MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Las pesadillas no me dejan. Frecuentemente
revivo las escenas de cómo me torturaron. A veces despierto llorando,
gritando (…). Me han expuesto con una gran cantidad de drogas y de armas
en los periódicos; dicen que soy ladrón, asesino, narcotraficante. El
Estado mexicano me destruyó”, acusa Ángel Amílcar Colón Quevedo,
inmigrante hondureño, desde el penal de alta seguridad de Tepic.
Perteneciente a la etnia garífuna –de origen africano–, Colón Quevedo
sufrió todos los abusos padecidos por los centroamericanos que cruzan
México para llegar a Estados Unidos, pero además tortura,
discriminación, arraigo y el sometimiento a un proceso judicial sin
asistencia consular oportuna.
Fue detenido el 9 de marzo de 2009 en Tijuana, acusado de
delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y
delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y
mariguana con fines de comercio. Admitió las acusaciones, afirma, tras
haber sido sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes
por policías estatales y federales así como por militares.
En agosto de 2013 los relatores especiales de la ONU sobre
independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y sobre
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan
Méndez, solicitaron información al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre
la situación de Colón Quevedo.
Méndez visitó a Colón Quevedo el pasado 24 de abril en el penal de
Tepic como parte de una gira de trabajo en México que comenzó el 22 de
abril y concluyó el viernes 2.
Entrevistado vía telefónica desde las instalaciones del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), el cual lleva su defensa
jurídica, Colón está esperanzado en que Méndez continúe “en esa misma
línea y exija al Estado mexicano que aclare las controversias” para
alcanzar la libertad y que le sea reparado el daño. Además de las
secuelas a su salud, entre ellas la hipertensión diagnosticada ocho días
después de su detención, durante su reclusión cinco miembros de su
familia murieron “por el impacto y la depresión”, cuenta a Proceso.
Denise González Núñez y Luis Tapia Olivares, abogados del Centro
Prodh quienes apoyan su defensa jurídica, destacan en entrevista que la
intervención de los relatores de la ONU hizo que la Procuraduría General
de República (PGR) iniciara el 11 de diciembre del año pasado una
averiguación previa por tortura en agravio de Colón y 10 coacusados,
según informó la Misión Permanente de México ante la Oficina de las
Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra,
en un documento dirigido el 15 de enero de 2014 al Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“El Negro”
La tragedia del hondureño comenzó con el diagnóstico de cáncer de su
hijo de siete años, lo cual lo orilló el 7 de enero de 2009 a dejar su
pueblo, Plaplaya, a fin de llegar a Estados Unidos y enviar recursos a
su familia para pagar el tratamiento del menor, quien pese a todo murió
en septiembre de ese año.
Colón Quevedo contrató por 5 mil dólares a un coyote que le ofreció
llevarlo de Guatemala a Houston. El hondureño viajó en La Bestia, el
mítico tren al cual suben los migrantes, hasta Balancán, Tabasco, donde
él y otros viajantes fueron abandonados por el traficante.
Tras una odisea de dos meses Colón llegó a Tijuana y contactó a otro
coyote, apodado Rulo o Ruso, quien lo concentró en la habitación de una
casa donde le ordenó esperar. Le advirtió que no saliera de ahí. Luego
de cuatro días de espera, el 9 de marzo de 2009, alrededor de las cuatro
de la tarde el hondureño escuchó disparos dentro del inmueble, por lo
que salió y se escondió en una barranca cercana.
Según el expediente 53/2009 de la causa penal y la ampliación de su
declaración preparatoria, rendida ante el Juzgado Segundo de Procesos
Penales en Tepic, una vez descubierto por agentes que dijeron ser
policías estatales fue obligado a patadas, puñetazos y toletazos a subir
de rodillas una loma, su rostro fue cubierto con su camisa; otras 10
personas fueron detenidas con él, entre ellos un mexicano de nombre
Jesús Armando Isedo Medina, quien también esperaba cruzar la frontera.
Ante el juez, Colón contó que fue “paseado” por los oficiales
mexicanos dentro de un vehículo durante varias horas; luego fue llevado
al baño de unas oficinas cuyo piso estaba lleno de sangre y ahí policías
federales lo intentaron asfixiar con una bolsa de plástico, más tarde
en instalaciones que cree son de la PGR le tomaron huellas dactilares y
fotografías y lo obligaron a firmar documentos.
Después fue trasladado a la Segunda Zona Militar donde los malos
tratos corrieron a cargo de militares. Mientras escuchaba cómo
torturaban a otras personas en un cuarto, “yo realizaba las
humillaciones desagradables que me pedían, para evitar la macaneada”, se
destaca en el expediente.
Los militares lo obligaron a limpiar con su saliva los zapatos de sus
coprocesados y de otros detenidos y a adoptar “posturas militares”
mientras era insultado por su color de piel.
“Me convirtieron en el payaso”, señala en su ampliación de
declaración, en la cual señala que la madrugada del 10 de marzo, vencido
por las humillaciones y ante la actitud amenazante de sus captores,
firmó documentos en presencia de militares encapuchados y tres civiles
que dijeron ser del Ministerio Público Federal.
Colón Quevedo fue presentado ante los medios junto con sus coacusados
(Jesús Armando Isedo Medina, Sergio Alonso Barraza Elías, Marcos Adrián
Herrera Uny, Christian Macías Vega, Francisca López Morales, Juan
Bernardo Figueroa Ortega, José Alfredo Mallory Figueroa, Raúl Sandoval
Moral, Hugo Noel García Estrada y Juan Gabriel Monárrez Ontiveros) con
armas de fuego y droga, supuestamente decomisadas en la casa donde
estuvo.
Colón estuvo arraigado del 13 de marzo al 31 de mayo de 2009, un
tiempo en el cuartel militar, otro en un hotel e incluso lo llevaron a
la Ciudad de México, “pero lo regresaron a Tijuana porque no había lugar
en el Centro Nacional de Arraigos”, apunta el abogado Tapia Olivares.
Abunda que el auto de formal prisión fue dictado en razón de su
color. “En la puesta a disposición, los agentes aprehensores dicen que
en la casa además de armas y drogas había copias de una causa penal que
nada tiene que ver con la de Ángel, en la que se hacía mención de un
supuesto miembro del cártel de los Arellano Félix dedicado al cobro de
derecho de piso, al que le apodan El Negro; con eso, el juez (primero de
Distrito del XXIV Circuito en Nayarit) concluye que Ángel es esa
persona, por ser afrodescendiente, y le dicta el auto de formal
prisión”, el 31 de mayo de 2009.
El caso sería transferido posteriormente al Segundo Juzgado, donde ahora se desahoga.
La abogada González Núñez apunta que el cónsul de Honduras, Osmar
Adán Cárcamo, visitó a Colón luego de ser notificado oficialmente de la
situación de su connacional por el juzgado que dictó el arraigo. En mayo
del año pasado Cárcamo volvió a verlo con los abogados del Centro
Prodh.
El pasado 30 de abril fueron al penal de Nayarit integrantes del
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la
Tortura y sus Familiares, organización civil hondureña especializada en
la aplicación del Protocolo de Estambul, instrumento internacional para
determinar la tortura.
“El juez admitió este peritaje independiente, en tanto que la PGR va a
realizar el suyo, lo cual no nos da confianza porque no hay
imparcialidad, pues la misma dependencia que acusa a Ángel tendría que
determinar que las pruebas que formuló en su contra son ilegales, sin
contar que a tres coprocesados la PGR les aplicó el Protocolo de
Estambul y según la dependencia el resultado fue negativo”, añade
González Núñez.
Recuento de suplicios
Durante el periodo en que fue detenido Colón, organizaciones civiles,
como la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN),
documentaron decenas de casos de tortura.
El secretario ejecutivo de la CCDHN, Raúl Ramírez Baena, informa que
de 2009 a 2013 de las 35 quejas documentadas en Baja California contra
miembros del Ejército y la Policía Preventiva, 25 correspondieron a
tortura, con 166 víctimas directas.
“Mientras estuvo el general Alfonso Duarte Múgica al frente de la
Segunda Zona Militar, con base en Tijuana, primero, y después en la II
Región Militar, con control en las dos Baja Californias y Sonora, de
2008 a finales de 2012, las denuncias por tortura señalaban a militares
como los agresores. Después las acusaciones de tortura se dirigieron
hacia agentes de la Policía Estatal Preventiva”, explica Ramírez en
entrevista, luego de participar en una reunión del relator con varias
organizaciones en Tijuana el pasado 30 de abril.
Méndez recabó información del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo (CHDNL), cuyo presidente, Raymundo Ramos Vázquez, recibió
“amenazas de muerte en los años 2012 y 2013 de personal de la Secretaría
de Marina y del Ejército Mexicano”, se destaca en un documento
entregado al relator, del cual Proceso tiene copia.
Ahí se incluye una relatoría de las secuelas de la entrega de “las
tareas de seguridad pública” a las secretaría de la Defensa Nacional y
la de Marina a través de un convenio de colaboración, tras la
desaparición de las corporaciones policiacas en la mayoría de los
municipios, principalmente en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y
Matamoros, en los puertos de Tampico y Madero y en la capital, Ciudad
Victoria.
El defensor sostiene que los abusos por parte de miembros de fuerzas
armadas continúan. “Lo que se ha deteriorado es la confianza en las
instituciones –apunta–. Hay un desaliento en la población, ya no confía
ni en la PGR ni en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
por la protección que se brinda a las fuerzas armadas”.
Según sus cálculos, el CDHNL sólo logra documentar 10% de los abusos
que cometen las fuerzas armadas, y de ese universo sólo 60% de los
denunciantes se mantienen firmes. “Cuando llevamos las denuncias ante la
PGR y superamos sus trabas, las víctimas, sus familias y los testigos
empiezan a ser hostigados, reciben llamadas amenazantes para que se
retracten, mientras marinos y militares hacen rondines alrededor de sus
casas para intimidarlos”.
Con base en unas 20 quejas presentadas ante la CNDH, el CDHNL ha
establecido un patrón de actuación de miembros de la Marina que desde
abril de 2011 tienen su campamento provisional en la Ciudad Deportiva de
Nuevo Laredo.
Muchas de las víctimas, entre ellas mujeres, menores y extranjeros,
son sacadas de sus domicilios por la fuerza, vendadas de la cara,
esposadas, “golpeadas con pistolas o metralletas” y llevadas sin órdenes
de aprehensión “al complejo deportivo para someterlas a tortura”, con
el fin de que proporcionen “toda información que permita identificar y
ubicar a miembros del crimen organizado”.
El informe da cuenta de cuatro casos de tortura atribuidos a miembros
de la Marina, ocurridos entre agosto de 2013 y el 24 de marzo de este
año, dos de ellos derivaron en ejecución extrajudicial y desaparición de
los cuerpos.
Se trata de Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años, y de Jaime
David Veliz Leija, de 28, detenidos por marinos en diferentes momentos
la madrugada del 8 de agosto de 2013. Un día después los cuerpos de
ambos aparecieron con signos de tortura en la carretera a Piedras Negras
y después fueron robados por hombres armados.
Gabriela Ramos Martínez, esposa de Veliz Leija, cuenta en entrevista
telefónica: “Los marinos se metieron a la casa del niño y se lo llevaron
a eso de las tres de la mañana, después se llevaron a mi esposo, a eso
de las cinco; él andaba tomando en la zona (de tolerancia), ya venía de
regreso a la casa en su troca y los marinos que viajaban en dos trocas y
un carro lo siguieron unas ocho cuadras, lo pararon y se lo llevaron.
Ahí dejaron la troca”.
Gabriela, quien reconstruyó los hechos con base en versiones de
testigos, dice que recibió una llamada en la que le informaban de la
localización de cuerpos en la carretera a Piedras Negras. Eran las
cuatro de la tarde del mismo 8 de agosto. “Llegué a las seis y ya no
estaban los cuerpos, sólo encontré una chancla de mi esposo. Ahí estaban
periodistas que tomaron fotos y me dijeron que hombres armados se
llevaron el cuerpo de mi marido y del niño en una camioneta”.
La esposa de Veliz presentó una denuncia formal ante la PGR. “Llevé
testigos que vieron cuando los marinos se llevaron a mi esposo y
encontré la troca; al principio me llamaban para decirme que iban a
investigar, pero ahora ya no, me quedé sola”, cuenta.
Los papás del menor dejaron de buscarlo, se indica en el informe,
porque recibieron llamadas anónimas amenazantes y su domicilio era
vigilado por patrullas de la Marina.
En junio de 2013, la CDHNL registró el caso de Gloria Estela Gómez
Pargas, sacada del domicilio de su tía Imelda Guadalupe Pargas en la
comunidad de Hidalgo, Coahuila, a una hora de Nuevo Laredo.
Gloria Estela, entonces de 20 años, denunció haber sido golpeada y
sometida en la casa de su tía Imelda, donde descansaba. Según la
versión, varios hombres y una mujer con el rostro cubierto con
pasamontañas, vestidos con trajes camuflados y que se desplazaban en
vehículos no oficiales, ingresaron por la fuerza a la casa, de la que
sustrajeron objetos de valor y 36 mil pesos en efectivo.
La subieron a uno de los vehículos y la llevaron a las instalaciones
de la Ciudad Deportiva, donde fue torturada y obligada a beber cerveza
antes de ser puesta en libertad, de acuerdo con la denuncia ante el
CDHNL.
Según el documento, la familia y vecinos de Gloria Estela se
movilizaron para liberarla; su madre, Ernestina Pargas, opina que eso
fue determinante para salvarla. “Nos enteramos de que los marinos
llegaron 15 días después al rancho y que se llevaron a otros dos y ahora
están en el Cereso”, cuenta en entrevista telefónica.
Después de la queja presentada ante el CDHNL, sostiene, vehículos de
la Marina rondaban los domicilios de sus familiares, pero la peor
amenaza fue más reciente. Cuenta que a mediados del mes pasado ella y su
familia decidieron salir de Hidalgo porque “llegaron al rancho los
gates (efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, de Coahuila),
han golpeado gente y se la han llevado; fuimos a denunciar esos hechos a
Piedras Negras hace 15 días, y llegaron preguntando por los Pargas, nos
sentimos amenazados y nos salimos del pueblo”.
Hasta la muerte
El CDHNL incluyó en el informe entregado al relator Méndez nueve
casos de personas detenidas y torturadas por militares entre diciembre
de 2011 y enero de 2013. De las víctimas, cuatro murieron tras las
agresiones.
Una de ellas es Josué Manuel Esqueda Nieto, detenido el 27 de
diciembre de 2011 junto con Gustavo Fuentes Moreno. Ambos fueron sacados
violentamente de un restaurante por militares que preguntaban por un
automóvil abandonado estacionado fuera del local.
Fuentes Moreno, sobreviviente, narró que ambos fueron golpeados y
desnudados por los militares, que los abandonaron en la carretera al
darlos por muertos. Gustavo logró incorporarse y cargar unos 20 metros a
su amigo quien le dijo que mejor buscara ayuda.
“Nadie quería ayudarlo porque estaba encuerado, pero unos señores se
compadecieron, lo subieron a su camioneta y lo trajeron hasta mi casa;
fui con él hasta donde estaba mi muchacho tirado, pero ya estaba
muerto”, narra Enrique Esqueda Rivera, padre de Josué.
Por este caso la CNDH emitió la recomendación 29/2012, que hasta
ahora, asegura Enrique Esqueda, no ha sido acatada: “Josué dejó cinco
niños y nos dijeron que les iban a dar becas, pero no hemos visto nada”.
Agrega que está inconforme porque el caso de su hijo lo lleva la
Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
“Cuando empezamos todo esto, los soldados decían que no era cierto, y
nosotros les decíamos que teníamos al testigo y ellos nos decían
‘tráiganlo’. Lo llevamos a la guarnición militar una vez, declaró y
después ya no quiso ir porque lo amenazaron los militares, le dijeron
que si seguía en esto iban a desaparecer a su familia; tuvieron que
cambiarse de casa para que los militares ya no los molestaran”, cuenta
Esqueda Rivera.
De las investigaciones, dice que en la PGJM le han dicho que tienen a
los responsables, pero no tiene certeza de la información porque no le
han permitido revisar el expediente. “Quiero que el caso se lleve al
fuero civil, para que podamos ver la investigación”.
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