La
quiebra de Mexicana, declarada el viernes 4, nada soluciona. En vez de
eso, le deja al gobierno federal un quebranto estimado en 4 mil 50
millones de pesos; a los trabajadores, enormes pérdidas en sueldos,
prestaciones y liquidaciones; y al Poder Judicial, conflictos laborales y
amparos por resolver. En tanto, el señalado por la autoridad como
causante del desastre, Gastón Azcárraga Andrade, está prófugo y sus
socios, impunes.
La quiebra
de la Compañía Mexicana de Aviación, declarada por el Juzgado Undécimo
de Distrito en Materia Civil el viernes 4 –más de tres años después del
fraude cometido por quien fuera su dueño, Gastón Azcárraga–, generó
pérdidas económicas al gobierno por 4 mil 50 millones de pesos, lo que
provocará un quebranto definitivo para la Federación, ya que tanto
Mexicana como sus filiales Aerovías Caribe (Click) y Mexicana Inter
(Link), también quebradas, todavía le deben al gobierno federal 2 mil
500 millones de pesos.
“Todo se hizo para beneficiar a Interjet,
la aerolínea de Miguel Alemán Magnani, a Aerovías de México
(Aeroméxico), de Andrés Conesa, así como al Grupo Financiero Banorte”,
señala en entrevista Joaquín Ortega, abogado del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y
Similares (SNTTTASS).
Mexicana dejó de volar en agosto de 2010,
luego de que Azcárraga fraguó un plan para quebrarla bajo el pretexto de
sanearla, volver a operarla con una nueva razón social y como una
aerolínea de bajo costo que los pilotos llamaron “Mexicanita de
Aviación” (Proceso 1762), pero a costa de los contratos colectivos de
los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
Pasados los
años y frustrada la intervención de varios grupos de inversionistas que
–según los jueces a cargo del concurso mercantil– no demostraron
solvencia suficiente ni apoyo gubernamental para echar a volar la
aerolínea, el 19 de febrero de 2014 un juez federal con sede en la
Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Azcárraga por el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de
dinero, derivada de una de las más de 20 denuncias interpuestas por la
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), la Asociación
Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) y el SNTTTASS, no sólo contra
Gastón Azcárraga Andrade –primo de Emilio Azcárraga Jean, el dueño de
Televisa–, sino contra quien resulte responsable. Sin embargo, el
empresario sigue prófugo de la justicia.
“Había un plan de
arranque para Mexicana programado para noviembre de 2010, pero Banorte
retiró el dinero de un banco neoyorquino. Ahora, capitalizaron el MRO
–la base de mantenimiento–; se quedaron con el MRO y se lo quieren
vender a Interjet. Quebrar a Mexicana fue una operación oligárquica y
eso provocará el aumento de las tarifas de los vuelos de entre 40 y
100%”, prevé Ortega.
La quiebra y el quebranto
El
miércoles 9, el secretario general del SNTTTASS, Miguel Ángel Yúdico
Colín, solicitó por escrito al ministro Luis María Aguilar Morales,
presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), que el máximo tribunal atraiga los juicios de amparo
interpuestos por la organización gremial una semana antes de que la juez
Edith Alarcón ordenara certificar la fecha de los concursos
mercantiles.
Tanto el SNTTTASS como ASPA y ASSA pugnan para que
con la declaración de quiebra no se cancelen las concesiones de
prestaciones de servicios aeroportuarios, como los slots –rutas de
vuelos al extranjero–, que tienen muy alto valor comercial.
“Es la
parte más valiosa de la empresa, junto a su base de mantenimiento y sus
almacenes de fiscalización; esto es la columna vertebral de una empresa
de aviación”, explica el abogado Ortega.
Y recuerda que la
quiebra de Mexicana implica la pérdida de 84 rutas a Estados Unidos, que
significan un quebranto de 9 mil millones de pesos a favor de compañías
extranjeras.
Destaca que los sindicatos que representa
interpondrán un amparo por cada resolución negativa de la juez Alarcón
que deje a los trabajadores sin posibilidad de recuperar algunos bienes
de la compañía. Así sucedió con el MRO, los slots y la marca, además de
la posibilidad de que se les cubriera a las aerolíneas el usufructo de
aerovías y aeropuertos, y con la petición de que Bancomext y Banorte
–acreedores de Mexicana– también pagaran por daños y perjuicios…
“Todo
esto lo negó la juez. Hizo nula una resolución decretada para recuperar
los bienes sustraídos a la empresa. El 3 de agosto de 2010 pusimos una
demanda por el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y todavía
no nos notifica sobre ello la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
ASSA y ASPA presentaron una igual en noviembre de 2013 y tampoco se le
ha dado trámite. Y, según ellos, todo esto es en beneficio de los
trabajadores”, ironiza el abogado de los sindicatos.
En la
solicitud de Yúdico, entregada el miércoles 9 en la sede de la SCJN y
cuya copia tiene Proceso, se ofrecen detalles del quebranto a la nación
que representa la quiebra de Mexicana: “La suspensión de los vuelos
provocó, de agosto a diciembre de 2010, una pérdida de cerca de 15
millones de dólares y la cifra podría crecer a 240 millones”.
Estas
cifras provienen de la presunción de que la aerolínea recibía mil 800
millones de pesos por la venta de boletos; mil 700 provenientes del
mercado nacional y el resto del internacional. Es decir, de septiembre a
diciembre de aquel año las pérdidas de Mexicana se estiman en 600
millones de dólares, según fuentes de agencias de viajes, afirma Ortega.
Y
abunda en su petición a la SCJN: “Mexicana vendió más de 984 mil
boletos por los que ya no proporcionó servicio. Esto significa que
enfrentará devoluciones por mil 549 millones 926 mil 302 pesos. El paro
de actividades del Grupo Mexicana de Aviación afectó a 2 millones 600
mil usuarios, con pérdidas de más de 420 millones de dólares en el
periodo de septiembre a diciembre (de 2010), estimó la Confederación
Nacional Turística”.
La quiebra de Mexicana también provocó la
pérdida de 5 mil millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA). Los grupos Aeroportuario del Pacífico, del Sureste y Centro Norte
perdieron 323.2 millones de pesos.
Tan sólo los 8 mil 620
trabajadores directos y 100 mil indirectos de la aerolínea dejaron de
percibir en conjunto 49 millones 687 mil 28 pesos mensuales.
“Los
trabajadores –continúa Yúdico– hemos perdido más de la mitad de nuestros
salarios y se han liquidado empresas como Aeromexrpess y Seat, con la
pérdida de más de mil 500 puestos de trabajo, además de los que serán
despedidos de Nuevo Grupo Aeronáutico”, antes Compañía Mexicana de
Aviación.
Esta compañía era titular de 46% de los servicios de
transportación aérea entre México y Estados Unidos, de los cuales cubría
por sí misma 20% y el resto lo hacían empresas extranjeras.
“La
importancia y trascendencia de este juicio reside en que desde el inicio
de los concursos mercantiles de Mexicana de Aviación, Mexicana Inter,
Aerovías Caribe y Mexicana MRO, el Juzgado Undécimo en Materia Civil en
el Distrito Federal incumplió lo dispuesto por la Ley de Concursos
Mercantiles, considerando a la controladora accionaria de las empresas
concursales como extraña al proceso y no como las propias comerciantes
concursadas”, indica la solicitud.
Ante eso, Yúdico recuerda que
el SNTTTASS solicitó al entonces procurador general de la República que
demandara el concurso mercantil de la empresa controladora, porque al
estar fuera de la jurisdicción directa del juzgado concursal tiene las
manos libres para hacer de sus controladas lo que quiera, además de que
es dueña de las marcas y ostenta la propiedad industrial de dichas
concursadas y de sus acciones.
La respuesta del procurador fue que
la ley le otorga esa facultad, pero “no lo obliga” a ejercerla, por lo
que ese juicio se sobreseyó.
Por ese motivo, el sindicato
solicita al ministro Luis María Aguilar Morales “que con base en la
información que proporcionamos y atendiendo a nuestro derecho de
petición, se sirva la sala que usted preside (la Segunda de la SCJN)
para atraer a su conocimiento los juicios de amparo en revisión antes
señalados y, en su caso, resolver sobre la atracción señalada lo que en
derecho procede”.
Con el afán de rescatar a la aerolínea, pilotos,
sobrecargos y trabajadores de tierra interpusieron diversas demandas de
amparo que están por resolverse en recurso de revisión, pero sólo el
SNTTTAS pidió que todas fueran atraídas por la SCJN.
Hasta el
cierre de esta edición, ASSA y ASPA seguían analizando las acciones
legales que emprenderán contra la declaración de quiebra de Mexicana.
Historia de un fraude
Documentos
obtenidos en 2010 por Proceso revelaron la trama de Azcárraga para
quebrar la aerolínea. El plan comenzó en 2008, cuando los inversionistas
decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos
de las empresas inmobiliarias, flotillas, edificios y activos de Grupo
Mexicana de Aviación (GMA).
Los dueños de NGA y GMA eran los
mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe,
cuando uno de sus consejeros propietarios era Javier Molinar Horcasitas,
hermano del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan
Molinar Horcasitas. Otros miembros de este núcleo empresarial
financiaron la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.
El
NGA se creó formalmente el 21 de enero de 2010, aunque transfirió los
activos de Mexicana desde el 29 de diciembre de 2009, según el acta de
cesión de derechos elaborada por la Comisión Federal de Competencia
(CFC), expediente CNT-005-2009.
La operación “consistió en la
adquisición de las acciones de las empresas Compañía Mexicana de
Aviación, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y
Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América,
Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana
MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic,
Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico,
que eran propiedad del Grupo Mexicana de Aviación”, dice el documento de
siete fojas.
El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos. Las dos últimas aerolíneas nunca han operado.
En
sus alegatos, la CFC destaca que el NGA notificó esta operación de
manera extemporánea, pues sus directivos firmaron los días 27 y 28 de
noviembre de 2008, mientras que la notificación fue presentada el 22 de
enero de 2009. Fueron sancionados con 275 mil 666 pesos. El documento
fue formalizado el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito
Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón.
De acuerdo con el documento
0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del IMPI,
Mexicana transmitió al NGA, entre otros, los derechos de los registros
de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca de
Mexicana, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales.
Pasó
el tiempo y, mientras Grupo Posadas negociaba la reducción de los
contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra,
la crisis de la aerolínea se agudizó con los incrementos periódicos en
los combustibles, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y
hasta por la contingencia sanitaria por la pandemia de influenza de
2009.
En octubre de ese año la empresa pidió apoyo al gobierno
federal y recibió un crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext) por 970 millones de pesos. Pero la empresa no alzó el vuelo,
pues tenía otra deuda con Banorte. Además, al rentar su flota de
aviones, sufrió una millonaria sangría.
En ese entonces el capitán
Félix Sánchez Gutiérrez, exmiembro de ASPA y exdirector Corporativo de
Operaciones de Mexicana, culpó de los magros resultados económicos de la
aerolínea a la enorme carga de nómina de personal de tierra:
administrativo, mecánicos, tráfico y otros, así como a los gastos de
publicidad, renta de espacios y mostradores en aeropuertos, que no pagan
las aerolíneas de bajo costo Click y Link.
Además de los
edificios y aviones, el Grupo Posadas y sus inversionistas compraron
también las rutas de viaje, que son muy rentables.
En los destinos
nacionales, Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link cubrían
las rutas del Bajío, Cancún, Guadalajara, México, Morelia, Monterrey,
Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana y
Zacatecas.
Sus rutas en el extranjero se extendían a las ciudades
europeas de Londres y Madrid; a las canadienses de Montreal, Vancouver,
Calgary y Toronto. En Estados Unidos llegaba a Denver, Dallas, Fresno,
Nueva York, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando, Miami, Oakland,
Chicago, San Antonio, San Francisco, San José California y Sacramento. Y
en Centroamérica sus destinos eran Guatemala, Panamá, San Salvador y
San José de Costa Rica; en Sudamérica: Bogotá, Caracas, Buenos Aires y
Sao Paulo; y en el Caribe, La Habana.
Nada de eso quedó tras la
quiebra. Pero sólo seis días después de esta decisión, los trabajadores
enfrentan otro conflicto porque la SCT pretende quedarse con los
almacenes generales de depósito 17 y 18 del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) que Mexicana operaba en la aduana.
/ 16 de abril de 2014)
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