MEXICALI, B.C. (apro).- En la denuncia que legisladores del
PRI y del Panal interpusieron ante la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el gobernador, el
panista José Guadalupe Osuna Millán por el presunto desvío de mil 300
millones de pesos con fines electorales, se incluye la ruta a través de
la cual se canalizaron presumiblemente dichos recursos para apoyar al
candidato del PAN a la gubernatura Francisco Vega Lamadrid.
Según el presidente del Congreso local, el diputado Gregorio
Carranza, quien se separó hace un mes del Partido Nueva Alianza, el
gobierno estatal canalizó 600 millones de pesos en la campaña
publicitaria “Abre tus Ojos” y 750 millones más en la detección y
operación de la estructura territorial del PAN.
El principal operador del plan “Baja Azul” es el propio gobernador
Osuna Millán y en el organigrama aparecen su secretario particular
Andrés Pulido; el secretario general de Gobierno, Francisco García
Burgos (exdirigente estatal del PAN y exdelegado del PAN en el Estado de
México) y César Torres, del departamento de Informática, a quien
señalan como responsable de la adquisición de los sistemas de cómputo
para la jornada electoral.
En el organigrama que fue incluido en la denuncia aparecen también
algunos “padrinos”, todos ellos integrantes del gabinete estatal.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por Carranza, el flujo de
recursos desviados se hizo a través de cinco secretarios y el procurador
general de Justicia del Estado (PGJE), Rommel Moreno.
Los secretarios de Desarrollo Social, Pablo Alejo López (exalcalde de
Ensenada y diputado federal), del Trabajo, Renato Sandoval (exdiputado
federal), y de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray (exrector de la
UABC), canalizaron cada uno 12 millones de pesos de programas de empleo
temporal y de infraestructura social que permitieron la contratación de
brigadistas para la elaboración de encuestas y la compra de sistemas de
geolocalización.
También para la movilización el día de la elección, a través del
subsecretario Miguel Ángel Castillo y del director del DIF Hugo
Castillo.
En la denuncia interpuesta ante la Fepade se advierte que el
secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante, autorizó el uso de
vehículos y gasolina mediante el Seguro Popular e Issstecali, que
dirigen Mirna Rincón (exdiputada federal) y Alfonso Vizcarra.
Por medio de instituciones del sector educativo (Secretaría de
Educación, Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Estudios
Tecnológicos y Científicos, Colegio de Bachilleres e Instituto de
Infraestructura Física Educativa) se instrumentó un call center en
Mexicali, centros de captura, además del uso de oficinas, becas Progreso
y vehículos.
La querella identifica también a los “padrinos” político-electorales
entre los que destaca la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, los organismos públicos de administración de agua potable de
Mexicali y Tecate, que supuestamente canalizaron dinero, oficinas y
personal comisionado, además de la Comisión Estatal de Energía, el
Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, la Comisión
Estatal del Agua, la Junta de Urbanización, el Fideicomiso Tramo
Carretero Centinela-La Rumorosa y los organismos administradores de agua
potable de Tijuana y Ensenada.
Además, los titulares de la Oficialía Mayor del Estado, del Comité de
Planeación para el Desarrollo, de la Dirección del Registro Público de
la Propiedad y de las secretarías de Fomento Agropecuario, de Turismo,
de Pesca y Acuacultura, de Seguridad Pública y de Protección al
Ambiente.
Para este fin se contrató a la empresa JVO Consultores para realizar estudios estratégicos sobre demandas ciudadanas.
También forman parte de esta estructura los exdelegados federales de
Migración, Sedesol, del Trabajo, Semarnat, Corett, IMSS, INEA, Profeco,
SCT, Sagarpa, Turismo, Conagua y CFE.
El diputado Carranza dio a conocer que la coordinación municipal
recayó en el caso de Mexicali en la Secretaría General de Gobierno, en
Tecate en la Oficialía Mayor y en el puerto de Ensenada en el Instituto
de Infraestructura Física Educativa.
En el esquema se advierte que la Secretaría de Desarrollo Económico
fungió como coordinador del distrito electoral I de Mexicali, el
Issstecali del distrito XVI de Tijuana y Desarrollo Social en los
distritos VIII, IX y XII también de Tijuana, además de que esta
dependencia proporcionó computadoras, oficinas, vehículo, equipos de
radiocomunicación y celulares.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado definió
que el plan se diseñó con base en tres etapas: detección, operación y
movilización. En el caso de la movilización durante la jornada electoral
del 7 de julio no se tiene una cifra económica estimada.
Carranza Hernández dejó la bancada del Partido Nueva Alianza, del
cual es miembro fundador, toda vez que en ese tiempo era secretario
General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación.
En tanto que Nueva Alianza se coaligó en 2007 con Acción Nacional en
las elecciones que llevaron al triunfo al actual gobernador Osuna
Millán, quien contendió con el empresario priísta Jorge Hank, en 2010
refrendaron la alianza político-electoral que les permitió contar con
cinco regidores –uno por municipio- y dos legisladores locales, uno de
ellos es el propio Carranza.
En estas elecciones, la alianza “Unidos por Baja California” la
integran el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución
Democrática, Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California.
Desde el 3 de marzo de 2012, Carranza preside el Comité Estatal de
Acción Política (CEAP) del SNTE en Baja California, cuya vicepresidenta
es la diputada Arcelia Galarza, del Panal.
Denuncia irracional: PAN
Oscar vega Marín, coordinador de la campaña del candidato a la
gubernatura, Francisco Kiko Vega califico de irracional la denuncia
penal interpuesta por la coalición PRI-Panal.
Dijo que esta denuncia se suma a “una serie de intentos
vergonzosamente fallidos” para distraer la atención de las dudas sobre
el patrimonio del candidato del PRI, Fernando Castro Trenti.
El exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica
dijo que las denuncias panistas están sustentadas en documentos
oficiales “y ellos (los del PRI) no han podido aclarar, respecto al
patrimonio de su candidato que adquirió en 2010 una casa en Paseo de la
Reforma con valor comercial de más de 50 millones de pesos, lo que sería
imposible con el salario de servidor público que ha tenido durante toda
su vida.
Esta compra, agregó, se hizo a la par de que era presidente del
fideicomiso que se encargó de la construcción de la nueva sede del
Senado, cuyo proceso de construcción ha sido ampliamente criticado por
su opacidad y por el incremento injustificado de precios en el mismo.
Fernando Castro Trenti tiene a la venta una propiedad en el estado de
California, en poco más de 800 mil (10 millones de pesos), la cual fue
adquirida en 2007, cuando fue coordinador de campaña del PRI en la
elección estatal que perdió Jorge Hank.
El panista, que buscó ser candidato al gobierno estatal en este
proceso electoral tras su participación en el gobierno de Felipe
Calderón, sostuvo que está en espera de la explicación de Castro Trenti
sobre el crecimiento inexplicable de su patrimonio y que la “denuncia
sin bases” (del plan Baja Azul) es muestra de la ruta de la derrota que
tiene su campaña como lo están demostrando encuestas, eventos y el
entusiasmo de los bajacalifornianos hacia la campaña de Kiko Vega.
/ 2 de julio de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario