Le requirió
información sobre el Plan Sonora Proyecta
APRO y
Claudia Gil Medel
La Procuraduría
General de la República (PGR) solicitó al Gobierno de Sonora que detalle qué
documentos había en la bodega que estaba a un lado de la Guardería ABC de
Hermosillo, donde un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 provocó la muerte
de 49 niños e hirió a otros 70.
Renato Sales
Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de
la PGR, dijo que se giró la solicitud puesto que una hipótesis —apoyada por una
denuncia de los padres de familia— señala que funcionarios cercanos al ex
gobernador Eduardo Bours Castelo provocaron el fuego para destruir
documentación relacionada con la deuda de 10 mil millones de pesos del programa
Plan Sonora Proyecta. Esos recursos están “relacionados con infraestructura
carretera y otros temas.
Lo que se plantea
aquí es que el incendio es doloso, provocado para eliminar esta documentación;
pruebas de un presunto fraude”.
Carlos Villalobos
Organista, secretario de Hacienda estatal, confirmó que su dependencia recibió
ayer la solicitud para conocer el tipo de archivos que se quemaron. No
obstante, “nos meten en un problema muy serio porque no hay evidencia de qué
clase de documentos hayan estado archivados ahí”, consignó Sinembargo.
El funcionario
estatal indicó que el Gobierno sonorense rentaba un centenar de bodegas en el
que eran archivados documentos de diferentes dependencias.
RESULTADOS EN UN MES, PROMETEN
El subprocurador
Heredia, además, anunció que el 5 de julio la PGR definirá el origen —y la
presunta intencionalidad— del siniestro.
Paralelamente, dijo,
se realizará “una investigación de la investigación” del caso. La indagatoria
ha sido fuertemente criticada, ya que a cuatro años del siniestro no se ha
concluido ni ha implicado despidos o sanciones a funcionarios de primer nivel.
“(La investigación)
nunca se ha cerrado, están en proceso 22 personas por delitos diversos (…),
pero las averiguaciones, hasta que no se ejecuten, pueden mantenerse vivas.
El punto es que el
23 de abril de 2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano, representante de
Manos Unidas por Nuestros Niños presenta (una denuncia), se inicia una
averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de investigación
vinculada con la posibilidad de que el incendio fuera provocado para eliminar
la documentación”, detalló el fiscal en entrevista con Radio Fórmula.
“Hay que indagar
precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material
suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material
que existe en la indagatoria.
Hay un dictamen
pericial, por ejemplo, en materia de incendios y explosivos que señala que éste
fue provocado, que se provocó directamente con algún encendedor o con algún
cerillo a partir de la presencia de turbosina”, expuso el subprocurador de la República.
Por separado y según
consigna Dossier Político, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de
Sonora en tiempos de la tragedia, aseguró que en la bodega sólo había placas:
“El estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la
Guardería ABC y no fue provocado. (…) Si yo hice algo u omití algo no fue
intencional”.
LA DENUNCIA
El pasado 20 de
mayo, padres que perdieron a sus hijos en la tragedia entregaron nueva
evidencia a la PGR, donde establecen que Carlos Andrés López Meza —quien fue
asesinado dos meses después del incendio— y tres trabajadores más provocaron el
fuego de la Guardería ABC al pretender desaparecer evidencia de la deuda
contraída por el ex gobernador Bours Castelo.
Integrantes de Manos
Unidas por Nuestros Niños especificaron en una nueva denuncia ante la PGR que
el incendio en la bodega de Hacienda fue provocado por personas al servicio del
guardaespaldas de Juan Carlos Lam, ex secretario técnico de Eduardo Bours.
Los padres de
familia denunciaron la participación de “tres personas sospechosas”, llamadas
telefónicas y testimonios de vecinos que refuerzan los resultados del primer
peritaje, que afirma que el incendio “fue provocado por la mano del hombre”.
“Sabemos de la
cercanía del señor Juan Carlos Lam Félix con el señor Eduardo Bours Castelo y
no creemos que el ex gobernador haya tenido algo que ver en todo esto, por ello
estamos seguros que él será el primer sorprendido ante este hallazgo, y no
usará su poder económico ni el de su grupo político para obstruir la justicia”,
asentaron los denunciantes en un comunicado posterior.
(DIARIO DEL
YAQUI/ APRO y Claudia Gil Medel/ Viernes,
07 Junio 2013 00:17)
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