XALAPA,
Ver. (apro).- La juez de control, Alma Leyda Sosa Jiménez, decretó la
vinculación a proceso de los 19 elementos y exelementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz, entre ellos los mandos policiacos
Arturo Bermúdez Zurita, Roberto González Meza y José Óscar Sánchez Tirado,
ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo
un plazo de cuatro meses más para la investigación complementaria.
En
una audiencia maratónica que arrancó a las 11 de la mañana de ayer y concluyó
este miércoles a las 5 horas, los ex policías, que pertenecieron a un grupo de
élite en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y que se dedicaban a
levantar a todo aquel sospechoso de ser Zeta, fueron recluidos en el Cereso de
Pacho Viejo por el delito de “desaparición forzada”.
“Con todas sus consecuencias, imputados por el
delito de desaparición forzada en agravio de quince personas, entre ellas,
mujeres y menores de edad”, leyó la jueza.
La
defensa de los imputados solicitó a Sosa Jiménez que se omitieran las
identidades de sus defendidos, con fundamento en el artículo 15 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, que trata del derecho a la intimidad y a la
privacidad, razón por la que la identidad de los 16 policías rasos imputados
por desaparición forzada quedó en reserva, no así la de los tres mandos
policiacos, cuyos nombres y detenciones fueron muy publicitadas por la Fiscalía
General del Estado (FGE).
“En
todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier
persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se
refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las
excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable”,
refiere el artículo 15.
Ante
esto, la jueza instruyó al fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, abrir una
carpeta de investigación a los medios de comunicación que hayan violado la
petición de la defensa.
La
jueza apuntó en el periodo de abril a octubre de 2013, en la administración del
exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, se mantuvo una política ilegal en
combate a la delincuencia organizada, privando de la libertad y de la vida a
presuntos integrantes de la célula delictiva de Los Zetas.
Señaló
que el grupo Fuerza de Reacción de Seguridad Pública tenía como objetivo
detectar, detener y obtener información de presuntos integrantes de la
delincuencia organizada, mediante tortura y abuso sexual.
La
Fiscalía General del Estado (FGE) dejó entrever que existen más casos de
desaparición forzada en la región de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Río
Blanco.
Sosa
Jiménez subrayó que -de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía- hay 53
municipios veracruzanos donde por lo menos existe un evento de desaparición
forzada.
(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA, 14 FEBRERO,
2018)
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