AMPAROS “CHOCOLATE”

Juez y secretario federales son suspendidos ante denuncias de presuntas ilegalidades relacionadas con importadoras de autos usados, a las que concedían protecciones parciales para la internación de vehículos que no cumplían con los requisitos de la Ley correspondiente. Se realiza una revisión en los asuntos del Juzgado Segundo de Distrito y la conexión con empresas importadoras de Mexicali y San Luis Río Colorado, entre éstas, AutomoTres Triple R, S.A. de C.V., entre otras

Más de dos años tuvieron que pasar para que las quejas y denuncias presentadas en contra de dos jueces de distrito y un secretario de Acuerdos, culminaran con la suspensión de los funcionarios judiciales señalados de hacer de la concesión de amparos y suspensiones provisionales, un auténtico negocio.

La suspensión laboral decretada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es sin goce de sueldo y por el tiempo que dure la investigación administrativa que se realiza desde 2012, cuando asociaciones fabricantes de automóviles y autoridades hacendarias, reportaron las irregularidades que favorecen a por lo menos cinco compañías importadoras de autos usados de Mexicali y San Luis Río Colorado.

Oficialmente, solo el juez Daniel José González Vargas, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y su secretario de Acuerdos, Ricardo Arreola Villanueva, están suspendidos. Sin embargo, se conoce que también José Neals André Nalda, quien fungió como Juez Tercero Federal en la capital de la entidad, está en capilla.

El CJF informó que además de retirar temporalmente a los impartidores de justicia, se ordenó practicar una visita de inspección extraordinaria al órgano de amparo para comprobar si los sospechosos efectivamente concedieron, fuera de la legalidad, suspensiones tanto provisionales como definitivas a las importadoras de autos “chocolate”.

Fue a mediados de 2012 cuando la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que había empresas que se dedicaban a “rentar amparos”. Se dijo que estas importadoras permitían a cualquier persona adquirir un vehículo usado de los Estados Unidos, aun contraviniendo la Ley mexicana, que establece que solo podrán importarse autos hasta con nueve años de antigüedad.

Se detectó que en el Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali, se estaban concediendo indiscriminadamente las suspensiones provisionales que permitían el paso de vehículos considerados literalmente como chatarra a suelo mexicano, para internarlos en territorio nacional.

La protección parcial concedida estaba encaminada a evitar que prácticamente todas las administraciones locales jurídicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pudiesen asegurar dichos automotores y actuar en contra de los poseedores. El amparo se tramitaba a nombre de la empresa importadora y se entregaba a quien adquiría el vehículo.

Entre las compañías señaladas en su momento, está Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, S.A. de C.V., con domicilio en Las Américas número 1054, Colonia Sonora, en Mexicali, la cual ha promovido de 2011 a la fecha, más de 50 juicios de amparo indirecto y otro buen número de quejas, inconformidades y recursos de revisión.

El asunto que detonó la investigación es el juicio de garantías 757/2013-I, promovido ante el referido tribunal por la empresa AutomoTres Triple R, S.A. de C.V., en contra de la promulgación de decretos de reformas de diferentes años a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicados en el Diario Oficial de la Federación en 1981, 1993, 2004, 2007 y recientemente, el 29 de junio de 2012, por el que se modifican las tarifas arancelarias de dicha legislación.

De igual manera, el Consejo de la Judicatura Federal informó que la visita de inspección ordenada por el Pleno tiene como finalidad verificar y recabar información concerniente a probables irregularidades e inconsistencias relacionadas con los siguientes rubros:

* El trámite de juicios de amparo en los que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

* Aquellas suspensiones concedidas en las que se reclamen actos contra leyes y en materia aduanera.

* Juicios en los que aparezcan como partes una determinada persona moral dedicada a la importación de vehículos usados y otras personas físicas.

* La remisión dentro del lapso legal de los recursos de revisión y de apelación a Tribunal Colegiado o Tribunal Unitario, según corresponda, relacionados con asuntos de importación de mercancías y casas de apuestas.

* La implementación de controles para llevar una correcta estadística y manejo de expedientes, como parte de la administración del Juzgado en mención.

Durante la visita, la Visitaduría Judicial, órgano auxiliar del CJF, podrá recabar más denuncias o quejas presentadas por abogados, ofendidos o cualquier ciudadano sobre actos que se puedan considerar como ilegales, y la investigación administrativa puede extenderse a cualquier otro servidor público, si de la misma se desprenden elementos presuncionales adicionales.

El suspendido juez Daniel José González Vargas fue cambiado recientemente de adscripción, y antes de esta resolución, se encontraba a cargo del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Villa Aldama, Veracruz.

Se conoce que las irregularidades detectadas hasta ahora en la revisión de las actuaciones del amparo indirecto, consisten en el cambio de criterio del juez federal González Vargas y de su secretario Arreola Villanueva, al negar, primero, la suspensión provisional solicitada por el representante legal de una empresa moral dedicada a la importación de autos usados, y posteriormente, conceder la suspensión definitiva, dejando de aplicar diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contraviniendo varios artículos de la misma Ley de Amparo.

También se detectó un patrón consistente en señalar como autoridades responsables a diversos jueces de la misma entidad, con exclusión del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por actos consistentes en una orden de aprehensión; de tal suerte que este último fuera el que conoció del amparo indirecto, ahora analizado por el órgano de vigilancia.

Sobre esos hechos, el juez González Vargas no hizo pronunciamiento alguno en la resolución provisional del 9 de diciembre de 2013, del juicio promovido por AutomoTres Triple R, S.A. de C.V.

La institución federal se comprometió a revelar a la opinión pública los avances, o bien, el resultado final de la investigación administrativa.

El miércoles 18 de junio de 2014, a las instalaciones del edificio del Poder Judicial Federal de Mexicali llegó un magistrado revisor del CJF. Entre sus actividades incluyeron la aplicación de un cuestionario a todos los empleados del Juzgado II de Distrito, y además, en el resto de Juzgados colocaron un mensaje invitando a posibles quejosos a presentar su denuncia. “Sí andan algunas gentes asustadas”, refirió una empleada de esa instancia federal.

MILES DE DÓLARES, LA GANANCIA

El caso de los amparos que se han otorgado en Mexicali, y que han favorecido a dos empresas dedicadas a la importación de autos, se ha denunciado sistemáticamente desde hace cuatro años. Los loteros afectados calculan que con estos amparos, se han importado 500 mil vehículos anuales por la frontera norte, particularmente en Mexicali y San Luis Rio Colorado.

La medida surgió como respuesta a la emisión de un decreto del Gobierno Federal -presuntamente para proteger la venta de autos nuevos- en diciembre de 2008, y en plena crisis que incrementó las tasas de importación en aproximadamente 400 por ciento.

En respuesta, 60 loteros de autos usados solicitaron amparos, pero solo en cinco casos les fue otorgada la protección de la justicia federal: Grupo Empresarial Yamve, Imex Servicios Aduanales y Grupo Estratégico en Comercio Exterior TJ; Reino Intermediario Única y Estructura Automotriz, las dos últimas, con base en Mexicali.

Según datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Autos, más de 500 mil ingresaron al país en 2010, diariamente cruzaban 200 vehículos, solo por la Aduana de Mexicali.

La situación había sido denunciada públicamente, señalando un evidente tráfico de influencias con ganancias millonarias y, de acuerdo a datos extraoficiales, las importaciones eran operadas por Héctor Pedroza Aguilar, hijo del diputado federal priista en la anterior Legislatura, Héctor Pedroza Jiménez. Esto propició una serie de quejas de los comerciantes de la región, tanto de Tijuana como de Mexicali, ante la evidente desventaja.

“La información que tenemos nosotros, es que vienen a revisión del SAT por el desorden que hay en autos, el desorden con los amparados. Hay mucha evasión de impuestos, hay mucho carro ilegal”, expuso el titular de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Manuel Hurtado, quien profesionalmente se dedica a la venta de autos usados.

“Las autoridades están muy interesadas en llevar acciones para acabar con esto”, refirió el líder de los comerciantes organizados, para después señalar que los carros robados o sin importar, están revueltos con el comercio formal. “El gobierno quiere evitar tanta fuga en el pago de impuestos”, afirmó Hurtado, para agregar que es difícil calcular con exactitud el número de autos que han cruzado por esta frontera, pero “sí es muchísima fuga para el Gobierno Federal y el estatal”. Aparte de la desleal competencia para el comercio organizado.

Por su parte, el abogado José Luis Huape, quien al frente del Colegio de Abogados de Mexicali denunció hace cuatro años una serie de anomalías en la esfera de la justicia federal -favoritismo y coyotaje-, alude al comunicado oficial en el sentido de que no deben de ser tomados como culpables, ya que aún están sujetos a la averiguación administrativa.

“Me preocupa más que la sociedad y la comunidad jurídica de abogados no estemos alerta, parece que no tenemos memoria y que no estemos alerta de que puedan surgir nuevos coyotes o revivir algunos que estaban apaciguados”, dijo el especialista en alusión a la necesaria atención pendiente y el evitar vivir episodios tan lamentables como lo sucedido en 2009, cuando el Colegio de Abogados de Mexicali tuvo que denunciar públicamente las anomalías en las decisiones judiciales.

“Una sociedad que tiene jueces corruptos, es una sociedad que está llamada a vivir un estado de injusticia, un estado de desaliento, un estado de descomposición social”, aseguró el ex presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. “Actualmente, cuando la sociedad sufre de los embates de la delincuencia, sería muy grave sufriéramos también los embates de la corrupción judicial. Debemos estar muy pendientes de que no volvamos a caer en un problema de ese tipo”, concluyó.

MILES DE UNIDADES IMPORTADAS BAJO AMPAROS

La denuncia de corrupción en los amparos otorgados por jueces federales en Baja California a empresas del ramo, se hizo desde hace varios años, según dijo a ZETA el presidente de la CANACO, Gilberto  Leyva Camacho, quien fuera también titular del grupo especializado de autos usados.

Pero “se estima que hasta 2012 habrían podido importar aproximadamente 2 millones de unidades, en tanto que más del 80 por ciento del padrón de unidades importadores en la región, han desaparecido.

 “Se trata de personas muy conocidas que se han hecho ricas a través de los amparos. Se le otorgó dicha protección en contra del decreto que emitiera Felipe Calderón Hinojosa para la internación de unidades para su venta. Nosotros metimos 62 amparos en el grupo organizado, pero nos lo negaron porque no iba la mochada por enfrente, porque los argumentos legales estaban mejor hechos que los que traían los contrarios, a quienes sí les dieron el amparo”.

Leyva complementó: “Lo que estamos esperando es la tercera enmienda. Hasta el momento la Suprema Corte ha dado dos fallos en contra de los amparos, pero con artimañas han seguido operando. Se supone que está por salir la tercera enmienda, donde se eliminarían los amparos, y en diciembre se vencen los decretos de frontera, que son los famosos C2, pero sigue vigente el TLCAN, donde se están importando unidades de acuerdo con el Tratado”.

Según el consultado, mal que bien los jueces tienen razón al negar los amparos, pues el gobierno no está respetando los pactos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Cuando se importa la mercancía, se debe respetar el precio a través del valor factura. En todos los casos de la mercancía que se importa, se respeta; menos en los autos. Lógico que un juez debe darle para atrás a un amparo que está violando el TLCAN”, advirtió.

— ¿Qué puede decir en torno a la actuación de los jueces?

“La actuación de los jueces no ha sido muy correcta, ¿por qué? Si meto un amparo mejor que ellos (negocios a los que la autoridad les otorgó el amparo), no se me otorga. Lo que pasa es que si doy dinero, me dan el amparo; si no lo hago, pues no me lo dan. Ahora se encuentran con la actuación de los administradores de las aduanas. Puedes presentar un amparo en Tijuana y, si no traes la bendición, te lo van a bloquear, y operan siempre los mismos amparos” finalizó Leyva Camacho.

(SEMANARIO ZETA/ LUIS CARLOS SÁINZ MARTINEZ/ 23 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 12:00:00)