Luz del
Carmen Sosa
El Faro, Guadalupe–
Con sus dedos encallecidos por los años dedicados a la labor en campos
agrícolas al sur de Texas, Don José retuerce el alambre de púas con el que
amarra la cerca de varas secas recolectadas con anterioridad.
Tres semanas antes
un tornado se llevó algunos techos de lámina y las cercas de las pocas casas
que conforman esta comunidad fronteriza, la última población que continúa
habitada en el Valle Bajo, situado a más de 100 kilómetros de Ciudad Juárez y
que colinda con el Condado de Hudspeth en Texas.
Don José es
auxiliado por su esposa, juntos reparan la protección de su vivienda para
evitar que extraños ingresen a la propiedad y cometan algún delito, temor que
surge ante el permanente tráfico de personas y de drogas en este punto fronterizo.
La ausencia de
patrullaje militar del lado mexicano y la poca presencia de agentes de la
Patrulla Fronteriza del lado estadounidense hacen de este sitio un paraíso para
la delincuencia organizada.
Ante ello Don José y
su esposa dicen que “la cerca es lo único que nos permite proteger la casa”.
Y a pocos metros de
su hogar, del otro lado del ahora seco Río Bravo, los vecinos tratan de hacer
lo mismo.
El jueves pasado el
Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de reforma migratoria con la
condición republicana de reforzar la seguridad de la frontera, por lo que está
contemplada la contratación de 20 mil agentes adicionales de la Patrulla
Fronteriza y la finalización de mil 126 kilómetros de bardas dobles en la
frontera con México para impedir el tráfico de drogas.
La militarización de
la frontera sur de Texas, a decir de don José, no será problema para los
vecinos de estas comunidades fronterizas entre el Valle de Juárez y el Valle
Bajo, ya que muchos de ellos –así como él– son estadounidenses.
Una mayor vigilancia
a nosotros como vecinos no nos impacta, a los que se dedican a actividades
ilícitas a esos sí les perjudica, advierte.
No es para menos,
Guadalupe y Praxedis son las dos comunidades rurales fronterizas que
fueron escenario de enfrentamientos
entre los cárteles de drogas.
Para las autoridades
locales, la militarización de la frontera les genera un nuevo temor cuando
apenas ven una ligera recuperación económica y de seguridad por el cese de
disputas entre los grupos en pugna.
“El problema que
nosotros vemos es que la droga se estanque en nuestras comunidades, y que ser
de punto de paso para el tráfico de drogas, se conviertan en punto de
comercialización y consumo como ocurrió en Juárez”, plantea Andrés Morales
Arreola, secretario del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero.
El funcionario
recordó cuando veinte años atrás (1993), el gobierno de Estados Unidos
implementó el operativo Hold the Line (Operación Bloqueo) que incluyó la construcción de una malla metálica
de más de tres metros de altura que serviría para facilitar la vigilancia de
los cientos de agentes apostados en zona limítrofe..
El endurecimiento de
esta vigilancia originó que Juárez, de ser sólo punto de paso, se convirtiera
en un enorme centro de distribución y consumo de drogas, originando que no sólo
problemas de inseguridad, sino de adicciones y todas las consecuencias sociales
que hasta ahora padecen los juarenses.
PLAN DE VIGILANCIA
Llegar a El Faro
implica recorrer aproximadamente 20 kilómetros sobre un accidentado camino de
terracería que se toma a la salida del poblado El Porvenir.
Durante el trayecto
por la carretera Juárez-Porvenir se observa sólo un punto de revisión militar,
ubicado a la altura de la entrada al municipio de Guadalupe, justo sobre el
camino que conduce al arroyo El Navajo, donde localizaron las osamentas de
decenas de jovencitas reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez.
El recorrido permite
ver una ligera mejora económica en estas comunidades, incluso en El Faro, donde
el año pasado las mujeres, muchas de ellas viudas, dependían de las despensas
que les regalaban los productores agrícolas ante la falta de trabajo y recursos
económicos.
Ya en el pueblo se
observa un templo católico y otro cristiano, dos pequeñas escuelas sin alumnos
por la falta de maestros, tiendas de abarrotes cerradas y casas de adobe que se
sostiene a fuerza de reparaciones. Una que otra vivienda cuenta con terrenos
adyacentes donde crían chivos, borregos o cerdos.
En la zona limítrofe
de El Faro, las huellas de herraduras de caballo, de zapato y tenis se observan
sobre la arena del que alguna vez fue el caudaloso río.
El cauce seco ya no
representa riesgos para quienes deseen cruzar para llegar a Estados Unidos y
los rastros de pisadas confirman que el tráfico de peatones por este sitio es
constante.
Aquí el calor es
agobiante. Los huizaches que crecen en las márgenes del río producen una sombra
escaza, pero sirven como guarida para los aspirantes a ilegales en caso de que
lleguen a transitar por el lugar los agentes de la patrulla fronteriza.
Entre la arena se
observa ropa usada, botellas de plástico de agua purificada, envoltorios de
galletas y frituras de quienes esperaron el momento ideal para “cruzar al otro
lado”.
Don José confirma
que hay tráfico de ilegales, pero por razones de seguridad prefiere no hablar
del tema. Mantenerse al margen de las actividades ilícitas, incluyendo el
narcotráfico, le permite sobrevivir la ola de violencia que obligó a una gran
parte de esta población a desplazarse, convirtiendo a comunidades como ésta en
pueblos fantasmas.
Ese es uno de los
problemas de seguridad que enfrentan los pobladores, aún afectados por la
violencia originada por los enfrentamientos entre los cárteles de drogas, que
obligaron incluso a los residentes a desplazarse a Estados Unidos y otros
puntos.
Y aunque en estas
comunidades quedan los vestigios de la cruenta guerra, lo cierto es que los
asesinatos y destrucción de negocios y viviendas cesaron meses atrás cuando uno
de los grupos ganó el control de la plaza.
Un documento
elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus
siglas en inglés) reveló en el 2011 que la organización que encabeza Joaquín
“El Chapo” Guzmán desplazó al Cártel de Juárez.
El Departamento de
Justicia de Estados Unidos también reportó un aumento en el trasiego de
cocaína, heroína negra y metanfetaminas. El diagnóstico precisaba que el Cártel
de Sinaloa ya tenía una mayor influencia sobre el contrabando de drogas por el
Valle de Juárez.
Para Edgardo
Buscaglia, experto en seguridad, esta “paz mafiosa” que se vive en el Valle y
Ciudad Juárez, se da en la medida que un solo grupo criminal controle
territorialmente, sin desafíos de ningún otro grupo a esa zona.
Sin embargo,
considera, que en la medida que el Estado no haga muestra de control y
efectividad judicial en capturas y decomisos de sistemas de transporte y de
almacenamiento empresarial de drogas, personas traficadas, armas y piratería
(en propiedad de personas morales ligadas a empresas criminales) estos grupos
criminales sí se disputarán esa zona de flujo.
El presidente del
Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia,
afirma que “hasta hoy yo no veo esa efectividad entre las autoridades
judiciales y menos aun las militares”.
MIGRACIÓN
Para Andrés Morales
Arreola, secretario del Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, otro factor que
podría incidir de manera negativa con la militarización de la frontera es que
el flujo de migrantes aumente la población de estas comunidades al no poder
cruzar la frontera.
“Donde pudiéramos
ver un problema es que si los aspirantes a ilegales que no logran cruzar
decidan asentarse aquí, ese podría ser el problema a mediano plazo”, plantea.
Explica que estas
comunidades aún no se han recuperado del todo y no están generando el
suficiente empleo para apoyar a quienes decidan quedarse aquí. Son los
pobladores con nacionalidad extranjera quienes sostienen la economía de algunas
comunidades como El Porvenir que subsiste con las dividas que dejan los
pobladores, que en su mayoría cruzan todos los días por Fort Hancock.
“El flujo de divisas
es el soporte económico de esa comunidad porque sus habitantes trabajan allá y
gastan aquí, de alguna manera generan una derrama económica, sin embargo, toda
esa población cruza de manera legal a Estados Unidos porque muchos son nacidos
allá”, agrega
Los registros
periodísticos mencionan que la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera
(ICE, por sus siglas en ingles) recientemente dio a conocer que unas 8 mil 500
personas son detenidas y puestas bajo su custodia cada semana, de acuerdo a las
estadísticas del año fiscal 2013.
La mayoría de las
detenciones ocurren en los estados fronterizos con México: Texas con el 37 por
ciento de los arrestos, Arizona con el 17 por ciento y California con un 15 por
ciento.
Sin embargo,
Chihuahua y particularmente su frontera del Valle de Juárez y el Valle Bajo, no
son los puntos de mayor afluencia de migrantes, incluso el estado registra una
baja comparativamente a otros estados colindantes con la zona limítrofe entre
México y Estados Unidos.
El demógrafo del
Colegio de la Frontera Norte (Colef), Rodolfo Rubio, dio a conocer que el flujo
de migrantes que se desplaza hacia la frontera de Chihuahua para cruzar a
Estados Unidos cayó durante el último año.
(LUZ DEL
CARMEN SOSA/EL DIARIO/ 30 DE JUNIO 2013)
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