La
investigación emprendida por la PGR contra la empresa favorita del
panismo implica al crimen organizado, a los hijos de Marta Sahagún y a
los exsecretarios Francisco Gil Díaz y Dioniso Pérez Jácome, entre
otros, en una red que se tejió durante más de 12 años. La podredumbre
que ahora se confirma incluye lavado de dinero, fraudes al fisco y hasta
creación de bancos a modo. Muestra también la manera en que el sistema
político ha bendecido a sus empresarios cómplices.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La acusación de que Oceanografía defraudó a Citigroup
por 360 millones de dólares derivó en una investigación de lavado de
dinero por parte del gobierno mexicano que se extiende más allá de la
empresa favorita del panismo y una de las principales proveedoras de
Petróleos Mexicanos.
Gasolineras, cajas de ahorro, financieras,
inmobiliarias, casinos y hasta un banco relativamente nuevo, Consultoría
Internacional (CIBanco), podrían ser parte de una estructura financiera
fraudulenta en torno a Oceanografía. Todas esas empresas están ligadas
por un hombre: Martín Díaz Álvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz,
secretario de Hacienda durante el sexenio foxista.
El 16 de
diciembre de 2013 la Procuraduría General de la República abrió el acta
circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 y solicitó a la Unidad
de Inteligencia Financiera –que encabeza Alberto Bazbaz– y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores todos los movimientos financieros
realizados por Díaz Álvarez de 2005 a la fecha.
Proceso reveló en
su número 1934 que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en la mira a
Oceanografía: “Abrió una investigación confidencial en contra de Mario
Alberto Ávila Lizárraga, quien fue subdirector de Mantenimiento y
Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y
Producción durante el calderonismo.
“Se están revisando a detalle
todos los contratos concedidos a Oceanografía. (…) Hay aspectos que
revelan claramente actos de corrupción de funcionarios de Pemex para
favorecer a esta empresa y en algún momento tendremos que imponer
sanciones a quienes los cometieron”, reveló un funcionario de Pemex al
corresponsal de Proceso en Washington.
Oceanografía, empresa
propiedad de los hermanos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, dejó de ser
una empresa familiar en 2005 para dar cabida a nuevos inversionistas
después de que estuviera a punto de declararse en quiebra.
Amado
Omar Yáñez Osuna retuvo 75% de las acciones; Energy Group México,
S.A.P.I. de C.V., Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Javier
Rodríguez Borgio se quedaron con 15%; Grupo AKNUUK y Oliver Fernández
Mena, con 5%; Inmobiliaria Amagdez y Carlos Daniel Yáñez Osuna, con
4.94%, mientras que Alberto Duarte Martínez compró 0.03% de las
acciones.
Personas allegadas a la investigación explicaron que
para entender el nuevo escándalo de Oceanografía hay que ubicar dos
etapas de la empresa. La primera va de 2001 a 2005, cuando los hermanos
Jorge Alberto y Manuel Bribiesca –hijos de Marta Sahagún– la ayudaron a
obtener contratos de Pemex; la segunda empieza en 2005, cuando suman
como nuevo inversor a Martín Díaz Álvarez, esposo de Gloria Pérez Jácome
Friscione –hermana de Dionisio Pérez Jácome, secretario de
Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado y actual representante
de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
El 11 de febrero pasado, Oceanografía fue
inhabilitada por Pemex debido a que detectó, gracias a reportes de
Citigroup Inc., cuentas por cobrar fraudulentas. El 28 de febrero
Citigroup dio a conocer oficialmente que su filial mexicana, Banamex,
había sido defraudada por Oceanografía en un préstamo de 360 millones de
dólares contratado con garantías inexistentes.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1949 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 11 de marzo de 2014)
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