Segunda de dos partes
Tonatiuh Castro Silva / Dossier Politico
En el noroeste de lo
que hoy nombramos México, hubo durante el periodo colonial sequías recurrentes,
y sus consecuentes crisis fueron enfrentadas gracias a la previsión y provisión
de las misiones yaquis; al carecer de cosechas por periodos de hasta cinco años,
misioneros, militares, colonos europeos y otros pueblos originarios se
alimentaron de los almacenes de los ocho pueblos de misión del río Yaqui, que
resguardaban su sobreproducción, que era habitual.
Sin embargo, en la
actualidad, se dice que, al igual que los demás “indios”, los pobladores de las
antiguas misiones jesuitas son flojos; que son borrachos es también uno de sus
rasgos más señalados ¿De dónde proceden tanto los prejuicios del yori, como los
cambios socioculturales verídicos que han sufrido los yoeme?
En el nivel del
sentido común, este cuestionamiento se plantea burdamente en cuanto a la
territorialidad: ¿Por qué los yaquis eventualmente tienden una cuerda para
condicionar el tránsito por la carretera Cuatro Carriles, o de plano la obstruyen
como protesta política? El juicio del sonorense “blanco” parte de un pretendido
republicanismo que supone que la carretera es libre, que el agua es de todos;
se aduce que los recursos naturales son federales, o que Sonora es de los
“sonorenses”. No obstante, se trata de una percepción ignorante del pasado
colectivo, etnocéntrica y por lo tanto errada en cuanto a lo cultural y, más
puntualmente, anticonstitucional en términos jurídicos.
Justamente en el
estado con mayor diversidad étnica del norte del país, y que por ello se
supondría habituado a la diversidad, se soslaya el hecho de que la sociedad
mexicana usurpa cotidianamente el territorio de la etnia al haber construido en
él la principal carretera del estado, al haber instalado allí los oleoductos de
Pemex, al haber ocupado su territorio para crear un valle agrícola, ranchos y
ejidos. Y no sólo su suelo ha sido detentado sino, además, la propia población
ha sido objeto de actos discriminatorios brutales e, inclusive, de campañas
sistemáticas de exterminio desde el siglo XIX.
Once levantamientos
armados entre 1740 y 1928 parecen no haber sido suficientes para que la
mentalidad sonorense haya tomado conciencia de las consecuencias del etnocidio
y de los riesgos del acoso étnico; que los guerrilleros de la etnia hayan
asaltado diligencias y ranchos del sur y centro de Sonora aún hasta el siglo XX
como estrategia de resistencia más que de ingreso económico, parece no
recordarse; que hayan respondido con un ataque de doscientos hombres armados a
la fiesta cívica de Hermosillo en septiembre de 1915 en la Plaza Zaragoza, es
un hecho olvidado.
La restitución
territorial cardenista de 1937-1940 ha constituido un dique para un eventual
levantamiento armado. Pero la inconsistencia de esta acción estatal hace de ese
factor de contención una herramienta frágil; disponen de un territorio
finalmente etéreo, la mitad del agua de la presa La Angostura jamás ha llegado,
y del río Yaqui, sólo tienen charcos; por supuesto, ni siquiera rédito por su
nombre. En cualquier momento, debido a la estafa de que ha sido objeto este
pueblo del sur de Sonora, podría desbocarse.
En el año de 1966 la
etnia inició sus peticiones por disponer plenamente de lo otorgado mediante
decreto por Cárdenas, pero precisamente esa demanda dio inicio a la
legitimación del despojo. Se definieron linderos no correspondientes con lo
decretado, y se impuso un Comisionado de Bienes Comunales por parte de los
gobiernos estatal y federal. Por ello, la década de 1970 fue la época en la que
iniciaron la lucha abierta por el cumplimiento de las disposiciones de
Cárdenas, por derechos sobre el agua de la presa “Álvaro Obregón”, y en contra
de la invasión de agricultores y ganaderos.
En 1983, tanto la
etnia como el Instituto Nacional Indigenista elaboraron un Plan de Desarrollo.
Como parte de su implementación, el entonces gobernador Samuel Ocaña y el
secretario de la Reforma Agrara, Ing. Luis Martínez Villicaña, firmaron un
convenio para definir los linderos. Pero la dinámica viciada que comenzaron los
presidentes Luis Echeverría y José López Portillo llevaba ya el proceso
territorial hacia un destino opuesto a las exigencias del pueblo de Tetabiakte.
En la época, no
solamente se consolidó el valle agrícola, sino que también se repartió el agua
del río Yaqui mediante un acueducto a la mina La Caridad, de Nacozari,
perteneciente al Grupo México, desde fines del periodo de López Portillo.
Además, en 1991 el propio gobierno federal construyó otro acueducto, para
beneficiar al área urbanizada de Guaymas-San Carlos.
Con una evidente
intención de debilitamiento de la nacionalidad yaqui, desde fines de la década
de 1980 los gobiernos federal y estatal han alterado la organización
sociopolítica del pueblo yoeme. La puesta en marcha de los planes
gubernamentales ha implicado la redefinición del conjunto de autoridades y, más
que eso, una profunda escisión en las comunidades, pues en esta dinámica
intervienen tanto las autoridades civiles comunitarias, como las religiosas. Al
imponer a un gobernador, es necesario que éste cuente además con un conjunto de
autoridades que lo complementen y lo legitimen como tradicional. Por ello,
junto a la gubernatura espuria, que puede surgir ya sea del interés de un
grupo, o dictada desde el exterior (es decir, torocoyori, ladina, traicionera),
existen más de un capitán, más de un maestro mayor y una iglesia, más de un
pueblo mayor, etc.
Finalizando la
gubernatura de Félix Valdés, la intromisión estatal se realizó con la
implementación del fideicomiso nombrado Programa de Apoyo Técnico Integral a
las Comunidades Yaquis (PATICY), que dio nombre al grupo político que lo operó,
“Los Paticys”. En contraparte, varios de los gobiernos tradicionales se
agruparon para contraponerse a lo que consideraron una actuación desleal al
pueblo, conociéndose este grupo como “los del Bahugo”.
La duplicidad
inducida de autoridades permitió en el año de 1997 la firma de un “convenio”
entre el Estado y la supuesta totalidad de representantes de la etnia, por el
que ésta aceptaba recibir la risible cantidad de 40 millones de pesos a cambio
de los territorios que le habían sido invadidos, correspondiendo 600 hectáreas
a las Isletas de Cócorit y 1,752 al área llamada La Cuchilla. Aunque dos
pueblos no aprobaron la propuesta –Vícam Pueblo y Potam–, el documento fue
firmado por ocho gobernadores; en ambos pueblos se crearon gubernaturas
paralelas apoyadas por el gobierno estatal, ya que lo definitivo, en esa
concepción del Estado, es un documento firmado. Además, a pesar de que el
territorio reintegrado por Cárdenas a la “tribu” fue de alrededor de 489 mil
hectáreas, la superficie referida en el convenio, y que se legitimó con un
decreto de Ernesto Zedillo, estableció una delimitación de aproximadamente 454
mil hectáreas, mostrando así una reducción de cerca de 35 mil hectáreas.
Las autoridades
tradicionales posteriores iniciaron un proceso demandando la restitución de
inclusive 45 mil hectáreas, en contra de los supuestos artífices de las
transacciones, el entonces gobernador Manlio Fabio Beltrones y el ex-presidente
Zedillo. Sus 40 millones de pesos no han sido cobrados; aún cuando esa cantidad
ha ido en aumento debido a su resguardo, y a pesar de que las comunidades
enfrentan necesidades, por encima de sus diferencias ideológicas, consideran
que su soberanía no tiene precio.
Debido en parte a la
amenaza presente de mayores despojos, es que ahora se manifiesta de manera
exacerbada la belicosidad “indígena”; además, tienen conciencia de su pasado,
una historia no olvidada, que por conveniencia no permanece en la memoria
colectiva de los hermosillenses.
Atender el problema
social con una perspectiva sociológica implica considerar un aspecto en
apariencia indisociable de la vida cotidiana, pero que necesariamente debe
aislarse con fines analíticos: la consideración del uso del agua en el valle
del Yaqui –el área agrícola– y su contrastación con el uso del agua con fines
agrícolas en el municipio de Hermosillo. Tal parece que quienes reclaman el
agua de aquel valle para el municipio capitalino se olvidan de aquella
denominación que mereció esa región mexicana, “el granero de México”, que
alguna vez fue motivo de orgullo para los sonorenses en general y que,
inclusive, fue el fundamento principal para el otorgamiento del Premio Nobel de
la Paz a su gestor. Si bien tal condición ha sido superada, el sistema
hidráulico del valle del Yaqui se mantiene como uno de los más eficientes en el
país tanto en el aspecto técnico como en el administrativo. Por el contrario,
en el municipio de Hermosillo, en el que el 82% del líquido primordial se destina
a la agricultura, el 40% se pierde debido a deficiencias de distribución. Es
decir, traerse esa agua, en las actuales condiciones, sería un imperdonable
desperdicio y, finalmente, un crimen de lesa humanidad.
Ahora bien,
reinsertando el factor étnico en la problemática, la apuesta debe ser entonces
acatar las disposiciones internacionales y nacionales de respeto al pueblo
yaqui y a su territorio, con miras a su revitalización cultural y económica y,
a la vez, una reformulación de la economía del valle que no implique el
etnocidio ¿Es posible? No hay tiempo para tal reflexión, porque no es una
cuestión optativa.
La convergencia de
distintos tipos de asentamientos, diversas culturas y variadas actividades
económicas son el factor a considerar al momento de pensar en cómo aterrizar
las disposiciones normativas acerca de la soberanía territorial de México. Los
recursos naturales guardan un carácter federal en lo legal debido un trasfondo
histórico-político –la amenaza extranjera–, pero en el aspecto técnico
requieren inevitablemente regionalizarse. En ese sentido, Sonora necesita
definir una política territorial de mediano y largo plazo que reconozca las
distintas presencias sociales, pero que supere los intereses económicos y
políticos que mutilan los derechos humanos a los sectores populares.
El establecimiento
de una política territorial de reivindicación social y armonización ecológica
debería comprender: reformulación económica y redimensionamiento territorial
del valle agrícola del Yaqui con respeto a los linderos del territorio
tradicional, así como aplicación de la misma política en los territorios
colindantes de los demás valles de Sonora, que igualmente inciden negativamente
en la vida social del resto de las etnias; reformulación agrícola y creación de
un sistema hidráulico para Hermosillo con base en sus recursos disponibles y,
principalmente, creación de nuevos centros de población, enfilándose hacia la
Sierra. Hermosillo alberga a la mitad de la población del estado, aún cuando se
ubica en el área más agreste del estado, y siendo esta situación el resultado
de un accionar gubernamental irresponsable, que ha permitido una urbanización
no sólo desproporcionada, sino letal. Lo que hay que reencauzar no son los
ríos; lo que hay que desfogar no son las presas, sino a la población. Sonora
debe plantearse una nueva colonización, la del siglo XXI, para acceder a una
sólida territorialidad para el nuevo milenio.
(Para consultar
información adicional sobre el tema, véanse los textos del autor: “La industria
en la configuración espacial de las culturas sonorenses”, en La industria en la
historia de Sonora, Sociedad Sonorense de Historia, A.C./Universidad de Sonora,
Hermosillo, 2004; “Siglos y linderos yaquis. Ensayo de articulación
temporal-espacial de una cultura regional”, en Memoria del XXV Simposio de
Historia y Antropología de Sonora, Universidad de Sonora, Hermosillo, 2001;
“Los linderos del yoreme”, El Imparcial, 25 de enero de 1997).
(Adicionalmente es
conveniente consultar: Portal del Distrito de Riego del Río Yaqui,
http://www.drryaqui.org.mx/historia.html; “Agricultura y manejo sustentable del
acuífero de la Costa de Hermosillo”,
https://www.colson.edu.mx:4433/Revista/Articulos/e3/5Salazar.pdf)
*
Investigador de la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA, y
profesor del Departamento de Sociología y Administración Pública de la
Universidad de Sonora. Coordinador del libro Etnias de Sonora (Instituto
Sonorense de Cultura, 2011).
(DOSSIER
POLÍTICO/ Tonatiuh Castro Silva / 2013-07-11)
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