Los colonizadores no pudieron someter a la etnia de
hombres y mujeres sonorenses, curtidos por el sol y de piernas y brazos largos
MÉXICO
(SINEMBARGO.mx)._ Los colonizadores no pudieron someter a la etnia de hombres y
mujeres sonorenses, curtidos por el sol y de piernas y brazos largos. Porfirio
Díaz los asesinó en los campos de Henequén de Yucatán. Ellos pelearon por su
vida y territorio y se armaron y resguardaron en las montañas.
Pero después del
porfiriato su resistencia no terminó. A lo largo de los años y de los gobiernos
modernos, la etnia se ha manifestado en contra del despojo. En esta ocasión
sostiene desde 2010 la defensa de la Cuenca del Río Yaqui en contra del
proyecto Acueducto Independencia de Guillermo Padrés Elías, actual Gobernador
de Sonora.
Hoy están a punto de
lograr lo que pocos indígenas: Que la Suprema Corte falle a su favor, después
de que atrajo un juicio de amparo que la tribu interpuso en mayo de 2011 en
contra de la autorización condicionada que emitió en febrero de ese año la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Manifestación de Impacto
Ambiental para la construcción de la obra considerada como la más importante
del Gobierno de Padrés.
La obra, que tiene
un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de
2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui,
en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a
través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Andrea Ulisse
Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, considera que debido a que el Gobierno de Sonora
violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los opositores del
acueducto y al menos dos órdenes judiciales dictadas por jueces de Ciudad
Obregón para detener la obra, se espera con optimismo un fallo a favor de los
yaquis.
La Semarnat para
otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el
impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que
es competencia de la Comisión Nacional del Agua, detalla.
El abogado de Cemda
establece que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley
de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca
hídrica a otra.
Según el Cemda, el
Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la
región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se
pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP)
Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región
Hidrológica Prioritaria Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Entre otras
consideraciones por las cuales la tribu Yaqui podría verse favorecida por el
fallo de la SCJN, está que las autoridades sonorenses violaron derechos de los
agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida el año pasado y dirigida a la
Semarnat y al Gobernador Guillermo Padrés.
En esta
recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua
del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes
de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a "la falta de implementación de
políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a
fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su
abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la
violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la
consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat".
Andrea Cerami
explica que las etnias tienen derecho desde 1990 a ser informadas y llamadas a
consulta pública desde las primeras etapas del proyecto, cuando el Gobierno
pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
La etnia Yaqui es
dueña del territorio que ahora defiende desde 1940, cuando Lázaro Cárdenas del
Río, integró las tierras y aguas a la tribu a través de un decreto. En 1971 le
fueron otorgadas legalmente 474 mil hectáreas donde ahora se asientan sus ocho
pueblos: Vícam, Rahum, Tórim, Huiribis, Belén, Bácum, Pótam y Cócorit.
$3,860 millones
La inversión que se
hizo en el Acueducto Independencia.
(DOSSIER POLITICO/ SIN EMBARGO/ 2013-02-06)
No hay comentarios:
Publicar un comentario