- Piden que ya se haga la consulta pública
- Organismos ambientalistas atentos
Madrid.-
El Dorado mexicano para los empresarios hoteleros se llama Cabo Pulmo.
En el extremo sur de la Península de Baja California y frente al Mar de
Cortés, bañada por aguas que esconden en su interior el arrecife más
antiguo del Pacífico mexicano, existe una porción de tierra casi virgen
para la construcción y la explotación urbanística. Tras varios intentos,
un nuevo megaproyecto bautizado como Cabo Dorado planea levantar 22.500
cuartos repartidos entre nueve hoteles y residencias familiares, además
de tres campos de golf. Después de conseguir que el expresidente Felipe
Calderón parara la iniciativa de un proyecto similar llamado Cabo
Cortés, los vecinos y las asociaciones en defensa del medio ambiente
vuelven a advertir del desastre ecológico y social que podría suponer un
proyecto de esta envergadura.
Los apenas 300 habitantes del pequeño pueblo de Cabo Pulmo se han convertido en una especie de guardianes del tesoro. Hace 20 años, la mayoría de la población de la zona que los rodeaba vivía de la pesca. “No sabíamos lo que teníamos ni el daño que estábamos haciendo al arrecife hasta que llegaron los expertos de la Universidad Autónoma de Baja California y nos hablaron de su valor. Entonces, conseguimos que la zona se declarara parque nacional – algo que ocurrió en 1995 bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo – y los pescadores se formaron y recolocaron en el sector del turismo sostenible.
Los apenas 300 habitantes del pequeño pueblo de Cabo Pulmo se han convertido en una especie de guardianes del tesoro. Hace 20 años, la mayoría de la población de la zona que los rodeaba vivía de la pesca. “No sabíamos lo que teníamos ni el daño que estábamos haciendo al arrecife hasta que llegaron los expertos de la Universidad Autónoma de Baja California y nos hablaron de su valor. Entonces, conseguimos que la zona se declarara parque nacional – algo que ocurrió en 1995 bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo – y los pescadores se formaron y recolocaron en el sector del turismo sostenible.
Además de proteger el
arrecife, económicamente ha sido mucho mejor para la comunidad”, explica
Judith Castro Lucero, de la Asociación Amigos para la Conservación de
Cabo Pulmo. Ella es una de los habitantes de ese pequeño pueblo y cuenta
que su hijo quiere ser biólogo marino. “Estamos muy orgullosos de lo
que hemos conseguido, porque en este tiempo el arrecife se ha
regenerado. Pero también tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar”.
La placidez se rompió en 2008, cuando la empresa Hansa Baja
Investments – filial mexicana de la promotora alicantina Hansa Urbana,
participada por la española Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –
puso en marcha el proyecto Cabo Cortés. El plan pretendía construir
27.000 habitaciones, campos de golf, una planta desalinizadora y un
puerto a escasa distancia del parque nacional. El Gobierno mexicano le
otorgó los permisos pero, finalmente, una fuerte campaña de asociaciones
y ciudadanos consiguió que el propio presidente Felipe Calderón
desechara el proyecto.
La historia de las inversiones en Cabo Pulmo va en paralelo a la
situación económica mundial. Con la crisis golpeando con dureza a España
– especialmente en el ámbito de la construcción – la CAM acabó siendo
intervenida y nacionalizada en 2011. El Banco de España vendió la Caja
de Ahorros al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro y los
terrenos en los que se proyectó Cabo Cortés pasaron a ser de su
propiedad. Después, el banco español se los vendió a La Rivera
Desarrollos BCS por un importe desconocido. Sus principales inversores
son unas empresas de dos gigantes económicos: China y Estados Unidos.
“Este nuevo proyecto plantea menos habitaciones que el anterior pero
se proyecta en los mismos terrenos, a 15 kilómetros del pueblo de Cabo
Pulmo y a 7,5 kilómetros del arrecife. No estamos en contra del
desarrollo, pero esto no es solo un resort turístico, es una ciudad
entera”, explica Fey Crevoshay, directora de Comunicaciones y Políticas
Públicas de Costa Salvaje, una asociación civil binacional México-EE UU.
Los promotores del nuevo proyecto han eliminado del plan algunos de
los puntos más polémicos de Cabo Cortés, como la construcción de un
puerto y de una planta desalinizadora. Además, planean construir un
centro de interpretación e investigación en ciencia y tecnología del
Golfo de California, un centro educacional y un campus estudiantil. Pero
desde las asociaciones que defienden el medio ambiente sostienen que
eso no evitará el impacto negativo sobre el arrecife, además del impacto
social en las comunidades cercanas.
Las empresas que impulsan el proyecto – este periódico ha intentado
contactarlas sin éxito – han presentado ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) su manifestación de impacto
ambiental (MIA). En él aseguran que Cabo Dorado se construirá de manera
sustentable. “Por su magnitud, es prácticamente un nuevo centro de
población. Es muy difícil hablar de sustentabilidad para un proyecto de
este tamaño”, opina Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el noroeste del
país.
Además de los aspectos ambiental, económico y social hay otro que
también juega un papel en este caso: el diplomático. En junio de 2013,
el presidente chino Xi Jinping visitó México. Durante su viaje, los dos
presidentes firmaron el llamado pacto del tequila, que pretendía
potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. El pasado 25 de
marzo, los dos principales inversores de La River Desarrollos BCS – la
china Beijing Sansong International Trade Group y la estadounidense
Glorious Earth Group – publicaron en varios diarios mexicanos de tirada
nacional una inserción que explicaba su postura sobre el tema. Esta
estaba dirigida al presidente Peña Nieto, al gobernador del Estado de
Baja California Sur – Marco Covarrubias -, al presidente municipal del
municipio de Los Cabos – José Antonio Agúndez – y “a toda la sociedad
interesada en el logro de un desarrollo sustentable en Baja California
Sur”.
El texto apelaba a esos acuerdos binacionales. “De conformidad con
los acuerdos suscritos en meses recientes entre el Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República Popular de China,
Xi Jinping, así como las reuniones realizadas entre los grupos de alto
nivel de ambas naciones, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para
hacer de su conocimiento (…) que decidimos promover un concepto basado
en la preservación ambiental y que será radicalmente diferente al
proyecto que se pretendía hacer en esa misma ubicación hace varios
años”, aseguraba la inserción. Además de defender que es un plan menos
intrusivo, uno de los principales argumentos de los inversores es que se
crearán 18.000 empleos directos e indirectos en la región.
Mientras la Semarnat evalúa la manifestación de impacto ambiental,
las asociaciones piden que se celebre una reunión pública en la que los
promotores expongan su proyecto y luchan contra el reloj. La Secretaría
tiene un máximo de 60 días hábiles desde la fecha de integración del
expediente para pronunciarse sobre la MIA,algo que ocurrió el 20 de
marzo. Algunas organizaciones como Greenpeace – muy activa contra el
anterior proyecto de Cabo Cortés – también están estudiando cómo
organizarse. “Haberlo parado una vez nos da esperanzas”, defiende
Judith. Por si acaso, Costa Salvaje ha fichado como imagen a El Hijo del
Santo, el heredero del mítico luchador mexicano. Toda ayuda parece
poca.
Colectivo Pericú cita información de EL PAÍS (ESPAÑA)
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