DIEZ AÑOS DE IMPUNIDAD

Líneas de investigación y nombres de los presuntos asesinos del periodista Francisco Ortiz Franco, editor de ZETA, siguen a la espera de que alguna autoridad tenga la voluntad de concluir las pesquisas y detener a los responsables del crimen. La publicación de71 fotografías de miembros del Cártel Arellano Félix y la autoría de Arturo Villarreal “El Nalgón”, son la hipótesis más firme en las investigaciones

Se cumplen diez años del homicidio del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor de ZETA. Es una década sin justicia, de abandono y de olvido por parte de autoridades estatales, federales y hasta de organismos no gubernamentales que prometieron, unos, aclarar el crimen; y otros, llevarlo hasta los planos internacionales donde se defienden las causas más ignoradas.

No todo ha sido falta de memoria, también reina la incompetencia y omisión de los encargados de investigar el asesinato y de atrapar a los responsables, como ocurrió en los casos de los también compañeros de esta casa editorial, Héctor Félix Miranda en 1988, y Luis Valero Elizalde, este último fallecido durante el atentado contra nuestro fundador Jesús Blancornelas, en 1997.

El domingo 22 de junio de 2014 se cumplen 3 mil 650 días del crimen de Ortiz Franco, y a la fecha prevalecen las mismas líneas de investigación, los mismos nombres de posibles autores intelectuales y materiales, pero ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas para declarar sobre los hechos.

UN HOMBRE DE JUSTICIA

Originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, Francisco Ortiz Franco emigró muy joven con su familia a Tijuana, y se abrió paso como tantos lo intentan, a base de mucho trabajo, interactuando en diferentes empleos hasta encontrar su vocación.

Apasionado del boxeo, al extinto periodista le llamaba mucho la atención el fenómeno de la justicia y de sus aspectos negativos. Intentó un ingreso a la entonces Policía Judicial del Estado, pero no fue seleccionado. Entonces decidió estudiar la licenciatura en Derecho, graduándose  como abogado.

Junto con su nueva profesión abrazó el periodismo, pues aunque era una persona a la que calificaban de introvertida, con la pluma era agudo, incisivo y exacto en lo que escribía. Así se convirtió, en 1980, en reportero fundador de ZETA, al lado de los codirectores Héctor Félix y Jesús Blancornelas.

Al interior del periódico y a través de las páginas vistas por el público, Francisco destacó como un comunicador objetivo, conocedor y certero en sus notas y reportajes. Con el tiempo se convirtió en fiel asesor y fuente de consulta de aspectos legales para sus compañeros de la redacción; fue maestro de los periodistas que llegaban sin experiencia.

Por su formación de jurista manejaba con profesionalismo y conocimiento la información de las agencias del Ministerio Público y de los Juzgados penales y civiles, donde contaba con informantes y confidentes, quienes le revelaban los asuntos que en secreto eran turnados para resolver sus controversias, lejos de los ojos de la opinión pública.

LA MUERTE DE ORTIZ

La vida de Francisco Javier, de 48 años, era su familia, integrada por su esposa Gabriela y sus tres hijos: Francisco, Héctor y Andrea, y su oficio de periodista. Iba de su casa al trabajo, del periódico salía a realizar recorridos por los tribunales y regresaba a la redacción. En la noche de nuevo se dirigía a su hogar. Sus salidas ocasionales eran con amigos, para ver funciones boxísticas.

El 22 de junio de 2004, Ortiz Franco estaba de descanso por un problema de salud. Acudió a ver al médico. Llevó con él a sus dos hijos, de entonces 8 y 10 años de edad.

A su regreso, el editor subió al carro para dirigirse de nuevo a casa. Se colocaba el cinturón de seguridad cuando de repente apareció un sujeto cubierto del rostro, portando una pistola escuadra. El desconocido que había descendido de una camioneta oscura se aproximó a la ventana de Ortiz y le disparó a quemarropa para privarlo de la vida. La víctima recibió cuatro balazos distribuidos entre cabeza, tórax y hombro izquierdo.

Los hechos acontecieron a solo dos cuadras de la comandancia de la Policía Judicial del Estado en Tijuana, y a pesar de ello, los elementos policiales tardaron en demasía en llegar a la escena del crimen. A cuatro cuadras de distancia se localizó abandonada la camioneta utilizada por los sicarios. Las autoridades estimaron que por lo menos cuatro personas intervinieron en los hechos.

El móvil del crimen

Investigaciones realizadas durante un mes completo por los propios editores y reporteros de ZETA, permitieron establecer que durante los meses de abril y mayo de 2004, el licenciado Ortiz Franco realizó algunos reportajes sobre el crimen organizado, destacando un reportaje que revelaba la identidad y fotografías de 71 miembros del Cártel Arellano Félix (CAF).

El periodista señaló en la publicación que se trataba de narcotraficantes y sicarios al servicio de la organización delictiva, que se habían tomado las imágenes para obtener credenciales que los identificarían como agentes de la Procuraduría de Justicia local, por las cuales se pagaron unos 70 mil dólares.

Incluso, Francisco destacó que el saco y corbata utilizados por los sujetos para tomarse la foto eran los mismos en todos los casos, por ello a unos de los personajes se les veía grande el saco, y a otros, muy ajustado.

Sus compañeros de este Semanario se concentraron en las notas de sus libretas, en documentos de su escritorio y de su computadora, pesquisas que nunca se le ocurrió hacer a la autoridad encargada de investigar el homicidio. De esa forma surgieron las primeras hipótesis, formuladas por personal del periódico.

De los datos obtenidos, se conoció que días antes de la publicación de las fotos de los sicarios del CAF, el ex policía José Encinas Filatoff visitó en dos ocasiones al editor en las instalaciones de ZETA para proporcionarle información sobre posibles ligas de policías ministeriales con narcotraficantes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El periódico formuló las primeras líneas de investigación, en base a información proporcionada por las autoridades, que después retomarían en el discurso público, primero por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y después por la Procuraduría General de la República, a través de su entonces recién creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas que atrajo el caso.

El seguimiento periodístico y jurídico que Francisco Ortiz Franco daba al asesinato y expediente de su ex jefe y compañero Héctor “El Gato” Félix Miranda, que logró ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue una de las hipótesis formuladas. El principal sospechoso en esta línea de investigación: el político y empresario Jorge Hank Rhon. Ortiz buscaba la manera de establecer la identidad del autor intelectual de la muerte de Félix, que precisamente, siempre ha tenido como notable sospechoso al mismo Hank.

Relacionada con el reportaje de las credenciales de los pistoleros del CAF, otra presunción se hizo patente en las células delictivas de Arturo Hereda Villarreal “El Nalgón” y José Briceño “El Cholo”, afectados directos por la publicación del editor. Con o sin apoyo de pandilleros del barrio Logan de San Diego.

De igual manera, se destacó la sospecha sobre el grupo de Los Zetas, que en ese tiempo habían establecido nexos con el CAF, dada la relación existente en la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, entre los capos del narcotráfico Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, que tenían el apoyo de los ex militares de élite conocidos como Los Zetas. Se dijo que quien disparó fue Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder del referido grupo armado.

En todos los casos, se estableció la posibilidad del apoyo de agentes policiales hacia los narcotraficantes, versión que se corrobora con la sospechosa demora en arribar al lugar de los hechos, siendo que la comandancia estaba a solo dos cuadras del sitio y personas declararon que los disparos se escucharon hasta aquél punto.

La atracción que realizó la PGR sobre el caso de Ortiz Franco no ha arrojado resultados hasta el momento. Solo se confirmaron las hipótesis existentes por el entonces subprocurador de investigación especializado en delincuencia organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, quien años después falleció en un accidente aéreo.

En 2005, algunas fuentes señalaron a ZETA que todas las líneas de investigación se entrelazaban, y se agregaron nombres al operativo planeado para asesinar al periodista. Eduardo Ronquillo Medina “El Niño”, miembro del CAF, habría tenido un papel importante vigilando las actividades y movimientos de Francisco.

La camioneta negra utilizada en el crimen, refirieron, era manejada por José Briceño “El Cholo”, y su copiloto era Heriberto Lazcano “El Lazca”, quien con una pistola escuadra en la mano derecha, bajó del vehículo para matar a Ortiz Franco cuando éste regresó al carro, procedente de una unidad de rehabilitación física, a donde acudió para tratarse una parálisis facial sufrida semanas antes.

Acompañado de dos agentes judiciales, “El Niño” había avisado a los narcotraficantes sobre la localización de la víctima y dieron cobertura a la escapada de los ejecutores. Otros dos individuos, probablemente judiciales o Zetas, también cubrieron la huida de los sicarios. Detrás de ellos se fueron Ronquillo y todos los participantes, rumbo al Bulevar Agua Caliente. Desaparecieron.

Ninguno de los señalados fue capturado. Eduardo Ronquillo fue asesinado ese mismo año, el 6 de octubre, aunque localizado ocho días después junto al cadáver de su medio hermano, Raúl Medina Gutiérrez.

José o Jorge Armando Briceño López “El Cholo” está desaparecido. Presuntamente está muerto, pero su cuerpo nunca se encontró. Versiones atribuidas a miembros del Cártel Arellano Félix detenidos en 2008, dieron pie al supuesto fallecimiento del jefe de una de las células operativas por una supuesta enfermedad terminal.

ESPERANZAS DE JUSTICIA

En tanto el asunto para aclarar, perseguir y detener a los autores del crimen de Ortiz Franco sigue empantanado en los archivos de las autoridades procuradoras de justicia de este país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció en 2010 que el caso sería llevado a instancias internacionales.

El homicidio del guanajuatense sería sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informó durante el sexto aniversario luctuoso en 2010.

El hermético silencio de las autoridades federales sobre los procesos investigativos, un proceso viciado desde la fecha del asesinato y la evidente violación de los plazos razonables para que el caso sea esclarecido, fueron los argumentos para enviar el caso a las instancias internacionales.

Sin embargo, a la fecha han transcurrido cuatro años del anuncio sin que se conozcan detalles sobre la admisión del asunto o la situación jurídica del mismo. Generalmente pasan algunos años para que la CIDH admita o resuelva inadmitir una petición, pero no se tiene noticia alguna hasta el momento.

(SEMANARIO ZETA/LUIS CARLOS SÁINZ MARTINEZ/ 23 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 12:00:00)