Apenas en dos
semanas de revisión de la situación heredada por el XX Ayuntamiento, la actual
administración ha detectado múltiples irregularidades -basificaciones,
contratos, convenios- que desvelan los malos manejos en la alcaldía que
encabezó Francisco Pérez Tejada, y que ha sumido a la administración cachanilla
en una situación “catastrófica”, donde
los puntos mencionados parecen ser apenas la punta de un gran iceberg
De última hora, al quince para las doce, a
días de concluir el periodo del XX Ayuntamiento de Mexicali encabezado por el
priista Francisco Pérez Tejada, éste resolvió la basificación fast track de
casi un centenar de empleados de confianza.
En la lista aparecen
apellidos relacionados con regidores, periodistas, familiares de políticos priistas que recibieron el
beneficio rápidamente, ahorrándose un largo proceso burocrático que para la
mayoría lleva años obtener la base laboral, y en ocasiones implica
necesariamente interponer una demanda ante los tribunales para lograrlo.
Pero esa no ha sido
la única irregularidad detectada. Aparte, “buscan” a más de 400 empleados
adscritos a la nómina municipal “comisionados” a otras áreas y que no se sabe
exactamente donde están. Por eso, desde la nueva administración han tenido que
modificar el sistema de pago -momentáneamente- para ya no hacerlo por depósito
bancario, sino con cheque, y obligadamente tendrán que pasar a su lugar de
adscripción para recogerlo.
“Lo decidimos para
conocer a la gente, para pasar lista”, aseguró la oficial mayor del XXI
Ayuntamiento de Mexicali, Maribel Avilez Osuna, una experimentada abogada
laboral, ahora parte central del equipo del alcalde panista Jaime Díaz Ochoa.
De igual manera,
investigan una serie de acciones irregulares, como la detectada a una compañía
local con la cual el Ayuntamiento formalizó un contrato de última hora -ya
tenían meses operando-, donde aparece un primo hermano de la esposa de
Francisco Pérez Tejada.
A la par, se señala
la evidente irregularidad que significó para las finanzas municipales el no
pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y
Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), convirtiéndose en una
bola de nieve que creció durante meses, con los obligados y millonarios
recargos, y el préstamo solicitado por el ex alcalde para “solucionar” el
problema, endeudando así al Ayuntamiento por los próximos 36 meses, es decir,
durante todo el periodo de Díaz Ochoa.
“Creo que sí podría
llevar a una situación penal”, sostuvo la oficial mayor, aunque primero habrían
de notificar al área de Contraloría y al Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS).
De paso, Avilez
aclaró que están en las primeras revisiones -en estas dos semanas de la nueva
administración municipal-, y tienen hasta el 30 de diciembre de 2013 para
completar el minucioso examen de la situación heredada. “Hemos encontrado más
(irregularidades), pero esto es un informe preliminar, vamos por partes”,
refirió la entrevistada.
Fast track
De acuerdo a la
oficial mayor del XXI Ayuntamiento de Mexicali, en una primera revisión se
localizaron 92 basificados a través de un ilegal procedimiento. La funcionaria
afirmó que para lograr la base hay dos opciones: una a través del sindicato, y
ante una jubilación, muerte o renuncia, el sindicato propone de una lista de
espera. La otra es vía sentencia del
Tribunal de Arbitraje -con demanda previa-, e implica presupuestar ese nuevo
espacio por decisión del Tribunal laboral.
“¿Qué fue lo que
pasó aquí? Se hicieron bases de escritorio en el sistema de nóminas de
Oficialía Mayor, se alteraron los nombramientos de las personas, y aquellas que
estaban de confianza, de repente pasaron a ser empleados de base”, detalló
Maribel Avilez Osuna.
De acuerdo con
datos, en el Ayuntamiento de Mexicali hay cerca de 4 mil empleados; 3 mil 100
de base, el resto, eventuales y de confianza.
Según la
funcionaria, tienen 30 días para definir la situación en que encontraron el
Ayuntamiento: “El 30 de diciembre debemos revisar qué es lo que tenemos, o dar
un avance de cómo lo encontramos”.
Avilez amplió: de
esas cerca de 92 basificaciones, desde el sindicato han aceptado que ellos
propusieron a 17, después subió a 23, pero del resto no saben. Es Oficialía
Mayor la instancia que se encarga de administrar el recurso humano de todo el
Ayuntamiento. “Aquí se hacen los nombramientos, aquí se hace todo, se hacen las
nóminas y se mandan. Hay un software, y es en el que se alteró para brincarse
el protocolo, el procedimiento, y se hicieron nada más por fast track”, abundó
la oficial mayor.
Maribel refirió que
empezaron a aparecer con prestaciones de base -las cuales son “caras”-, por
rubros como previsión social múltiple, quinquenios, premio por asistencia, bono
por buena disposición. “Su salario se incrementa casi al triple”, calculando
que de confianza a de base, un sueldo
“encarece” su costo.
La especialista en
el ámbito laboral agregó que el Ayuntamiento puede remover libremente a los
titulares y a los jefes de dependencia y directores administradores, todos de
confianza, no así a los de base. “Dentro de los basificados hay personas de
confianza, y hay muchos nombres de gente basificada, como hermanos de
regidores, hijos de periodistas… hay de todo. Entonces ahí es obvio que fue lo
que pasó”.
A la vez, indicó que
buscan revertir esta situación para regresar a esa gente al lugar que tenían
anteriormente, aunque aclara que algunos han optado por evadir líos y renunciar
de manera voluntaria.
“Hubo gente que
entró el último día, en la última semana (de la administración anterior). De
hecho no se piensa despedir a mucha de esa gente, sí hay gente que tenía dos,
tres años, los que realmente eran secretarios, operativos los vamos a revertir
a como estaban, que se vayan a la fila a seguir el procedimiento, pero no los
voy a despedir”, dijo Avales en referencia al personal que se reasignará a su
adscripción oficial.
La funcionaria
aportó otro dato: cerca de 450 empleados están comisionados a diferentes
dependencias y no saben exactamente dónde están, solo existe un oficio de
comisión, pero no están en ninguna de las dos áreas.
“Lo que estamos
haciendo es revisar, por eso tenemos tanta gente en Oficialía, estamos
revisando, pasando lista a ver si esa gente existe, si está trabajando. Es otro
rubro, estamos haciendo un padrón actualizado”, externó la oficial mayor en
relación al grupo de empleados que cobran, pero no están. Otros más han optado
por la rápida renuncia, bastantes, según el dicho de la funcionaria:
“Decidimos pagar por
cheque para conocer a la gente, porque si pagas por depósito bancario, no vamos
a saber para donde se fue, lo decidimos como una técnica un poquito rústica de
pasar lista, que los titulares de todas las dependencias centralizadas y
descentralizadas, se hicieran cargo de hacer el pago personalmente, cuando
menos que estuvieran presentes para poder saber si la gente está ahí”.
Lo de las comisiones
era una práctica común, donde al llegar algún conocido en puesto de dirección,
se llevaba a su gente. Avilés Osuna aprovechó para mencionar un ejemplo, el de
Rosa Isela Dávalos Méndez, quien del Ayuntamiento se fue a la subdelegación de
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Mexicali, con una licencia
por tiempo indefinido, pero “las licencias por tiempo indefinido no existen, la
Ley establece que nada más son por seis meses, y las otras son cuando vas a
ocupar un cargo público, cuando tienes un cargo de elección popular durante el
tiempo que dure el cargo”, declaró.
Existe la
posibilidad de que un empleado de base pueda ocupar un puesto de confianza,
pero solo dentro de la misma esfera municipal: “Las licencias indefinidas no
existen, ya lo platiqué con el sindicato, y
efectivamente, está mal hecha la licencia”, citó la oficial mayor en
relación al permiso que le fue revocado a Dávalos Méndez -sobrina de Dolores de
Méndez, representante de PROFECO en Baja California-, y están en espera para
que la sindicalizada diga si renuncia a su base, o en su caso regresa y
renuncia a su puesto en la instancia federal.
“Tenemos que
regularizar, hay muchas cosas como ésta”, aseguró Maribel Avilez, para ampliar:
“Nosotros ya
sabíamos que el Ayuntamiento estaba en crisis y que había privaciones y todo lo
que tú quieras, sin embargo, no te das cuenta
qué tan graves hasta que estás dentro. Todos sabíamos que estaba en una
mala situación, pero no en esa situación caótica, porque realmente estamos en
una situación deplorable, catastrófica, no hay palabras para decir la situación
en que se encuentra el Ayuntamiento”.
Otras más
Otro de los puntos
que han “brotado” en las primeras revisiones a la administración de Francisco
Pérez Tejada, tiene que ver con el otorgamiento de un contrato a una empresa,
Hego Imagen, S. de R.L. de C.V., propiedad en sociedad de un primo hermano de
Emma Pedrero Corral, esposa del ex alcalde de Mexicali.
En la empresa,
registrada en Tijuana, aparecen como socios Fernando Hernández Barroso y Héctor
Chaparro Pedrero.
El contrato se
aprobó en sesión de Cabildo celebrada el lunes 25 de noviembre, cinco días
antes de la conclusión del periodo municipal encabezado por Pérez Tejada. El
contrato tiene que ver con la modernización dela imagen urbana con la
instalación de 73 letreros en camellones, glorietas, espacios públicos del
Ayuntamiento. ”Son lugares muy bien ubicados, en las mejores avenidas de
Mexicali”, expuso Avilez Osuna, quien califica de irrisoria la contraprestación
que se pactó; 60 mil pesos al año y ni
siquiera en dinero, sino en especie, instalando plantas en el lugar,
manteniéndolo limpio.
En el contrato se
estipula la prohibición de permitir que se instalen espacios similares en cien
metros a la redonda. Desde el Ayuntamiento calculan que esos espacios dejan a
los concesionarios una ganancia mensual superior al millón de pesos. “No es un
contrato proporcional, es súper ventajoso, leonino, es infame”, condenó la
funcionaria.
De ahí que
promoverán anular en el Cabildo, a través de una acción de lesividad.
Aparte, hizo mención
de que esos espectaculares ya tenían funcionando cerca de un año, lo que
hicieron fue legalizarlo vía contrato, una semana antes de dejar la
administración municipal.
El otro tema que
atrajo la atención, fue el relativo al no pago a las cuotas del ISSSTECALI
desde agosto de 2011, casi dos años y medio sin cubrirlas, y un día antes de
dejar el XX Ayuntamiento, se hizo un convenio con el Instituto. Para esto ya se
había acumulado un adeudo cercano a 400 millones de pesos, más 90 millones de
pesos por intereses. “Si hubiera pedido un préstamo a un banco, le hubiera
salido más barato por los intereses, que lo que se generó”, dijo la oficial mayor.
“Fue una negligencia
total el dejar de pagar las cuotas”, asumió la funcionaria municipal, quien
calcula que mensualmente, la actual administración deberá pagar cerca de 37
millones de pesos a ISSSTECALI, entre cuotas y convenio.
“Estamos espantados,
de por sí el Ayuntamiento nos lo dejaron en bancarrota, en una situación
catastrófica”, resumió Avilez Osuna, para después recalcar que se presentará
una denuncia ante Contraloría y el ORFIS.
SE DEFIENDE
Rosa Dávalos Méndez
está adscrita al área de regidores -con fecha de ingreso en enero de 2005-, y
desde marzo de 2013, funge como subdelegada de PROFECO en Mexicali, delegación
que encabeza Dolores de Méndez, su tía política.
La empleada
municipal y funcionaria federal niega que su salida sea una irregularidad, que
después de que ingresó a laborar al Ayuntamiento, y de que en 2007 falleciera
uno de los empleados del área de regidores, peleó esa base por derecho de
antigüedad, pero no se la otorgaron.
Luego se jubiló otro
empleado del área y de nuevo solicitó la plaza, pero la base se congeló -era el
cambio en la administración llegando Pérez Tejada-, posteriormente el trámite
siguió, hasta que en marzo de este año le avisaron que ya saldría su base, solo
que le pidieron que se desistiera de una demanda precisamente por basificación,
interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje.
En ese contexto fue
propuesta por María Esther Sherman -ex delegada del Comité Ejecutivo Nacional
en la entidad- para la subdelegación de PROFECO en Mexicali. Dávalos Méndez
asegura que su designación nada tuvo que ver con que su tía Dolores de Méndez
sea la representante de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja
California.
Argumenta que
solicitó una licencia sin goce de sueldo a través de la dirigente sindical -y
ahora regidora- Alicia Martínez, vigente a partir del 15 de abril. La abogada,
funcionaria federal y empleada municipal, dice que sí son válidas ese tipo de
licencias, aunque aclara que la Ley es muy general al incluir las licencias al
asumir un cargo de elección popular o de confianza.
“Yo tengo un status
de base, tengo un permiso, y después de la sarta de mentiras que dijo la
señora, me manda un documento donde me revoca el permiso”, explica Dávalos
Méndez en alusión al oficio que recibió el lunes 16 de diciembre de 2013, y
considera que sería el Tribunal de Arbitraje el encargado de definir la
situación.
En suma, argumenta
que su basificación es legal, al igual que la licencia sin goce de sueldo. Aun
así, analiza si regresa a su puesto sindical o quedarse al frente de la
dependencia federal en Mexicali.
(SEMANARIO
ZETA/ Sergio Haro /diciembre 23, 2013 12:00 PM)
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