La iniciativa de Ley de Seguridad
Interior llevaba años estancada en el Congreso de la Unión. En los últimos
meses, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) han venido presionado al Poder Legislativo para que la
aprobara. Ayer, los diputados apresuraron el aval. ¿Pero por qué ahora, cuando
a Enrique Peña Nieto se le agota el sexenio y cuando estamos en vísperas de las
elecciones de 2018?
Para analistas y representantes de la
sociedad civil, las acciones del Congreso responden a un interés que se
superpone al de la ciudadanía: el interés de los diferentes actores de Estado.
Al Presidente, dicen, le conviene porque aumenta su potestad y control sobre la
sociedad, el Ejército es la herramienta perfecta para meter en cintura a
quienes considere como “amenazas”. A las Fuerzas Armadas les beneficia, pues
amparadas bajo esta Ley, quedarían legitimadas para actuar en las calles -en
medio de acusaciones por atropellos en materia de derechos humanos-. Y a la
estructura priista del Primer Mandatario, le conviene por la posibilidad de
suavizar asperezas electorales para el próximo año.
Ciudad de México, 1 de diciembre
(SinEmbargo).- Noviembre fue un mes mediático para el Presidente Enrique Peña
Nieto y para su Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. El
primero salió a decir que la Ley de Seguridad Interior es una “imperiosa
necesidad”, porque brinda mayor certeza a nuestra Fuerzas Armadas. El segundo
promovió la iniciativa so pretexto de ser necesaria para trabajar, “hombro con
hombro”, con el gobierno y la sociedad civil, para “garantizar el bienestar
común y la seguridad de la ciudadanía”.
Un año antes, en diciembre de
2016, Cienfuegos instó a los diputados para que legislasen sobre la actuación
de las Fuerzas Armadas. Entonces – al menos discursivamente- no era ajeno a
regresar a los militares a los cuarteles para que pudieran efectuar “sus labores
constitucionales”, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”. Hoy, el
regreso a las barracas no lo menciona, aunque sí la necesidad de “legalizar una
situación que ya se estaba dando prácticamente desde el sexenio de Felipe
Calderón, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública”, apuntó Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia
Procesal Penal (IJPP).
Este jueves, la Cámara de
Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y
pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras
sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad
civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos,
quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados:
los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
La aprobación fast-track de
la norma “tiene que ver con el periodo electoral”, pero antes responde a un
“pacto de impunidad” por parte de las autoridades, comentó Aguilar. “Ante la
perspectiva de que haya una alternancia política de nuevo en México [en 2018],
parecería muy lógico dejar protegidas a las Fuerzas Armadas que han cometido
muchos abusos de derechos humanos. Entonces, quizá, también en eso radica la
prontitud con que se aprobó en este periodo”, mencionó.
Entre 2006 y 2017, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido al menos 151
recomendaciones a las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas; entre
ellas, dos dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por
violaciones graves a las garantías individuales.
La capacidad del Ejecutivo y
del Ejército para presionar la aprobación de una Ley también preocupa al
activista Pablo Girault, consejero de la organización México Unido Contra la
Delincuencia, por dar carta blanca a la posibilidad de una represión, por parte
del gobierno, a la sociedad civil, como podría darse, ejemplificó, en 2018 en
contra de manifestantes o en contra de los procesos democráticos. Este tipo de
presión, dijo, “puede ser el final del Gobierno civil […]. Así se acaban las
democracias; cuando se le da mucho poder a los militares por cualquier excusa”.
En su opinión, el Congreso
incurrió en “un acto de gran traición hacia el Gobierno civil, [hacia] el
Gobierno democrático de este país y al pacto federal, porque lo que están
haciendo es dándole al Presidente la autorización de intervenir en cualquier
estado, cuando él decida”.
La Ley de Seguridad Interior
amplía, en efecto, la capacidad del Presidente de la República para utilizar a
las Fuerzas Armadas a discreción, siempre y cuando haya la necesidad de
contener un “grave peligro a la integridad colectiva”, que por la ambigüedad
del concepto, puede ser cualquier acto: desde una marcha hasta un atentado
terrorista, han dicho expertos; y que la situación supere “las capacidades
efectivas de las autoridades competentes”. Asimismo, la Ley protege a las
Fuerzas Armadas al amparar sus actos en las calles, cuando ejerzan labores de
seguridad pública.
Con la aprobación, los
analistas observan que el Gobierno federal pretende mantener la estrategia de
combate frontal en contra del narcotráfico. Desde 2006, cuando el Presidente
Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado, las Fuerzas
Armadas han salido a las calles para combatir los índices de violencia y
criminalidad. Sin embargo, este año, nuestro país alcanzó niveles históricos de
homicidios.
De acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
entre enero y octubre de este año, se registraron cuando menos 20 mil 878
homicidios dolosos; esto es ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011
-el año más violento del sexenio anterior- y 15.3 por ciento más que en 2012
-cuando inició funciones Enrique Peña Nieto.
Ayer, durante la sesión de aprobación de
la Ley, diputados del PRD mostraron pancartas en su contra. Foto: Saúl López,
Agencia Cuartoscuro.
UN CONGRESO SOMETIDO A INTERESES POLÍTICOS
Para los analistas, el
Congreso de la Unión vota de manera parcial –por intereses- y a ciegas –sin
saber lo que votan-.
El primer problema con respecto
a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior radica en que “puede más la
presión política que una genuina atención a las necesidades de los gobernados”,
según explicó a SinEmbargo Francisco Rivas, director general del Observatorio
Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
En su opinión, “no puede
haber una Ley de Seguridad Interior, sin antes haber un modelo claro de
fortalecimiento de la seguridad y de la justicia en México”. Además, dijo, “nos
están olvidando en la medida en que no se han movido para mejorar las
condiciones de contrapeso, transparencia y rendición de cuentas en materia de
seguridad y justicia”.
El segundo problema con la
aprobación de la Ley, es que los diputados no conocen ni han leído la
iniciativa, apuntó Pablo Girault refirió que “hay muchos senadores y diputados
que están dispuestos a traicionar y usurpar esta Ley, que es una Ley que el
Presidente quiere”, siendo que “ni siquiera la han leído”. Y Francisco Rivas,
por su parte, sostuvo que existe “un desconocimiento de la materia ante la
urgencia de presentar algún resultado”.
“Estamos a poco de la
elección; hay un contexto social enrarecido; y los datos de seguridad apuntan a
una debacle en las acciones que está llevando a cabo el actual gobierno [para
combatir tanto la violencia como la incidencia delictiva]”, mencionó. Por ello,
abundó, “no están teniendo resultados, y evidentemente, cuando se desconoce qué
hacer, lo más fácil es retomar una iniciativa que lleva años en el Congreso […]
y para la cual no hay un entendimiento claro de los alcances negativos que
podría llegar a tener”.
Sobre este último punto,
Pablo Montalvo Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que hay una presión ideológica y
política para que el Congreso aprobara la Ley, no sólo para demostrar “que
realmente se está haciendo algo” en materia de seguridad, sino también “por la
premura de los tiempos políticos”.
Al final, esa necesidad de
dar resultados antes de las elecciones hace evidente, según Rivas, que las
acciones del Congreso responden “al interés de un partido que hoy no está
mostrando resultados en materia de seguridad”. E inclusive algunos, como el
maestro Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad
Iberoamericana, señalan que el comportamiento de la oposición fue “cobarde” por
abstenerse de votar para “permitir que se obtuvieran los votos suficientes para
la aprobación”.
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ DICIEMBRE 1, 2017, 10:00
PM)
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