que trae en las cuentas, lo cual significó, de facto, un salvoconducto
para quienes tienen que hacer las aclaraciones y el pretexto perfecto
para que los diputados se “lavaran” las manos.
Vendría la cereza del pastel. El miércoles el Congreso sesionó de
forma extraordinaria. Varias reformas había en su agenda, una con
carácter “urgente”, según petición del propio gobernador, previa la
comilona en Altata, donde las diferencias se disiparon en medio de
callos de hacha y camarones: la reforma a la Ley Orgánica de la
Procuraduría de Justicia, con el pretexto del nuevo sistema acusatorio,
pero que termina criminalizando el trabajo periodístico. Una burrada de
quien envió la iniciativa y otra de quienes la aprobaron, pues el
derecho a la información está garantizado por nuestra Constitución en su
artículo 6. Y el Estado no puede perseguir la expresión de las ideas ni
acotar el derecho a la información.
Bola y cadena
EL SENTIDO DE RESTRICCIÓN que implica la reforma es evidente y burdo:
(…) “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el
ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video, o
fotografías involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de
información relacionada con la seguridad pública o la procuración de
justicia”. Ah chinga…
Sentido contrario
LA OPOSICIÓN A TAL REFORMA no se dejó esperar por parte de los medios
locales y la noticia tuvo alcances nacionales al grado que a la vuelta
de dos días, tanto el gobernador como el congreso, decidieron recular.
En una apurada conferencia de prensa donde estuvieron todos los
coordinadores parlamentarios, los diputados anunciaron que la reforma se
cancelaría con una nueva iniciativa. Pero no se dio a conocer todavía
el contenido del texto.
Humo negro
PARA EL ANECDOTARIO de esta legislatura quedará la cándida
declaración de la diputada Silvia Miriam Chávez cuando fue cuestionada
al respecto: “la verdad es que ni la leí… somos unos burros”.
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