Un pueblo del desierto lucha porque el gobierno no le
arrebate su agua. La tribu Yaqui libra una nueva batalla, pero sin fusiles ni a
salto de mata, ahora su pelea es en el tribunal de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
Shaila Rosagel
Ciudad de México, 5
de feb (SinEmbargo).– Los colonizadores no pudieron someter a la etnia de
hombres y mujeres sonorenses, curtidos por el sol y de piernas y brazos largos.
Porfirio Díaz los asesinó en los campos de Henequén de Yucatán. Ellos pelearon
por su vida y territorio y se armaron y resguardaron en las montañas.
Pero después del
porfiriato su resistencia no terminó. A lo largo de los años y de los gobiernos
modernos, la etnia se ha manifestado en contra del despojo. En esta ocasión
sostiene desde 2010 la defensa de la Cuenca del Río Yaqui en contra del
proyecto Acueducto Independencia de Guillermo Padrés Elías, actual gobernador
de Sonora.
Hoy están a punto de
lograr lo que pocos indígenas: Que la Suprema Corte falle a su favor, después
de que atrajo un juicio de amparo que la tribu interpuso en mayo de 2011 en
contra de la autorización condicionada que emitió en febrero de ese año la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la obra considerada como la
más importante del gobierno de Padrés.
La obra, que tiene
un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de
2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui,
en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a
través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Andrea Ulisse
Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Pública del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), considera que debido a que el gobierno
de Sonora violó derechos humanos de la etnia, incluso con ataques a los
opositores del acueducto y al menos dos órdenes judiciales dictadas por jueces
de Ciudad Obregón para detener la obra, se espera con optimismo un fallo a
favor de los yaquis.
La Semarnat para
otorgar la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental sólo evaluó el
impacto de la tubería, pero omitió los efectos sobre el agua, argumentando que
es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalla.
El abogado de Cemda
establece que el acueducto es un proyecto que impacta en extremo y que la Ley
de Aguas Nacionales prevé como última medida el extraer agua de una cuenca
hídrica a otra.
Según el Cemda, el
Acueducto Independencia generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la
región, afectará los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se
pretenden desviar, pondrá en riesgo la Región Terrestre Prioritaria (RTP)
Bavispe-El Tigre localizada en la Cuenca del Río Yaqui y a la Región
Hidrológica Prioritaria (RHP) Río Yaqui-Cascada Basaseachic.
Entre otras
consideraciones por las cuales la tribu Yaqui podría verse favorecida por el
fallo de la SCJN, está que las autoridades sonorenses violaron derechos de los
agricultores y del pueblo indígena según la recomendación número 37 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida el año pasado y dirigida a
la Semarnat y al gobernador Guillermo Padrés.
En esta
recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua
del gobierno del panista, pues generó división y ataques entre los habitantes
de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de
políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a
fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su
abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la
violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la
consulta del pueblo yaqui, por parte de la Semarnat”.
Andrea Cerami
explica que las etnias tienen derecho desde 1990 a ser informadas y llamadas a
consulta pública desde las primeras etapas del proyecto, cuando el Gobierno
pretenda realizar obras públicas que afectarán a sus recursos naturales.
La etnia Yaqui es
dueña del territorio que ahora defiende desde 1940, cuando Lázaro Cárdenas del
Río, integró las tierras y aguas a la tribu a través de un decreto. En 1971 le
fueron otorgadas legalmente 474 mil hectáreas donde ahora se asientan sus ocho
pueblos: Vicam, Rahum, Torim, Huiribis, Belen, Bácum, Potam y Cócorit.
EL “MONUMENTO AL
TUBO”
Mientras el gobierno
de Padrés Elías violaba los derechos de los yaquis y el Movimiento Ciudadano
por el Agua realizaba protestas por la construcción del acueducto, se cerraba
la carretera internacional y los activistas denunciaban actos de intimidación
de funcionarios públicos, en el bulevar Rosales, justo en la Plaza de los 100
años, se construía el “Pabellón del Agua” con un costo de 450 mil pesos.
Guillermo Padrés
para demostrar su orgullo por una de las obras más importantes de su
administración, el Acueducto Independencia, mandó hacer este pabellón
constituido por un pieza de tubería de acrílico de 16 metros por 52 pulgadas de
diámetro e inaugurado el 24 de mayo de 2011 y al que los hermosillenses no
tardaron en bautizar como “Monumento al Tubo”.
Entonces las
protestas no sólo se escucharon al Sur del estado de Sonora, sino que el
“Monumento al Tubo” fungió como un lienzo donde los ciudadanos dejaron sus
consignas en contra de la obra. Incluso hubo manifestaciones con pancartas
donde jóvenes exigieron recursos para la construcción de una preparatoria.
Leyendas como “En
Kino no tenemos Prepa y gastaron 450 mil pesos en este tubo. Gracias Sr.
Gobernador” (refiriéndose a la comunidad de Bahía de Kino).
En cuestión de días
El Pabellón del Agua quedó tan grafiteado, que no tardó en convertirse en una
verdadera molestia para las autoridades.
Molestia que se
reflejó una madrugada de julio de 2011 (en menos de dos meses de su
instalación) cuando fue retirado mientras Hermosillo dormía y que según
registró el diario El Imparcial, inició a las 3:00 horas con la ayuda de 30
trabajadores del ayuntamiento, dos grúas y camiones de carga.
Al día siguiente, el
“Monumento al Tubo” se había esfumado, como si no hubiera pasado nada.
A más de un año de
distancia, los yaquis continúan esperando a que suceda lo que desde un
principio pugnaron: que las autoridades se tomen el tiempo de consultarlos y
demostrarles que la obra no afectará a sus recursos hídricos.
EL RETO DE LA CORTE
La Suprema Corte
debió dar un fallo sobre el caso Yaqui hace quince días, sin embargo lo pospuso
y aún se desconoce una nueva fecha.
De acuerdo con
Andrea Cerami podrían ser semanas o meses. Pero la obra Acueducto Independencia
avanza, y aunque todavía le falta la toma de agua, podría concluir en este
primer trimestre de 2013.
Hace dos semanas el
caso Florence Cassez estaba “caliente” y la Suprema Corte dejó para después el
caso de los yaquis, donde por cierto, también se apelan violaciones al debido
proceso, argumento válido para otorgarle la libertad a la ciudadana francesa.
Cerami dice que la
Ley es clara, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los tratados internacionales en derechos humanos y las
normas ambientales. Pero la decisión es de los jueces.
“Las sentencias
donde se hace valer ese tipo de derecho a la consulta no son muchas, hay sólo
una ante la Suprema Corte. Fue muy bueno que atrajera el caso del acueducto, la
autoridad está ante la oportunidad de iniciar una nueva etapa en la que se
reconoce todo este marco normativo”, subraya el abogado.
(DOSSIER POLITICO/ Shaila Rosagel / Sin Embargo
/2013-02-05)
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