Fotos:
Enrique Botello
Durante
2017, la población del CTA se redujo de 130 reclusos a solamente ocho, ya que
el sistema alternativo de justicia eliminó delitos anteriormente considerados
graves. En todo Baja California no hay ni una jovencita detenida.
La
población de menores recluidos en el Centro de Tratamiento para Adolescentes
(CTA) de Ensenada se redujo drásticamente en 2017, pasando de 130 internos a
solo ocho, todos hombres, sin contar los 22 que fueron turnados y posiblemente
nunca pisaron el penal.
El
presidente del Patronato para Liberados del Centros de Reinserción Social
(Cereso) y del CTA en Ensenada, Jorge
Menchaca Sinencio, calificó como grave el que haya más empleados que internos
en la correccional, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) eliminó
delitos anteriormente considerados graves, incluso para los jóvenes.
De
los adolescentes recluidos en Ensenada, tres purgan condenas por homicidio,
otros tres por robo con violencia y uno acusado de violación; el resto está en
las calles, detalló David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema
Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El
funcionario urgió a los jueces y Gobierno del Estado para establecer acuerdos
con centros de rehabilitación y otras instituciones privadas para que los
menores infractores sigan su proceso en libertad, pero recibiendo capacitación
continua, mientras que los adictos reciban tratamiento médico.
Desde
2016 hay únicamente 56 adolescentes sujetos a medidas judiciales, es decir, el
juez los obliga a que vayan a firmar y se presenten periódicamente sin salir
del país, con medidas de restricción personal o con localizador; el resto está
libre o bajo la tutela de familiares que no saben qué hacer con ellos.
“Mientras
los diputados no se pongan las pilas y regresen los delitos graves como debe de
ser, y que los jueces tengan dentro de las medidas a dónde mandarlos, no hay
nada qué hacer”, indicó.
Un
hecho reciente que consternó a la opinión pública fue el homicidio de Lorena
Nataly Carreón González, de 19 años de edad, ocurrido el 5 de diciembre de
2017.
Una
de las presuntas copartícipes, de nombre Berenice, es una menor de apenas 16
años de edad que estaba embarazada hasta el día del asesinato cometido junto
con su novio José Carlos Maciel Chávez, de 18 años, detenido y vinculado por
homicidio calificado bajo la causa penal 68/218, por lo que se considera
inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
En
redes sociales la menor ha sido cruelmente señalada por los usuarios, quienes
han iniciado una cacería para que se haga justicia y, de acuerdo a sus
publicaciones en Facebook, Berenice compartió una imagen donde al parecer se
encuentra en Estados Unidos.
UN DELITO PREMEDITADO
El
testimonio de una jovencita fue clave en la investigación que realizó la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Declaró que el día de la
masacre, por la tarde, recibió un mensaje del celular de Nataly Carreón,
invitándola a una carne asada.
Aceptó
y minutos más tarde la recogió en su casa, en el mismo poblado, en un vehículo
rojo de cuatro puertas de reciente modelo, Nataly iba en la parte de atrás,
mientras que Berenice de copiloto y Carlos conducía la unidad.
Se
dirigieron a una tienda 7 Eleven a comprar bebidas alcohólicas y después a una
cabaña en la ampliación El Porvenir, a un par de kilómetros del poblado. En el patio trasero había una fogata ya
encendida.
Apenas
comenzaban a convivir cuando Carlos, con el pretexto de encender la fogata,
cogió un barrote, se detuvo, tomó impulso y de espaldas golpeó a Nataly en la
cabeza.
La
testigo gritó, pero Berenice le colocó un cuchillo en las costillas y le dijo
“cállate”. La encerró en el baño, desde donde escuchó los dolorosos golpes que
ambos perpetraron contra la joven. Él con el barrote, ella con una pala.
Recordó
que Nataly estaba tumbada en el suelo pero todavía se movía, al tiempo que la
golpeaban más fuerte. “Esta perra no se muere”, escuchó decir a Carlos.
A
la joven la amarraron con cinta gris y la encerraron en una recámara, pidió
clemencia porque también estaba embarazada. Constató que el cuerpo de Nataly
fue metido en bolsas negras, lo subieron a la cajuela del automóvil y se
fueron.
Pasaron
algunos minutos y ambos regresaron para limpiar huellas, en la fogata quemaron
sus ropas ensangrentadas, pala, barrote y limpiaron la loseta con trapos
mojados.
Foto:
Archivo.- David Limón Grijalva
A
la testigo la subieron al carro con la advertencia de que si hablaba, también
la matarían. Le confesaron que se trataba de un asunto pasional y que a Nataly
la tuvieron que asesinar porque “se acostó con Carlos”.
Carlos
y Berenice se quedaron con el celular de Nataly y compartieron información en
su red social en la que pedía ayuda porque alguien la había dejado sola en una
calle de la delegación. El cuerpo fue localizado a las 6:54 am del miércoles 6
de diciembre tras un reporte a la delegación. Los restos estaban sobre el
arroyo, a la altura del Kilómetro 8 de la carretera El Porvenir-El Tigre.
URGE PROGRAMA DE REINSERCIÓN
Limón
Grijalva, subdirector del Sistema Penitenciario, informó que en el grupo no hay
una sola mujer. Que en Baja California
hay 71 menores recluidos en los centros penitenciarios, 37 en Mexicali, 26 en
Tijuana y apenas ocho en Ensenada.
Además,
mientras el resto de los estados en el país no tienen verdaderos programas de
reinserción, en Baja California hay programas para concluir la escuela básica y
superior, talleres y terapias psicológicas.
Sin
embargo, con la despresurización de las cárceles, resulta innegable la
implementación de una tercera etapa del NSJP donde los jueces, basados en un
catálogo de instituciones, tengan a dónde mandar a los presuntos delincuentes
que siguen un proceso en libertad.
FALTAN PROGRAMAS PARA MENORES LIBERADOS
Si
un joven fue detenido por portación de arma o droga bajo las leyes del NSJP
ahora forma parte de los liberados, con ellos hay que trabajar en la
reintegración a la sociedad, explicó el presidente del Patronato para Liberados
en Ensenada, Jorge Menchaca.
Esta
figura de patronato está en vías de desaparecer para convertirse en una
asociación civil con mejores resultados en materia de recaudación de recursos
económicos.
Mientras
tanto, el representante estimó que en el caso del Cereso de Ensenada, de 2 mil
que había en 2016, ahora la población es menor a 900, por lo que ha sido casi
imposible trabajar en la reinserción de los liberados, “no se cierra el
círculo”.
Mencionó
que ha sido muy complejo trabajar con esta figura, a la cual se le asigna poco
presupuesto para aquellas personas que concluyeron su castigo con el cierre por
sentencia, pero que el juez les dio la anuencia de salir; tienen que firmar
cada cierto tiempo como parte de su servicio social.
En
los últimos dos años, con los jóvenes y adultos que fueron detenidos bajo el
sistema tradicional y liberados con el nuevo sistema, lo que más piden los
procesados es asesoría para sacar documentos, entrega de despensa, alojamiento,
programas productivos, traslados a otros estados y entrega de herramientas para
practicar lo que aprendieron dentro del penal.
Foto:
Enrique Botello.- Lic. Roberto Jaime
“Hay
mucha gente que sale y sus familias no quieres saber nada de ellos. Nos piden
apoyo, algunos saben soldar, hacer
artesanías con yeso u otros equipos necesarios para que puedan autoemplearse
con proyectos productivos”, comentó.
INDIGNO TUTELAR DE MENORES DE ENSENADA
Los
resultados del último diagnóstico (2016-2017) del Sistema Penitenciario por
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, es
de una calificación de 8.72, siendo menor a la calificación obtenida en el
diagnóstico 2015-2016, la cual fue de 9.00.
Entre
los aspectos críticos se señalan violaciones a la integridad física,
psicológica y moral de los adolescentes privados de su libertad, especialmente
lo que concerniente a la separación entre hombres y mujeres.
En
cuanto a los aspectos que garantizan una estancia digna, se requiere atención a
grupos en condición de vulnerabilidad o con discapacidad, “por lo que al igual
que en el DESP 2015-2016, sigue siendo necesario que se trabaje en los aspectos
que garantizan una estancia digna”.
SERÁN DOS DÉCADAS DE ADAPTACIÓN
Ramón
Roberto Jaime Córdova, abogado penalista, reiteró que la filosofía del NSJP
estriba en la despresurización de los penales, ya que los ministerios públicos
están “coagulados”.
Conforme
a los antecedentes, estimó que tanto a la población como a las instituciones
les tardará, por lo menos, 20 años en acostumbrarse a una nueva forma de
justicia donde se trate de dialogar y no de castigar.
Una
particularidad del sistema es que la autoridad tiene la obligación de conseguir
las pruebas suficientes antes de sentenciar a un presunto delincuente.
“Aquí
el problema es la acreditación, porque si no es lo suficientemente peligroso
para poner en riesgo a la comunidad, no va a ser una persona que va a estar en
la cárcel, ese es el reto que tenemos, aguantar el proceso de 20 años, porque
repito, no es la esencia del nuevo sistema tener gente en la cárcel”, indicó el
abogado.
MENORES CONSIGNADOS POR SEGURIDAD
PÚBLICA EN 2017
Datos
obtenidos del Centro de Operaciones Policiales (COP) señalan que en 2017 la
Dirección de Seguridad Pública Municipal turnó a 22 menores de entre 15 y 17
años al Ministerio Público. De esos, cuatro eran mujeres, los delitos más
frecuentes fueron por posesión de vehículo robado y narcomenudeo.
De
acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes,
supletoria al Código Penal Estatal, hay
tres grupos entre los adolescentes. De 12 a 14 años, en ningún caso podrán
exceder de un año de condena. De 14 a 16, la pena máxima será de tres años y,
de 16 a 18 años de edad, hasta cinco años de encierro.
La
duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de
homicidio calificado, violación tumultuaria y secuestro, hechos señalados como
delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
LORENA LAMAS /LUNES, 12 FEBRERO, 2018 12:00 PM)
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