Desde
2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense,
exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación... la cual llegó hasta que
Peña llegó a la Presidencia
Foto:
Moisés Pablo/ Archivo Cuartoscuro
La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contó con un dictamen
presupuestal para entregar 3 mil 566 millones de pesos al gobierno del Estado
de México y así finiquitar una disputa que inició la administración de Enrique
Peña Nieto como gobernador de esa entidad federativa y que resolvió a su favor
ya como Presidente de la República.
Aristegui
Noticias obtuvo, vía transparencia, una sentencia judicial que permitía al
gobierno federal no reconocer la deuda con la administración mexiquense y el convenio
donde falta el permiso de Hacienda para mover el dinero.
Al
intentar obtener más documentos sobre este caso, la SCT que encabeza Gerardo
Ruiz Esparza decidió reservar la información, argumentando que hay una
investigación administrativa abierta y que personas ajenas a la institución
podrían desvirtuar los hechos y llegar a conclusiones sin tener facultades
legales.
LA HISTORIA
Los
documentos reunidos por Aristegui Noticias permiten establecer la línea del
dinero y comprobar que el gobierno federal no estaba obligado a pagar los
recursos reclamados por la administración mexiquense.
Los
3 mil 566 millones de pesos derivan de una contribución original de 50 millones
de pesos que el gobierno del Estado de México pagó en 1992 para construir la
autopista Chamapa-Lechería, según el convenio de transacción.
Desde
2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense,
exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación por ese aporte.
En
octubre de 2009, el gobernador Enrique Peña Nieto inició una demanda de nulidad
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obligar a la
administración de Felipe Calderón a reconocer la deuda.
El
juicio terminó el 5 de noviembre de 2014, cuando la Sala Superior del Tribunal
concluyó que no podía resolver el caso, pues ambos gobiernos actuaron como
entes soberanos y no podían obligarse a reconocer una subordinación jerárquica.
Sin
embargo, las partes “se convocaron recíprocamente para la búsqueda de una
solución coordinada de sus diferencias”, según el convenio de transacción.
En
ese momento ya no había “diferencias” entre las partes, pues al frente del
gobierno mexiquense y el federal estaban miembros del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del equipo de Enrique Peña Nieto.
El
convenio de transacción se firmó el 12 de diciembre de 2014 entre Raúl
Murrieta, subsecretario de Infraestructura (SCT); Carlos Bussey, director de
Desarrollo Carretero (SCT); Apolinar Mena Vargas, entonces secretario de
Comunicaciones (Edomex) y Francisco González Zozaya, subsecretario de
Planeación y Desarrollo (Edomex).
Sin
embargo, en la página 7 del documento, se quedó vació el lugar para señalar el
dictamen de suficiencia presupuestaria, que debió otorgar la Secretaría de
Hacienda.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ SEBASTIÁN BARRAGÁN/AGOSTO 22,
2017 11:32 AM)
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