El destino de los críticos es tumba o cárcel, acusan dirigentes de colonias
En la historia de Sinaloa jamás ha existido un gobierno tan represor y
tan manchado de sangre inocente como el de Mario López Valdez, que
aplica la Ley Bala a disidentes, afirman cinco dirigentes de
precaristas.
En tres años de gobierno, los líderes de diferentes movimientos
sociales han terminado en tumbas o en cárceles y el gobernador Malova ha
salido sin mancha, por el entreguismo de organismos intermedios,
partidos políticos, legisladores locales, diputados federales y
senadores por Sinaloa que no lo han criticado ni con la mínima demanda
mediática de juicio político o de revocación de mandato, como desde hace
tiempo debió haber sucedido.
Reunidos para manifestar su temor a ser asesinados, tal y como le
sucedió al líder minero Ramón Corrales Vega o encarcelados como a los 30
seguidores de éste en el ejido de El Cajón de Cancio, Choix, pero ya
demandados por particulares, los dirigentes de colonias José Ángel
Sánchez Pérez (Unión de Colonias), Gorgonia Silva Gualizapa
(Topolobampo), Eunice Meraz Moreno (Villas de Centenario), María Teresa
Loya (Las Cañas) y Aidé Soto Martínez anunciaron la conformación de una
red estatal de movilización pública en caso de represión gubernamental a
la ocupación y resguardo de fraccionamientos inconclusos y que en su
tiempo fueron declarados fraudulentos.
“Malova cumplió cabalmente, como hombre íntegro, con el asesinato de
los líderes sociales que lo criticaban y que le pedían acción inmediata
en favor del bien común y no arrastrado con los capitales locales o
consorcios extranjeros. Los homicidios de Ramón Corrales (quien encabezó
protestas de campesinos contra la minera Paradox Global Resources del
Cajón de Cancio en Choix) y de Sandra Luz Hernández (integrante del
Comité de Madres con Hijos Desaparecidos) son pruebas tajantes de que en
Sinaloa se aplica la Ley Bala a discordantes del gobierno”, dice José
Ángel Sánchez Pérez, fundador de la Unión de Colonias.
Todos dijeron temer por sus vidas y la de sus familias, porque tres
años de gobierno de Mario López Valdez han sido suficientes para probar
que no tiene escrúpulos para enviar a la tumba o a la cárcel a un líder
social que le dice sus verdades.
Y una de esas verdades la abandera Aidé Soto Martínez, nombrada en
esa sesión como vocera del grupo, cuando señala que “la oferta de
campaña de López Valdez de acabar con las casas de cartón fue una
mentira vil, un engaño, una estafa, un fraude, un cuento, una patraña;
aquí todos sabemos que los programas de viviendas no terminan en
beneficio social, sino en puños de dinero de políticos, de diputados
locales o federales metidos a contratistas, o de contratistas metidos a
políticos y en donde los hermanos figuran como administradores, todos
rateros al fin”.
El grupo asegura que a los dirigentes de colonias y a las familias
que ocupan casas agenciadas al Infonavit y al ayuntamiento de Ahome se
les tilda de delincuentes y se les exhiben como depredadores, cuando en
realidad acabaron con un problema social que significaba las decenas de
fraccionamientos abandonados que servían como tumbas clandestinas, casas
de seguridad de sicarios y guaridas de violadores. “Las familias que
viven en fraccionamientos cercanos al resguardo de casas siempre han
demostrado agradecimiento con los ocupantes de los fraccionamientos
porque les quitaron un problema”, asegura Eunice Meraz.
Los dirigentes afirmaron que mantendrán su lucha por las reasignación
de las casas agenciadas al Infonavit y al Ayuntamiento de Ahome, y
responsabilizaron al gobierno de Mario López Valdez y a éste en
particular de cualquier daño físico que sufran, al igual que sus
familias.
En Sinaloa, el asesinato del líder minero de Choix, Ramón Corrales
Vega fue sepultado en el olvido y borrado de los discursos oficiales de
los políticos leales o comparsas al gobierno de Mario López Valdez, pero
éste llegó al Congreso de la Unión, va camino a la Procuraduría General
de la República (PGR) y traspasó fronteras físicas a través del
internet.
Y es que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática en San Lázaro compuesta por Guillermo Sánchez Torres, Miguel
Alonso Raya y Lorenia Valles Sampedro establecieron el pasado 28 de
mayo un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la
República atraiga la investigación del asesinato de Ramón Corrales Vega,
ex presidente del comisariado del ejido Potrero de Cancio, municipio de
Choix, Sinaloa, perpetrado después de encabezar protestas contra las
actividades de la empresa minera de capital chino Paradox Global
Resources.
Propuesta por Guillermo Sánchez Torres, la iniciativa demanda la
urgencia de que sean llevados ante la justicia los autores intelectuales
y materiales de estos crímenes y para lo cual debe ser atraída la
investigación por la PGR “para asegurar imparcialidad y agilidad en las
investigaciones, con fundamento en la fracción XXI del artículo 73
Constitucional, en relación con el artículo 10 del Código Federal de
Procedimientos Penales”.
Los diputados coincidieron que los campesinos de El Potrero de
Cancio, en Choix “han caído sólo por defender las tierras de su
comunidad, por defender sus derechos”.
En el punto de acuerdo explicaron que en agosto y septiembre de 2013
los ejidatarios protestaron contra la empresa minera de capital chino
Paradox Global Resources, la cual explota hierro a cielo abierto, por el
reclamo de la deuda de 5 millones de dólares y de la introducción de
algunos servicios asistenciales.
Ante este conflicto, los legisladores manifestaron que el gobierno
estatal llevó a cabo un operativo con el objeto de detener a los
afectados, logrando la aprehensión de 30 de ellos, 17 de los cuales aún
permanecen en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome,
acusados de los delitos de daños en propiedad ajena y despojo. Y nunca
mostró dialogo para los campesinos.
Posteriormente, el 22 de mayo pasado, el ejidatario Ramón Corrales
Vega desapareció, y el viernes siguiente encontraron su cadáver en la
comunidad Buyachapa, localizándose casquillos calibres .223 para AR-15 y
7.62 de fusil AK-47.
Condena al crimen de Ramón Corrales
A través de un comunicado, integrantes de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (REMA), parte del Movimiento Mesoamericano
contra el Modelo Extractivo Minero (M4), condenaron lo que calificaron
como “el artero asesinato de Ramón Corrales Vega, ex presidente del
comisariado ejidal de la comunidad Cajón del ejido Potrero de Cancio,
Municipio de Choix, Sinaloa, quien conjuntamente con ejidatarios de su
comunidad, han estado evidenciando en los medios y a través de la
presentación de denuncias penales, a la empresa minera Paradox Global
Resources, que explota hierro en sus tierras para el mercado de China.”
El despacho establece también que “este lamentable suceso no es un
hecho aislado, porque ya en agosto del 2013 se dejó entrever una
estrecha relación entre la empresa y el gobierno estatal de Sinaloa,
cuando encarcelaron aproximadamente a 30 integrantes del movimiento que
encabezaba Ramón Corrales por impedir el despojo de sus tierras a cargo
de dicha empresa minera”.
“… La muerte del compañero Ramón Corrales Vega nos entristece e
indigna, pero también nos permite renovar nuestra convicción de que la
lucha de él es la misma que tenemos en todo el país, así que
continuaremos alentando la construcción de una ciudadanía responsable
con la vida, misma que nos da fuerzas para seguir impidiendo que estas
empresas asesinas se instalen en el territorio mexicano, así como se
muevan en la impunidad eternamente…”
Cerrar filas
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo emitió un
pronunciamiento político ante la escalada represiva a líderes sociales
de Sinaloa.
“En ese contexto represivo, de violencia y terrorismo de Estado, se
ejecutan los asesinatos, detenciones arbitrarias, ejecuciones
extrajudiciales y desaparición forzada; en tan sólo un lapso de dos
meses han sido asesinados los luchadores sociales Ramón Corrales Vega y Sandra Luz Hernández. entre otros”, señala el comunicado.
“…Las organizaciones que conformamos el conjunto movimiento
popular-magisterial-estudiantil, los organismos defensores de derechos
humanos y activistas ambientalistas, es necesario pronunciarnos y
movilizarnos contra el avance de la violencia y terrorismo de Estado.
“Hacemos un llamado al pueblo organizado y no organizado para
establecer la coordinación necesaria y cerrar filas contra el Estado
represor.
“Necesario es impulsar una Jornada nacional contra la violencia y el terrorismo de Estado”, concluye el despacho.
Muerto Ramón, Paradox a sus anchas
Una vez sepultado Ramón Corrales y encarcelado su suplente, la minera
Paradox Global Resourcer, comenzó la depredación total de este ejido,
sin que nadie la toque ni la detenga.
Y es que ahora, los arroyos son utilizados como depósitos de chatarra, contaminándolos.
Eso pasó apenas dos semanas atrás, cuando asustados empleados de la
minera comenzaron a sacar, de madrugada, piezas de maquinaria minera,
camionetas y motocicletas, y esconderlas en el arroyo La Vainilla. En
total se ocultaron cuatro camionetas, y maquinaria minera, que a ciencia
cierta, ninguno de los campesinos sabe lo que son.
Nadie sospechaba la causa de aquel movimiento, hasta que a la mañana
siguiente observaron columnas de marinos que resguardaban a inspectores
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entrando a la mina.
Estuvieron por cuatro horas adentro de la minera y cuando salieron y
retornaron al pueblo, los empleados mineros rescataron las camionetas.
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