Luego de
publicar un desplegado en medios locales para ventilar acusaciones en contra de
Carlo Enrique Muzquiz Dávila, su madre, la señora Gloria Ofelia Dávila,
describe el posible despojo millonario del que ha sido víctima. “Lo que ha
estado haciendo en contra mía es un acto que no entiendo; que un hijo haga eso
contra de su mamá, es casi inconcebible”
Esta historia inicia
en 2002, a la muerte del señor Raymundo Muzquiz Ayala, prominente empresario en
Tijuana que forjó la empresa Inmobiliaria y Fraccionadora Lomas, S.A. de C.V.,
y deja a nombre de su esposa, Gloria Ofelia Dávila Rodríguez de Muzquiz, una
fortuna valuada en aproximadamente 2 mil y 3 mil millones de pesos
(aproximadamente 236 millones 220 mil 472 dólares), que ahora el hijo menor de
la familia, Carlo Enrique Muzquiz Dávila, busca arrebatarle a todo costo.
Según expone la
señora Dávila Rodríguez, para lograr su cometido, el segundo en discordia se ha
valido de diversas argucias legales, entre éstas, la sentencia del Juez Segundo
de lo Familiar, Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, quien declaró a la jefa de la
familia mentalmente incapacitada, aun cuando, con anterioridad, había
constatado su cordura, explicó a ZETA el abogado del caso, Luis Miguel
Krasovsky.
Aunado a lo
anterior, y con fecha de junio de 2012, se finge una donación pura y simple
supuestamente celebrada, donde la madre dona a su hijo “todos los bienes”.
El asunto salió a la
luz pública el viernes 18 de julio de 2014, cuando la señora publicó un
desplegado en los medios locales, señalando a Carlo Enrique de quererla traer a
Tijuana -ella reside en California desde hace algunos años- en contra de su
voluntad y sin saber los motivos, pero además lo desconoce y le pide que le dé
cuentas de la administración de la empresa a su cargo, pues dice, la ha
despojado de sus propiedades y de su dinero.
Por lo anterior,
sobre Carlo pesan cuatro acciones legales en su contra:
* Una demanda de revocación de donación, expediente
570/2014.
* Demanda de rendición de cuentas, expediente
481/2014.
* Demanda de nulidad de asamblea de 2001, expediente
738/2014.
* Demanda de nulidad de asamblea de 2004, expediente
698/2014.
También fue
denunciado el Juez Segundo de Distrito, Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, por
haber levantado medidas provisionales decretadas mediante auto de fecha 14 de
marzo de 2014, cuando ya se había percatado del “perfecto estado de salud y que
es capaz de gobernarse por sí misma”, esto en referencia a la señora Dávila
Rodríguez.
Cabe recordar que a
lo largo de su historia, la constructora Muzquiz (que a su vez forma parte de
Grupo Musa y de la que está a cargo Carlo, quien es cercano al poder) se ha visto
beneficiada con diversos contratos de obra, entre los que destacan parques
industriales, centros comerciales, zonas habitacionales e infraestructura para
la ciudad.
Dentro de las obras
de construcción de la firma están:
* Acueducto Tijuana-Mexicali, La Presa y La Misión.
* Aeropuerto Internacional de Tijuana.
* Carretera a Playas de Tijuana.
* Plaza Monumental de Toros.
* Hipódromo de Tijuana.
* Puerta México.
* Avenida Revolución.
* Bulevares Agua Caliente, Insurgentes, Manuel J.
Clouthier, El Rosario y Corredor Tijuana-Rosarito.
TEME POR SU SEGURIDAD
En la sala de su
casa, en Chula Vista, California, y en compañía de su hija María Anastasia
(conocida como Mariani) y su yerno David Patiño, la señora Gloria Rodríguez
accede a platicar con ZETA.
De entrada dice que
su nombre es Gloria Ofelia Dávila Rodríguez de Muzquiz, que en diciembre
cumplirá 85 años y que nació en 1928, que estuvo casada con el señor Muzquiz
(finado), con quien procreó cinco hijos: Felipe, Julio Raymundo, Gloria
Anastasia, Melchor y Carlo; solo cuatro de ellos concluyeron la preparatoria,
mientras que uno terminó sus estudios de nivel superior.
— ¿Cómo se siente de
salud hasta el momento?, pregunta el reportero.
“Usted véame a mí.
¿Ve que estoy demente o estoy tonta, o estoy de algún modo incapacitada? Estoy
perfectamente bien de salud y de mi persona. No tengo ninguna cosa que me pueda
impedir actuar normal en cosas legales o de cosas familiares, o de lo que
fuese”.
Luego habla sobre el
desacuerdo que la llevó a publicar una carta en medios locales, donde ventiló
los problemas de la familia: “Él (Carlo) es mi hijo menor y le había pedido que
me cuidara todas mis cosas porque es en el que más tengo confianza… tenía. En
que me manejara la constructora Muzquiz, la inmobiliaria, una gravera, terrenos
que había comprado hace mucho en la carretera que va de Ensenada a Mexicali.
Mis otros hijos son muy lindos y todo, pero no les gustan las
responsabilidades”.
Sin embargo, las
cosas no resultaron como ella esperaba. En su relato, la señora argumenta que
en una ocasión su hijo menor le dijo que necesitaban ir al notario para que le
firmara un documento para pagar impuestos. Más tarde se daría cuenta que todo
era mentira, pues lo que había aprobado, era un poder notarial que facultaba a
su hijo menor para poner todos los bienes a su nombre.
— En estos momentos
hay una acción legal en contra de su hijo, ¿teme Usted por su seguridad?
“Un poco, sí, porque
en un tiempo nos pusieron gente que nos estaba cuidando, y cuando íbamos al
avión (el 14 de noviembre de 2013 su hijo contrató un avión privado para
traerla a México, cuando ella estaba de vacaciones con su hija Gloriani en San
Diego), había gente que se suponía me iba a decir que me fuera a otro avión
para esconderme, para que no pudiera decir nada en contra de lo que estaba
pasando”.
— ¿Qué cree que su
hijo quiso hacer cuando se la llevó en el avión?
“Que él tenía algo
que iba a hacer. Que me desapareciera en alguna parte para que nadie supiera
dónde estaba, y me iba a estar teniendo cuidada”.
— Si ahora tuviera a
su hijo enfrente, ¿qué le pediría?
“Que lo que ha
estado haciendo en contra mía es un acto que no entiendo; que un hijo haga eso
contra de su mamá es casi inconcebible, que debería poner su mente a pensar lo
que está haciendo y el efecto que va a pasar. Si sigue haciendo cosas, se le va
a acusar, y casi es seguro que vaya a terminar en la cárcel”.
A unos minutos de la
conversación, Mariani interviene:
“Las cosas se
suscitaron en 2002, cuando a la muerte de mi papá, mi mamá estaba algo decaída
y no podía tragar. Empezamos a hacer los exámenes médicos y los doctores me
pidieron que alguien debiera hacerse cargo de ella, que si algo le pasaba algo
medicamente, se estableciera cuáles eran sus deseos. Eso es algo muy delicado y
ahora los hospitales lo requieren.
“Ella me dijo que
quería que yo me encargara. Fuimos con el abogado en Chula Vista y sacamos el
documento donde me da autoridad de que tome decisiones por ella. Él (Carlo) de
alguna se da cuenta y viene fúrico a la casa, a decir que por qué estábamos
haciendo documentos sin su consentimiento.
“Desde que muere mi
papá, no estuve a lado de mi mamá porque tuve un tumor en el cerebro y otra
enfermedad. Me la pasaba en hospitales o encamada aquí en casa. Al momento que
me operan y me puedo ir recuperando, la puedo tener en casa, y la veo afligida.
Es cuando me doy cuenta que mis hermanos han estado sacándole mucho dinero”.
Por lo anterior,
dice, le reclamó a Carlo (encargado de las compañías) que hacía mucho no le
depositaba dinero a su progenitora (deberían ser por lo menos 20 mil dólares al
mes), producto de los utilidades de las empresas que tienen en Tijuana.
“Se molestó
muchísimo y fue cuando a mi mamá le dio mucho miedo. Nos gritó, elevó su voz.
Haz de cuenta que ve a alguien tranquilo, siempre dulce, y le ve el otro lado.
Yo también confié en él mis propiedades que me había dejado mi padre, por mi
enfermedad dejé que las administrara y nos quitó lo que nos pertenecía. Él lo
único que hizo fue transformar todo en suyo. Mis otros hermanos dependen del
dinero que les da, por eso no he querido que intervengan, para que no pierdan
su sustento. Es como despertar y encontrarse en una telenovela”, finalizó
Mariani.
EL RAPTO
En noviembre de
2013, el hijo menor de la señora Muzquiz contrató un avión privado para traerla
a México. Ese día, la Policía del Puerto de San Diego recibió del Departamento
de Policía de Pismo Beach (PBDP), una llamada en relación a un posible
secuestro donde la víctima y sospechoso llegarían a Landmark Aviation en el
Aeropuerto de San Diego, en un jet. El sospechoso era Carlo Muzquiz, hijo de la
víctima, Gloria Rodríguez.
“El PBPD informó que
la parte que reportaba, Gloria Patiño, estaba en camino al Departamento de
Policía de Palmo Beach para presentar un reporte de persona desaparecida. Todas
las partes involucradas en el incidente eran miembros de una familia. Gloria
Patiño es hija de Gloria Rodríguez y hermana de Carlo Muzquiz. Gloria reclama
que ella tiene la custodia legal de su madre de edad avanzada, quien sufría las
etapas iniciales de demencia”, cita el reporte de la autoridad estadounidense.
Según los hechos,
Gloria y su madre estaban de vacaciones en un hotel de Palmo Beach cuando
ocurrió el incidente. De acuerdo a la denunciante, su hermano habría volado
desde San Diego y escoltó a su madre desde su cuarto de hotel al avión, en un
intento por regresarla a México.
La Policía llegó al
aeropuerto y se encontró con la nave, por lo que contactó a los tripulantes,
quienes cooperaron y esperaron en el lugar durante la investigación, pues los
registros oficiales reportaban a la señora Rodríguez como desaparecida.
“Alrededor de las
15:15 horas, Gloria Patiño llegó al lugar. La Policía de Puerto determinó que
Gloria Rodríguez sí estaba en buena condición mental de tomar una decisión
razonable en ese momento, y ella decidió irse con Gloria Patiño”, establece el
documento oficial.
LAS IRREGULARIDADES DEL CASO
El abogado Luis
Miguel Krasovsky expuso a ZETA que en noviembre de 2013, la señora Gloria
Rodríguez lo contactó, pues quería saber el estado de sus bienes, ya que desde
hacía tiempo su hijo Carlo no le daba un centavo y tampoco le hacía caso.
“Al morir el señor
Muzquiz, la señora tiene activos personales importantes. Entre ellos el centro
comercial Carrousel y, por otro lado, la empresa muy importante que, considero,
es la que más tierra tiene en Tijuana (Inmobiliaria y Fraccionadora Lomas, S.A.
de C.V.) de la cual la señora tenía el 96 por ciento de las acciones al momento
de la muerte de su marido”.
Al fallecer el
patriarca, la mujer decidió encomendarle a Carlo, su hijo menor, la
administración de los bienes, porque se había apegado al papá y así aprendió el
oficio, mientras que el resto de los familiares no tenían ocupación y más de
alguno sufría adicciones.
Según el relato del
legista, en 2002 el propio Carlo pidió a su madre le diera poderes amplísimos.
Primero le solicitó un poder para actos de administración y, un año después, un
poder amplísimo sobre todos los bienes.
“Durante todos esos
años, si la señora se va de viaje Carlo le da dinero. Para eso no tenía gran
problema con él. Hace algunos años el hijo dejó de darle dinero y se percató de
que en su cuenta de inversiones no había dinero, por lo que le dice que le
rinda cuentas. Carlo no hace caso, él se va a California, a Pismo Beach, y se
da todo el incidente que la señora narra en el desplegado en los medios de
comunicación locales”.
De acuerdo al
abogado, dentro de las investigaciones encontraron que en el Registro Público
de la Propiedad, la denunciante ya no tiene nada a su nombre, mientras que una
escritura fechada en 2012, evidencia que
ella compadeció ante el notario público Javier Ibáñez, donde firmó el documento
que le adjudica todos los bienes al vástago.
“La invita a comer,
van a la notaria y el notario baja, y le firma un documento que es la
adjudicación de los bienes de su marido, y la donación pura y simple de todos
sus bienes. Además de lo anterior, en 2004 Carlo hizo dos asambleas firmadas
supuestamente por ella. Es burdo lo que hicieron, en todo esto hay corrupción
por parte de las autoridades, y esto demuestra que con dinero baila el perro”,
finalizó el litigante.
Por su parte, los
hermanos Muzquiz buscaron, a través de un abogado, una entrevista con ZETA que
al cierre de esta edición no se concretó.
CONFLICTO DE INTERESES FAMILIARES A TRIBUNALES
En los últimos tres
lustros, integrantes de la familia Muzquiz Dávila han librado múltiples
batallas jurídicas ante Juzgados locales y federales, tanto en lo individual
como en la parte empresarial, sumando tan solo en el rubro de amparos, unos 200
asuntos.
Los primeros juicios
de garantías promovidos por la señora Gloria Ofelia Dávila Rodríguez y su
esposo Raymundo Muzquiz Ayala, así como su hijo Carlo Enrique Muzquiz Dávila y
la persona jurídica Constructora Muzquiz, eran en contra de autoridades
fiscales, administrativas y legislativas, por cuestiones de negocios.
Sin embargo, en los
últimos años, al deteriorarse los vínculos familiares, los amparos se promovieron
en contra de Ministerios Públicos y Juzgados de lo Familiar. Los primeros
interpuestos por Carlo Enrique, quien en 2008 fue procesado y fichado en el
fuero federal por los delitos de fraude y abuso de confianza; los segundos, por
juicios de sucesión testamentaria a bienes de Don Raymundo.
Los reclamos
públicos atribuidos a la señora Gloria Ofelia en contra de su hijo Carlo
Enrique Muzquiz, hacen patente la división familiar en la disputa de empresas y
bienes muebles e inmuebles, al grado de que la mujer ha denunciado maniobras de
su vástago por declararla en estado de interdicción (enferma de la mente) ante
el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.
Doña Gloria ha
dedicado sus últimos tres juicios de amparo, de los más de 50 promovidos por
ella ante Juzgados de distrito en varios años, para inconformarse por el manejo
que se ha dado al caso en el tribunal familiar.
En la demanda de
garantías 325/2014, presentada ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y
Juicios Federales con residencia en Tijuana, Dávila Rodríguez de Muzquiz se
duele de la falta de emplazamiento al procedimiento promovido para declararla
en estado de interdicción.
Lo increíble del
caso es que, sin que se le haya comprobado dicho estado, le fue designado un
tutor interino sobre su persona y como administrador de sus bienes,
nombramiento que recayó en su hijo Carlo Enrique Muzquiz Dávila, precisamente a
quien acusa de despojarla de sus empresas, propiedades y dinero. Además, en el
juicio de amparo es señalado como tercero interesado (contraparte).
Afortunadamente, el
juez de distrito advirtió el conflicto de intereses y, “dado que no se cuenta
con mayores datos respecto a los familiares cercanos de la quejosa”, determinó
designarle a María Luisa Yadira Batalla Álvarez -quien aparece en primer
término como curadora en la lista de peritos y auxiliares de la Administración
de Justicia del Estado de Baja California- como representante especial para que
intervenga en el juicio de amparo.
El nombramiento de
Batalla Álvarez es para el efecto de representar los intereses de la señora
Dávila Rodríguez de Muzquiz en el juicio de garantías.
Por su parte, Carlo
Enrique Muzquiz Dávila ha presentado 45 demandas de amparo, quejas y recursos
de revisión, entre otros asuntos, ante Juzgados de Distrito y tribunales
colegiados del Decimoquinto Circuito en Baja California, algunos de ellos
cuando enfrentó la causa penal 114/2008 ante el Juzgado Sexto de Distrito en
Tijuana.
A nombre de
Constructora Muzquiz se han promovido más de 50 demandas y recursos de la misma
naturaleza, y la hermana de Carlo Enrique, Gloria Anastacia Muzquiz, ha
presentado dos demandas de amparo, siendo más reciente la 527/2014, ante el
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo de Tijuana, en contra de una orden de
presentación que le fue dictada en la delegación estatal de la Procuraduría
General de la República en Baja California, dentro de la indagatoria
AP/PGR/BC/TIJ/761/2014/MX-II.
La señora Gloria
Ofelia Dávila ha nombrado como su apoderado legal, representantes y
autorizados, a varios abogados, algunos conocidos en Tijuana, entre ellos Luis
Miguel Krasovsky Prieto, Román Salazar Castillo, Roberto Vega Treviño, Jaime R.
Guerra González, Abraham Valenzuela López y Omar Valles Lavandera, quienes
intentan probar que su cliente se encuentra lúcida y se han registrado
múltiples anomalías en el Juzgado Segundo de lo Familiar.
(SEMANARIO
ZETA/ Francisco Navarro Fausto/04 de Agosto del 2014 a las 09:00:00)
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