Sergio Haro
Miles de
trabajadores estatales de la burocracia y el magisterio están en riesgo de
perder los beneficios de la seguridad social ante la crisis del sistema de
pensiones y jubilaciones en Baja California. Los números son alarmantes,
sostienen las autoridades, mientras los trabajadores insisten en una auditoría
El sistema de
pensiones y jubilaciones de miles de
trabajadores de gobierno -Estado, municipios, descentralizados, Congreso
y Poder Judicial- tiene que modificarse, de lo contrario, en unos cuantos meses
la reserva financiera se agotará, asegura el titular de ISSSTECALI, Luis
Alfonso Vizcarra Quiñonez.
La dependencia
atiende a cerca de 58 mil asegurados -18 mil trabajadores de la educación,
Sección 37 del SNTE y cerca de 40 mil burócratas-, quienes junto con sus
familias, suman 141 mil derechohabientes.
Pero los focos rojos
no solo incluyen la salud, préstamos o infraestructura. De hecho el sector más
vulnerable es el sistema de pensiones y jubilaciones que, de acuerdo a un
reciente estudio actuarial, está el aborde de la quiebra y requiere una reforma
urgente. En base al estudio se propone concretamente:
- Incrementar
los años de cotización.
- Aumentar la
edad de retiro.
- Establecer
un salario regulador (promedio).
- Fijar
límites a las pensiones.
- Estimular
la permanencia en el empleo.
- Elevar el
monto de la cotización, sobre todo de los trabajadores.
Desde hace algunas
semanas, la propuesta ha sido ventilada por dirigentes sindicales a los
secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE). Se les expuso hace un par de meses -se atravesaron las campañas, luego
las vacaciones-, pero regresando a clases, será tema obligado.
De acuerdo al
dirigente de la Sección 37 del SNTE, José Alberto Martínez Carillo, diputado
electo por el Partido Nueva Alianza, el sindicato aumentó su aportación desde
2006 y, aunque dice estar de acuerdo con algunas reformas, en las sustanciales
se muestra reticente, sobre todo en lo que respecta a la jubilación dinámica.
Los que no están de
acuerdo con la propuesta son los maestros disidentes, como es el caso de
Ignacio Gastélum, quien considera que las finanzas del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja
California (ISSSTECALI) deben auditarse, y acusa a las autoridades de
“jinetear” los recursos.
Asimismo, considera
que las conclusiones del estudio actuarial constituyen una amenaza para los
trabajadores y sus familias.
La maestra Leticia
Magallanes opina sobre las opciones para refinanciar el Instituto -más cuotas,
alargar la vida laboral, incrementar los años de cotización-, e ironiza: “Es
como si nos dieran a escoger con qué soga nos van a ahorcar…”.
Por su parte, el titular
del ISSSTECALI argumenta que al organismo le adeudan cerca de 900 millones de
pesos, entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), el
Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de
Baja California (INDIVI) y los ayuntamientos de Ensenada, Tecate, Playas de
Rosarito y Mexicali. Este último no ha pagado desde julio de 2011 y no solo
debe las aportaciones patronales; también la cuota que ha restado a sus
empleados y los descuentos por préstamos que tampoco ha entregado al Instituto.
“Son retenciones que
estamos haciendo y no estamos enterando, sí estamos incurriendo en un problema
serio nosotros como administración, no nos estamos robando el dinero; lo
retenemos, pero estamos pagando otras cosas”, asevera el alcalde Francisco
Pérez Tejada.
No aguantan más
El director del
ISSSTECALI, Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez, explica que el presupuesto de ese
organismo proviene de las cuotas de los trabajadores -de la burocracia y
maestros estatales-, quienes aportan una parte al fondo de pensiones, y otra al
servicio médico. La otra parte de las cuotas es proporcionada por el patrón, ya
sea Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial, municipios o
descentralizadas.
El funcionario
agrega que al trabajador se le descuenta el 14 por ciento de su salario, y el
patrón paga el 21.6% (en el caso de los maestros, aportan el 16%, y el gobierno
el 31%), que se canaliza al servicio médico y al fondo de pensiones. Desde 1999
se separaron los fondos de pensiones entre la burocracia y el magisterio.
En cuanto a los
adeudos, Vizcarra argumenta que cuatro de los cinco ayuntamientos –a excepción
es Tijuana- y paraestatales como CESPE e INDIVI, deben en conjunto un
aproximado a 900 millones de pesos. “Los presidentes municipales nos dicen que
(se debe) a una situación compleja de sus finanzas, han dejado de aportar tanto
la cuota de los trabajadores, y el porcentaje como patrón”, refiere el titular
del organismo de seguridad social.
En el caso de Tecate
no ha cubierto la cuota durante los tres años de administración y Mexicali no
paga desde junio de 2012, por lo que a juicio del funcionario, están
incurriendo en un delito.
“A nosotros nos
interesa tener el flujo de efectivo para hacer frente a nuestras necesidades,
adquisiciones de medicamentos, servicios médicos que subrogamos; hacer frente a
toda la operación”, dice Vizcarra, para después citar el ejemplo de Mexicali,
que debe 403 millones y, cuando no pueden pagar, se busca llegar a acuerdos de
pago mensuales. De hecho, anteriormente se incluyó la posibilidad de que el
pago fuera por medio de terrenos. “Ahora les hemos dicho que no podemos aceptar
terrenos, porque el ISSSTECALI necesita flujo de efectivo”, advierte Vizcarra,
para después referir que ya existe una propuesta en el Congreso para establecer
un procedimiento administrativo de ejecución y embargar cuentas, bienes e,
incluso, la propia recaudación.
Cuentas
En cuanto al sistema
de pensiones y jubilaciones, Vizcarra indica que actualmente tienen una nómina
de 3 mil 300 maestros jubilados y cerca de 3 mil 200 burócratas. La Ley de
ISSSTECALI establece la jubilación dinámica, es decir, el aumento que reciban
los trabajadores activos, también deberá incluirse a los más de 6 mil
jubilados.
“Estamos en una
situación compleja, financieramente hablando”, expone el dirigente del
Instituto en torno al tema de pensiones y jubilaciones.
El flujo de efectivo
cada vez se va reduciendo más, ante las crecientes necesidades de pagar
insumos, medicamentos y nómina.
El funcionario
detalla que recientemente se encargó un estudio actuarial a un despacho
especializado, Valuaciones Actuariales del Norte, donde se desmenuzan datos,
sueldos, edades y proyecciones. “Los estudios actuariales nos dicen que los
fondos ya no nos van a dar para mantener el sistema de pensiones como está”,
afirma, para luego agregar que esto ya sucedió en el Seguro Social, ISSSTE y
otros organismos estatales que se vieron forzados a “hacer una reforma”.
A decir del
consultado, los fondos de pensiones fueron diseñados hace 60 años, cuando la
expectativa de vida era menor, lo que ahora se ha ampliado y, en casos como el
de Baja California, casi llega a los 80 años. “En resumen, lo que ahorra un
trabajador del Estado durante sus treinta años, le alcanza para recibir el
sueldo o equivalente para cuatro, cinco años”, dice Vizcarra en relación a lo
que arrojan los estudios actuariales, debido a que en esos 30 años, el
trabajador tuvo diferentes sueldos y diversos niveles de ingreso. El caso de
los maestros ejemplifica mejor las fallas del sistema, ya que los trabajadores
de la educación pueden ingresar al organismo con unas cuantas horas de labor
docente, y a los 30 años se jubilan con sueldo de directores.
“El sistema que
tenemos en Baja California son logros que tienen, y además, bien ganados, eso
no se discute”, asevera el titular de ISSSTECALI.
Se ha creado un
fondo -el 2 por ciento- para lo que llaman Reserva Técnica, el cual servirá
para cuando ya no alcance el dinero de las aportaciones.
“En el caso de Baja
California ya estamos próximos, de acuerdo a los estudios actuariales, a
utilizar esa reserva técnica”, argumenta Vizcarra, quien añade que en el caso
del magisterio, se calcula que ese plazo llegará el próximo año y, en cuanto a
la burocracia, por la falta de pago de los ayuntamientos, existe el riesgo de
que la reserva técnica se tenga que utilizar en dos o tres meses.
El estudio actuarial
refleja este panorama -que a la vez se ha planteado a los sindicatos-,
derivando una serie de propuestas que incluyen incrementar los montos de
cotización, aumentar la edad de retiro, establecer un salario promedio (no
basarse en el último) y fijar límites en las pensiones. ”Es importante decir
que esta reforma tiene que hacerse con la participación de las dirigencias
sindicales”, cita el funcionario estatal, en cuya opinión, la reforma implica
“un proceso que es complejo, pero factible. Es una reforma que en algún
momento, vamos a tener que concluir”.
LAS VOCES
José Alberto
Martínez Carrillo, líder de la Sección 37 del SNTE, comenta que desde hace un
año, durante un congreso, a los agremiados se les planteó la situación
financiera de ISSSTECALI, y, de manera más reciente, sostuvieron una reunión
informativa con los cerca de 300 secretarios generales para revisar el tema de
pensiones y jubilaciones.
“Nosotros como
trabajadores sabemos que hay un problema en lo que respecta a esta prestación,
en estos años están entrando menos trabajadores a ocupar una plaza base y este
ejercicio es piramidal”, precisa el diputado electo por el PANAL, quien
considera que todos los trabajadores de base están sosteniendo la “punta del
iceberg”, que son los jubilados.
Por eso, en la
medida en que son menos los nuevos ingresos y más los que se están jubilando,
esa “punta” se empieza a abrir, y llegará el momento en que esa base reventará,
debido a que los que entran ganando 4 mil pesos, salen con 25 mil pesos.
Según Martínez
Carrillo, “ocupan mucha más información”, por lo que urge revisar los estados
contables de ISSSTECALI, analizar si realmente todos los que participan en este
régimen están contribuyendo. “Hay muchas cosas que se tienen que revisar”,
comenta el líder magisterial.
Refiere que desde
2006 hicieron una serie de propuestas para poner candados a las jubilaciones,
además de incrementar las cuotas.
De igual manera,
Martínez precisa que la propia Ley de ISSSTECALI -concretamente el Artículo
128- establece que si el trabajador o el Instituto no pueden cubrir esa
prestación, quien debe hacer frente es el patrón, en este caso, Gobierno del
Estado.
JOVENES, SIN DERECHOS
El diputado electo
abunda que la crisis de ISSSTECALI siempre ha existido, dado a que en sus 34
años de servicio, se ha hablado de que el sistema ya no aguanta, y, de paso,
menciona otros elementos como la mala administración del Instituto y el aparato
burocrático interno, que cuesta mucho dinero, el cual sale “de las bolsas de
los trabajadores”.
El dirigente de la
sección 37 del SNTE advierte que puede hacerse una serie de reformas -para los
trabajadores de nuevo ingreso-, como modificar el tema de la edad de la
jubilación o regular las dobles plazas, lo que implicaría retener el flujo de
jubilados. En suma, debe hacerse una serie de modificaciones en el sistema de
pensiones -sin tocar la jubilación dinámica-, pero con el consentimiento de la
base. “Yo no voy a ponerme a aprobar algo que pueda perjudicarme a mí en lo
personal y a mis compañeros”, sentencia el líder magisterial.
Por su parte, el
profesor Ignacio Gastélum -que forma parte del movimiento de Resistencia
Magisterial- comenta que de manera cíclica, ISSSTECALI reclama mayor aportación
de los trabajadores. Recuerda la dirigencia de Roberto Pérez de Alba, quien
hace 20 años repetía que elevar las cuotas de los trabajadores de la educación,
seria la clave para eliminar la crisis del organismo, lo que en la práctica no
resultó cierto.
“Ahora vuelven con
el mismo cuento, pero se responsabiliza al sindicato, a los trabajadores, de
aceptar la solución” subraya en relación a la propuesta patronal de acabar con
la jubilación dinámica y que los trabajadores entren al sistema de Afores –como
sucedió con el ISSSTE-, lo que en la práctica significa privatizar esa parte de
la seguridad social.
Menciona casos como
el del SUTERM (sindicato de electricistas), donde acaban de firmar un acuerdo
donde los nuevos contratos colectivos ofrecen menos derechos, tal como ha
ocurrido con la aerolínea Aeroméxico y otros sindicatos. “Hay una línea marcada
por algunos especialistas en el sentido de que se encamina a reducir al mínimo
el Seguro Social, el ISSSTE, el ISSSTECALI y todo lo que son servicios públicos
para favorecer la medicina privada”, apunta el profesor Gastélum, quien
considera que el propósito es “desaparecer la seguridad social y la calidad de
los servicios”.
El activista
magisterial cita la frase de una maestra en una reunión informativa, quien ante
el planteamiento central de la reforma, que consiste en ampliar la edad de
jubilación, subir las cuotas o aumentar los años de servicio, expone que esto
sería como darles a escoger con qué tipo de soga quieren ser ahorcados.
Demanda contra Pérez
Tejada
El 20 de mayo de
2013, Victoria Bentley, empleada del Ayuntamiento de Mexicali comisionada al
Sindicato de Burócratas-, presentó ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado una demanda contra el alcalde de
Mexicali, Francisco Pérez Tejada, por el
no pago de las cuotas de ISSSTECALI retenidas al trabajador, pero no entregadas
al Instituto.
El alcalde minimizó
la acción y, dos semanas después, la misma abogada presentó una denuncia
similar, pero ahora colectiva, de 250 trabajadores municipales. Después, el 20
de junio, interpuso una más, por otros 250 trabajadores del Ayuntamiento de
Mexicali.
Bentley explica que
aparte de las cuotas descontadas y no entregadas a ISSSTECALI, el Ayuntamiento
de Mexicali tampoco ha entregado al Instituto la parte descontada por concepto
de préstamos del Instituto a los empleados municipales; lo que implica que,
pese a habérseles descontado el préstamo, no aparece en el registro del
organismo, por lo que no pueden acceder a otro crédito.
La abogada admite
que el 21 de junio de 2013 se presentó ante la PGJE para ratificar su denuncia,
interpuesta por el posible delito de abuso de autoridad.
(SEMANARIO
ZETA/ Sergio Haro / julio 29, 2013 12:00 PM)
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