El nombre de Gabino
Salas Valenciano, abatido el jueves en las mismas tierras que dominó a través
de la violencia por años, saltó a la luz pública desde 1999, cuando fue acusado
del homicidio de un hombre cometido en el exterior de Río Grande Mall.
A pesar de que fue
detenido en esa ocasión, cuando tenía 21 años, y luego en el 2008 bajo cargos
de delitos federales, el presunto operador de “El Chapo” Guzmán en el valle de
Juárez, terminó siempre libre.
Incluso emprendió
una campaña para “limpiar” su imagen luego que fue señalado en pintas, mantas y
cartulinas como uno de los perpetradores de cientos de homicidios tanto en
Ciudad Juárez como en el valle, incluido en célebre ataque contra estudiantes
en Villas de Salvárcar.
Hasta el Ejército
Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal lo incluyeron en
las listas de los más buscados, ofreciendo una recompensa de un millón de pesos
por datos que llevaran a su captura.
Su carrera terminó
este jueves, tiñendo con su sangre la tierra que él mismo regó con la de otros.
La mención pública
más reciente de Gabino ocurrió en abril del 2012, cuando el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos reveló la estructura del cártel de Sinaloa que
opera en Chihuahua.
Una acusación
presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas establecía que en
la organización participaba activamente Salas Valenciano controlando el tráfico
y el territorio de la “gente nueva” en el valle de Juárez.
Además, este hombre
tenía bajo su cargo a escuadrones de la muerte, cita el documento.
Sin embargo, su
historia relacionada con la presunción de su responsabilidad inició en mayo de
1999, cuando fue detenido por elementos de la entonces Policía Judicial del
Estado (PJE) por su presunta implicación en el homicidio de Javier Dozal
Hernández, de 25 años, perpetrado por rencillas entre dos familias originarias
de Villa Unión, Durango.
El Juzgado Quinto de
lo Penal ordenó el arresto del sospechoso bajo la causa 195/99 luego de obtener
la declaración de cuatro testigos que aseguraron haber visto a Salas Valenciano
disparar en contra de la víctima y después escapar en un automóvil Probe azul y
sin placas, el 22 de abril de ese año.
“Si yo fuera
culpable me habría amparado, pero la prueba está que no lo hice”, dijo el detenido
en una entrevista con los medios de comunicación.
La orden de
aprehensión se giró con base en el móvil de que Salas Valenciano vengó la
muerte de su hermano Octavio, ocurrida el 7 de abril de 1997 en una discoteca
de Villa Unión, Durango, a manos de Javier Dozal Hernández y su padre Javier
Dozal Alonso.
Sin embargo, el
hombre quedó libre y fue hasta febrero del 2008 cuando su nombre salió de nuevo
a la opinión pública, cuando fue aprehendido por efectivos del Ejército
Mexicano, cuyos voceros afirmaron que tenía alrededor de 10 años trabajando en
la región.
La detención se dio
en la calle Camino Viejo a San José, en el fraccionamiento Real de San José,
donde personal del 20 Regimiento de Caballería Motorizada aprehendió a Salas
Valenciano y aseguró tres vehículos de lujo, así como armas de fuego de grueso
calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Además, tenía
consigo cartuchos, 14 paquetes de mariguana con un peso de aproximadamente seis
kilos, radios de comunicación y una máquina para cortar papel moneda.
El hombre se hacía
pasar por empresario de los ramos de la ganadería y la construcción, para lo
cual contaba con varias propiedades.
En mayo del 2008, un
hermano y un sobrino de Gabino fueron asesinados juntos con otras tres
personas.
Valente Salas
Valenciano, de 33 años y Edgar Yuriam Valenciano Galindo, de 27, fueron
asesinados junto con Miguel Ángel Camacho Rivera, de 44 y Luis Enrique López
Ortega, de 22, junto con otra persona cuya identidad no se estableció.
Los cadáveres fueron
encontrados en un lote baldío ubicado al final de la prolongación de la avenida
Vicente Guerrero, a la altura de la avenida Antonio J. Bermúdez. Las víctimas
se encontraban envueltas en cobertores y atados con cinta adhesiva color café y
cordones.
Junto a los
cadáveres se localizó una cartulina que decía: “Esto les pasa a los pinches
traidores que se van con la finta del chapo guzmán monta perros que solo les
garantiza la muerte, sigue mandando más pendejos para tirártelos. Atte la
línea”.
En octubre de ese
mismo año, el Tercer Tribunal Unitario puso en libertad a Gabino, luego que el
Juzgado Sexto de Distrito lo había sentenciado a nueve años de prisión por los
delitos de posesión agravada de mariguana, portación de armas de fuego y
posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Sin embargo, tras la
presentación de un recurso de inconformidad por parte del acusado el fallo
quedó sin efecto.
El Tercer Tribunal
Unitario resolvió dictar la libertad a Gabino Salas al determinar que existían
inconsistencias de tiempo, modo y lugar en su detención. Esto basado en el
parte rendido por los militares, ya que el documento correspondiente al arresto
presentaba una fecha y el examen médico otra.
Después de esa
fecha, su nombre fue mencionado en diferentes documentos dados a conocer por el
Ejército Mexicano y por la SSP federal durante la Operación Conjunta Chihuahua
(OCCH), ya que sicarios y narcotraficantes detenidos referían que él era su
jefe.
En diciembre del
2009, la OCCH ofreció una recompensa de un millón de pesos a la persona que
proporcionará información que permitiera la captura de Gabino, apodado “El
Ingeniero”.
Esta fue la
recompensa más alta que las autoridades en los tres niveles de gobierno habían
ofrecido por integrantes de grupos delictivos tras la implementación de la
operación.
Al mes siguiente, en
enero del 2010, representantes de Salas Valenciano pagaron inserciones en
medios de comunicación para desvincularlo de las acusaciones públicas en su
contra.
“Me presento con
documentación en mano de los juzgados federales, específicamente del Juzgado
Quinto de Distrito en esta ciudad (expedientes 1620 y 1621), donde les conceden
el amparo y las autoridades del conjunto Chihuahua y la PGR niegan rotundamente
tener nada en contra de dichas personas (incluido Gabino)”, indicaba la
propaganda.
Durante febrero de
ese año, mientras la Procuraduría estatal atribuyó a un presunto jefe de
sicarios del cártel de los Carrillo Fuentes la autoría de la masacre en Villas
de Salvárcar, a través de un mensaje clandestino escrito en la barda de una
escuela se culpó de esos hechos a presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.
La pinta afirmaba
que Salas Valenciano fue uno de los autores del ataque.
“Ellos ordenaron la
masacre. Autoridades corruptas no quieren resolver fácilmente. La (una línea)
no mata)”, agrega el mensaje escrito en un muro de la escuela ubicada entre las
calles Ignacio Mejía y Cuauhtémoc.
Sin embargo, no hubo
acusaciones formales en su contra por estos hechos.
En los últimos
meses, al capo se le relacionaba con una serie de ejecuciones, entre las que
destaca la de dos agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) asesinados con
armas de alto poder en mayo, sobre la avenida Tecnológico y la calle Francisco
Baca Gallardo.
Por ese hecho, la
PGR lo buscaba desde entonces.
También se le mencionó
en noviembre del 2012 cuando agentes de la Policía municipal aseguraron a seis
personas ligadas a su grupo delictivo en un domicilio del fraccionamiento
Campestre Senecú, donde localizaron varias armas de fuego y 73 mil dólares que
el narcotraficante ofreció al titular de la Policía Julián Leyzaola Pérez a
través de un abogado que también fue detenido y consignado ante el Ministerio
Público.
Las autoridades lo
señalaban como el responsable de la ejecución de agentes preventivos, a quienes
ordeñó asesinar para presionar al Teniente Leyzaola a fin de que le permitiera
realizar sus actividades criminales.
(Staff/El
Diario | 2013-08-09 | 20:28)
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