Tras un periodo de silencio y
análisis, los comerciantes al fin se pronunciaron en contra de la iniciativa
para modificar la Ley de Alcoholes en el Estado, que principalmente busca
reducir las horas de venta de bebidas embriagantes y con ello reducir los accidentes
y los problemas por riñas callejeras.
La Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) solicitó de
primera instancia que las iniciativas se socialicen con los principales
afectados, es decir, que los tomen en cuenta para consensuar un equilibrio y
que la determinación no sea unilateral, aunque de entrada los legisladores
locales deben conocer que para modificar una Ley, primero tienen que hacer una
consulta pública y partir de ahí hacia la posible aprobación.
“Pondremos sobre la mesa de
los diputados la imperiosa necesidad de que antes de decretar decisiones, se
socialicen con quienes repercute o con quienes recaen estas disposiciones
dictatoriales, deben ser puestas sobre la mesa de imperiosa necesidad para que
nosotros, sobre todo los empresarios, los micro, pequeños y medianos
empresarios, tengamos una voz, que se nos escuche y poder buscar el buen
equilibrio”, expuso Lorena Hinojosa Olivas, representante de Canirac en Baja
California Sur.
El principal y único
argumento que han externado los legisladores ante esta modificación, ha sido
prevenir hechos lamentables por el alto consumo, sin embargo, la Cámara
argumenta que deben poner candados y verdaderas soluciones que no repercutan en
los empresarios, luego de que se diera a conocer que la venta de alcohol es
excesiva por parte de quienes se supone deben operar como restaurant bar, pero
no son del todo los empresarios.
“Se está abusando de la parte
de restaurantes bar, un restaurant bar es un lugar que preponderantemente vende
alimentos, no bebidas alcohólicas, y hay muchos lugares que tienen permiso de
restaurant bar y su venta preponderante es el alcohol, hay que poner candados a
ese punto”, consideró Hinojosa Olivas.
Detalle que los legisladores
pasaron por alto, ya que hizo falta trabajar con los principales involucrados y
se hizo unilateralmente, sin contemplar los verdaderos problemas ni escuchando
las opiniones del sector, situación que en el Cabildo de la Capital sí se
llevaba.
“De ninguna manera los
restaurantes, bares o centros nocturnos somos promotores del alcohol, se hacen
inversiones muy grandes para tener lugar de esparcimiento y de diversión, jamás
buscando el que haya problemas de alcoholismo o accidentes, de ninguna manera;
la sociedad en general necesita lugares de esparcimiento, de diversión, y
hacemos esfuerzos muy grandes para eso de inversión”, complementó Lorena
Hinojosa.
En los últimos años, el
consumo de alcohol en BCS incrementó de manera considerable, convirtiéndose en
la droga lícita de mayor consumo, pero son los propios servidores públicos
quienes se han coludido para que algunos establecimientos operen de manera
“ilegal”, o que sus giros se vean favorecidos por la venta de alcohol.
Según el XV Ayuntamiento de
La Paz, se expidieron mil 800 licencias
de alcoholes, y en el Pueblo Mágico de Todos Santos, ya fueron sancionados
nueve establecimientos que operaban bajo la anuencia del delegado.
“De centro nocturno contamos
con 85 licencias, de mercaditos 945, ultramarinos 146, tiendas departamental
20, bar 40, restaurante bar 449, depósitos 69, de salón una, coctelería 15,
restaurante 71 y distribuidora 15”, contabilizó Arturo Martínez Villalobos,
director de Comercio de La Paz.
Entre los permisos de venta
de alcohol en la entidad sobresalen las de “mercados” y restaurant bar, ambos
son de los rubros que más bebidas alcohólicas venden, sin embargo, en algunos
casos abusan de su licencia y expiden una venta indiscriminada. Y aunque se
estima que de ellas no operan un promedio de 500, sigue siendo muy considerable
el número que sí lo hace y que cuentan con horas extra de venta a diario, por
un costo de 500 pesos.
“Hay muchas que no están
operando yo me atrevo a decir que un 30-40 por ciento, algunas están como
exclusivo trámite, y exclusivo trámite son los que vienen y pagan su refrendo,
pero que no están en operación, la mayoría particulares que no están operando,
pero a fin de cuentas la conservan porque una licencia de alcohol es algo que
tienen ellos de por vida y que precisamente han estado refrendando para que no
se pierda”, refirió Martínez Villalobos.
Conforme a datos de la
Dirección de Comercio de La Paz, por lo menos el 50% de los titulares de estas
licencias de alcohol debe refrendos de cinco a diez años, lo que representa una
pérdida económica para el Municipio. Es decir, deben cantidades considerables
al Ayuntamiento de La Paz y en algunos casos siguen operando con toda
normalidad… o con complicidad por “mordidas” que otorgan al personal.
(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO BCS /ANTONIO CERVANTES/ MARTES, 31 OCTUBRE, 2017
12:00 PM)
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