CHILPANCINGO,
Gro. (proceso.com.mx).- En menos de dos años los grupos de autodefensa,
que han proliferado en varios municipios con el respaldo de sectores
sociales para asumir funciones de seguridad pública desplazando a las
autoridades gubernamentales, actualmente tienen presencia en cinco de
las siete regiones de la entidad y ya se encuentran en la antesala de
Acapulco y esta capital.
Al respecto, el diputado local perredista
Jorge Salgado Parra, hijo del secretario de Finanzas en la entidad,
Jorge Salgado Leyva, quien es compadre del gobernador Ángel Aguirre
Rivero y actual encargado de despacho del Ejecutivo, justificó la
expansión de las guardias comunitarias con el argumento de que “es una
muestra de la desesperación y el hartazgo de la sociedad” ante la crisis
de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero.
Salgado Parra
confirmó esta semana el secuestro de sus primos, dos trabajadores de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal
que junto a otros dos empleados fueron plagiados el jueves 13 de junio
en el municipio de Ixcateopan, como lo dio a conocer Proceso, y dijo que hasta el momento siguen desaparecidos.
El
legislador federal neoperredista condenó el hecho de que autoridades
gubernamentales pretendan minimizar el tema de la violencia e
inseguridad que tiene colapsada la entidad y advirtió que sociedad y
gobierno tendrán que adecuarse a la realidad.
Al respecto, el
recién designado secretario de Seguridad Pública, Sergio Lara
Montellanos, advirtió sobre la influencia de la guerrilla en los dos
grupos de autodefensa con origen en la región de Costa Chica y que han
sido una influencia para resto de los movimientos ciudadanos armados
surgidos en Acapulco y las regiones Centro, Montaña y Costa Grande:
La
Policía Comunitaria -Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(PC-CRAC), creada en 1995 y la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG), dirigida por el activista indígena y
fundador de la primera organización, Bruno Plácido Valerio. Ambas
organizaciones reconocidas y subsidiadas por el gobierno de Ángel
Aguirre Rivero.
En entrevista con Proceso el almirante
retirado y excomandante de la VIII Zona Naval con sede en Acapulco,
afirmó que las organizaciones político-armadas denominadas Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y Ejército Popular
Revolucionario (EPR), están “aprovechado” el contexto de inseguridad y
violencia para organizar procesos de “índole político e ideológico” con
el propósito de “generar inestabilidad” social en la entidad.
Lara
Montellanos refiere que esta situación está llevando a las autoridades
estatales a “buscar una negociación” y tratar de frenar el origen de la
inseguridad para erradicar las causas que alimentan el movimiento de los
grupos, considerados por el funcionario no como guerrilla sino “con
ideología contraria al gobierno”.
El secretario de Seguridad
Pública estatal dijo que además de la presencia del ERPI y EPR en la
región de Costa Chica, existen cuatro organizaciones delincuenciales que
han desatado una brutal disputa por el control de las actividades
relacionadas con el narcotráfico en la entidad.
Estos grupos son Los Beltrán Leyva, el de La Barbie,
Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes
están aliados con pandillas locales en las diferentes regiones de la
entidad, indicó.
“El problema que nos estamos enfrentando es que
esas pandillas se autonombren (grupos de) autodefensa. Ese es el
conflicto que estamos presentando”, advirtió Lara Montellanos.
No
obstante, el secretario de Seguridad Pública aseguró que hasta el
momento no han detectado que alguno de los grupos de autodefensa con
presencia en la entidad tengan nexos con el narco.
Los grupos de autodefensa y su extensión en la entidad
De
acuerdo con reportes oficiales, en la entidad existen cuatro grupos de
autodefensa con presencia en cinco de las siete regiones de la entidad:
Montaña, Costa Chica, Centro, Acapulco y Costa Grande.
El grupo
más antiguo y promotor de un sistema de seguridad y justicia comunitario
que se ha convertido en la base de los grupos de autodefensa surgidos
este año en la entidad, es la PC-CRAC creada desde hace 18 años en la
región de Costa Chica y actualmente con presencia en 77 comunidades de
12 municipios de esta zona y la región de la Montaña.
La PC-CRAC
sustenta su decisión de impulsar un sistema de seguridad y justicia
paralelo al oficial en los tratados internacionales que reconocen los
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales
tienen jerarquía constitucional.
El desfase de las autoridades ha
sido evidente debido a que apenas en 2011 se homologó el marco jurídico
estatal con este tratado internacional.
Luego surgió la UPOEG,
creada por el activista indígena y fundador de la PC-CRAC, Bruno Plácido
Valerio, en un principio para demandar obras de desarrollo e
infraestructura social para los pueblos indígenas.
El grupo de
autodefensa de la UPOEG denominado Sistema de Seguridad Ciudadano se
hizo evidente el 5 de enero en los municipios de Ayutla y Tecoanapa y se
ha extendido a la zona rural de Acapulco y al municipio de Juan R.
Escudero en la región Centro.
El dirigente de la UPOEG, Bruno
Placido Valerio, anunció que este lunes 1 realizarán una caravana a la
Ciudad de México denominada Marcha por la Paz, la Seguridad y el
Desarrollo
En el texto ‘Un ¡ya basta! estilo Guerrero’ publicado en la edición 1891 de Proceso,
se indica que el primer alzamiento civil –durante la administración del
gobernador, Ángel Aguirre Rivero– data de mediados de 2012, cuando
habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac,
en la región de La Montaña, cansados de los secuestros y extorsiones
indiscriminados tomaron las armas y confrontaron a los delincuentes. El
movimiento de autodefensa se extendió a Olinalá, otro municipio de la
misma zona.
En este último municipio existen dos grupos de
autodefensa, uno adherido a la PC-CRAC con sede en la cabecera municipal
y el otro denominado Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia –
Policía Ciudadana y Popular asentado en la comunidad indígena de
Temalacatzingo.
Recientemente el grupo de autodefensa de
Temalacatzingo realizó una caravana a la Ciudad de México donde los
promotores sostuvieron encuentros con universitarios y durante su paso
por los estados de México y Morelos denunciaron actos de hostigamiento
policiaco ante organismos de derechos humanos.
En la Zona Norte
surgió de forma efímera, a mediados de enero, un grupo de autodefensa
conformado por habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan. Tras
instalar un retén sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, a
la altura del poblado de Ahuehuepan, expresaron su desesperación por
los secuestros y extorsiones que cometen bandas criminales sin que nadie
las detenga.
Fuentes oficiales aseguran a Proceso que los
delincuentes suelen exigir cuotas de 5 millones de pesos a los
productores de mango de esa zona –que se disputan La Familia Michoacana y
Guerreros Unidos– para dejarlos trabajar.
Mientras que en el
municipio de Tixtla de Guerrero, en la región Centro, existe un grupo de
autodefensa adherido a la PC-CRAC que tiene su bastión en la comunidad
indígena de Acatempa y se ha extendido a la cabecera municipal ubicada a
10 kilómetros de esta capital.
El grupo de autodefensa más
reciente se conformó el jueves 20 en el municipio de Tecpan de Galeana
en la región de la Costa Grande, una zona colapsada por el narco y
disputada por dos grupos delincuenciales encabezados por Rubén El Nene Granados y el cacique priista Rogaciano Alba Álvarez, ambos presos por sus nexos con el narcotráfico.
Las
regiones donde han surgido los grupos de autodefensa están unidas por
un factor: el hartazgo de sus habitantes por la creciente violencia en
sus localidades y la permanente inacción de las autoridades –e incluso
su presunta complicidad– ante la delincuencia.
No obstante, en las
regiones de Tierra Caliente y Norte donde el férreo control del narco
que tiene sometidos a alcaldes y asfixiada a la sociedad no se ha
registrado la conformación de grupos de autodefensa ciudadana.
El almirante y la guerrilla
Entrevistado
este viernes 28 en su despacho en la sede del Ejecutivo en esta
capital, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Lara
Montellanos, considera que existe un riesgo latente de que Guerrero se
colombianice, ante la expansión de grupos de autodefensa y la presencia
de bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico que han colapsado las
zonas urbanas y rurales de la entidad.
No obstante señala:
“Debemos ser cautos en el manejo de información; la inseguridad ha
llevado a la sociedad a la desesperación de acudir a este tipo de
movimientos (grupos de autodefensa)”.
Al respecto dijo que los grupos de autodefensa y los denominados policías comunitarios actúan fuera de todo procedimiento legal.
“Los motiva la seguridad, pero están violando muchos preceptos de la ley”, expresó.
Lara
Montellanos considera que existen circunstancias políticas y sociales
que están siendo aprovechadas para procesos de índole político e
ideológico y sentencia:
“La circunstancia de inseguridad está siendo aprovechada por grupos extremistas en el estado”.
Cuando
se le pide que sea específico, el Almirante retirado recuerda que en
Guerrero “hay mucha inconformidad con el sistema de gobierno”.
-¿Se refiere a la guerrilla?, se le pregunta.
-Yo no hablo de guerrilla, hablo de grupos con ideología contraria a la del gobierno, respondió.
-¿Qué grupos?
-Los
estás viendo, estamos hablando principalmente en el área de Costa Chica
de grupos como ERPI y EPR que están llevando a cabo, por supuesto, su
trabajo, afirma.
-¿En qué sentido?
-Generando inestabilidad, buscando inestabilidad en el área,
-¿Cómo?
-Lo estamos viendo, estamos hablando del desconocimiento de las autoridades.
-Se refiere a los grupos de autodefensa de Costa Chica tienen influencia del EPR y ERPI?
-Algunos grupos, cortó.
-¿Qué grupos?
-Eso no lo voy a decir, volvió a cortar.
-En la Costa Chica operan dos grupos, la PC-CRAC y la UPOEG, se le recordó-
-Ya lo dijiste, atajó el almirante.
-¿Esto no enciende alertas?
-Claro que enciende alertas, por supuesto. Ese punto ya quedó claro, no sé hasta qué punto quieres llegar, reclamó el almirante.
-Al reconocimiento de la autoridad de la problemática, le dijo el reportero.
-Hay un reconocimiento explícito, indicó el secretario de Seguridad Pública estatal.
El
almirante dijo que el gobierno estatal intenta restablecer la confianza
de la ciudadanía en las autoridades legales para que los grupos de
autodefensa “se retraigan y desaparezcan”.
Esto mediante la
implementación de un proyecto para conformar la Policía Estatal Rural o
Guardia Rural, que plantea reclutar ciudadanos en las comunidades para
que resguarden la zona rural, es decir, un esquema similar al que
implementan los grupos de autodefensa.
Por ello, dijo que van a
invitar a los grupos de autodefensa a incorporarse a la Policía Estatal
Rural para que sus actos se apeguen a “la legalidad”, indicó.
“Estamos
dando la oportunidad (a los grupos de autodefensa) de entrar al imperio
de la ley; estamos resolviendo el vacío legal y tendremos que hacer
todo el trabajo para que ingresen al proyecto”, expresó Lara
Montellanos.
De esta forma, señaló, el gobierno estatal pretende restablecer la ley en la entidad.
Afirmó
que el grupo de autodefensa de la Costa Grande que encabeza el
activista Leopoldo Soberanis, quien ha sido vinculado con el
narcotráfico por el grupo de Los Caballeros Templarios, están en la
disposición de ingresar al proyecto del gobierno estatal.
Mientras que en el caso de la PC-CRAC, dijo que el momento que ellos quieran el gobierno estatal aplicará este modelo policial.
Sobre
la UPOEG, dijo que este grupo de autodefensa es el que se ha salido de
las demarcaciones indígenas y advirtió que los van a detener si deciden
marchar este lunes portando armas.
Sobre la violencia generada por
las bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico, Lara Montellanos
dijo que aspiran a reducir a valores mínimos los delitos.
Anunció
que un grupo especial basado en el área de inteligencia confrontará la
actividad de los grupos criminales para alcanzar “estándares de
tranquilidad para la sociedad y que no afecten la actividad económica
del estado”, aseveró.
Para el ahijado del gobernador Aguirre y
actual diputado federal por el PRD, Jorge Salgado Parra, en la entidad
no existen programas sociales para que el ciudadano pueda revertir los
efectos de la narcoviolencia y consideró que las autoridades han fallado
a la sociedad.
“(El gobierno estatal y federal) dicen que los
índices delincuenciales van a la baja y lo único que hacen es no hablar
de la inseguridad y eso está muy mal. La ciudadanía no ve eso, nosotros
no sentimos eso, al contrario sentimos que está muy complicado hasta
para salir a comer, ya no tienes la libertad de antes”, expresó el
diputado federal perredista, quien agregó que sus primos hasta la fecha
siguen desaparecidos, a pesar de que ya se pagó un rescate.
Reportes
oficiales indican que los plagiarios exigen tres millones de pesos por
cada uno de los familiares del secretario de Finanzas del gobierno
estatal.
A pesar de esta situación que se vive en la entidad, el
gobernador Aguirre durante su gira que realiza en Estados Unidos para
promover los destinos turísticos de la entidad, ha declarado
públicamente que la incidencia delictiva en la entidad va a la baja.
También
convocó a inversionistas extranjeros a impulsar en proyectos de
agroindustria y minería en esta entidad abaratada por la narcoviolencia.
/ 30 de junio de 2013)
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