MÉXICO, D.F.
(apro).- A nueve días de la liberación del mayor Arturo González Rodríguez,
acusado de proporcionar información al cártel de los Beltrán Leyva dentro de la
“Operación Limpieza”, la Procuraduría General de la República (PGR) alista la
liberación de cinco militares detenidos durante el gobierno de Felipe Calderón
por supuestos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con el
abogado José Ordóñez González, el Juzgado Tercero publicó este jueves el
acuerdo por el que la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam presentó
conclusiones no acusatorias contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo
Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro
Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Autoridades
ministeriales confirmaron la decisión del Ministerio Público federal de no
continuar con el juicio, y comentaron que están a la espera de que Murillo
Karam ratifique las conclusiones no acusatorias presentadas ante el Juez
Tercero de Procesos Penales con residencia en Toluca, Raúl Valerio.
Los militares
quedarán en libertad inmediatamente después de que se dé esa ratificación,
añadieron.
Los cinco militares
mencionados, junto con el general Tomás Ángeles Dauahare, fueron acusados de
presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero la PGR determinó
que no hay pruebas que sustenten los dichos de testigos protegidos como
Jennifer y el narcotraficante Sergio Villareal Barragán, El Grande.
El pasado 26 de
junio, luego de cuatro años y medio de reclusión, el juez primero de Distrito
en el Penal de “El Rincón”, en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, absolvió
y ordenó la libertad del mayor Arturo González Rodríguez, al estimar que la
acusación de colaborar con la organización criminal provenía de testigos
protegidos “mentirosos y mendaces”.
Con base en el fallo
de la causa penal 38/2009, el juzgador estimó que no podía considerar culpable
a González Rodríguez con base en los dichos de testigos protegidos “mendaces y
mentirosos” como Jennifer y María Fernanda, artífices de la “Operación Limpieza”.
En su sentencia, el
impartidor de justicia estableció que María Fernanda ni siquiera conocía al
mayor.
Los testigos
protegidos acusaron al militar de proporcionar a los Beltrán Leyva y a Edgar
Valdez Villarreal, La Barbie, información de las Secciones Segunda y Séptima
del Estado Mayor de la Defensa, sobre los movimientos del entonces presidente
Felipe Calderón.
También lo acusaron
de reclutar militares para el cártel de los Beltrán, capacitar a sus grupos de
escoltas a través de una empresa de seguridad privada de su propiedad y
abastecerlos de armas.
Al final, el juez
consideró que ninguna de las acusaciones fue probada, y en el caso de Jennifer
se trata de declaraciones que fueron rendidas en el extranjero ante una
autoridad que era incompetente y sin abogado, razón por la que tampoco tenían
validez.
González fue
capturado el 23 de diciembre de 2008 en Chiapas, con base en una orden de
localización y presentación librada por la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), derivado de una denuncia
anónima que lo involucraba con el narcotráfico.
A cinco años de
haber sido lanzada la “Operación Limpieza”, de un total de 13 funcionarios que
fueron encarcelados por su supuesta protección al narcotráfico, 10 ya fueron
absueltos y liberados por falta de pruebas, entre ellos Noé Ramírez Mandujano,
extitular de la SEIDO (antes SIEDO), y Gerardo Garay Cadena, excomisionado de
la Policía Federal, los principales acusados.
Dos días después de
que Ramírez Mandujano fue absuelto por los tribunales de las acusaciones que el
gobierno de Calderón presentó en su contra en 2008, ocurrió la liberación del
general Ángeles Dauahare, que en mayo de 2012 fue acusado, junto con Roberto
Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la
organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las
acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio
de dinero.
En su edición 1891,
la revista Proceso dio a conocer que el caso del general Dauahare, quien dejó
la cárcel el pasado 17 de abril, se le empezó a derrumbar al gobierno
calderonista horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez.
De acuerdo con la
nota firmada por Jorge Carrasco, a la PGR de Jesús Murillo Karam le iba
resultar difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas
por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador
Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí
Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el
gobierno de Calderón.
Y así fue.
Requerida
judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes
Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado
fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el
gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la
finalidad de cometer delitos contra la salud.
En un escrito
entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el
penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la
dependencia respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos
protegidos colaboradores” no estaban corroboradas de manera convincente, salvo
el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de
oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el
martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados
con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de
aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán
Leyva.
El abogado Roberto
López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quien se
convirtió en colaborador de la PGR con el alias de Mateo, inculparon al general
en retiro sin que la dependencia a cargo de Marisela Morales corroborara sus
acusaciones, además de que sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas
por el Ministerio Público federal en la averiguación previa para involucrar aún
más a Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR
sólo favoreció al divisionario, quien en 2006 estuvo entre los considerados a
ser secretario de la Defensa Nacional con el propio Calderón, pero terminó
siendo subsecretario en los dos primeros años de ese gobierno. El juez dio
vista a los otros militares acusados para adherirse o no a ese reconocimiento
de la PGR.
Desacreditados los
dichos de los testigos por la propia PGR, se debilitó también la denuncia
anónima del 17 de marzo de 2010, que supuestamente se hizo vía telefónica a la
SIEDO, hoy SEIDO. Según esa “prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de
Calderón, militares con grados de generales y mayores colaboraban con la
organización de los Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la
justificación de la PGR para actuar contra los generales Tomás Ángeles, Roberto
Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el mayor Iván
Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
La propia
procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra denuncia anónima en la
que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el narcomenudeo cuando fue
director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
(PROCESO/ REDACCIÓN/
4 DE JULIO DE 2013)
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