Investigaciones
ZETA
Pese a que el
procurador Gamill Arreola dijo a ZETA que de agosto de 2012 al 5 de diciembre,
se detuvo a 734 narcomenudistas, esta actividad delictiva no cesa en el estado.
Prueba de ello son las tres ejecuciones registradas en cuatro días, en
distintos puntos de la entidad
A punto de cerrar el
año, en medio de vistosos y promocionados operativos de “seguridad” por las
fiestas decembrinas, las bandas de narcomenudistas iniciaron una batalla por el
control de la venta, trasiego y distribución de droga en Baja California Sur.
De norte a sur, en
tal solo cuatro días, tres personas fueron asesinadas. Las primeras pesquisas
indicaron que están vinculadas con actividades del narcomenudeo. En la disputa
más reciente, la cacería de miembros de un bando y de otro comenzó a
contabilizarse a partir de los siguientes hechos:
* El hallazgo de un cuerpo semi-enterrado el 5 de
diciembre, sobre el camino de brecha hacia el poblado de San Felipe, en San
José del Cabo.
* La ejecución del jefe de la plaza de narcomenudistas
del poblado de El Vizcaíno, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, ocurrida el 8
de diciembre.
* El crimen del narcomenudista Marco Antonio González
Domínguez, muerto a tiros el 9 de diciembre en la puerta de su casa, en el
destino de playa de Cabo San Lucas.
Aunque en los casos
de Los Cabos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), todavía
indagaba los datos de la banda responsable de los crímenes, pese a haber
capturado a cuando menos dos de los autores materiales, en el asunto del
poblado de El Vizcaíno, todo apuntaba hacia el narcomenudista y hoy nuevo jefe
de plaza, Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón” o “El Luisillo”.
A excepción del
crimen del capo Francisco Rafael Arellano Félix “La Pancha”, registrado el 18
de octubre en Los Cabos, y perpetrado por un sicario vestido de payaso, el
clima de violencia había cedido en el estado.
No obstante, de
acuerdo al último informe general de la Subprocuraduría de Investigaciones
Especiales de la PGJE, la lucha en contra del narcomenudeo es constante.
El procurador Gamill
Arreola Leal expuso que desde que la PGJE asumió oficialmente la
responsabilidad de combatir este delito -21 de agosto de 2012-, se han
asegurado 93 mil 510 dosis de droga.
Durante una
entrevista con ZETA, indicó que de agosto de 2012 al 5 de diciembre, fueron
detenidos 734 narcomenudistas, por lo cual se abrieron 704 averiguaciones
previas; 484 de las cuales fueron consignadas, 88 están en consulta y 132 en
trámite de ser consignadas.
El funcionario
agregó que la droga mayormente incautada fue el cristal, con 59 mil 962 dosis,
seguida de la marihuana, con 27 mil 658, y la cocaína, con 5 mil 890 dosis.
El procurador
reconoció la carencia de recursos económicos “para invertir en más contratación
de personal, equipamiento e infraestructura”, pero aun así, trabajan con tres
Centros de Operaciones Estratégicos, cuya carga de trabajo se distribuyó como a
continuación se indica:
* 344
averiguaciones previas en La Paz.
* 164
averiguaciones previas en Cabo San Lucas.
* 99
averiguaciones previas en Guerrero Negro.
* 50
averiguaciones previas en Santa Rosalía.
* 27 averiguaciones
previas en Loreto.
* 11
averiguaciones previas en Ciudad Constitución.
* 4
averiguaciones previas en Puerto San Carlos.
* 4
averiguaciones previas en Ciudad Insurgentes.
* 1
averiguación previa en Bahía Tortugas.
A pesar de estos
números, la batalla por el control entre narcomenudistas, es más que evidente
para ganar el mercado de más de 14 mil consumidores, según datos del Consejo
Nacional contras las Adicciones (CONADIC).
Entre la lista de
los detenidos destaca -al cierre de edición- la captura de Óscar Anaya
Gutiérrez “El Señor de los Cerros”, jefe de plaza de narcomenudistas en
Guerrero Negro.
Los crímenes
El primer caso de
esta nueva disputa se registró el 5 de diciembre de 2013, luego de que
aproximadamente a las diez de la mañana, la PGJE recibió el reporte del
hallazgo de un cadáver sobre un camino de terracería rumbo al poblado de San
Felipe, en la jurisdicción de San José del Cabo.
La comandancia
contra homicidios encontró un cuerpo semi-enterrado entre el monte, a escasos 2
kilómetros pasando el puente de asfalto que cruza el libramiento hacia el
Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
Dentro del predio
conocido como “Mamoyas”, los investigadores encontraron un cuerpo sin vida en
estado de putrefacción, con aproximadamente entre cinco y seis días de
fallecido.
Tez morena clara,
delgada y de sexo masculino, la víctima presentaba golpes en diversas partes
del cuerpo, como si hubiera sido torturado, y una herida en el cráneo al
parecer producida por un golpe contuso. Tenía entre 35 y 40 años, y medía cerca
de 1.70 metros de altura. El cuerpo fue levantado y, hasta el cierre de
edición, permanecía en calidad de desconocido.
En base a evidencias
recolectadas en la zona, los investigadores consideran que podría tratarse de
un ajuste de cuentas por los golpes y huellas que el occiso presentaba, sobre
todo porque en los últimos casos han detectado que algunos crímenes fueron
cometidos con armas blancas y piedras, para evitar el registro de balística, como
viene sucediendo en otros estados.
Pero apenas se
investigaba el crimen en Los Cabos, en el poblado de El Vizcaíno -conocido
también como Villa Alvarado- se reportó el hallazgo de otro cadáver en el
Kilómetro 132+500 de la carretera transpeninsular de esa comunidad a Guerrero
Negro.
El cuerpo sin vida
fue encontrado aproximadamente a un kilómetro hacia adentro, del lado Este, y
39 metros hacia adentro del monte, del lado Norte.
Luego de recibir una
llamada anónima, agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de Mulegé, en coordinación con la Policía
Ministerial, encontraron entre el monte una camioneta color negra, tipo
pick-up, marca Ford, línea F-150, sin placas de circulación, con una tapadera
que cubría la caja de la camioneta. A un costado estaba el cadáver.
La víctima, tirada
sobre la tierra, vestía chamarra de piel color café, playera negra, pantalón
Levi’s, cinto color café y botas vaqueras.
En la escena del
crimen se recolectaron cartuchos percutidos: tres calibre .40, dos calibre .45,
y once calibre .7.62.
Peritos de la PGJE
levantaron la evidencia y llevaron el cuerpo a la funeraria Nuestra Señora de
Guadalupe, en virtud de que se encuentra habilitada como anfiteatro, donde el
médico legisla dictaminó traumatismo cráneo-encefálico producido por un
proyectil de arma de fuego.
En las primeras
indagatorias, la PGJE logró establecer que la víctima era el jefe de plaza de
narcomenudeo en El Vizcaíno, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, quien fue
reconocido plenamente por su padre.
El asesinado es
hermano del anterior jefe criminal de esa población, Adrián Villavicencio Arce,
ultimado de siete balazos el 17 de abril de 2010 en el patio de su domicilio,
en Calle Valentín Gómez Farías de la colonia Magisterial de esa comunidad
agrícola.
El presunto
responsable de ese crimen, actualmente prófugo de la justicia, opera de forma
abierta y se mueve en la población, bajo la protección de las policías Municipal
y Ministerial, de acuerdo a denuncia anónima recibida en ZETA. Se le identificó
como Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón” o “El Luisillo”.
De ahí que en base a
los investigadores e información recabada por testigos, el indiciado “podría estar
vinculado con el crimen de Iván, por la añeja disputa por el control del
narcomenudeo en El Vizcaíno”.
Según la PGJE, la
noche del primer crimen “El Luisón” iba acompañado por Guadalupe Beltrán
Beltrán “El Lupillo”, quien fue el único detenido en esa ocasión y después liberado; finalmente fue ejecutado el 11 de
noviembre de 2012, en el Rancho “El Vergel”, en la comunidad de José María,
Baja California.
La disputa entre
“Los Villavicencio” y “El Luisillo” era públicamente conocida, pues apenas el
16 de enero de 2013, Iván Villavicencio Arce “El Taquero”, había planeado y
ordenado el crimen del hermano de “El Lupillo”, Juan Bautista Bautista “El
Indio”, quien contrató a Vladimir “El Seven” Bátiz como sicario, pese a ser
cantante.
Ése había sido el
último enfrentamiento entre ambos grupos criminales, hasta once meses después,
cuando la violencia volvió a recrudecer en El Vizcaíno.
Sin embargo, cuando
se investigaba el crimen de “El Taquero”, y aún no se identificaba a la persona
semi-enterrada en San José del Cabo, la violencia regresó a Los Cabos, salvo
que en esta ocasión, al destino de playa de Cabo San Lucas.
El 9 de diciembre de
2013, el narcomenudista Marcos Antonio González Domínguez fue asesinado a tiros
afuera de su casa, localizada en las calles Francisco Villa, entre Bulevar
Juventud y Alikan, en la colonia El Arenal.
Los vecinos
reportaron dos detonaciones de arma de fuego, y al llegar, la Policía
Ministerial encontró dos cartuchos percutidos calibre .45, además de la víctima
tirada sobre el piso y sin signos vitales.
Testimonios de
vecinos indican que el occiso, de 28 años, vendía droga y a la vez trabajaba en
el ramo de la construcción. Observaron que la noche del crimen llegó un
vehículo pick-up de color negro, cuatro puertas, en cuya caja trasera iban
entre seis y siete personas, quienes
aventaron piedras y botellas hacia el domicilio. Después de que la víctima se
asomó junto con su hermano, se escucharon disparos.
De acuerdo a
testigos, los tripulantes de la unidad salieron corriendo rápido, su vecino se
agarraba el pecho y entró a su vivienda, quedando tirado dentro de la casa en
posición decúbito dorsal. Según el dictamen del médico legista, falleció por
anemia aguda secundaria por herida producida por proyectil de arma de fuego.
Vestía shorts de color negro y suéter gris.
El hermano de la
víctima, de nombre Rigoberto, declaró que sabía que su consanguíneo tenía
diferencias con una persona de nombre Jesús, apodado “El Dany” o “El Dry”, y
aunque en su declaración expuso que se trataba por un problema de “un asalto”,
uno de los testigos relató que todo fue por “la disputa de drogas, ya que el
día del crimen se habían hasta liado a golpes”.
En su testimonio, no
supo si hablan de una deuda o de la venta, solo recordó que “era por drogas”,
porque cuando discutieron “yo andaba ‘pasado’, porque me estaba fumando una
‘bacha’, y alcancé escuchar algo de eso”.
El dueño del
pick-up, identificado como Jesús Alejandro Vigil Ayala, declaró que la noche
del crimen “no sabía que iba a pasar eso”, porque “solo me pidieron ‘raite’ a
la casa de una persona que supuestamente le había pegado a uno de ellos, los
cuales se subieron a mi camioneta; llegamos, se bajaron y empezaron a arrojar
botellas y cervezas, y de repente escuché unos disparos, salen corriendo y se
suben y gritan ‘vámonos’… entonces fue y los dejé en la esquina de su casa, y
yo me regresé a la mía”.
Aunque al cierre de
esta edición de ZETA, la PGJE indagaba el móvil, por lo pronto detuvo a los
hermanos Jesús Daniel y Óscar Orión Peralta Pacheco “El Dany” y “El Orión”,
como responsables materiales del crimen del narcomenudista Marco Antonio
González Domínguez.
Los narcomenudistas
Independientemente
de los crímenes, y en base al trabajo de inteligencia del Grupo de Coordinación
de Seguridad Publica, la PGJE tiene detectadas las bandas de narcomenudistas
que operan en el estado. En el último mapa delictivo elaborado por autoridades
estatales y federales aparecen:
* Cártel de
La Oficina, dirigido por “El Pelacas”, “El 7” o “El Calaveras”, en Cabo San
Lucas.
* La banda de
Javier López Rivera o Javier Acosta López “El Javy” o “El Javier”, en San José
del Cabo.
* La
organización de “El Rayo”, “El Pelón” y “El Gordo”, en La Paz.
* La banda de
Noé Fregoso Sosa “El Hitler”, en Comondú.
* La banda de
Óscar Anaya Gutiérrez “El Señor de los Cerros,” en Guerrero Negro, Francisco
Vega “El Gorila” en Santa Rosalía, y Luis Alberto Echeverría Valdés “El Luisón”
o “El Luisillo”.
Para combatir a
estas agrupaciones criminales, la PGJE únicamente cuenta con tres Centros de
Operaciones Estratégicas, localizados en La Paz, Cabo San Lucas y Guerrero
Negro. Éstos solo cuentan con seis
ministerios públicos, 24 agentes de investigaciones, seis peritos y seis
responsables de administración.
El propio procurador
estatal, Gamill Arreola, admitió que todo el personal “tiene competencia en
atender, investigar y perseguir los delitos contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo y conexos, lo cual quedó plasmado en un convenio de coordinación y
colaboración entre PGR y el gobierno de Baja California Sur”.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA / diciembre
17, 2013 12:01 PM)
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