Los casos de retrasos y sobrecostos son anomalías que
ocurren frecuentemente en la obra pública en México, considerado como el sector
más corrupto a nivel nacional y mundial. La organización México Evalúa expuso
en un estudio que la transparencia en obra pública ha sido mayormente dirigida
a la generación de los documentos, pero falla en su accesibilidad para su
utilidad.
Por el contrario, destacó, entre las irregularidades
que sobresalen durante las fases de precontratación, contratación y
postcontratación son los consultores “amistosos” que avalan proyectos mal
planeados, no hay registros de la integridad y desempeño previo de los
proveedores, no se publica el fallo (justificación por las que se determina al
ganador) y no hay mecanismos de seguimiento durante la ejecución de los
contratos.
La deuda se fue al techo, pero la
inversión pública cae al nivel de 1995-1996; ¿a dónde va el dinero?
Ciudad de México, 9 de
septiembre (SinEmbargo).– El sector más corrupto del país y del mundo es la
construcción de obra pública, lo cual provoca baja calidad, baja rentabilidad
económica y social, y precios más elevados de lo previsto pese a retrasos,
planteó el equipo de Presupuesto y Rendición de Cuentas del centro de análisis
México Evalúa, que detectó irregularidades en las fases de precontratación,
contratación y postcontratación.
De acuerdo con su Métrica de
Transparencia de la Obra Pública (MetrOp) aplicada a 64 documentos, la
calificación para ese sector en el ámbito federal mexicano es de 3.7 sobre 10,
o lo que es lo mismo: estamos reprobados.
Entre las opacidades que
sobresalen son los consultores “amistosos” que avalan proyectos mal planeados,
no hay registros de la integridad y desempeño previo de los proveedores, no se
publica el fallo (justificación por las que se determina al ganador) y no hay
mecanismos de seguimiento durante la ejecución de los contratos.
“Los elevados montos de los contratos y el
alto grado de dificultad técnica que implican los proyectos dificultan su
monitoreo, su contraloría social y, en general, su rendición de cuentas. Las
características altamente especializadas de los materiales de construcción
dificultan que se cotejen sus costos y plazos de entrega con otras referencias,
lo cual permite inflar o esconder los costos reales más fácilmente”, expuso el
estudio.
En entrevista, la
coordinadora de la investigación, Mariana Campos, dijo que además de la
corrupción, el sobrecosto en las obras públicas tiene que ver con la falta de
planeación y preparación del proyecto antes de su contratación, por lo que trae
deficiencias en una carpeta conocida como “proyecto ejecutivo”. Esta tiene
aspectos técnicos, presupuestales y legales sobre la factibilidad.
“Si el proyecto ejecutivo es
deficiente, es mucho más necesario hacer cambios en los contratos. [Para evitar
sobrecostos] es muy importante lograr un proyecto bien preparado y específico
por lo que debe ponerse mucha énfasis en la fase de la precontratación para
lograr controlar mejor los ajustes. También deben ponerse límites explícitos en
los cambios y porcentajes que se pueden ampliar en los contratos. Si se siguen
permitiendo las modificaciones de esas magnitudes se vuelve un incentivo para
no planearlo bien”, aseguró.
Campos agregó que este sector
es proclive a la corrupción por ser altamente técnico y difícil de calcular el
precio de una obra a simple vista, lo que permite bajar la calidad sin que la
ciudadanía se percate.
Cuando los proyectos no son
manejados adecuadamente, acaban financiándose obras públicas innecesarias,
proyectos con problemas de factibilidad o proyectos de baja rentabilidad
económica y social que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de
interés; obras a precios excesivamente elevados; edificaciones de mala calidad
que comprometen la rentabilidad de los proyectos, así como su potencial impacto
positivo en la productividad de la economía y en el desarrollo social, además
de que pueden poner en riesgo la vida humana, concluyó el informe.
La constructora OHL México es acusada de
prácticas fraudulentas y de transferir recursos a las campañas políticas del
PRI. Foto: Cuartoscuro
EL REINO DE LA OPACIDAD
De 80 proyectos llevados a
cabo entre 1999 y 2010, las obras aumentaron de precio en 36.3 por ciento y se
tardaron 126 por ciento más de lo programado para concluirse, reveló la
Auditoría Superior de la Federación.
En el caso del proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en septiembre
del año pasado se anunció un aumento en el costo de 169 mil millones de pesos a
180 mil millones de pesos y a principios de 2017 se advirtió de otro, bajo el
argumento del incremento del dólar a 186
mil millones de pesos. Hasta el momento, se prevé que sea inaugurado el 20 de
octubre de 2020.
El MetrOP analizó el
compromiso del Estado y se observa una calificación de 3.3 en el marco
normativo y un 4.1 en la implementación. En la dimensión de la transparencia si
bien la disponibilidad de información obtuvo un 5.4, la de accesibilidad es de
2.9.
“Los esfuerzos en materia de
transparencia en obra pública han sido mayormente dirigidos a la generación de
los documentos y en menor medida han buscado incorporar buenas prácticas de
elaboración y accesibilidad que abonen a la validez de la información y a su
utilidad”, destacó el informe. “Es necesario regular las condiciones de accesibilidad
a la información para que ésta pueda ser fácilmente consultada o analizada”,
pidió.
De hecho, la información de
las tres fases de la vida de la obra pública (precontratación, contratación y
postcontratación) se encuentra desvinculada entre sí. No es posible rastrear un
proyecto de inversión, una obra pública o un contrato desde su diagnóstico
hasta su ejecución, evaluación y auditoría.
También existen obras que no
se terminaron de construir o que se concluyeron pero en los hechos no operan.
Así, la ASF alerta sobre la edificación sistemática de “elefantes blancos” u
obras ociosas que finalmente no operan por falta de equipamiento, personal,
programa operativo, mantenimiento, o problemas legales, entre otros.
México Evalúa analizó el caso
de 13 hospitales abandonados, que se encuentran en diferentes estados y
regiones. Destacan hospitales que fueron abandonados antes de concluir su
construcción, como los de Tekax y Ticul en Yucatán, el Hospital General Rincón
de Urías en Mazatlán, el Hospital Matías Romero en Oaxaca, la Unidad de
Atención Ambulatoria Integral en el municipio de Nautla, así como un hospital
en el municipio de Perote y otro en Papantla, estos últimos tres en Veracruz.
En Tijuana, el Hospital
Materno sí fue terminado, pero no se equipó, por lo que permanece cerrado y sin
operar. Se encontraron otros casos de hospitales no funcionales en Sonora,
Oaxaca y Veracruz.
Opacidad y corrupción han hecho de
refinerías en México una mina de oro para pocos: especialista
FASES DE UNA OBRA PÚBLICA
El objetivo central de las
contrataciones públicas consiste en que el gobierno pueda adquirir los mejores
productos y servicios en términos de su relación precio, calidad y oportunidad,
para atender una necesidad o resolver un problema de interés público. Sin
embargo, la falta de transparencia durante el proceso impide identificar a los
mejores proveedores para cada tipo de proyecto.
En el análisis de México
Evalúa, la fase de precontratación, cuando se prepara el proyecto de obra,
contó con un total de 23 documentos y su calificación es 3.3, la más baja de
las fases que se evaluaron con la MeTrOP. Abarca la identificación y
caracterización de necesidades y de problemas por resolver con infraestructura,
la evaluación de alternativas para atenderlas, la valoración específica de un
proyecto (por medio de su factibilidad económica, técnica, legal y ambiental),
la presupuestación, así como el diseño de los requisitos y procesos para la
contratación de la obra pública.
En esta parte la
investigación destaca que no existen diagnósticos independientes sobre los
problemas en materia de infraestructura, ya que no son validados por un cuerpo
autónomo de carácter técnico.
“Los diagnósticos están
hechos para justificar los planes ya definidos por el Poder Ejecutivo, y no
para ofrecer un análisis objetivo sobre las necesidades de inversión física, lo
cual limita la rentabilidad social y económica de las obras. Además, la
planeación de la infraestructura tienen una alcance limitado”, concluyó.
Además, aunque existen
expertos que dictaminan los análisis costo-beneficio, existe el riesgo de que
“Consultores amistosos” avalen proyectos mal planeados o que atiendan
necesidades ficticias, lo cual puede derivar en obras públicas que constituyan
un desperdicio de recursos. O bien, puede haber conflictos de interés por parte
de funcionarios públicos quienes, motivados por un beneficio personal, avalan
necesidades ficticias que pretenden justificar la creación de determinados
proyectos.
Respecto al perfil del
proveedor, no existen bases de la experiencia, desempeño e integridad que
acrediten que los contratistas efectivamente cumplen con los requisitos mínimos
legales y administrativos. Solo hay un registro único de contratistas de la
administración pública federal que solo registra aquellas empresas que ya han
prestado servicios al gobierno.
Tampoco se mandata ni se
practica la publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y
fiscales de los funcionarios implicados en la toma de decisiones de las
contrataciones.
En el caso del socavón en el
Paso Exprés, peritos hallaron responsables a empresas y funcionarios públicos
por el desperfecto en la obra que causó la muerte de dos personas. Foto:
Cuartoscuro
La contratación va desde que
se invita a los contratistas a participar en un procedimiento hasta la entrada
en vigor del contrato y en su caso el proceso de impugnación. Su calificación
global es de 4.1. De los 19 documentos consultados, solo el 1 por ciento hizo
público el documento del contrato a pesar de que establece los términos en que
se emplearán los recursos públicos y el costo de publicarlo es casi nulo.
Incluso, es más eficiente que los contratos se publiquen completos y de manera
automática que atender solicitudes de información.
El 60 por ciento de las
licitaciones o invitaciones a tres no ponen a disposición del público su fallo
completo, documento que describe ampliamente las justificaciones por las que se
determina el ganador de un concurso.
“No existe homogeneidad en
las obligaciones de transparencia entre procedimientos de contratación y más
puntualmente es que hay opacidad en las adjudicaciones directas”, enfatizó.
Sólo 23.6 por ciento de las bases de contratación de las adjudicaciones
directas está disponible mientras que 87 por ciento de los procedimientos
competitivos cuenta con acta de fallo. Las adjudicaciones directas tienen un
mayor potencial de ser discrecionales, por lo tanto, preocupa que sus
documentos sean menos transparentes”, agregó.
Finalmente, la
postcontratación es la fase que inicia con la ejecución del contrato y termina
con la operación de la obra, incluyendo la supervisión, auditoría y evaluación
de la misma. Su calificación global es de 3.7. Sin embargo, no hay buenos
mecanismos de seguimiento para los ciudadanos durante la ejecución de los
contratos.
De acuerdo con una encuesta
del Foro Económico Mundial, en América Latina las dos áreas donde los
empresarios reportan los sobornos más frecuentes son las contrataciones
públicas y luego el sistema judicial.
El nexo PRI-Edomex-OHL es el caso de
corrupción más grave en los últimos años, acusa Díez Gargari
En México, el artículo 134
constitucional dice que las contrataciones de todo el Estado Federal Mexicano
deben realizarse en un marco de eficacia y transparencia.
“La contratación de obra que
realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, reza.
La Ley de Obras Públicas en
su artículo 34 también establece como principio la obligación de usar la
licitación como procedimiento de contratación.
La corrupción es posible
gracias a la opacidad y discrecionalidad por lo que la regulación debe reducir
los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios públicos, así como
garantizar que tomen decisiones con base en criterios explícitos, de forma
colegiada, con procesos de revisión y mecanismos de contrapeso, propuso el
informe de la MetrOP.
En cuanto a la participación
de la sociedad civil, puede monitorear los procedimientos de contratación de forma
eficiente y transparente.
Paso Exprés costó lo doble, y ASF halla
millones sin aclarar; otras carreteras están en las mismas
(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA/ SEPTIEMBRE 9, 2017, 12:05
AM)
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