ESPIAR EN MÉXICO, UN DÍA DE CAMPO

Raymundo Riva Palacio

 

El espionaje que realiza un gobierno sobre sus gobernados, siempre ha sido motivo de conflicto. En los regímenes autoritarios no hay forma de enfrentarlo, pero en los sistemas abiertos, los espacios para combatirlo son amplios y sólidos. Pero para que este sistema funcione y sirva de contención al Gobierno, la sociedad tiene que actuar como anticuerpo. 

 

 Hay países maduros donde la sociedad presiona a los medios -sus voceros-, para que los defiendan de lo que consideran abusos, y hay otras –como la mexicana-, donde la sociedad presiona a los medios para mantener privilegios. En las primeras se avanza; en las segundas, gana el status quo y el reacomodo.

Durante las dos últimas semanas se desató un escándalo mundial por el programa de vigilancia electrónica de las telecomunicaciones del gobierno de Estados Unidos, donde a través de cuatro programas para telefonía e Internet, minaron millones de datos de personas que podían tener vínculos con el terrorismo, y colateralmente se metieron a ver sus registros personales y su relación con un número incalculable de usuarios. 

 

El espionaje no ha escalado hacia un conflicto que ponga en peligro la presidencia de Barack Obama porque está dentro de la ley. 

 

 Puede no gustarle a muchos, pero el marco jurídico le da el espacio a Obama para sobrevivir. Lo que no impide es la discusión sobre la invasión de privacidad, que viola las garantías individuales, que es uno de los derechos fundamentales de las personas.

En una sociedad abierta, como por ejemplo la inglesa, cuando proliferó la instalación de las cámaras de vigilancia en las calles de Londres se dio una intensa discusión pública sobre si esas cámaras no violaban la privacidad de las personas, aún si fuera en una vía pública. 

 

Aunque el argumento fue derrotado, el mero hecho de haberlo puesto a discusión reflejó a una sociedad en permanente defensa de sus derechos que obliga a crear consensos sobre acciones que, como en ese caso, beneficiarían a la propia sociedad sin conculcar sus derechos fundamentales.

Una sociedad inmadura, como la mexicana, ha llegado al extremo de justificar los espionajes telefónicos como un mecanismo de rendición de cuentas políticas. 

 

Grupos interesados en dañar a sus adversarios han gozado de puertas abiertas en los medios de comunicación que, sin cuestionar procedencia y motivaciones, difunden acríticamente los contenidos.

 

 Estos grupos cuentan con la ayuda de la propia clase política, que se monta en el espionaje para denostar rivales. En ningún caso se pregunta quién espió y mucho menos se investiga al autor o autores del delito. 

 

Se suele estigmatizar a quienes atrapan en sus chapucerías, irregularidades e incluso ilegalidades, pero al estar diseñada esa acción como un método que intenta acabar con políticos –algo que rara vez sucede- y no para que el sistema de justicia actúe contra quien violó la ley, su efecto es efímero y sin trascendencia real que beneficie a la sociedad.

Esta práctica no es vieja en México, aunque el espionaje político ha sido un brazo de la política gubernamental desde finales de los 40, cuando se creó la Dirección Federal de Seguridad, precursora del Cisen. 

 

Durante la segunda parte del siglo pasado su información se utilizó con fines de poder político, no como un método para ventilar extractos de expedientes o documentos falsos para dañar adversarios.

El giro se dio en la primera década del año, con la llegada de los gobiernos panistas, donde no sólo se empezó a recurrir a ese tipo de acciones para perjudicar principalmente a priistas, sino que se toleró que grupos ajenos al gobierno en turno realizaran espionaje y los difundieran. 

 

Permitir que el espionaje se convirtiera en un recurso de los políticos para ajustar cuentas, pervirtió la disciplina de la inteligencia que requiere un Estado para salvaguardar su seguridad interna y su seguridad nacional. Para la gran mayoría de los mexicanos, inteligencia es sinónimo de espionaje, aunque sean muy distintas. 

 

Hoy en día, la inteligencia en México, admiten funcionarios, es deficiente, pero el espionaje es claramente boyante. La pregunta es por dónde quiere caminar el gobierno de Peña Nieto.

Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación porque en los primeros meses de la administración hubo un giro en las solicitudes de compra de equipo del Cisen a proveedores en esa nación. 

 

Según explicaron, dejaron a un lado la adquisición de equipos de inteligencia para intensificar la compra de equipos de intrusión y disrupción telefónica, que está más asociado con el espionaje. 

 

Como éste es un tema que entra en la categoría de la seguridad nacional, no es algo que fácilmente se pueda abrir a los medios. Pero el Congreso es otra cosa. Ahí es donde se debe y se puede pedir al Cisen información sobre lo que está comprando y el porqué de ese cambio de orientación. 

 

Las primeras señales de hacia dónde vamos no son luminosas y tendríamos que saber de alguna manera, como sociedad, qué pasos está siguiendo nuestro gobierno, para saber con mayor claridad, que nos espera en el sexenio.

 

(ZOCALO/ Columna de Raymundo Riva Palacio/ 17 de Junio 2013)