Familiares acusan a policías, alcalde y gobernador de corrupción y complicidad
“Hola, soy Jénifer. Secuestraron a mi hermano”.
Cuando levantaron a su hermano en un supuesto secuestro, la
joven mazatleca y sus familiares recurrieron a las autoridades
municipales, a la Unidad Especializada Antisecuestros, al procurador, al
alcalde y al gobernador.
Y de todos obtuvo la misma respuesta: nada.
Ahora lo hace a través de las redes sociales. Denuncia y denuncia. Habla
de su dolor, de la impunidad, la violencia, la complicidad entre
autoridades y delincuentes, y la ausencia de justicia en Sinaloa y el
resto del país.
Todos los días, varias veces. Su metralla no tiene descanso: critica
al alcalde Alejandro Higuera Osuna, al gobernador Mario López Valdez, al
procurador Marco Antonio Higuera, y al hoy expresidente Felipe
Calderón, por heredar esta estela de muerte y destrucción y convertirse
en una vergüenza nacional.
El 4 de abril de 2013, Jenifer escribió en su muro en su muro del Facebook:
“Tengo algo que decirles… amigos hoy es un día muy, muy, muy triste… y
la tristeza me hace llorar pero no importa, ya me acostumbré. Sufrir,
llorar, tristeza, todo. Solo falta que me parta un rayo… el día está
nublado. No importa si tú no estás… no importa nada. Gracias señor
Calderón. Su guerra me dejó huellas en el alma, gracias. Dígame ¿a
usted, qué le dejó?”.
Los hechos
Antonio Sáenz Pratt, de 33 años, empresario y con domicilio en el
puerto de Mazatlán, fue visto por última vez el 9 de marzo de 2012,
alrededor de las 4 horas. Iba con varias personas y al parecer habían
recorrido antros del lugar. Entre sus acompañantes estaban su primo
Marco Antonio Ramírez y dos mujeres.
La víctima conducía una camioneta tipo L200, marcha Mitsubishi,
modelo 2010 y placas UB-53629, de Sinaloa. Lo último que dijo Antonio
Sáenz, de acuerdo con los testimonios de las personas aparentemente
implicadas y que declararon ante el Ministerio Público, fue que iba a
Culiacán. Y ya no se supo de él.
Preocupados, sus familiares acudieron el 12 de marzo a la Agencia
Tercera del Ministerio Público, con sede en Mazatlán, a interponer una
denuncia. Carlos Castillo Conde, padre de la víctima, informó a la
fiscalía y a los agentes del Ministerio Público que el 13 de mayo
recibió tres llamadas y todas ellas del mismo número: 6642632543.
“Esta llamada fue contestada por un sobrino de nombre Pedro Santos,
quien le manifestó que una persona de sexo masculino y de voz norteña
les dijo que él tenía a Antonio y que quería un millón de dólares,
respondiéndole que no contaban con esa cantidad de dinero, logrando
escuchar una voz pero no supo si se trataba del ofendido, pero que sí se
escuchaba que esa persona se quejaba como si lo estuvieran golpeando”,
reza el informe policial, oficio 044/2012, rendido a Marco Antonio López
Pérez, agente del Ministerio Público Especializado en Investigaciones
de Secuestros, por los policías investigadores, Omar Erasmo Carrillo y
Paúl Melgoza Millán.
En algunas de las visitas a la fiscalía o a las instalaciones de la
Policía Ministerial del Estado, Carlos Castillo se hizo acompañar por
una persona que dijo ser agente de la Policía Federal de Proximidad
Social —antes Federal de Caminos—, otro de la Policía Federal
Ministerial y uno más de la Ministerial del Estado. Informó que los
policías que andaban con él le estaban ayudando en las indagatorias.
“El negociador lo asesoró de la forma en cómo tenía que responder a
las llamadas que le hicieran los secuestradores, exigiéndole el
monetario a cambio de su hijo, se le instaló un equipo de grabación en
el teléfono celular en el cual había recibido las llamadas, y una vez
instalado sonó el teléfono”, informaron los agentes asignados.
El enemigo en casa
Marco Antonio Ramírez, de 32 años, originario de Villahermosa,
Tabasco, y con domicilio en Mazatlán, es primo de Antonio Sáenz Pratt y
participa en los primeros contactos que la familia tiene, a través del
teléfono, con los secuestradores. En al menos dos ocasiones contesta el
aparato cuando llaman los delincuentes. Pero la familia sospecha de él,
aunque no se lo dicen.
La tercera o cuarta llamada fue atendida por el padre de la víctima,
quien se trasladó desde fuera de Sinaloa y se hospedó en un hotel del
puerto. Platicó con los secuestradores y les anunció que ha reunido tres
millones de pesos luego de haber hipotecado algunas de sus propiedades,
pero que le pongan en el teléfono a su hijo para comprobar que está con
vida.
Al parecer, los secuestradores se molestan y amenazan con matarlo. El
padre se desespera, tiene problemas de salud y entra en crisis. Al
final logra calmarse. Entonces la familia se da cuenta que la tarjeta de
débito que tiene la esposa del secuestrado fue usada y entre quienes
hicieron compras con el plástico está Marco Antonio.
En la ampliación de la denuncia, el 22 de marzo Alejandra Noriega
Solís, esposa de la víctima, declara que el día 11 acudió a una sucursal
de Bancomer para revisar su tarjeta de débito 00187603541 y encontró
que habían hecho compras a su cargo: “fueron en un negocio llamado
Remates Paola, en Villa Unión, Mazatlán, el 9 de marzo, entre las tres y
las quince horas, identificándose con una identificación falsa y una
fotografía que no era la mía”.
Las indagatorias, algunas de ellas realizadas por los mismos
familiares, indican que las compras las hizo Marco Antonio Ramírez e
Isabel Grandes Carranza, quienes fueron identificados por las vendedoras
del negocio.
Las compras ascendían a cerca de 30 mil pesos y en la
lista de lo adquirido están una lavadora, una secadora, estufa,
refrigerador, un boiler, dos televisores, un enfriador de agua y una
cafetera, entre otros electrodomésticos.
“Después de esto, el día de ayer recibí una llamada del número
6691910529 (teléfono celular) y al teléfono de mi suegro también
llamaron de otro número 0050496911473 y hemos estado recibiendo amenazas
diciéndonos que nos van a matar e insultos muy fuertes, que nosotros no
vamos a vivir nunca en paz porque ellos así lo quieren y el nombre de
la persona que le habló a mi suegro es Luis Manuel Palma, que es el
verdadero apellido de Marco Antonio (Ramírez) el cual trabajaba con mi
esposo aquí en la ciudad”, señaló la esposa.
Marco Antonio laboraba en la empresa Central de Máquinas, un taller
de reparación de máquinas de construcción, propiedad de su primo Antonio
Sáenz Pratt.
Fue cuando los federales que apoyaban y custodiaban al
padre del hoy desaparecido se dieron cuenta que el sobrino estaba
implicado en el secuestro, lo detuvieron y lo entregaron a la Policía,
junto con su esposa. Y fue así, con este episodio, que las negociaciones
y exigencias de dinero se convirtieron en amenazas.
“Me fui por mi novia, ella se llama Topacio Nohemí Cabello Higuera y
le dije que me acompañara a Villa Unión. Como ya sabía que la tarjeta
estaba a nombre de mi primo, ya que llegamos a la tienda escogimos
varios muebles”, dijo Ramírez ante el Ministerio Público.
Manifestó sentirse avergonzado por haber abusado de la confianza de
su primo al usar la tarjeta, pero negó tener responsabilidad en su
secuestro: “Yo no cometí ese delito, lo que sí sé que hice fue cometer
abuso de confianza o fraude con la tarjeta de la esposa de mi primo”.
Jénifer, hermana de Antonio, cuenta que los federales que venían de
México y que estaban ayudando a su padre, le recomendaron que se
comunicara con los de la Unidad Antisecuestros de Sinaloa, ya que todo
parecía indicar que los delincuentes con los que estaban tratando no
eran profesionales.
“Ese día hablaron (los secuestradores) y se les dijo que ya tenían
tres millones de pesos, pero que lo pusieran al teléfono para saber que
mi hermano está bien. Dijeron que nos mandarían un brazo… vuelven a
llamar y al no estar Marcos, mi papá, que nunca se negó a darles el
dinero, contesta y les dice que pongan a mi hermano al teléfono.
Ellos insultan a mi papá y amenazan con matar a mi hermano. Cuando
llaman otra vez mi papá les dice que le pongan a su hijo y lo insultan
que para que llamó al Gobierno”, afirmó.
En este momento, agregó, se dan cuenta de la tarjeta de débito del
banco y los federales detienen a Marcos e Isabel, su esposa, y a Denis, y
los entregan a los ministeriales.
Fueron tres los detenidos: Marco
Antonio, Isabel Grandes Carranza y Fiama Denis Ramírez Grandes, hija de
ambos. Además, en las pesquisas aparece como implicado Luis Manuel
Balladares Palma, también identificado como Luis Manuel Palma, padre de
Marco Antonio, como partícipe del secuestro de Sáenz Pratt.
La detención fue el 15 de marzo de 2012. Versiones extraoficiales
indican que los agentes ministeriales los torturaron para que informaran
sobre el paradero del plagiado y horas después entregaron a los tres
detenidos a los del antisecuestros.
La familia acude a la comandancia
pero les piden que regresen al día siguiente, y así lo hacen. Entonces
se topan con la novedad de que los habían dejado en libertad por órdenes
de un comandante llamado Darío.
Bumerán
La familia explota y reclama a los jefes policiacos. Enterados de una
gira del mandatario por el sur de Sinaloa, lo abordan y le informan
sobre la liberación de los tres detenidos por este caso. El mandatario,
Mario López Valdez, parece indignado.
Se molesta y llama al
subprocurador Regional de Justicia de Mazatlán, Jesús Antonio Sánchez
Solís, y cuando este llega el gobernador lo regaña airadamente y le
pregunta por qué soltaron a los secuestradores. Lo hace frente a los
parientes de Sáenz Pratt.
El gobernador amenaza con quitarle el puesto y a los que hayan estado
implicados en este supuesto ilícito. Además, le pide a Carlos Castillo
Conde, padre de Antonio Sáenz, que acudan a Culiacán el lunes siguiente a
la oficina de Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado.
“El lunes mi papá, mi tía y mi hermano Érik van a Culiacán con el
procurador y llega el subprocurador con papeles que les dio Marcos de un
problema de mi papá y les dicen a mi familia que lo van a detener
porque él, mi papá, tiene un delito y que es buscado por las autoridades
de México. Mi padre al ver esto se da cuenta que están con Marcos y les
dice que él quiere a su hijo y no le importa nada. Salen de ahí y los
federales sacan a mi familia de Sinaloa”, cuenta Jénifer.
La madre de Antonio acude por su cuenta a Culiacán, acompañada de un
comandante de la Ciudad de México —se desconoce de qué corporación— y
habla con gente del Grupo Antisecuestros. La interrogan durante cerca de
cuatro horas y le muestran fotos y papeles que solo Marco Antonio
tenía. La señora les responde que busquen a su esposo si quieren, pero a
ella le interesa que investiguen el secuestro de su hijo y la
liberación de los presuntos responsables.
“Cuando llega mi madre a Mazatlán nadie la quiere atender, nadie de
Gobierno. Y mi mamá espera que salga el subprocurador (Jesús Antonio
Sánchez Solís) y habla con él en las escaleras de la oficina, le enseña
la foto de Antonio y le dice que le ayudé a buscarlo… pero el
subprocurador la amenaza, le dice que no le haga escándalos en Mazatlán
porqué la van a levantar, y que no pegara las papeletas con la
foto y la recompensa por las calles de la ciudad, que él se lo
prohibía”, manifestó la joven.
Pero no hizo caso y durante cerca de tres meses estuvo pegando carteles con la foto de su hijo por todo Mazatlán.
Personas allegadas a la madre y con vínculos con grupos de poder en
el puerto le confiaron que tanto el alcalde Alejandro Higuera y el
gobernador estaban molestos por el caso y por la denuncia interpuesta
por el padre del joven secuestrado, en contra de los servidores públicos
que dejaron en libertad a los tres supuestos plagiarios.
“Ellos le contaban muchas cosas, cómo Higuera, el gobernador y el
procurador juntaron a todos y los regañaron por la demanda que les puso
mi papá. Y que Higuera dijo ‘no quiero que este asunto dañe mi imagen,
que no publiquen nada y que no salga nada a la luz de este caso’”,
señaló Jénifer.
Búsqueda incesante
La familia mantiene la búsqueda, a pesar de que suma poco más de un
año y no hay avances en las investigaciones. En redes sociales y como
han podido, ofrecen una recompensa de 1 millón de pesos a quien informe
sobre el paradero de Sáenz Pratt.
Por su cuenta, con la participación de
amigos y de otros contactos, mantienen la esperanza de encontrar con
vida a Antonio, ya sea en el puerto sinaloense y fuera de la entidad, y
la exigencia de que los responsables de esta desaparición sean
castigados.
A través de una de estas personas, se enteraron de que una célula de los Zetas
mantienen cautivas a personas en una mina de la sierra del sur de la
entidad. Les dijeron que ahí podría estar Antonio, pero no han podido
dar con su paradero, además de que no cuentan con las autoridades
encargadas de seguir investigando el caso.
“MIGUEL ÁNGEL CABELLO LLAMAS, ÉL Y SU HIJA TOPACIO NOEMÍ CABELLO
HIGUERA, SON CÓMPLICES DE EL SECUESTRO DE MI HERMANO ANTONIO SAENZ
PRATT… EL GOBIERNO DE MAZATLÁN LOS PROTEGE… VIVEN EN CALLE NARCISO
MENDOZA #248 ESQ JUAN ALDAMA, COL. BURÓCRATAS, MAZATLÁN, SIN.”, grita
Jénifer desde su cuenta de Facebook, en la que se hace llamar Lobo Perdido.
Jénifer grita. No sabe de otra. Hace esfuerzos por sonreír, pero le
gana la lluvia de cada marzo y de cada día. Siente que no cuenta con
nadie. Está segura de ello, por eso traslada su rabia a las redes
sociales para que el caso de su hermano no quede en el desierto, en
algún solar baldío, en los archivos empolvados de lo que nunca se
investiga y queda en los estantes de las oficinas de la Policía y la
Procuraduría.
Ella se ha encargado de traspasar esas gruesas paredes y arrojar luz
sobre las obesas sombras y darse esperanza en tiempos de silencio, en
tiempos en que es escasa, en tiempos en que no la hay. Se sabe sola pero
se acompaña.
Están con ella los cientos o miles de seguidores en las
redes sociales. No se arredra: apura y aplasta las teclas de la
computadora.
Es un lobo estepario, como muchos mexicanos. Un lobo
herido, perdido, náufrago. Pero no uno callado, rendido o domesticado.
No.
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