Para quienes no han estado o vivido en esa zona de Michoacán puede
parecerles muy fácil y hasta lógico que desarmen a todos aquellos
ciudadanos que decidieron tomar las armas para defenderse de los
criminales. Es muy probable que se piense que sólo traerán problemas y
que si el gobierno los deja armados pueden convertirse en paramilitares o
en algo peor: un nuevo cártel.
Sin embargo, para quienes en las últimas dos décadas han vivido el
imperio del terror implantado por los diferentes grupos del crimen
organizado a través de decapitaciones, extorsiones, asaltos, secuestros,
desapariciones, golpes, torturas, ejecuciones y la muerte de
familiares, amigos o conocidos, la orden del gobierno de desarmar a
quienes han ahuyentado a los criminales representa una sentencia de
muerte.
Durante un año las autodefensas de Tierra Caliente han logrado lo que
los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no
pudieron: combatir de manera frontal a los delincuentes y liberar a
decenas de pobladores del yugo de los distintos grupos del crimen
organizado, esencialmente de Los Caballeros Templarios, que llegaron a
crear un estado paralelo donde gobernaban con la ley del terror.
Pero al hacerlo de manera abierta, con el rostro descubierto, las
autodefensas expusieron su identidad para defender a sus familias,
negocios y comunidades.
Las bandas criminales que no han sido eliminadas en Michoacán saben
quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familias, sus amigos, sus
socios, ubican dónde están sus negocios y hasta las escuelas donde
estudian sus hijos. En fin, conocen absolutamente todo de las
autodefensas y pueden mandar sicarios solitarios a ejecutarlos en caso
de que dejen las armas.
Tener un arma en esa región de Tierra Caliente, donde las bandas
criminales tienen raíces profundas y todos los recursos para actuar,
para algunos de los integrantes de las autodefensas es cuestión de vida o
muerte, mientras que para el gobierno federal es un acto de autoridad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está urgido de que los grupos de
autodefensas ciudadanas dejen las armas que decidieron tomar el 24 de
febrero del año pasado, porque no sólo representa un desafío a la
autoridad, sino el riesgo de un estallido social en Michoacán y en otras
partes del país donde las condiciones de violencia e inseguridad son
iguales o peores, como en Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.
El coordinador general de las autodefensas de Michoacán, José Manuel
Mireles, dice que ha recibido llamadas de varios estados donde le
expresan su deseo de formar sus propios grupos de autodefensas
ciudadanas, ante la incapacidad de sus gobiernos de darles seguridad y
combatir al crimen organizado. Su respuesta ha sido que una vez que se
logre la limpieza general en Michoacán, él podría ayudarles a
organizarse, defenderse en sus propias localidades y avanzar hacia otras
que lo necesiten.
Estaríamos hablando de un escenario donde podría formarse una red
nacional de autodefensas ciudadanas armadas, una especie de insurgencia
social, con los riesgos consabidos tanto para el gobierno como para el
crimen organizado.
El comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pusieron como
ultimátum el próximo 10 de mayo para que las autodefensas dejen las
armas. Estas últimas también pusieron como límite esa fecha para que las
autoridades limpien a Michoacán de todas las organizaciones del crimen
que persisten en el estado.
En la más reciente reunión entre Castillo y las autodefensas se
acordó cumplir con sus respectivos compromisos para esa fecha, es decir
que el gobierno acabará con el crimen organizado en Michoacán y, luego
entonces, los civiles entregarán las armas, aunque señalaron que sólo
serán las de alto poder: calibre 50, 60 y bazucas; no los fusiles de
asalto (R-15 y AK-47), que mantendrán por seguridad propia.
La urgencia del desarme total de las autodefensas por parte del
gobierno federal es evidente: quieren mandar un mensaje de autoridad,
pero sobre todo detener esta oleada de inconformidad en muchas
comunidades y pueblos que, cansados de la violencia y la inseguridad,
producto del crimen organizado, han decidido tomar las armas para
defenderse y protegerse.
El problema es que antes de desarmar a las autodefensas, el gobierno
federal sigue mostrando incapacidad para desactivar a los grupos del
crimen organizado, que además de usar las armas, las comercializa,
creando un mercado atractivo de compra y venta en todo el país, que
hasta el momento no ha sido tocado.
El 10 de mayo es el plazo fatal que puso el gobierno federal para el
desarme de las autodefensas. Pero habría que lanzar algunas inquietudes a
las autoridades: ¿Quiénes son los peligrosos en Michoacán: las
autodefensas o los miembros del crimen organizado? ¿A quién hay que
desarmar primero? ¿Quiénes son los terroristas en Michoacán: los
templarios o los ciudadanos armados en defensa propia?
Twitter: @GilOlmos
/ 16 de abril de 2014)
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