MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al conocer la composición del órgano
de gobierno del nuevo IFAI, los académicos y representantes de la
sociedad civil –que confiaron en sus interlocutores en el Senado y
participaron en un procedimiento informal para seleccionar a los mejores
candidatos– tendrían que exclamar: ganamos el procedimiento, pero
perdimos la integración.
El resultado nuevamente es deplorable.
Otra vez aparece el reparto de cuotas (como denunció el senador Javier
Corral), y cada una de las tres principales fuerzas políticas y el mismo
presidente Enrique Peña Nieto (quien seguramente por tener derecho de
veto también pudo intervenir en el proceso de designación) tomaron su
parte.
Si el análisis se hace a partir del origen de los integrantes, lo
primero que resalta es la ausencia absoluta de representantes de la
sociedad civil y de la academia vinculados con el tema, pues la única
que llega (Patricia Kurczyn) es experta en derechos laborales, no de
transparencia o rendición de cuentas. Los otros seis provienen del
sector público. Aunque cuatro de ellos tienen experiencia previa en
órganos de transparencia locales, ninguno se ha distinguido por haber
librado batallas importantes para ensanchar la transparencia.
Este aspecto merece una reflexión más puntual, porque las fuerzas
políticas reiteran un mensaje que ya enviaron con claridad meridiana en
la integración del Consejo del INE: Los ciudadanos que tienen
posibilidades de ser reelegidos en los órganos de gobierno de organismos
autónomos son aquellos que en el ejercicio de su cargo se distinguieron
por la fidelidad y sumisión ante las fuerzas políticas que los
propusieron; o aquellos cuya actuación se caracteriza por ser tímida y
conservadora, comprometidos con una interpretación literal de la
legislación (jamás sistemática, teleológica o fundada en los principios
universales del derecho).
De esta forma excluyen a quienes realmente defendieron la autonomía
institucional, los valores o principios de la democracia, y el propósito
y espíritu de la Constitución o la legislación en la materia, ya que,
por lo mismo, resultaron incómodos para los partidos y las autoridades.
Que no queden dudas al respecto: primero aplicaron el veto a todos
los consejeros del IFE 1996-2003, por las sanciones aplicadas en los
casos “Pemexgate” y “Amigos de Fox”; posteriormente, en la reforma de
2007, permitieron concluir el término para el que fueron nombrados a los
tres miembros del Consejo 2003-2010 que defendieron fielmente los
intereses de sus partidos; y, finalmente, en la nueva integración del
INE los volvieron a incorporar.
En la conformación del nuevo IFAI ocurre exactamente lo mismo: se
integra de los órganos estatales a aquellos que nunca desafiaron las
decisiones críticas de las autoridades, es decir, los que les cubrieron
las espaldas y encontraron los caminos para no obligarlos a entregar
información comprometedora; los que no lucharon por ensanchar la
transparencia y el derecho a la información, sino que cobijaron su
estrechez; dos (Óscar Guerra y Areli Cano, ambos cobijados por el PRD)
tienen experiencia en el DF, que precisamente se ha caracterizado por
catalogar como reservada información relacionada con las grandes obras
públicas de las últimas dos administraciones; uno (Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, tomado por el PRI), del Estado de México, donde la
característica más relevante es la opacidad; y uno más de Colima (Ximena
Puente), entidad prácticamente desconocida en el tema de la
transparencia y con un gobierno priista muy cuestionado.
Los otros dos funcionarios públicos provienen de ámbitos que por
naturaleza son opacos: el Poder Judicial (Francisco Acuña, impulsado por
el PRI), y la Contraloría (Joel Salas, PAN), donde están ancladas gran
parte de las excepciones establecidas en la legislación.
Así, lamentablemente para la democracia y el país, el procedimiento
dejaba cabos sueltos en el último tramo, que fue precisamente lo que
utilizaron los coordinadores parlamentarios del PRI (Emilio Gamboa), PAN
(Jorge Luis Preciado) y PRD (Miguel Barbosa) para imponer su voluntad
e, inclusive, regocijarse por el método y motivar su dictamen con base
en las propuestas del “grupo de expertos”.
El procedimiento adolecía de dos grandes defectos: uno, no era
vinculante porque no estaba fundamentado en ninguna ley, acuerdo del
Senado o de una Comisión o grupo de comisiones, y, por lo tanto,
brindaba espacios de discrecionalidad; y dos, no establecía ningún
método objetivo y verificable para seleccionar a los comisionados de
entre la lista que conformó el grupo de expertos, misma que al incluir a
25 candidatos para ocupar siete puestos daba un margen de maniobra muy
amplio a las consideraciones partidistas.
Estos dos defectos fueron devastadores: Los coordinadores de los
grupos parlamentarios escogieron a los seis, de los 25, que ya les
habían demostrado su lealtad con sus actuaciones previas, o bien, a
quienes tenían forma de controlar (como en el caso de la académica, que
es esposa del exgobernador priista de Puebla Mariano Piña Olaya); e
introdujeron al séptimo (Rosendoevgueni Monterrey Chepov), quien, aun
cuando no figuraba en esa lista de 25, cumplía con una condición
fundamental: es peñista a carta cabal, y como presidente del órgano
garante del Estado de México ya había mostrado sus habilidades para
garantizar la opacidad.
Así, como señaló en tribuna el senador Corral, los mejores candidatos
de la lista de 25 salieron, no fueron designados comisionados “porque
nadie los apadrinó, nadie se hizo cargo de ellos, nadie los consideró
como cuota de partido”. En el momento en que la lista quedó en manos de
coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, ellos
tenían la posibilidad de escoger a los mejores para los intereses de sus
partidos y de los gobernantes que postularon, pero a los peores para
impulsar la transparencia, el acceso a la información y la democracia; y
como les faltó uno, simplemente recurrieron a la lista total de
candidatos que cumplían los requisitos formales y lo sumaron, pues para
ellos no había ningún impedimento legal ni moral.
El resultado es un órgano de gobierno del organismo garante cómodo,
manejable y tolerable para los gobiernos y partidos; consolida la
captura de los organismos autónomos por parte de las entidades
reguladas; confirma la involución hacia el autoritarismo, y se halla
respaldado por un dictamen que contiene formalmente todas las demandas
de los expertos y representantes de la sociedad civil, en cuanto a su
argumentación y desarrollo, pero evitando en el procedimiento criterios
de selección indispensables para garantizar una buena integración del
mismo.
/ 10 de mayo de 2014)
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