Redacción
MÉXICO,
D.F. (apro).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al
gobierno de México preservar los derechos de los pueblos indígenas y
adecuar la ley minera que contravenga las garantías de las comunidades
originarias.
El reporte de ONU, presentado en el marco del Foro
Permanente para la Cuestiones Indígenas, advierte que, ante los abusos
perpetrados contra comunidades por parte de empresas mineras, México
debe revisar el marco legal en la materia con el fin de garantizar los
derechos de sus pueblos indígenas.
“La intensidad de los
conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las
protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la
pérdida de vidas humanas, es preocupante”, se destaca en el informe.
Los
conflictos reflejan, alertó ONU, “una importante ausencia del Estado
para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”
frente a los intereses de las empresas mineras.
A menudo, deploró,
las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallan en sus
obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales.
En el
reporte se consigna, que es frecuente que los conflictos surjan debido a
la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de
obtención del consentimiento libre, previo e informado; y en otras
ocasiones por problemas ambientales o laborales.
La mayor parte de
los conflictos, se puntualiza en el informe, se dan en la franja que
ocupan las empresas “juniors” o “canadienses”, debido al modelo de
explotación intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que
producen notorios pasivos ambientales.
Por ello se recomienda
aprobar una ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e
informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, sugirió armonizar la Constitución, en particular los artículos 2, 26, 27 y 115, y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
También pidió revisar la
legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de
explotación, así como reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales,
Agraria, General de Bienes Nacionales y Federal de Derechos para que
sean acordes con los derechos indígenas.
Por último, recordó que
es la tarea del Estado frenar “la criminalización de las protestas de
los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los
responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.
/ 24 de mayo de 2013)
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