Entre las
irregularidades promovidas por el gobierno local, destaca el traslape de
concesiones, el acaparamiento de espacios en zonas no autorizadas, la violación
de bases y condiciones del título de concesión, la expedición de permisos
transitorios y el vencimiento de la mayoría de estas anuencias, además de
negocios en la desembocadura del arroyo Salto Seco
Cabo San Lucas.- En septiembre de 2013, la
dirección general de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) envió a un
inspector para que elaborara un deslinde sobre la concesión de playa del hotel
Cabo Villas, en la zona conocida como El Médano de este destino turístico.
Los directivos del
hotel, propiedad de Operadora CSL, S. de R.L. de C.V., habían solicitado el
estudio topográfico porque, según la jefa de la unidad de Ecosistemas y Entes
Costeras de la ZOFEMAT en Baja California Sur, María Teresa Hernández Huerta,
“querían conocer la medida exacta del espacio concesionado y tener claridad
sobre el límite del área para el uso y aprovechamiento de ese desarrollo en la
playa más popular del destino”.
Como única autoridad
jurídicamente facultada para expedir permiso de concesión -de acuerdo al
Artículo 22 del Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas y Terrenos Ganados al Mar- y durante la demarcación, lo
primero que detectaron fue un traslape de concesiones entre el desarrollo
hotelero y algunos prestadores de servicios especializados en la renta de
lanchas, motos acuáticas, equipo de buceo y snorkeling, paracaídas, paseos,
masajes y de tablas de paddle board.
Con información en
mano, el inspector de la ZOFEMAT estableció el espacio, guiado por las
coordenadas, bases y condiciones de la concesión; posteriormente partió a la
oficina central en México.
Sin embargo, apenas
se había marchado, cuando de manera inesperada cayó un operativo encabezado por
técnicos y abogados de la ZOFEMAT, quienes iniciaron una revisión a fondo de
todas las concesiones de playa en El Médano.
En el operativo, que
duró del 11 al 15 de noviembre de 2013, primero revisaron la documentación de
todos los prestadores de servicios turísticos, incluidos vendedores ambulantes
en la zona de playa; después midieron cada uno de los espacios con un equipo
preciso y muy sofisticado, conocido como sistema de posicionamiento global e
identificado como GPS.
El resultado de toda
esta verificación arrojó las siguientes irregularidades:
1. El
traslape de concesiones, ya que la mayoría no coincide con las coordenadas
autorizadas.
2. El
acaparamiento o invasión de espacios en zonas no autorizadas.
3. La
violación de bases y condiciones del título de concesión, porque algunos
ampliaron sus actividades para lo que inicialmente estaban autorizados.
4. La
expedición de permisos transitorios y el vencimiento de la mayoría de estas
anuencias.
5. Negocios
en la desembocadura del arroyo Salto Seco.
La jefa de la Unidad
de Ecosistemas y Entes Costeras de la ZOFEMAT, María Teresa Hernández Huerta,
anticipó que con la información levantada, elaboraban en la Ciudad de México un
diagnóstico, amén de armar un mosaico sobre las condiciones, bases y
coordenadas de las concesiones de playa en El Médano, cuyo resultado habría de
darse a conocer en una mesa de trabajo con todos los concesionarios de la zona.
LA ANARQUÍA
Marítimo Terrestre puso en evidencia la
completa anarquía que desde hace tiempo se vive en esa playa, considerada por
el propio delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), José Carlos Cota Osuna, como “la más conflictiva en México”.
En números fríos, la
ZOFEMAT tiene expedidas -históricamente- alrededor de 30 concesiones a favor de
hoteles y prestadores de servicios, desde la llamada Escollera hasta el hotel Riu en El Médano.
Sin embargo, y
benévolamente, algunos ex funcionarios de SEMARNAT expidieron entre 20 y 30
permisos transitorios que -según el delegado- “eran renovados cada tres meses,
lo que permitía que tuvieran una concesión permanente, pero desde mi llegada,
ya no se renovaron y tampoco se expidieron, en un afán de iniciar un programa
de ordenamiento en esa playa”.
— ¿Cuál es el estatus de todos aquellos que tenían
permiso transitorio?
“El estatus es que
ninguno de ellos tiene permiso oficial, pero algunos siguen trabajando en la
playa, protegidos con un amparo por la decisión que tomamos, porque creen que
ganaron derechos sobre el espacio de playa que en su momento aprovecharon y
explotaron de manera temporal, cuya situación estamos revisando con los
abogados, sobre todo, basados en el marco legal.
Durante una
entrevista con ZETA, José Carlos Cota Osuna se dijo decidido a terminar con la
anarquía en esa playa: “Vamos a ordenarla en cuanto tengamos el resultado del
diagnóstico y estemos en condiciones de establecer una mesa de trabajo con
todos los concesionarios, ver físicamente cómo están y tomar decisiones, si se
ajustan los espacios o se quedan como están, porque tenemos que tomar en cuenta
que mover a uno, tendrá un efecto dominó”.
El funcionario
federal reconoció que el problema creció de manera preocupante en los últimos
años, por ser una zona de mucha afluencia turística y la más popular de Cabo
San Lucas, a pesar de la creación y existencia de un comité o fideicomiso
integrado por las siguientes autoridades:
* Gobierno
del Estado.
*
Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de ZOFEMAT.
* Delegación
de SEMARNAT.
* Delegación
de la Procuraría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).
* Delegación
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP).
* Delegación
del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo al
representante de SEMARNAT, las anteriores autoridades confluyen en la
responsabilidad de vigilar y cuidar la Zona Federal Marítimo Terrestre.
No obstante y
paradójicamente, la playa con 30 concesiones formales, y entre 20 y 30 permisos
transitorios y casi 400 vendedores ambulantes, “solo tiene un inspector de la
PROFEPA, quien es la responsable obligada de vigilar el buen uso de las
concesiones, bases y condiciones, y quien emite las sanciones correspondientes,
en caso de detectar alguna irregularidad”.
Cota Osuna
complementó que desde su toma de posesión -14 de marzo de 2013- y después de un
encuentro en Los Cabos con el Consejo Coordinador Empresarial, supo del
problema de la anarquía en la playa de El Médano, donde evidentemente no había
coordinación, ya que dejaron crecer el problema y nadie hizo nada; todos se
echaban la bolita entre unos y otros.
Negocio redondo
En base a la
denuncia de prestadores de servicios y vendedores ambulantes y hoteleros, la
única que aprovechó la anarquía es una red de corrupción que se extiende desde
la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería del Ayuntamiento de
Los Cabos.
A espaldas del
alcalde José Antonio Agúndez Montaño, los integrantes, plenamente identificados
por sus víctimas, tienen nombre y apellidos:
* Gerardo
Manríquez Amador, tesorero.
* José
Salvador Solorio Ceseña, director municipal de ZOFEMAT.
* Maricela
Ceseña Torres, coordinadora de ingresos de la delegación de la zona en Cabo San
Lucas.
* Víctor
Manuel Leyva Valencia, coordinador de inspección fiscal en Cabo San Lucas.
* Joel Alberto
Barrientos Fajardo, jefe de inspectores de ZOFEMAT en la Playa El Médano.
* Silvano
Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, inspectores.
Las evidencias de
esta red brotaron después de que se descubrió que el director municipal de la
Zona Federal Marítimo Terrestre, José Salvador Solorio Ceseña, contraviniendo
el Artículo 22 del Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial,
Vías Navegables, Playas y Terrenos Ganados al Mar, expidió una serie de cartas
y/o permisos temporales para prestadores de servicios de masajes, paseos en
caballo y lanchas, renta de motos acuáticas, tablas de paddle board,
paracaídas, equipo de snorkeling y buceo en la zona de la playa.
El delegado Cota
Osuna fue tajante: “El Ayuntamiento o la dirección municipal de ZOFEMAT, no
tienen facultades legales para otorgar permisos a nadie, en el aprovechamiento
y explotación de concesiones en la playa”.
— ¿Y sí lo hicieron?, cuestionó ZETA.
“No tiene validez,
porque es competencia de la Federación, además, si lo hicieron, el que la hace
la paga, porque no vamos a tolerar que se estén dando estas prácticas”.
Durante una
investigación realizada por este Semanario, a raíz de la denuncia de
prestadores de servicios y vendedores ambulantes que se quejaron de ser víctimas
de extorsión por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, se pudo confirmar la
existencia de esta red de corrupción. A continuación, se describe su modus
operandi:
* El director
municipal de ZOFEMAT, José Salvador Solorio Ceseña, es el encargado de otorgar
el visto bueno para que algunos prestadores de servicios como Rolando Félix
Barraza, pudieran “llevar a cabo la actividad de paseo de caballo en la parte
de playa, y donde la dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, no tiene
inconveniente alguno en que se realice dicha actividad -transcribe textualmente
en la carta,- toda vez que se hagan responsables de los desechos que generen,
dejando la superficie en estado de limpieza, aclarando que su actividad será
únicamente enfocada a los fines solicitados”.
El oficio
ZFM-592-06/12/13 establece que “el beneficiario debe contar con el permiso
correspondiente del departamento de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los
Cabos”.
* Una vez
expedida la carta o permiso, el jefe de inspectores de ZOFEMAT en la zona de
playa, José Alberto Barrientos Fajardo, es responsable de negociar la cuota
mensual de pago de 500 dólares -en el caso de los prestadores de servicios-
para que el beneficiario pueda trabajar y evitar ser molestado en la Zona
Federal Marítimo Terrestre.
El inspector,
originario de San Pedro Sula, Honduras, considerada la segunda ciudad más
grande de ese país, tiene prácticamente diez años viviendo en Los Cabos.
Casado en aquel país
con la señora Victoria Ortega Hernández, la situación de este funcionario pasó
de inmigrante a residente en julio de 2011, según datos recabados por ZETA en
la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde actualmente se
revisa el expediente del servidor público, porque cuando se resolvió su
estancia legal, operaba una red de corrupción dentro de la institución federal
encabezada por el ex delegado regional, Martín Segovia.
* El hondureño también tiene a su mando a los
inspectores Silvano Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, quienes
prácticamente -y según algunas víctimas- recogen personalmente las cuotas en
dinero en efectivo y sin expedir comprobantes de pago. En ocasiones tienen que
recurrir a Maricela Ceseña Torres y Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinadora de ingresos y coordinador de
inspección fiscal de la delegación de Cabo San Lucas, respectivamente, a fin de
presionar en los pagos irregulares, cuando alguno se llega atrasar.
* La red es
encabezada por el tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador,
quien dicho sea de paso, carece de cedula profesional como contador público.
Datos aportados por
las víctimas indican que el tesorero habilitó a Silvano Eduardo Contreras
Medina como inspector de ZOFEMAT, tras ser cesado de la Dirección de Inspección
Fiscal por actos de corrupción a principios de 2011. Fue nombrado inspector
junto con el hondureño Joel Alberto Barrientos Fajardo, pese a que ambos no
dependen del ayuntamiento, sino del comité o fideicomiso de la ZOFEMAT, responsable de pagar sus sueldos, de 9 mil
515 pesos con 14 centavos, y 13 mil 515 pesos con 14 centavos.
Según los propios
afectados, la carta o permiso expedido por la dirección municipal de ZOFEMAT es
la clave de que “están arreglados”, y de
que “pagan cuota de protección”.
“Por eso nos dejan
trabajar en la zona de playa”, reveló uno de los afectados.
Peor aún, de los más
de 400 vendedores ambulantes que trabajan en la playa de El Médano, alrededor
de 100 carecen de permiso. Sus víctimas aseguran pagar una cuota de 3 mil pesos
mensuales por dejarlos trabajar.
En suma, y en base a
testimonios, el negocio deja estas ganancias a los involucrados:
* Cada
prestador de servicios paga una cuota de 6 mil 750 pesos al mes. Por los entre
20 y 30 prestadores de servicios con permiso irregulares, la utilidad mensual
se estima en 168 mil 750 pesos, y al año asciende a 2 millones 025 mil pesos.
* Cada
vendedor ambulante paga una cuota de 3 mil pesos al mes. Por 100 vendedores,
cuyo permiso es un amparo vencido –y la señal de que está arreglado con los
inspectores-, se percibe un ingreso de 300 mil pesos, que cada año, representa
3 millones 600 mil pesos.
Sin duda, un
lucrativo negocio que arroja una ganancia de 5 millones 625 mil pesos por año.
LAS QUEJAS
Los propios
hoteleros con colindancia a la playa El Médano tienen mucho tiempo denunciando
toda esta serie de irregularidades. La última, el 12 de noviembre de 2013,
cuando el gerente general del hotel Pueblo Bonito Rosé y Pueblo Bonito Los
Cabos, Gregoria Osako Cruz, se quejó de que los prestadores de servicios,
Alfredo Salgado Magaña e Ignacio Guzmán Herrera, quienes desde hace tres años
han hecho mal uso de los permisos transitorios que tienen en su poder, robando
y estafando a clientes y huéspedes.
En una carta
dirigida al director municipal de ZOFEMAT, la empresaria refiere que “el mal
uso de los permisos ha fomentado que de manera grave, crezca el ambulantaje de
venta de tiempo compartido en la playa, actividades acuáticas y deportivas”.
Desde noviembre de
2011 a la fecha -según la representante de Pueblo Bonito-, “hemos solicitado la
revisión de los permisos y hasta la actuación en contra de los prestadores de
servicios del área de playa”.
La causa de la
última carta fue la estafa a la turista Julie Hanna, quien llegó a bordo del
crucero Carnival.
La turista se quejó
de que los prestadores de servicios -Magaña y Guzmán- rentaron en 30 dólares un
paseo de moto acuática, pero al terminar, decidieron cobrarle 45 dólares,
obligándolos a pagar, por lo que la diferencia tuvo que ser reembolsada por la
empresa hotelera.
No solo eso. La
propia anarquía permite que algunos prestadores de servicios como Ernesto
Magaña -según una víctima de nombre Alma Idalia Avilor Rosas-, renten sus
“permisos transitorios” a personas como Juan Carlos Noriega.
El permiso para
renta de motos acuáticas, y con la anuencia de la dirección municipal de
ZOFEMAT, es utilizado para arrendar un avión ultraligero, equipo de buceo,
paracaídas, motos terrestres, pesca deportiva, paseo en caballos y camellos,
entre otras actividades turísticas.
Las anteriores
quejas se han presentado en la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Los
Cabos, solo que los inspectores son protegidos -acusa la víctima- por el
tesorero y el director municipal de la ZOFEMAT, Gerardo Manríquez Amador y José
Salvador Solorio Ceseña.
Los prestadores de
servicios con “permisos transitorio” también fueron denunciados en el SAT,
porque según una denuncia fechada el 27 de septiembre de 2013, algunas empresas
como Sea Cabo, S.A. de C.V. “nunca expiden comprobantes fiscales, y si pides o
exiges, te entregan un folleto publicitario de la empresa, como prueba de que
contrataste el servicio”.
La denuncia
establece que “el dinero no entra a las arcas del SAT, y por lo tanto, se están
evadiendo impuestos”.
Hoy por hoy, y de
acuerdo con el delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, trabajarán en
un programa de reordenamiento, solo que algunos prestadores de servicios como
Jorge Luis Castañeda Sánchez, Blanca Esthela Rueda Mesa, Odori Villanueva
García y Raúl Olivares Durán, recurrieron al amparo y se niega a salir, bajo el
argumento de que generaron derechos en la zona de la playa El Médano. Los casos
se resolverán el próximo año.
El deslinde
No obstante, el
director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, José Salvador Solorio
Ceseña, se deslindó de la red de corrupción, inclusive de que “anden pidiendo
dinero a mi nombre, porque estamos trabajando bien”.
Afirmó tener un
estricto control sobre los inspectores de ZOFEMAT, pero “si alguien pide
dinero, es problema de cada quien, porque aquí están teniendo la oportunidad de
trabajar, y cada quien es responsable de sus actos”.
Durante una
entrevista, reconoció que se han presentado quejas, sobre todo contra
inspectores, pero de todo esto ha tomado nota la Contraloría Municipal,
encargada de levantar actas y expedir sanciones, e incluso, de separar del
cargo a quien infrinja la Ley.
“Por eso es
importante denunciar, para que se pueda levantar un procedimiento, porque no
podemos correr a nadie injustificadamente”.
— Hemos recibido
denuncias de vendedores ambulantes y prestadores de servicios, todos se quejan
de que son extorsionados por gente a su cargo. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
“Bueno, lo que yo
puedo decir es que si esto es así, que presenten la denuncia correspondiente y
vamos a actuar. A mí me han llegado quejas, pero los envío a la Contraloría
Municipal, resulta que terminan por no poner la denuncia, y por obvias razones,
no se levanta el procedimiento”.
— El delegado de
SEMARNAT asegura que la dirección nacional de ZOFEMAT es la única facultada
jurídicamente para expedir permisos transitorios o temporales. Sin embargo,
tenemos algunos expedidos por la dirección municipal a su cargo, donde dan
facilidades a los prestadores de servicios.
“Lo que pasa es que
la gente se confunde y viene con nosotros a solicitar el visto bueno, yo lo
único que hago es decir que no tengo inconveniente en que utilicen la playa
para actividades sea espacio de CONAGUA o ZOFEMAT; pero eso no quiere decir que
expidamos permisos o concesiones, porque nosotros somos municipio y dependemos
de lo que diga la Federación”.
— ¿Los permisos que
ustedes expiden tienen validez?
“Claro que no tienen
validez”.
— Y entonces, ¿por
qué los expiden?
“Porque son
temporales, solamente para un evento y listo, donde pagan 500 o mil pesos para
usarse un espacio de la playa”.
Sobre el inspector
hondureño, Solorio Ceseña expuso que hasta el momento “no tiene procedimiento
alguno” y “está trabajando normal”.
ZETA solicitó una
entrevista con el tesorero Gerardo Manríquez Amador, pero éste declinó la
petición a través de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de
Los Cabos.
(SEMANARIO ZETA BCS / Gerardo Zúñiga Pacheco /diciembre
24, 2013 12:00 PM )
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