LAS AMENAZAS DE “EL JAVIER”

 Policía captura y libera a dos delincuentes

Investigaciones ZETA

Los Cabos, Baja California Sur. Tras el nombramiento del ex secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Marrón Rosas como comisario, la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos sigue en las mismas. Ahora la institución está al servicio del jefe de plaza de narcomenudistas en Los Cabos, Javier López Rivera, Javier Acosta López, o Javier Munguía “El Javier” o “El Javy”.

Luego de la detención de dos presuntos narcomenudistas, el jefe de plaza de Los Cabos llama a los agentes y les exige con sus superiores, acusándolos de estar dentro de su nómina

El 22 de junio -tras once días de que tomara protesta el titular-, el jefe criminal dio una lección de poder e influencia, pues según el parte informativo PT/CSL//017/2013, solo bastó una llamada para que los narcomenudistas Lázaro Guadalupe López Valenzuela y Abel Valdez Soto, detenidos en posesión de cocaína, fueran liberados en una hora.

Los responsables de la liberación son el comandante y los agentes David Hernández López y María Magdalena García Reyes, del Sector IV, y el Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Erick Torres Márquez, a cargo del subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Isaí Arias Famanía.

Todo empezó cerca de las 04:35 horas del sábado 22 de junio, cuando agentes de la Policía Municipal hacían un recorrido a bordo de la patrulla DST-272. Entonces recibieron un reporte de que en la parte trasera del negocio denominado Z-R, de la colonia la Playa de San José del Cabo, se encontraba una motocicleta y una camioneta tipo Cherokee con vidrios polarizados, a bordo, dos sujetos que “andaban vendiendo droga”.

Los oficiales llegaron hasta el punto denunciado. Ahí encontraron a dos personas en actitud sospechosa estacionadas sobre la calle de terracería en vía pública. Estaban dentro de las siguientes unidades:

1. Una camioneta estilo vagoneta color negro línea Cherokee, marca Jeep, con placas de circulación 924-PMY-5, conducida por Abel Valdez Soto, de 28 años, originario de Angostura, Sinaloa.

2. Una motocicleta de color gris marca Italika, placas de circulación BCR-29, conducida por Lázaro Guadalupe López Valenzuela, de 20 años, nacido en Los Mochis, Sinaloa.

Los agentes solicitaron a estas personas descender de las unidades para iniciar una revisión corporal, en la que se encontraron:

En el caso de Lázaro Guadalupe López Valenzuela, una manopla, mil 500 pesos en denominación de cinco billetes de 200 pesos, y uno de 500, con los números de serie V5552838, A9110115, N0110021, E545061, D1227396 y S7378731, así como dos teléfonos celulares color negro, uno con tapa roja  marca BlackBerry, una cartera negra con tres documentos oficiales en su interior, dos licencias para conducir motocicleta bajo los números de folio SJC00004428 y SJC00004435, y una credencial de elector con el número de registro 0290120302374.

De acuerdo al parte informativo, cuando los agentes revisaban a Lázaro, el tripulante de la camioneta, Abel Valdez Soto, empujó a uno de los policías, tumbándolo al sueldo, e inmediatamente salió corriendo para perderse entre los domicilios aledaños.

LAS AMENAZAS

En el inter que levantaban el parte informativo, los agentes del Sector IV de la Policía Municipal de San José del Cabo, David Hernández López y María Magdalena García Reyes, ya con los detenidos en el interior de la patrulla, recibieron dos llamadas telefónicas a sus números celulares.

La primera llamada era del jefe de las células delictivas detenidas identificado, como “El Nicho”, quien con palabras amenazantes, gritaba que si eran consignadas, “se los iba a cargar la verga”.

Los agentes colgaron, pero el celular sonó de nuevo. Esta vez era el líder del narcomenudista en San José del Cabo, Javier López Rivera “El Javier”, quien, ufanándose de ser el jefe de plaza, pedía hablar con el comandante del Sector IV, quien supuestamente no le quería contestar el celular. “Puta culón, para eso le pago”, reclamó, según quedó asentado en el parte oficial.

La llamada se hizo al teléfono personal de la mujer policía, quien al contestar, fue objeto de palabras altisonantes: “¡Pásame al comandante del sector! ¡Pásamelo al cabrón! ¡Hijo de la chingada, ¿quién se está creyendo?!”.

Sin embargo, el agente únicamente respondía que no se encontraba en el lugar; entonces solicitó hablar con su otro compañero, pero tampoco quiso responder, por lo que textualmente -de acuerdo al documento- dejó la advertencia “de que se ande con cuidado el hijo de su puta madre, porque me tiene atorado a mi trabajador y yo soy el jefe de la plaza, y si lo consignan, se los va a cargar su chingada madre, porque para eso pago protección, de modo que diles que lo dejen ir, si no, me los voy a chingar”.

El líder de los narcomenudistas colgó. Los agentes estaban contrariados porque “no supimos cómo obtuvo información personal de nosotros y el número telefónico privado de los suscritos, así como el número de la Subcomandancia, a donde también habló para lanzar amenazas”.

Tras las advertencias del delincuente, uno de los narcomenudistas detenidos, de nombre Abel Valdez Soto, logró escaparse cuando ya estaba arriba de la patrulla.

El otro aprehendido, Lázaro Guadalupe López Valenzuela, fue consignado al Agente del Ministerio Público de la Mesa Dos del COE, Erick Torres Márquez. Sin embargo, fue liberado una hora después, bajo el número de averiguación previa CSL/58/COE/2013, porque la droga asegurada “no rebasó los límites para su consumo personal”, según la tabla de consumo mínimo estipulada en la Ley General de Salud.

El examen de química forense de la PGJE -bajo el número de folio 161/Q/2013-, indica que la droga que portaba el único detenido y liberado eran 4 gramos, de los cuales un gramo pasó a la muestra del laboratorio, otro gramo a la muestra para el juez, y el peso neto entregado fue de 2 gramos, lo que representa cuatro veces el límite permitido de cocaína -500 miligramos-, establecido en la Ley General de Salud en torno al narcomenudeo y castigado por el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, aprobados en 2009.

LA INVESTIGACIÓN

El desplante del jefe de la plaza de narcomenudistas, Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía “El Javier” o “El Javy” da cuenta de la impunidad de la que goza la organización criminal en el destino de playa.

Luego de la apertura de un acta circunstanciada referente al caso, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a recabar datos, partes informativos, dictámenes y evidencias que permitan abrir y formalizar una averiguación previa a partir de este hecho.

Según un parte informativo en manos de ZETA, los principales denunciantes son un grupo de policías que saben y conocen de “los vínculos criminales entre ‘El Javier’ y los principales mandos policiacos bajo las órdenes del comisario Guillermo Marrón Rosas, y del alcalde José Antonio Agúndez Montaño”.

Entre los implicados “están una decena de mandos que cobran en la narco-nómina del jefe de plaza, y a su vez, un salario como agentes policiacos para supuestamente defender a la sociedad”.

Uno de los agentes de investigación de la PGR considera que “los delincuentes prácticamente están teniendo el dominio sobre la propia Policía cabeña, y quienes están llegando al límite de hablar y regañar a los agentes, como si se tratara de sus empleados, lo que no puede ser tolerado por el estado, y mucho menos que ceden a las presiones, como parece sucedió en el caso de Los Cabos”.

Es la segunda vez que la Policía Municipal del destino de playa se ve inmersa en un narco-escándalo.

El primer suceso ocurrió cuando el narcomenudista Jaime Ariel Meza López “El Jimmy”, hermano del “Pozolero” del “Teo”, antecesor de “El Nicho” y brazo derecho de “El Javier” -según el último mapa delictivo elaborado por autoridades federales y militares-, delató a policías corruptos, dando santo y seña de las operaciones con casi 20 comandantes y agentes que protegían sus actividades  criminales, y después de casi cuatro años, todavía siguen formando parte de la Policía cabeña.

LA CENSURA DE OSORIO CHONG

Los únicos seguros eran ellos. Rodeados de un aparatoso dispositivo con decenas de efectivos de las fuerzas armadas, federales, estatales y municipales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la República (PGR), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); junto a los gobernadores de Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y el anfitrión de Baja California Sur,  Marcos Covarrubias Villaseñor, protagonizaron el 26 de junio la primera reunión de seguridad de la zona noroeste de México, en Hotel Grand Plaza de La Paz.

En el evento a puerta cerrada, el responsable de la seguridad del país solicitó a los mandatarios Mario López Valdés, Guillermo Padrés, José Guadalupe Osuna Millán, César Duarte y Marcos Covarrubias Villaseñor, aplicar la “Ley Mordaza” y no proporcionar información a ningún medio de comunicación sobre temas de seguridad, hasta en tanto no haya sido revisada, analizada y evaluada por la Secretaría de Gobernación en México.

La consigna -según trascendió- es que no se sepa lo que está ocurriendo cuando levantan, matan o ejecutan a integrantes del crimen organizado, y menos aún, cuando son sepultados -como ocurrió en La Paz-, mientras no concluya la investigación y se pueda emitir una versión oficial del tema.

El Estado Mayor Presidencial llegó un día antes a revisar el hotel donde se llevó a cabo la reunión. Desde entonces los cuerpos de seguridad se apostaron dentro y fuera hasta que cerca de las once de la mañana, comenzaron a llegar los organizadores a vestir el evento.

Los invitados y reporteros empezaron llegaron a la cita aproximadamente a las tres de la tarde. La puerta del salón principal del hotel se cerró a las 4:30 pm, abriéndose seis horas después, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a ofrecer una breve conferencia de prensa donde solo permitió se hicieran cuatro preguntas de corresponsales nacionales y extranjeros.

El funcionario federal dijo que el motivo de la reunión en Baja California Sur era analizar “las estrategias que estamos haciendo en este nuevo modelo de seguridad implementado por el Gobierno Federal, en total y absoluta coordinación con los gobiernos de los estados”.

Consideró que la coordinación estaba dando resultados, porque “no hay esfuerzos aislados”, a pesar de los 722 ejecutados en Chihuahua, 283 en Baja California, 549 en Sinaloa, 231 en Sonora y 19 en la entidad anfitriona, y en cuyo recuento no estaban aún incluidos los siete de las narcofosas y 13 desaparecidos.

Sobre el caso de las siete narcofosas, Osorio Chong, desestimó el asunto, calificándolo como “un hecho aislado”, aunque al final reconoció que se trata de un caso difícil y preocupante que se está investigando para esclarecer los hechos.

De acuerdo a un informe de autoridades federales y militares en la reunión, trascendió que los responsables de la planeación, ejecución y entierro en las fosas clandestinas eran “El Rayo”, “El Pelón” y “El Gordo” o “El Pepillo”, presuntos jefes de plaza del narcomenudeo en La Paz, supuestamente protegidos por las policías Estatal Preventiva y Ministerial.

 (Investigaciones ZETA)

(SEMANARIO ZETA BCS/ ZETA Investigaciones/ julio 1, 2013)