Luciano Campos Garza
MONTERREY, N.L.
(apro).- El doctor Otilio Cantú González está decepcionado de la justicia
mexicana.
Un grupo de
militares que hacían labor de policías asesinaron a balazos a su hijo Jorge
Otilio Cantú Cantú la madrugada del 18 de abril de 2011, al sur de esta
capital.
Desde entonces, el
expediente 239/2011 ha pasado entre juzgados, tribunales y agencias
ministeriales, y aún no se establece quién será la autoridad que juzgará a los
siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicados en
homicidio calificado y encubrimiento.
El doctor Otilio
Cantú denuncia que, en el último giro en el juicio que se sigue a los
inculpados por la muerte de su hijo, quien recibió más de 20 balazos, un
Tribunal Colegiado ya asignó el caso a un juzgado federal, pero éste se niega a
iniciar el procedimiento por supuesta incompetencia.
El padre de la
víctima explica que el 24 de enero pasado el Octavo Tribunal Colegiado en
Materia Penal, con sede en el Distrito Federal, dictó sentencia en el segundo
juicio competencial 17/2012 para determinar qué autoridad juzgaría a los
militares, quienes la madrugada de los hechos patrullaban como policías
preventivos en calles de Nuevo León.
Inicialmente se
anunció que un juez militar procesaría a los soldados, pero después el
expediente fue turnado a un juzgador civil. Para dirimir el conflicto, el
Tribunal Colegiado analizó el caso y sentenció que fuera el Juzgado Sexto de
Distrito en Materia Penal con sede en Nuevo León el que debía conducir el
proceso.
Sin embargo, el juez
en esta entidad de nuevo rechazó aceptar el caso, lo que contraviene principios
legales, dice el doctor Otilio Cantú.
“La ley establece un
plazo de cinco días hábiles para la notificación, que se cumplieron el pasado
31 de enero, sin embargo nos encontramos frente a una renuencia de los jueces
para asumir su competencia y responsabilidad”, acusó.
Esta violación
constitucional, señala, le provoca impotencia, pues los diferentes poderes
“pisotean” la ley sin recibir un castigo formal por ello.
“En lo que se
debería pensar es cómo obligar a cumplir y hacer cumplir las leyes que se
violentan constantemente por dolo, impunidad, corrupción y, o incompetencia o
por desconocimiento de la Constitución, por los propios jueces que dan a cada
ley su propia interpretación”, señala.
También subraya que,
por lo visto, el sistema penal en el país ha desdeñado el caso del joven que
fue asesinado días después de haberse casado y al día siguiente que regresaba
de su luna de miel para integrarse al trabajo.
“Todo lo que se ha
hecho fue minimizar el caso y dilatarlo ya 21 meses, sin que se pueda hacer
justicia, que es la que necesitamos las personas agraviadas por criminales. Es
justicia mal aplicada. Ahora le toca a la familia esperar a que el Juzgado
Sexto reciba el caso, continuando la ‘revictimización’ tan señalada por los
organismos de derechos humanos pero que parece no importar a nadie”, lamenta.
De los siete
militares que están actualmente en prisión, tres son juzgados por homicidio
calificado, tres por encubrimiento y uno por ambos delitos.
(PROCESO/ Luciano Campos Garza/ 6 de febrero de 2013)
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