Ciudad de México.- La Iglesia católica condenó la ausencia
de mecanismos efectivos en el país para evitar desfalcos, desvíos y
acumulación de capitales de procedencia ilícita que se han atribuido a
ex gobernantes e incluso gobernadores en turno. elmanana.com.mx
“Al parecer en nuestro país la evidencia no es motivo suficiente para crear leyes que permitan acabar con los llamados paraísos autónomos de los gobernadores, pues basta la tolerancia del Mandatario entrante para continuar la impunidad del saliente”, advirtió en su editorial del semanario Desde la Fe.
En el texto, denominado “¿Hasta Cuándo?”, lamentó que las leyes estén hechas para ser burladas y resulten ineficientes para perseguir y acotar la corrupción y el robo de recursos públicos.
“Hemos sido testigos de la negligencia por parte de las autoridades federales para controlar el adecuado ejercicio del dinero de los contribuyentes en las entidades federativas, varias de las cuales, dependen, debido a su pobreza, casi totalmente de los recursos de la Federación, y que son despilfarrados de una forma absolutamente inmoral, si tomamos en cuenta que deberían beneficiar a los más pobres de México”
Según la Iglesia, solo la alternancia de partidos aparece en el cambio de Poderes como un elemento fiscalizador del pasado inmediato, aunque no faltan los mandatarios que prefieren guardar silencio cómplice.
La Iglesia, además, calificó de hecho histórico el que un ex Gobernador (Andrés Granier) durmiera esta semana tras las rejas, luego de ser acusado por los delitos de lavado de dinero y defraudación.
“Cabe decir que la corrupción no es prerrogativa de un solo partido: tenemos ex Gobernadores de todos los institutos políticos acusados de este mismo mal que secularmente carcome al País”.
“La solución al grave problema de la opacidad en el manejo de los recursos públicos no radica en la amenaza que representa la llegada de otro partido al gobierno estatal o a los municipios, como ha ocurrido recientemente, sino en un mayor control por parte de la Federación para acabar con estas prácticas nefastas que se realizan al amparo de una arcaica autonomía constitucional de los estados, que debe revisarse con toda seriedad, pues ha entorpecido no sólo la lucha contra el despilfarro inmoral de recursos públicos, sino contra el crimen organizado, con consecuencias terribles para la seguridad y las economías regionales”.
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