El 13 de octubre de 2014, tres hermanos
de ciudadanía estadounidense pretendían cruzar la frontera para volver a su
casa en Texas; iban acompañados por un
mexicano. Todos fueron detenidos de manera arbitraria por marinos y policías
debajo del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.
Sus cuerpos aparecieron 16 días después
con un impacto de bala en la cabeza.
La CNDH refirió que la causa de muerte
de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento.
Ciudad de México, 18 de enero
(SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) “levantaron” y
ejecutaron a un ciudadano mexicano y tres estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas,
acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la indagatoria
que lleva el organismo nacional, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de
2014, cuando dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron de la casa de
su papá, en el poblado de Control, en Matamoros, para reunirse con su hermana,
quien estaba acompaña de un mexicano, cerca de Puente Internacional Libre
Comercio Lucio Blanco.
Ese día, los jóvenes
cruzarían la frontera para regresar a su casa en Progreso, Texas. Sin embargo,
justo debajo del Puente fueron interceptados por elementos de la Primera Zona
Naval de la Semar y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros
(“Grupo Hércules”, conformado por la entonces Alcaldesa).
Los uniformados detuvieron de
manera arbitraria a los cuatro jóvenes, pues no existió orden de aprehensión en
su contra, como constató la CNDH. Además, les incautaron los tres vehículos en
los que viajaban.
La madre de los jóvenes estadounidenses
asesinados en México, durante una conferencia en Dallas. Foto: Archivo
Al ser indagadas en ese
momento, las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su
participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas.
Los cuerpos de los cuatro
jóvenes fueron localizados días después, el 29 de octubre del mismo año 2014.
Según el reporte forense, murieron por “traumatismo craneoencefálico con
fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.
El organismo nacional refirió
que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de
origen violento.
Por las características,
objetos y forma en que fueron encontrados los cadáveres, se constató que la
última vez que fueron vistos con vida fue durante la detención arbitraria, lo
que hace responsables a las fuerzas federales y municipales de su desaparición.
“La detención arbitraria de las víctimas,
perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya
llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de
la desaparición forzada de las cuatro personas”, señaló en un comunicado la
Comisión Nacional.
Al acreditar violaciones a
los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la
legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las
cuatro víctimas directas, la CNDH emitió una recomendación al Secretario de
Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al Gobernador del Estado,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de Seguridad,
Renato Sales Heredia, y al Presidente Municipal de Matamoros, Jesús de la Garza
Díaz del Guante.
Solicitó a dichos
funcionarios reparar el daño a los familiares de los jóvenes e investigar la
actuación de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención,
pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad
Asimismo, les solicitó
proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la
información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.
De igual forma, al Gobernador
del estado le exigió el cumplimiento de las propuestas contenidas en el
“Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre
desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender
integralmente el problema de la desaparición forzada de personas.
“La CNDH recomienda a las
cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación procedan, de manera
coordinada, a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas de los
hechos (familiares de los agraviados), en términos de la Ley General de
Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y
tanatológica que requieran. También deberán proporcionar a la Procuraduría
General de la República toda la información y documentación necesaria para la
investigación que lleva a cabo”, dijo en un comunicado.
También demandó “colaborar en
las denuncias y quejas que este Organismo Nacional presente ante diversas
instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y
administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos
cometidas, impartir cursos de capacitación con énfasis en las disposiciones de
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y en
los deberes que tienen los servidores públicos con respecto a la denuncia de
ilícitos, así como dirigir una circular a los servidores públicos que realicen
labores de seguridad pública, para que en el desempeño de su encargo actúen
atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia”.
Al Gobernador del Estado de
Tamaulipas se le está solicitando el cumplimiento de las propuestas contenidas
en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre
desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender
integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en Tamaulipas
y conjuntamente con el Presidente Municipal de Matamoros, se les está pidiendo
la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones que
regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / ENERO 18, 2018, 10:12 AM)
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