Más de 100
millones de dólares destinados al combate al narcotráfico en México fueron a
dar a la basura. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos es el
encargado de licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa Mérida
y no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas empresas, con resultados
desafortunados. Esas tres compañías no tienen capacidad para cumplir las
funciones que se les encomiendan, pero siguen siendo las consentidas y
recibiendo contratos para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM…
WASHINGTON
(Proceso).- Por el sistema preferencial que aplica la embajada de Estados
Unidos en México para asignar contratos a empresas estadunidenses, se
malgastaron más de 100 millones de dólares que debían ser utilizados para fortalecer
la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de la Iniciativa Mérida.
Según documentos
obtenidos por Proceso, Fred Schellenberg, coordinador de Tecnología de la
Sección de Asuntos sobre Narcóticos de la embajada de Estados Unidos en México,
incurrió en medidas preferenciales para asignar contratos por más de 100
millones de dólares a las empresas Alutiiq 3SG, All Native Services (ANS) y
Sarakki Associates Inc.
Las empresas
beneficiadas por Schellenberg, como se observa en los documentos y de acuerdo
con las fuentes consultadas, proveen
sistemas y soluciones de tecnología profesional para respaldar las actividades
y mecanismos de seguridad nacional.
“El problema”, dice
una de las fuentes consultadas y quien por razones de seguridad pide no se
revele su identidad, “es que estas tres empresas han entregado sistemas que no
funcionan para los propósitos definidos y solicitados por el gobierno mexicano
pero nadie dice nada, nadie supervisa ni nadie en la embajada de Estados Unidos
ni el gobierno mexicano audita que los sistemas y las soluciones funcionen”.
Para obtener
sistemas y equipo bajo el esquema de la Iniciativa Mérida el gobierno de México
hace una solicitud a la embajada de Estados Unidos, la cual recibe directamente
Schellenberg; él analiza el pedido y si procede –según su criterio– contrata a
una empresa 8(a) para que haga un análisis a fondo de los requerimientos.
Una empresa 8(a) es
la que presenta la viabilidad de la solicitud y se propone para su
implementación. La embajada autoriza a la empresa elegida a encargarse del
proyecto. Con ello la compañía procede a contratar a quien desee para
ejecutarlo. Y México tiene que “firmar de recibido” el proyecto para su cierre.
Según los estatutos
de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) del gobierno estadunidense,
Alutiiq, ANS y Sarakki están clasificadas como empresas 8(a), categoría de
pequeñas compañías que están en desventaja frente a los grandes consorcios.
Pero en Estados
Unidos las tres empresas favorecidas por Schellenberg no pertenecen a la
categoría 8(a); están catalogadas como empresas grandes y competitivas. No
obstante para obtener contratos en México –y porque sus dueños o las sociedades
que las integran pertenecen a grupos étnicos minoritarios–, las tres concursan
bajo el esquema mencionado y así se les elimina la competencia.
ANS y Alutiiq
pertenecen a indígenas mientras Sarakki es una sociedad del estadunidense Greg
Mosley y dos indoestadunidenses: Venu Sarakki y Pranesh Tarikere.
(Fragmento
del reportaje que se publica en Proceso 1949, ya en circulación)
(PROCESO/ J.
JESÚS ESQUIVEL/ REPORTAJE ESPECIAL/ 8 DE MARZO DE 2014)
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