Confirma la ASF desorden,
anarquía y saqueos de recursos públicos en Sinaloa
Alejandro Sicairos
Bastó que la Secretaría de la Función Pública realizara una revisión
aleatoria sobre los recursos financieros que la Federación le destinó a Sinaloa
en 2011 para que emergiera el caos administrativo que caracteriza al gobierno
de Mario López Valdez: pagos sin facturas, remuneraciones a personal inexistente,
compras sin la debida licitación, gastos sin comprobar, subejercicios
presupuestales… más lo que se acumule.
Las observaciones de la ASF que ponen en duda el adecuado manejo de unos
830 millones de pesos del gasto federalizado de 2011, evidencian a todas las
áreas de la administración pública —principalmente seguridad pública, salud y
educación— incluso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que
dirige la esposa del gobernador, la señora Sofía Carlón de López.
El dictamen de la ASF sobre el rubro Fondo de Aportaciones Múltiples
establece que el DIF realizó dos adquisiciones por 372 mil y 181 mil pesos,
bajo la modalidad de cotización por escrito, con cargo en los programas
Equipamiento ludoteca CADI-CAIC I y Equipamiento ludoteca CADI-CAIC II, que no
contaron con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.
El DIF no informó a la Secretaría de Administración y Finanzas ni a la
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa
las operaciones que, por excepción a la licitación pública realizó con cargo en
el fondo, relativas a cuatro adquisiciones realizadas por 2 millones 133 mil
pesos bajo la modalidad de cotización por escrito, y dos adquisiciones por 696
mil pesos bajo la modalidad de concurso por invitación restringida.
Omitió elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 en donde se identifiquen
los programas alimentarios y de asistencia social por financiarse con los
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Tampoco elaboró el contrato correspondiente a la adquisición del programa
Equipamiento de los centros de rehabilitación por 270 mil pesos, adjudicado
bajo la modalidad de cotización por escrito.
La rebatinga en la administración pública estatal es generalizada. Con
recomendaciones de la ASF en todos los órdenes para que se investigue y se
finquen responsabilidades a funcionarios que resulten responsables, el gobierno
de Malova tiene tres meses para justificar y subsanar las irregularidades.
Sin embargo, para el gobernador la situación no es grave. “Solo son
observaciones”, respondió a reporteros que la semana pasada lo cuestionaron
sobre las irregularidades encontradas en Sinaloa por la ASF.
Y ordenó a sus colaboradores responder a los señalamientos de la ASF “o
enfrentar las sanciones” que deriven de la auditoría.
Seguridad: subejercicio y
desaseo
En lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados, que en 2011 destinó a Sinaloa 203 millones 802 mil pesos, se
examinó una muestra de 133 millones 718 mil pesos, que representó el 65.6 por
ciento de los recursos transferidos.
La ASF encontró que al 31 de diciembre de 2011 el Gobierno de Sinaloa solo
ejerció 119 millones 250 mil pesos, que representaron el 58.5 por ciento de los
recursos ministrados, por lo que hubo un subejercicio del 41.5 por ciento, por
84,552.4 miles de pesos.
En cuanto a las consecuencias sociales de las irregularidades encontradas,
se resuelve que Sinaloa reportó inoportunidad en el ejercicio de los recursos
del FASP, debido a que al 31 de diciembre de 2011 solo había ejercido el 58.5
por ciento del total de los recursos transferidos en el ejercicio 2011, lo que
impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad
pública destinados para salvaguardar la integridad y derechos de las personas,
así como preservar la libertad, el orden y la paz pública de la población.
Además detectó pagos improcedentes por 6 millones 131 mil pesos, falta de
documentación comprobatoria por 571 mil pesos, bienes adquiridos no autorizados
por 1 millón 346 mil. También se ejercieron 4 millones 500 mil pesos para la
impartición del curso de “Adiestramiento básico para grupo táctico”, mismo que
no contó con la autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Establece el órgano fiscalizador que en lo concerniente al FASP, entre
otras irregularidades, no se contó con mecanismos de control para asegurar el
ejercicio de los recursos dentro del ejercicio fiscal al cual fueron asignados,
ni con controles que garantizaran que las órdenes de compra o pedidos por la
adquisición de bienes contaran con los requisitos mínimos que señala la
normativa. Observa que los recursos del fondo no se administraron en una cuenta
bancaria específica.
“La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria específica para la
ministración de los recursos del FASP del ejercicio 2011; sin embargo, los
recursos fueron transferidos a una cuenta bancaria ajena al fondo, los cuales
después fueron transferidos a una cuenta bancaria denominada pagadora,
administrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública. Asimismo, en el periodo de mayo a agosto de 2011, fueron incorporados
remanentes de otros ejercicios, por lo que los recursos del fondo no fueron
administrados en una cuenta bancaria específica”.
En la acción de Transporte Terrestre del proyecto Equipamiento de Personal
Policía Preventiva Estatal, se ejercieron 7 millones 791 mil de pesos; y en la
acción de Transporte Terrestre del proyecto Equipamiento de Personal Policía
Judicial, se ejercieron 14 millones 757 mil pesos. En ambos casos la
adquisición se llevó a cabo sin fundar y motivar adecuadamente la excepción a
la licitación pública.
Entre las recomendaciones formuladas por la ASF, están las dirigidas a la
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas para que realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores
públicos que en su gestión no administraron los recursos del fondo en una
cuenta bancaria específica, o que en su gestión no ejercieron el cien por
ciento de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2011.
También se insta a la UTRC para que realice las investigaciones pertinentes
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los
actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron
procedimientos de adquisiciones sin fundar ni motivar adecuadamente la
excepción a la licitación pública, efectuando pagos improcedentes.
Salud y las áreas cancerígenas
En recursos federales transferidos en 2011 al Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud, Sinaloa recibió 1,676 millones 497 mil pesos. De estos
la ASF revisó una muestra de 1,417 millones 606 mil pesos, que representa el
84.6 por ciento.
Entre las debilidades que la ASF localizó en el Sistema de Salud de
Sinaloa, sobresalen las siguientes:
No poseen actividades de control que les permitan asegurar que en los
pedidos de medicamentos se incorporen cláusulas de penalización y cumplan con
los requisitos de la normativa.
La Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa (SAF) y los SSS utilizaron
más de una cuenta bancaria para la recepción y administración de los recursos
del fondo.
Los SSS no tienen medidas de control para asegurar que las plazas
autorizadas no sean ocupadas por personal que desempeña funciones distintas al
perfil de puesto.
No formularon un programa anual de adquisiciones para el ejercicio 2011 que
asegurara un abasto suficiente y oportuno para evitar la entrega parcial de los
medicamentos prescritos en las recetas médicas a los pacientes.
Los SSS registraron los ingresos del fondo en su sistema contable, sin
embargo los rendimientos financieros por 3 millones 557 mil pesos no fueron
registrados presupuestalmente.
Reportaron 1,725 millones 865 mil pesos en el documento Ejercicio acumulado
por partida al 31 de diciembre de 2011, sin precisar las fuentes de
financiamiento; monto que difiere del reportado en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2011 por 1,676 millones 497 mil pesos, por lo que existe una
diferencia de 49 millones 368 mil pesos.
Adjudicaron de manera directa e invitación a cuando menos tres proveedores
44 pedidos por 71 millones 820 mil pesos, de los cuales no emitieron el
dictamen que justifique y acredite la excepción a la licitación que funde y
motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez
y transparencia que garanticen las mejores condiciones para el Estado.
En la visita al Centro de Distribución se detectó medicamento caduco de
diversas unidades médicas por 1 millón 182 mil pesos, sin que se haya iniciado
el proceso de destrucción y confinamiento final. Del resultado se advierte su
reincidencia toda vez que la misma irregularidad fue observada por la Auditoría
Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010.
En cuanto a las principales irregularidades que causan un posible daño
patrimonial a la hacienda pública federal destacan: 2 millones 932 mil 586
pesos por destinar recursos para el pago de arreglos florales, evento navideño,
gastos de carnaval y gastos del sindicato, conceptos no autorizados, así como
por 39 millones 157 mil 896 pesos por destinar recursos para el pago de
compensaciones, sin contar con la autorización de la Junta de Gobierno.
También se establece posible prejuicio a las finanzas federales por un
monto de 25 millones 333 mil 200 pesos el pago de vales de despensa a personal
regularizado y estatal sin autorización de la Junta de Gobierno.
La ASF recomienda al Gobierno de Sinaloa implementar en lo subsecuente las
acciones necesarias a fin de que los Servicios de Salud de Sinaloa registren
presupuestalmente los rendimientos financieros generados en el ejercicio,
elaboren un programa anual de adquisiciones y que en las bases de los procesos
de licitación pública e invitación restringida de por lo menos tres proveedores
se incorpore la especificación de la verificación de la calidad de los bienes,
la indicación del periodo de contratación y el modelo de contrato.
Se instruye a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas para que
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores
públicos que en su gestión no abrieron una cuenta bancaria específica para la
recepción y administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud.
También contra aquellos que adjudicaron 44 pedidos por 71 millones 820 mil
pesos, sin emitir el dictamen que justifique y acredite la excepción a la
licitación.
Resuelve la ASF en sus observaciones que en Sinaloa “la atención a la
población que no tiene acceso a los servicios de salud estuvo limitada de
manera sustancial, toda vez que el servicio de salud y el abastecimiento de
medicamentos careció de oportunidad, cobertura y calidad”.
Educación
y malas lecciones
La revisión de la Auditoría Superior de la Federación comprendió la
verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
y Normal, aportados por la Federación durante el año 2011 al estado de Sinaloa,
por 7,070 millones 672 mil pesos. La muestra para su examen fue de 6,620
millones 993 mil pesos, que representó el 93.6 por ciento de los recursos
transferidos.
Aquí detectó una serie de anormalidades:
Se generaron rendimientos financieros en las cuenta bancaria productiva a
cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa,
por 8 millones 546 mil pesos, sin embargo, no se transfirieron a los SEPDES.
Existen deficiencias en la actualización de las plantillas del personal, lo
que origina la existencia de personal no identificado en los centros de trabajo
visitados.
Se pagaron 2 millones 960 mil pesos a 26 trabajadores que estuvieron
adscritos en tres centros de trabajo de los que se desconoce su relación con la
educación básica o la actualización de docentes; así como 36 millones 544 mil
pesos a 298 empleados a quienes se les realizaron pagos posteriores a la
clausura de los 56 centros de trabajo donde estuvieron adscritos.
Se realizaron pagos a 6,335 trabajadores, por 103 millones 533 mil pesos,
que contaron con cinco categorías que no fueron identificadas en el catálogo de
categorías y puestos.
Los SEPDES realizó 9,102 pagos a 117 trabajadores comisionados con goce de
sueldo a las diferentes secciones sindicales, por 45 millones 997 mil pesos,
cuando las comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo.
Los SEPDES realizó 10,240 pagos por concepto de carrera magisterial a 665
trabajadores que no contaron con algún nivel dentro del programa, por 45
millones 87 mil pesos.
Durante las visitas que los auditores de la ASF hicieron a centros de
trabajo, no se localizó a 166 trabajadores a los que se les realizaron 11,422
pagos por 30 millones 627 mi pesos.
En las recomendaciones, la ASF instruye al Gobierno de Sinaloa a subsanar
estas y otras irregularidades señaladas.
El tamaño del botín
Las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación
afectan a los siguientes fondos y presumen un probable daño o perjuicio, o
ambos a la Hacienda Pública Federal, por los montos descritos:
Fondo Monto afectado
De Aportaciones Múltiples
$241,999.28
De Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $17’458,964.48
De Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados $7’870,111.93
De Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades $267’163,130.65
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa $50’320,302.27
Convenio para Coordinar el Establecimiento del Colegio de Bachilleres en el
Estado de Sinaloa $33’342,496.55
De Aportaciones para los Servicios de Salud $105’987,216.28
De Aportaciones para la Educación Básica y Normal $354’955,374.27
Llama Morgan a Malova a no desestimar las observaciones de la ASF
La posibilidad de la
sospecha
Las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, más que
ser solo eso, significan la posibilidad de la sospecha porque los gobiernos no
han cumplido con la normatividad para el buen manejo de los recursos públicos,
señala Rafael Morgan Ríos, ex secretario de la Función Pública.
Entrevistado sobre la postura que asumió el gobernador Mario López Valdez
al conocer el resultado de la revisión que la Auditorí͡ Superior de la
Federación hizo en Sinaloa a la aplicación de recursos federalizados, las
cuales son para el mandatario “solo observaciones, Morgan Ríos recordó que cada
vez más los medios de comunicación y los órganos legislativos le dan mayor
importancia a los trabajos que realiza la ASF “porque pueden convertirse en
causales de responsabilidad y en algunos casos en fuertes sanciones para
servidores públicos”.
Opina que el trabajo de la auditoría mayor no solo consiste en hallar las
deficiencias sino en recomendar acciones correctivas y, de no atenderse,
considera más graves las omisiones señaladas.
“El procedimiento es que la ASF pasa los dictámenes a la Secretaría de la
Función Pública o a las unidades de transparencia y rendición de cuentas de los
estados, instancias que tienen que hacer su trabajo tratándose de faltas
graves”.
Morgan Ríos explica que al estar bien hechas las observaciones se da un
cierto plazo a las entidades públicas auditadas para que las expliquen o las
justifiquen y de no hacerlo puede existir una acción sancionadora de acuerdo al
tamaño del daño ocasionado a los recursos públicos.
Aconseja al gobierno de Mario López Valdez que atienda y aporte pruebas
para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ya
que ello le permitirá prevenir y corregir probables actos de corrupción que
posteriormente se convertirían en un gran problema para Sinaloa.
Además, establece el ex secretario de la Función Pública, las observaciones
de la ASF le pueden servir a la Auditoría Superior del Estado para intervenir y
empujar para que los recursos públicos federalizados o estatales se utilicen de
la manera más correcta posible.
“Las observaciones de la ASF son un mensaje para la Unidad de Transparencia
y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, por lo cual no deben restarle
importancia y en cambio sí redoblar esfuerzos para combatir la corrupción e
ineficiencia administrativa”, apuntó.
Se trata de que no haya impunidad, puntualizó Morgan Ríos, porque si la hay
se incrementarán exponencialmente la corrupción y la ineficiencia.
(RIODOCE.COM.MX/ Alejandro Sicairos/ marzo 3, 2013)
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