MÉXICO,
D.F. (apro).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua autorizó
la deportación de los 18 mexicanos detenidos en ese país en agosto
pasado, con 9.2 millones de dólares ocultos en seis camionetas con el
logotipo de Televisa, por lo que “en cualquier momento” podrían salir
del país centroamericano.
Después de rechazar por problemas
“formales y de fondo” los recursos de casación que la defensa de los
mexicanos presentó en octubre pasado, la CSJ “accedió a la petición que
hicieron los reos para ser trasladados a cumplir su condena en México”,
informó la presidenta de la CSJ, Alba Ramos.
En rueda de prensa,
puntualizó que el fallo ya fue notificado a Amy García, la abogada de
los falsos periodistas, quienes deberán cumplir en su país la condena
impuesta (de 18 y 17 años de prisión) por los delitos de lavado de
dinero, narcotráfico y crimen organizado.
Alba Ramos confirmó la
presencia de funcionarios del gobierno de México en Nicaragua para
ejecutar la repatriación de los 18 presos, y dijo que la embajada
mexicana en Managua fue notificada sobre el traslado de sus
conciudadanos desde el pasado viernes 15.
Por su parte, la fiscal
adjunta Ana Julia Guido, expresó que el Ministerio Público desistió de
la casación presentada contra la sentencia que redujo las penas a los 18
mexicanos, “porque privó el interés superior del Estado nicaragüense”,
según información publicada por El Nuevo Diario.
Guido hizo
referencia a la voluntad de las instituciones nicaragüenses de sacar del
país a todos los extranjeros que estén cumpliendo penas, para que las
terminen de cumplir en sus países de origen.
“Hay algunos que
terminarán de cumplir sus condenas en otros países, pero hay otros que
ya cumplieron sus condenas y esos se podrán ir en libertad”, subrayó.
Al
respecto, la presidenta de la CSJ señaló que el traslado de los
mexicanos no sólo es beneficioso para ellos, en virtud de que podrán ser
visitados por su familia, sino también para Nicaragua, “porque nosotros
no tenemos cárceles abundantes”.
Por separado, el jefe de
Relaciones Públicas del Poder Judicial de Nicaragua, Roberto Larios,
puntualizó que en el caso de los falsos periodistas no se trata de una
extradición, sino de un convenio entre México y Nicaragua para el
cumplimiento de pena de nacionales en el extranjero.
Los 18
mexicanos, dijo, “no serían extraditados, (el traslado) sería bajo esos
instrumentos, sobre la base de una resolución de la Corte que rechazaría
el recurso de casación que presentaron (las defensas de los condenados)
y dejará firme la sentencia”.
En enero pasado, los mexicanos
–encabezados por Raquel Alatorre Correa– fueron condenados a 34 años de
prisión por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen
organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
No
obstante, el pasado 19 de septiembre la Sala Penal Dos del Tribunal de
Apelaciones de Managua (TAM) redujo a 18 años la pena a Alatorre y a
Juan Luis Torres, principales cabecillas de la agrupación, mientras que
el resto de los mexicanos compurgarán 17 años por el delito de
transporte internacional de estupefacientes.
El pasado 3 de
octubre, Larios explicó en rueda de prensa que los magistrados “tomaron
en cuenta argumentos presentados por los abogados defensores, como el
hecho de que (los mexicanos) no tenían antecedentes en nuestro país ni
había agravantes contra ellos”.
Los mexicanos fueron detenidos en
agosto de 2012 en la frontera norte de Nicaragua cuando se movilizaban
en seis camionetas con logotipos de Televisa, en las que luego se
encontraron ocultos 9.2 millones de dólares.
Tras el juicio
público en contra de los falsos periodistas, realizado en diciembre del
año pasado, el juez señaló que la manera en que transportaban ocultos
los millones de dólares era típica del crimen organizado.
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