MINERÍA VORAZ E IMPUNE

Foto: Tomada de Internet.- Mina San Felipe

Durante 2017 la producción minera en el país superó los 32 mil millones de dólares. Actualmente existen 25 mil 786 permisos para la exploración y explotación de minas, el 80 por ciento otorgados a empresas canadienses. La investigación del periodista Jesús Lemus, autor del libro “México a Cielo Abierto”, establece que el crimen organizado opera en minas de Coahuila, Michoacán y Sinaloa. Defensores de derechos humanos y comunicadores, muertos o desaparecidos por denunciar explotación del suelo

Entre el despojo de agua y tierras, desplazamiento poblacional, disputa por los recursos naturales, contaminación ambiental, amenazas a la comunidad, violación a los derechos laborales y presencia del crimen organizado, existen unos mil 700 conflictos ocasionados por la actividad minera y la explotación irracional del suelo en México.

La cifra, superior en casi cuatro mil por ciento a los 43 conflictos reconocidos por el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica (OCMAL), es producto de la investigación del periodista J. Jesús Lemus Barajas, autor del libro “México a Cielo Abierto”, una radiografía que expone la crueldad de algunas concesionarias trasnacionales que no solo devastan el suelo nacional, sino que se apoderan de terrenos y pueblos enteros.

La exhaustiva investigación periodística que llevó más de un año a su autor para recorrer el país de lado a lado, visitando cada una de las regiones mineras para conocer la problemática que representa esta industria, coincide con una de las hipótesis más referidas sobre la causa de asesinatos de activistas de derechos humanos y periodistas: fuertes intereses económicos que se ven afectados tras señalamientos y oposición a los proyectos.

El denominado boom minero auspiciado por las últimas tres administraciones presidenciales ha resquebrajado al territorio nacional y entregado tierras y recursos a más de 25 mil corporativos concesionarios y traído más perjuicios que beneficios, advierte Lemus, pues las expectativas de nuevos empleos y promesas de restauración ambiental son solo un “cínico espejismo”.

Autoridades federales promocionan al país como el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina, y cuarto a nivel mundial. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así lo ordena: “Para incrementar la productividad y competitividad del sector minero, la Coordinación General de Minería impulsa la promoción y diversificación de mayores niveles de inversión, la amplificación de la cobertura de financiamiento, el fomento y desarrollo como sector estratégico”.

Durante 2017, la riqueza mineral que México anunció como producción anual superó los 32 mil millones de dólares, lo que haría suponer que el país gana mucho dinero por esta actividad. Curiosamente, ninguno de los 25 mil 786 proyectos de exploración y explotación de minas es manejado o aprovechado por el Estado mexicano, al que solo le quedó el 0.001 por ciento del monto referido, apunta Jesús Lemus.

El periodista y escritor encuentra “un gran contrasentido cuando la Secretaría de Economía anuncia que México es una potencia mundial en cuanto a la explotación o extracción de plata, o de cobre, o de oro, cuando en realidad México no es el propietario de esas minas ni de esa producción. Los verdaderos propietarios son empresas transnacionales canadienses o norteamericanas”.

Las concesiones otorgadas por autoridades mexicanas están en manos de empresas canadienses en un 80%, casi 21 mil de los permisos. Un 12% de las autorizaciones son para compañías estadounidenses; y el resto, un 8%, está dividido entre mineras de Japón, Australia, Argentina, Italia, Perú, Corea, Alemania y Gran Bretaña, principalmente.

“De todos esos permisos son muy pocos los que se entregan a mineras mexicanas, que están aglutinados en cuatro grandes consorcios, que son del Grupo Frisco de Carlos Slim, o del Grupo México, o del Grupo Peñoles, o del Grupo Dragón. Ellos casi nunca actúan solos en la ejecución de proyectos de exploración o explotación, siempre están de la mano de empresas transnacionales. Entonces en consecuencia no hay una sola empresa mexicana que tenga a cargo proyectos de ejecución de extracción de minerales o metales preciosos que actúe por sí misma”, detalló Lemus Barajas.

DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO

La historia minera en el país se repite una y otra vez, solo que ahora se trata de megaproyectos y con tajos abiertos en grandes extensiones de terreno que motivan el desplazamiento de comunidades y atrae a personas de otros lugares geográficos que creen encontrar una fuente de empleo.

La ambición de algunas concesionarias no se conforma con las hectáreas autorizadas para su exploración y explotación. La ruta de los minerales en el subsuelo conduce a las máquinas y mineros a descubrir que debajo de asentamientos humanos las betas de minerales pueden ser mayores. Los empresarios se las arreglan para, ya sea por medio de expropiaciones, o por acciones de invasión y despojo, acabar con los hogares de los habitantes originarios.

“Ese es uno de los grandes problemas que trae consigo mismo la presencia de una mina en México. Aunado a todo lo que está sucediendo, también le agregamos no solamente la devastación del suelo, sino también cómo se van apoderando de las propiedades y los pueblos completos”, lamentó el entrevistado.

ZETA conoció la historia de Salvador y su familia. Les tocó padecer lo que muchas otras personas sufren en el país a causa de las mineras. Invasión, despojo y desplazamiento. De buenas a primeras, en la comunidad de Mineral La Colorada, en Chalchihuites, Zacatecas, la expansión de la minera que tiene una concesionaria terminó por dejar dentro de su área restringida la casa de Salvador, quien ahora debe entrar y salir de su domicilio cuando la empresa autoriza que se abra la puerta en horarios definidos.

El zacatecano acudió en octubre último ante un Juez de Distrito de la Capital para presentar una demanda de amparo, pero su solicitud de protección judicial fue desechada porque la minera que extrae plata en su entorno “no es autoridad, sino un ente particular”, por lo que su lucha jurídica la tiene que entablar ante otras autoridades jurisdiccionales.

La reclamación de derechos fundamentales que hizo Salvador se refería a los actos de molestia que les ha ocasionado la empresa que le priva del libre tránsito y acceso a su vivienda, situación que modificó gravemente su forma y calidad de vida. En su escrito, el padre de familia explicaba que tenía que esperar “hasta tres horas o más” para entrar o salir de su hogar.

De forma arbitraria, la sociedad anónima instaló alambrado y casetas de vigilancia, circulando un perímetro que “no es propiedad de la minera, y que suponiendo que lo fuera, desde antes que llegara existía una servidumbre de paso, la cual no respetan”, refería el quejoso. Ninguna autoridad municipal o estatal ha intervenido en su favor. Además de vulnerarse los derechos a la libertad y no ser molestado en sus propiedades y posesiones, el paso de vehículos de carga ha ocasionado daños a su casa.

Lemus añadió a este ejemplo, que “hay casos increíbles de desplazamiento en el mismo Estado de Zacatecas, en la comunidad de Salaverna, donde un pueblo fue desplazado a la fuerza para que una empresa mexicana se quedara con la mina. Igual ocurrió en Mazapil, donde también se desplazó a población por la posesión del agua. O tenemos el caso también en Tetela de Ocampo, en Puebla, donde también grupos poblacionales han sido desplazados. O en Michoacán, donde la población ha sido desplazada a la fuerza”.

DAÑOS EN FINCAS Y SALUD

El caso de Salvador se repite en el mismo pueblo de Chalchihuites y otras partes de la República. En Mineral de la Luz, en Guanajuato, varios de sus pobladores tuvieron que judicializar sus reclamos porque la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y la Dirección General de Regulación Minera han sido omisas al no dar trámite a la denuncia y a la solicitud de intervención institucional, ante los graves daños que han sufrido sus viviendas, hechos que ellos atribuyen a la minera que explota el suelo de la localidad.

En octubre de 2014, el delegado municipal de Mineral de la Luz, en representación de los vecinos, buscó el apoyo de las autoridades estatales al denunciar que los trabajos de la empresa minera habían generado afectaciones en los cimientos y estructuras de sus viviendas, jardín de niños y el templo principal del aquel lugar. Como respuesta recibieron la incompetencia del gobierno de Guanajuato y, el 3 de marzo de 2015, los afectados acudieron ante la Secretaría de Economía (SE).

Mina Buenavista del Cobre, Sonora

Según el expediente, del que tiene copia este Semanario, la Dirección de Regulación Minera y la Dirección de Revisión de Obligaciones de la SE informaron a los agraviados que tenían identificada la actividad de la empresa concesionaria, pero que requería especificaran las coordenadas georreferenciadas de ubicación donde operaba la compañía señalada “para con ello verificar el cumplimiento de las obligaciones en la Ley Minera y su reglamento”.

Por esta actitud omisa de la dependencia federal, el 30 de junio de 2017, un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, ordenando a la autoridades responsables realizar las gestiones necesarias, “a afecto de verificar la legalidad con la que opera la empresa minera a que se refieren en dicho escrito de denuncia, así como la veracidad de que los daños que aluden los quejosos, han sido ocasionados por las actividades propias de su giro”. El amparo fue confirmado el 11 de enero de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.

La compañía se ha defendido a través de peritajes particulares que exponen “el subsuelo de pisos de casa que están rellenos de material rocoso con arcilla” y no cuentan con cimientos. “Por el momento se desconoce si las afectaciones en las viviendas, iglesia y escuela, se derivaron de posibles vibraciones en el terreno provocadas por el uso de explosivos en la actividad minera, las fallas en las estructuras pueden obedecer a la consolidación del terreno, antigüedad y material que se utilizó en la construcción disminuyendo el tiempo de vida útil de éstas”, agrega el documento.

La minería a cielo abierto remueve grandes cantidades de suelo procesadas con químicos tóxicos y requiere del uso de miles de kilos de explosivos. No solo se mueve la tierra, sino que se producen desechos muy nocivos para la salud humana, advierte Jesús Lemus. “Con el aumento en la actividad minera, también se tiene un repunte de enfermedades raras. Ese tipo de extrañas enfermedades las encontramos principalmente en el Estado de Sonora, donde hay síndromes que se presentan a nivel mundial en una proporción de uno por cada cinco millones de habitantes, pero ahí se presentan hasta dos casos en cada familia de cuatro personas relacionadas con las minas. Es gravísimo lo que estamos viendo ahí con el despojo, los daños y con la afectación a la salud”.

MENTIRAS Y CRIMEN ORGANIZADO

La industria minera pregona que su presencia aporta al desarrollo de los países, cumple con las normas ambientales y genera empleo en las poblaciones de los territorios que explora. Esa es una falacia, enfatiza el periodista Jesús Lemus Barajas. “Ese es un dato muy revelador de cómo trabajan las minas. La contratación de personal que se da a conocer a través de los sindicatos mineros, tanto el de Carlos Pavón como el de Napoleón Gómez, es de cerca de 352 mil trabajadores en todo el territorio nacional. Sin embargo, se trata de cifras muy infladas”.

A decir del reportero, existen procesos de producción que no requieren de contratación de trabajadores y efectúan su labor de extracción de minerales con apoyo del crimen organizado y de mano de obra subcontratada, como ocurre en Coahuila. “Los famosos pocitos son maneados por células del Cártel de Los Zetas. Es un claro ejemplo de lo que pasa en México y de la subcontratación. Es una mentira que la minería genere empleos en México y genere un boom de producción, porque además los salarios están muy mal pagados”.

Los trabajadores eventuales subcontratados ganan entre 60 y 120 pesos al día, mientras que los sindicalizados, que podría considerarse tienen un mejor ingreso, no rebasan un sueldo de 220 pesos diarios. “O sea que realmente tenemos un grupo de producción de minerales muy mal pagado. Es una subcontratación muy alta y una contratación directa muy baja la que se está realizando en el entorno minero”, refiere Lemus.

El esquema del outsourcing está muy presente en la industria minera y algunos de los trabajadores que son despedidos o reclaman antigüedad o riesgos de trabajo, no saben a quién demandar porque no conocen a sus patrones reales. Sin embargo, en diversos puntos del país, como en Coahuila, existen “trabajadores a la fuerza” reclutados por el crimen organizado y son empleados sin derecho alguno, por encargo de los patrones, destaca la investigación del escritor michoacano.

Los niños cumplen con el rol de llevarle de comer a sus padres a las minas donde trabajan. Algunos de esos hombres están esclavizados y los menores les asisten. “Tal vez no lo hagan como una forma de trabajo, sino como una situación colateral al problema de que sus padres están trabajando en calidad de esclavos obligados por el narcotráfico, pagando deudas de droga”, insiste Jesús, quien encontró este fenómeno en las minas de zonas de derivados pétreos en Michoacán y poblaciones de Sinaloa.

Sobre los homicidios de ambientalistas y de algunos comunicadores, el entrevistado encontró “un dato revelador en la recapitulación que hace Claudia Martínez Sánchez, del ‘Colectivo Letra Temprana’, e indica que en lo que va de este sexenio han muerto 286 activistas. Casi el 70 por ciento de ellos estuvieron involucrados, de alguna forma, en la defensa del suelo contra mineras”.

Hace un recuento. En Puebla, el defensor Antonio Esteban Cruz, que se opuso a la exploración de una minera en el municipio de Cuetzalan del Progreso y ahí mismo fue ejecutado de cuatro disparos. En Chihuahua, cita el caso de Isidro Baldenegro, de la comunidad indígena en Coloradas de la Virgen, asesinado al insistir en la defensa de la tierra contra una minera canadiense. Luego mataron a otro de los colaboradores de Baldenegro.

Lemus manifiesta que los señalamientos contra las mineras también conducen a casos de homicidios de periodistas, entre ellos el de la reportera de Proceso, Regina Martínez, en Veracruz, quien “denunció graves violaciones ambientales por el proyecto Caballo Blanco que está llevando a cabo un consorcio canadiense y que ahorita está reviviendo”. Asegura que también desapareció un periodista en Baja California Sur por sus notas contra el suspendido proyecto de Los Cardones, y en Michoacán, tampoco han aparecido los reporteros Ramón Ángeles Alfa y María Ester Aguilar Casimbe, que señalaron la devastación de recursos naturales por parte de mineras.

“Encontramos, por ejemplo, en Sonora, el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido también por hacer una serie de denuncias contra una minera que efectuaba la explotación de un banco de cadmio hacia el norte del Estado. Y así está salpicado el país, donde muchos periodistas han sido desaparecidos o asesinados, después de que curiosamente denunciaron, más que al narco o al crimen organizado, la devastación ambiental de las empresas mineras”, concluye Lemus.

“MÉXICO A CIELO ABIERTO”

En el libro “México a Cielo Abierto”, publicado en enero de 2018 por Penguin Random House, bajo el sello editorial Grijalbo, el periodista J. Jesús Lemus expone la voracidad de las empresas mineras desde un contexto social, económico, político y cultural, en el que se muestra no solamente el saqueo de la riqueza nacional y la explotación del suelo, sino la devastación del medio ambiente y la coparticipación de grupos de crimen organizado.

El autor expone en esta obra “muy claramente, cuál es la problemática principal de la minería en México, que es una desregularización a su actividad, donde ahora las empresas mineras trasnacionales pueden hacer lo que ellas quieran en el país. No solamente en el marco de la ley, que les ha sido totalmente laxo, sino también en el marco de sus atribuciones unipersonales como sería la contratación de servicios de los cárteles de las drogas que son utilizados como grupos de choque para el desplazamiento de personas o como elementos de seguridad privada para el resto de sus empresas.

“Es una radiografía, la de México a cielo abierto, en la que se expone la crueldad con la que estas empresas mineras transnacionales están extrayendo todos los metales preciosos y ferrosos, y hasta derivados pétreos que se encuentran en el subsuelo mexicano”, concluye el autor.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LUIS CARLOS SÁINZ /LUNES, 12 FEBRERO, 2018 12:00 PM)