Se trata de uno de los planes de infraestructura más
importantes para el actual sexenio, pero a nadie se le ocurrió preguntar
si los habitantes de la zona intervenida estaban de acuerdo con la
edificación de las dos termoeléctricas y el gasoducto del Proyecto
Integral Morelos. Hoy, tanto el gobierno federal como los de Puebla y
Morelos emplean toda la fuerza de los juzgados y sobre todo las amenazas
y agresiones para levantar una serie de obras cuyo beneficio ni
siquiera está claro.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los gobiernos del poblano Rafael Moreno
Valle (PAN-PRD-MC y Panal) y del morelense Graco Ramírez (PRD) quieren
imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que le urge a la
administración de Enrique Peña Nieto. Para lograrlo han recurrido a la
criminalización de luchadores sociales y al uso de la fuerza contra
comunidades indígenas.
La embestida de ambos mandatarios estatales contra quienes defienden
su derecho a la autodeterminación ya provocó que 80 organizaciones
civiles de distintos países, así como 90 intelectuales –encabezados por
Noam Chomsky y Eduardo Galeano– firmaran un pronunciamiento para exigir
que cesen la represión y a la violencia.
Además, dos visitadores de la ONU acudieron a Puebla para atender
denuncias por la presunta persecución que ha emprendido Moreno Valle
para desarticular la resistencia social contra diversos “proyectos de
muerte”, como los llaman los vecinos de la región.
El PIM, ejecutado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
prevé una inversión de 22 mil millones de pesos y se compone de dos
termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 159 kilómetros que
pasaría por 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El gasoducto quedó inconcluso en el sexenio de Felipe Calderón y lo
rechazan los habitantes de la zona. Los afectados son, en su mayoría, de
origen náhuatl y se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa
del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
La oposición se basa en las advertencias que desde 2011 lanzaron
especialistas del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias de
la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Centro
Universitario de Prevención de Desastres sobre el peligro de construir
las termoeléctricas y el gasoducto junto al volcán Popocatépetl.
Paralelamente, académicos e investigadores han concluido en diversos
foros que el PIM desencadenaría múltiples afectaciones sociales,
económicas y ambientales.
Dos asuntos apremian al gobierno en el caso del gasoducto, cuyo costo
estaba fijado en 260 millones de dólares y que, según el contrato,
debía estar operando desde el 1 junio de 2013:
El primero es que el contrato SE-CPSTGN-001/2011, firmado en
noviembre de 2011 con la empresa española Elecnor –ahora asociada con la
también ibérica Enagás– contiene cláusulas que el consorcio podría
invocar para exigir una indemnización millonaria, pus la CFE ha
incumplido con obtener el derecho de vía.
El segundo es que una planta termoeléctrica debe terminarse a mediados de este año, pero necesita el gasoducto para operar.
El abogado René Sánchez Galindo, director de la ONG Colectivas,
asegura que el PIM es una obra innecesaria pues en México hay capacidad
de sobra para generar energía eléctrica. En 2010 el margen de reserva de
electricidad del país se calculó en 47%, cuando a escala internacional
se considera adecuado uno de 20%. Este año el gobierno federal no ha
difundido la cifra.
Pese a ello, señala el estudioso, los gobiernos de Puebla y Morelos,
“en confabulación con el federal”, han cometido múltiples violaciones a
los derechos humanos para imponer el PIM. Entre ellas se encuentra
arriesgar la vida y seguridad de los habitantes, no respetar el derecho
de consulta, emplear la fuerza pública de manera excesiva, fabricar
delitos, perpetrar desapariciones forzadas y coartar la libertad de
expresión y manifestación.
En un pronunciamiento que firmaron el 25 de marzo, las agrupaciones
que integran el FPDATMPT advirtieron: “Se prepara una represión regional
de grandes magnitudes para imponer el gasoducto, cuya estrategia
encabeza Bonatti (subcontratada por Elecnor). (…) La empresa provoca a
los pueblos, invadiendo sus tierras sin permiso, para después, en
coordinación con los gobiernos de los estados, identificar a los
opositores y demandarlos con delitos fabricados”.
Aunque los funcionarios estatales aseguran que el gasoducto tiene un
avance superior a 80%, Miriam Vargas, integrante del FPDATMPT, refiere
que apenas cinco de las 60 comunidades por las que atravesará han dado
su permiso.
El terror en Puebla
Presto a congraciarse con el presidente Peña Nieto Moreno Valle lanzó una campaña de terror contra los opositores al gasoducto.
Entre el 6 y el 8 de abril la Procuraduría de Justicia de Puebla
ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes del movimiento
opositor. Al día siguiente de las capturas, el delegado en Puebla de la
Secretaría de Gobernación, Juan Molina Arévalo, anunció que detendrían a
más opositores de los megaproyectos, a quienes llamó “vivales”.
El 11 de abril, un grupo de hombres armados se presentó en la casa de
Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), en el municipio de Atlixco, donde amedrentó a
su familia.
Oculto desde entonces, el académico del Departamento de Desarrollo
Sustentable del Instituto de Ciencias envió una carta: “Escribo
invisible, escondido como si fuera un delincuente, que no lo soy, y sí
como una persona amenazada, preocupado e indignado por la artera
agresión que sufrió un miembro de mi familia, (…) ya que fue víctima de
violencia física cuando sujetos armados entraron a mi casa de manera
prepotente y, sin identificarse, la intimidaron con el encañonamiento de
pistola, con jaloneos e insultos y dejaron amenazas para mi persona,
con el fin de que no me metiera en nada del gasoducto”.
También el estudiante Alberto Melchor Montero, colaborador de Pérez
Avilés en un programa de radio, denunció amenazas telefónicas. En
protesta, alumnos y maestros de la BUAP realizaron una marcha durante la
cual informaron que incluso investigadores que desarrollan tesis sobre
el impacto del gasoducto han sido intimidados.
Ante las protestas, el secretario general de Gobierno poblano, Luis
Maldonado Venegas, aseguró que eran jueces de Tlaxcala los que buscaban
detener al profesor. Entonces Pérez Avilés envió un mensaje grabado: “No
tengo ningún problema allá en Tlaxcala, no debiera tenerlo. Espero que
no me lo inventen”.
En esas mismas fechas el Movimiento de Regeneración Nacional difundió
que siete de sus integrantes eran buscados por grupos policiacos,
mientras que la diputada Roxana Luna dijo que tenían conocimiento de
seis órdenes de aprehensión contra activistas, amén de investigaciones
contra otras 150 personas.
Entonces el gobierno poblano emitió un boletín para intentar aclarar
lo ocurrido las últimas dos semanas: “Se manipula a la sociedad para
politizar una situación legal, relacionada con la comisión de delitos en
el ámbito de los fueros local y federal, en el que no sólo el gobierno
del estado ha intervenido, sino que la PGR ha identificado en contra del
proyecto del Gasoducto Morelos” (sic). Después, la delegación de la
Procuraduría General de la República reveló que tenía indagatorias
contra cinco opositores al PIM.
Desde el 13 de marzo el gobierno de Moreno Valle había puesto en
jaque a los movimientos de resistencia, después de que en menos de 24
horas el Congreso recibiera, dictaminara, debatiera y aprobara una
reforma a la Ley de Expropiaciones que permite al Estado apropiarse fast
track de cualquier terreno que requiera para obra pública.
La semana antepasada, diferentes grupos de lucha social en Puebla
formaron un frente común para repudiar la reforma. Recurrieron a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades en materia de
Derechos Humanos y organizaciones como Front Line Defenders, la
Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional
(AI).
Presos políticos
No era la primera vez que un contingente policiaco irrumpía en los
pueblos cercanos al Popocatépetl para “custodiar” maquinaria y personal
de la constructora italiana Bonatti, pero la incursión del 13 de abril
fue mucho más agresiva. Los contingentes policiacos cargaron contra la
comunidad de Amilcingo, en Temoac, Morelos, detuvieron a seis personas,
dejaron un herido de arma de fuego y presuntamente incendiaron
maquinaria para inculpar a los comuneros que se oponen al PIM.
Desde 2012 la tensión en unas 90 comunidades aledañas al
Popocatépetl, en Puebla, Tlaxcala y Morelos, ha derivado en denuncias
por detención arbitraria, torturas y amenazas de violación sexual y de
muerte contra los opositores al PIM (1870).
A partir de febrero pasado, cuando Bonatti comenzó los trabajos para
el gasoducto –en calidad de subcontratista de las españolas Enagás,
Elecnor, Abengoa y OHL, que obtuvieron el contrato con la CFE–, los
opositores formaron grupos de vigilancia para evitar el paso de
trascabos y grúas, pues insisten en que no hubo consulta para decidir la
obra. También por la vía judicial han intentado evitar la construcción.
Hacia las 12:00 horas del 13 de abril, los inconformes recorrieron
las inmediaciones de la normal rural de Amilcingo y salieron a la
autopista Siglo XXI. En ese momento un grupo de patrulleros apareció en
un puente, a unos 500 metros de donde se encontraban los comuneros. Los
uniformados dispararon al aire, lanzaron gases lacrimógenos y se
acercaron.
De acuerdo con el FPDTMPT ahí detuvieron a Juvenal Solís, Adán
Rosales, Petra Ramírez, Victorina Ramírez, Jazmín Velásquez Ramírez y el
ayudante municipal, Aarón Aguilar, a quienes se acusó de “daños,
resistencia de particulares y desobediencia, ultrajes a la autoridad y
lo que resulte”. Por la golpiza, Aguilar tiene lesionada la columna
vertebral.
Para ir a buscar a los detenidos, los comuneros integraron una
comisión que no pudo salir del pueblo. Como a las 14:00 horas unas 50
patrullas de la Policía Federal y del Mando Único morelense regresaron
al poblado y aplicaron la misma agresión: abrieron fuego y lanzaron gas
lacrimógeno.
Con palos, piedras y machetes los comuneros resistieron y formaron
barricadas en las bocacalles para evitar el avance policiaco. Entre las
14:00 y las 16:00 horas hubo al menos dos enfrentamientos. Ahí resultó
herido por dos balas de goma y una de fuego el joven Julio Solís
Barranco. Sólo entonces el operativo se replegó.
La versión del gobierno de Morelos indica que cerca de las 14:00
horas unas 50 personas estaban dañando maquinaria de la constructora y
que, cuando los policías intervinieron, fueron agredidos por comuneros,
quienes además dañaron dos patrullas.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
un organismo ciudadano, dio la razón a los manifestantes. En un
comunicado asentó que, por los testimonios que pudo recabar, los
policías realizaron un “montaje” para inculpar a la comunidad y
justificar la represión, por lo que exigió una investigación exhaustiva
al Mando Único.
El 14 de abril, en respuesta a una nota publicada en el portal
electrónico de , la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos
(CESPM) declaró en una carta que “ante la magnitud de la agresión”, los
policías lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a cinco personas. No
reconoció la detención de Juvenal Solís, las lesiones de Aarón Aguilar
ni la herida de bala de Julio Solís. Por el contrario, rechazó que
durante la jornada se hayan disparado armas de fuego.
Según la CESPM, fueron trabajadores de la empresa Elecnor quienes
pidieron ayuda. No obstante, en la “puesta a disposición” de los
detenidos, que consta en el oficio DZO/333/2014, entregado por la
Secretaría de Seguridad Pública de Morelos a la fiscalía en turno, quien
“denunció la situación” fue un “campesino que no quiso identificarse”.
En su texto la CESPM expuso: “La Fiscalía General del Estado informó
que sólo se retuvo a Aron ‘N’ (sic), puesto que ahora se sabe que esta
persona dio alojamiento a los líderes y activistas de Puebla, de los
cuales un grupo presuntamente prendió fuego a maquinaria pesada,
mientras otros 40 se manifestaban en el lugar de los hechos”.
El FPDTAMPT señaló que mantener detenido a Aarón Aguilar por “dar
hospedaje” era absurdo. Finalmente todos los detenidos quedaron en
libertad.
Desde ese día los patrullajes aumentaron en las comunidades e
incluyeron presencia militar. El pasado 28 de abril fueron desplegados
cientos de policías y soldados en las inmediaciones de Amilcingo.
Fuego en el volcán
La andanada represiva en Morelos se inició en septiembre de 2012, en
los primeros días de mandato del perredista Graco Ramírez, quien lanzó
un operativo policiaco para desalojar mujeres y ancianos que impedían el
ingreso de la maquinaria a Huexca, donde se construyen dos
termoeléctricas.
Un año después, el 13 de septiembre de 2013 –luego de que comuneros
de Ayala Morelos, que no pertenecen al FPDTAMPT, obtuvieran un amparo
contra la construcción de un acueducto para el enfriamiento de las
turbinas en la termoeléctrica– la gente de Huexca protestó porque los
trabajos seguían. Con una sentada colectiva intentaron impedir el paso
de maquinaria, pero un contingente de policías los retiró y detuvo a
Jaime Domínguez, quien denunció que fue torturado.
Durante la sesión de tortura, sostuvo Domínguez, amenazaron con
violar a Samantha César, una defensora de derechos humanos que acompaña
al movimiento.
De acuerdo con las activistas Samantha César y Miriam Vargas, la
violencia en el estado empeoró. Ahora se han sufrido amenazas anónimas y
audiencias en la Secretaría de Gobierno de Puebla, donde han llamado a
los comuneros más visibles en la oposición al PIM en Nealtican, para
amenazarlos con expresiones como “le puede pasar algo a su hijo” o
“alguien no podría titularse”.
Gabriela Hernández y Arturo Rodríguez/
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