domingo, 30 de junio de 2013

TEMEN SE ATORE DROGA EN EL VALLE CON BLINDAJE DE EU


              
Luz del Carmen Sosa
El Faro, Guadalupe– Con sus dedos encallecidos por los años dedicados a la labor en campos agrícolas al sur de Texas, Don José retuerce el alambre de púas con el que amarra la cerca de varas secas recolectadas con anterioridad.

Tres semanas antes un tornado se llevó algunos techos de lámina y las cercas de las pocas casas que conforman esta comunidad fronteriza, la última población que continúa habitada en el Valle Bajo, situado a más de 100 kilómetros de Ciudad Juárez y que colinda con el Condado de Hudspeth en Texas.

Don José es auxiliado por su esposa, juntos reparan la protección de su vivienda para evitar que extraños ingresen a la propiedad y cometan algún delito, temor que surge ante el permanente tráfico de personas y de drogas en este punto fronterizo.

La ausencia de patrullaje militar del lado mexicano y la poca presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza del lado estadounidense hacen de este sitio un paraíso para la delincuencia organizada.

Ante ello Don José y su esposa dicen que “la cerca es lo único que nos permite proteger la casa”.

Y a pocos metros de su hogar, del otro lado del ahora seco Río Bravo, los vecinos tratan de hacer lo mismo.

El jueves pasado el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de reforma migratoria con la condición republicana de reforzar la seguridad de la frontera, por lo que está contemplada la contratación de 20 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y la finalización de mil 126 kilómetros de bardas dobles en la frontera con México para impedir el tráfico de drogas.

La militarización de la frontera sur de Texas, a decir de don José, no será problema para los vecinos de estas comunidades fronterizas entre el Valle de Juárez y el Valle Bajo, ya que muchos de ellos –así como él– son estadounidenses.

Una mayor vigilancia a nosotros como vecinos no nos impacta, a los que se dedican a actividades ilícitas a esos sí les perjudica, advierte.

No es para menos, Guadalupe y Praxedis son las dos comunidades rurales fronterizas que fueron  escenario de enfrentamientos entre los cárteles de drogas.

Para las autoridades locales, la militarización de la frontera les genera un nuevo temor cuando apenas ven una ligera recuperación económica y de seguridad por el cese de disputas entre los grupos en pugna.

“El problema que nosotros vemos es que la droga se estanque en nuestras comunidades, y que ser de punto de paso para el tráfico de drogas, se conviertan en punto de comercialización y consumo como ocurrió en Juárez”, plantea Andrés Morales Arreola, secretario del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero.

El funcionario recordó cuando veinte años atrás (1993), el gobierno de Estados Unidos implementó el operativo Hold the Line (Operación Bloqueo) que  incluyó la construcción de una malla metálica de más de tres metros de altura que serviría para facilitar la vigilancia de los cientos de agentes apostados en zona limítrofe..

El endurecimiento de esta vigilancia originó que Juárez, de ser sólo punto de paso, se convirtiera en un enorme centro de distribución y consumo de drogas, originando que no sólo problemas de inseguridad, sino de adicciones y todas las consecuencias sociales que hasta ahora padecen los juarenses.

PLAN DE VIGILANCIA

Llegar a El Faro implica recorrer aproximadamente 20 kilómetros sobre un accidentado camino de terracería que se toma a la salida del poblado El Porvenir.

Durante el trayecto por la carretera Juárez-Porvenir se observa sólo un punto de revisión militar, ubicado a la altura de la entrada al municipio de Guadalupe, justo sobre el camino que conduce al arroyo El Navajo, donde localizaron las osamentas de decenas de jovencitas reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez.

El recorrido permite ver una ligera mejora económica en estas comunidades, incluso en El Faro, donde el año pasado las mujeres, muchas de ellas viudas, dependían de las despensas que les regalaban los productores agrícolas ante la falta de trabajo y recursos económicos. 

Ya en el pueblo se observa un templo católico y otro cristiano, dos pequeñas escuelas sin alumnos por la falta de maestros, tiendas de abarrotes cerradas y casas de adobe que se sostiene a fuerza de reparaciones. Una que otra vivienda cuenta con terrenos adyacentes donde crían chivos, borregos o cerdos.

En la zona limítrofe de El Faro, las huellas de herraduras de caballo, de zapato y tenis se observan sobre la arena del que alguna vez fue el caudaloso río.

El cauce seco ya no representa riesgos para quienes deseen cruzar para llegar a Estados Unidos y los rastros de pisadas confirman que el tráfico de peatones por este sitio es constante.

Aquí el calor es agobiante. Los huizaches que crecen en las márgenes del río producen una sombra escaza, pero sirven como guarida para los aspirantes a ilegales en caso de que lleguen a transitar por el lugar los agentes de la patrulla fronteriza.

Entre la arena se observa ropa usada, botellas de plástico de agua purificada, envoltorios de galletas y frituras de quienes esperaron el momento ideal para “cruzar al otro lado”.

Don José confirma que hay tráfico de ilegales, pero por razones de seguridad prefiere no hablar del tema. Mantenerse al margen de las actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, le permite sobrevivir la ola de violencia que obligó a una gran parte de esta población a desplazarse, convirtiendo a comunidades como ésta en pueblos fantasmas.

Ese es uno de los problemas de seguridad que enfrentan los pobladores, aún afectados por la violencia originada por los enfrentamientos entre los cárteles de drogas, que obligaron incluso a los residentes a desplazarse a Estados Unidos y otros puntos.

Y aunque en estas comunidades quedan los vestigios de la cruenta guerra, lo cierto es que los asesinatos y destrucción de negocios y viviendas cesaron meses atrás cuando uno de los grupos ganó el control de la plaza.

Un documento elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) reveló en el 2011 que la organización que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán desplazó al Cártel de Juárez.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también reportó un aumento en el trasiego de cocaína, heroína negra y metanfetaminas. El diagnóstico precisaba que el Cártel de Sinaloa ya tenía una mayor influencia sobre el contrabando de drogas por el Valle de Juárez.

Para Edgardo Buscaglia, experto en seguridad, esta “paz mafiosa” que se vive en el Valle y Ciudad Juárez, se da en la medida que un solo grupo criminal controle territorialmente, sin desafíos de ningún otro grupo a esa zona.

Sin embargo, considera, que en la medida que el Estado no haga muestra de control y efectividad judicial en capturas y decomisos de sistemas de transporte y de almacenamiento empresarial de drogas, personas traficadas, armas y piratería (en propiedad de personas morales ligadas a empresas criminales) estos grupos criminales sí se disputarán esa zona de flujo.

El presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia, afirma que “hasta hoy yo no veo esa efectividad entre las autoridades judiciales y menos aun las militares”.

MIGRACIÓN

Para Andrés Morales Arreola, secretario del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, otro factor que podría incidir de manera negativa con la militarización de la frontera es que el flujo de migrantes aumente la población de estas comunidades al no poder cruzar la frontera.

“Donde pudiéramos ver un problema es que si los aspirantes a ilegales que no logran cruzar decidan asentarse aquí, ese podría ser el problema a mediano plazo”, plantea.

Explica que estas comunidades aún no se han recuperado del todo y no están generando el suficiente empleo para apoyar a quienes decidan quedarse aquí. Son los pobladores con nacionalidad extranjera quienes sostienen la economía de algunas comunidades como El Porvenir que subsiste con las dividas que dejan los pobladores, que en su mayoría cruzan todos los días por Fort Hancock.

“El flujo de divisas es el soporte económico de esa comunidad porque sus habitantes trabajan allá y gastan aquí, de alguna manera generan una derrama económica, sin embargo, toda esa población cruza de manera legal a Estados Unidos porque muchos son nacidos allá”, agrega

Los registros periodísticos mencionan que la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera (ICE, por sus siglas en ingles) recientemente dio a conocer que unas 8 mil 500 personas son detenidas y puestas bajo su custodia cada semana, de acuerdo a las estadísticas del año fiscal 2013.

La mayoría de las detenciones ocurren en los estados fronterizos con México: Texas con el 37 por ciento de los arrestos, Arizona con el 17 por ciento y California con un 15 por ciento.

Sin embargo, Chihuahua y particularmente su frontera del Valle de Juárez y el Valle Bajo, no son los puntos de mayor afluencia de migrantes, incluso el estado registra una baja comparativamente a otros estados colindantes con la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.

El demógrafo del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Rodolfo Rubio, dio a conocer que el flujo de migrantes que se desplaza hacia la frontera de Chihuahua para cruzar a Estados Unidos cayó durante el último año.

(LUZ DEL CARMEN SOSA/EL DIARIO/ 30  DE JUNIO 2013)
        

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