De no desacreditarse las faltas graves imputadas en el proceso 24/2014, iniciado en la Controlaría Municipal por denuncia de hechos de la Tesorería Municipal, tras auditarse los estados contables entregados por Acosta Rodríguez, los 21 involucrados podrían ser inhabilitados a ocupar cargos públicos; además de que dependiendo de su responsabilidad en el caso, estarían por ser denunciados como autores del defalco de la comuna, hecho penado por el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa.
Para algunos de los involucrados, el plazo de defensa vence el 9 de abril, pero para otros es hasta el 14 de abril.
“Sin embargo, como la ley no fija plazo para resolver el proceso administrativo, el periodo de investigación podría extenderse, dado que hay imponderables como enfermedad, viajes, y otros tipos de ausencias que la misma norma permite”, expuso Rolando Luque Rojas, contralor municipal.
El funcionario dijo que la investigación es de oficio y no por mandato, encargo, observación o información de la Auditoría Superior del Estado. “El desfalco se detectó en la auditoría interna de Tesorería y se procedió a su denuncia.”
Luque Rojas expuso que “el alcalde, Zenén Aarón Xóchihua Enciso no tiene mandato, poder o facultad para ser generoso con el erario municipal y decidir pagarse con la caja chica, mientras que el tesorero, Jesús Acosta Rodríguez, tampoco tiene autoridad, licencia o derecho para modificar el presupuesto de egresos; entretanto el presidente de la Comisión de Hacienda tiene las mismas prohibiciones que los anteriores para beneficiarse del presupuesto, en tanto que el síndico procurador, Olegario Armenta Bojórquez cometió falta grave al pasar la autoliquidación sin oponerse”.
Todo el cabildo en pleno pasó sobre el artículo 123 Constitucional inciso “B” que norma que todo empleado de confianza sólo tiene derecho a sueldo y a seguridad social, y no a la estabilidad laboral, precisó Luque Rojas.
La defensa
La danza de los regidores por defenderse de los cargos imputados se centra en la aprobación del presupuesto realizada en la sesión del 21 de diciembre del 2012, cuando se discutió el presupuesto de egresos 2013 que llegaba a los 967 millones de pesos. Ese presupuesto fue rechazado por los priístas Ricardo Pérez Camiade, Fernando Ibarra, Abraham Ibarra, Blanca Azucena Diarte y Evelia Echevarría Bojórquez. Sin embargo, cuando el presupuesto fue modificado el 30 de diciembre del 2014 por ingresos extraordinarios que lo elevaron a mil 292 millones de pesos, sólo votaron en contra Pérez Camiade, Diarte y Echevarría Bojórquez.
Hasta ahora, solo Fernando y Abraham Ibarra han regresado 108 mil pesos como devolución de “pago indebido”, en tanto que el alcalde, Zenén Xochihua “donó” 180 mil pesos al sistema DIF. Ninguno de los regidores ha devuelto el dinero de las autoliquidaciones.
Fernando Ibarra expuso que devolvió el dinero porque no encontró el concepto por el que se le entregaba: “consulté con mi padre y con el contador y resolvimos que ese dinero no era mío, y lo devolví”. Y afirmó que jamás fue notificado de autoliquidación alguna. “Si se resolvió liquidarnos, muchos de nosotros no fuimos notificados de ello”.
Víctor Damm dijo que primero se defenderá, antes que regresar el dinero; Diarte guardó silencio, lo mismo que el panista Leonel Sánchez Cota, en tanto que el perredista Marino Davizón Padilla afirmó que regresaba el dinero sólo que le dieran empleo. El resto del cabildo se ha vuelto color de hormiga, lo mismo que el tesorero Jesús Acosta.
El ahora ex alcalde de Ahome, Zenén Xóchihua Enciso se defendió con el argumento de que era un revanchismo político en su contra, pero al paso de esas afirmaciones salió el secretario de la comuna, Álvaro Ruelas Echave, asegurando que no había tal persecución, sino únicamente la búsqueda de la verdad a una anomalía encontrada en Tesorería, y a la congruencia del presidente municipal, Arturo Duarte García de no solapar pillerías, ni propias ni ajenas.
En tanto, la pus de corrupción que se destapó en Tesorería y en Presidencia Municipal ha llegado hasta la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y la Comisión Municipal para el Desarrollo de Centros Poblados, mejor conocida como Común, y se extendió al área de almacén, en donde se encontraron autoliquidaciones, sustracción de dinero, desaparición de activos y hasta robo de combustible, entre otras irregularidades.
(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/
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