LA CORRUPCIÓN, LOS PERIODISTAS, LAS AMENAZAS

“México es un cagadero”. La expresión es de un amigo con el que suelo rebotar temas, siempre entre cerveza y cerveza, los rigurosos Marlboro y bocadillos caseros donde nunca falta el queso de rancho. La llamada “casa blanca” quedó atrás y el tema de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, llegó a un punto en el que a los medios ya no les importa tanto. El morbo de la huida, la captura, su piojo confinamiento y su traslado a México agotó a periodistas, audiencias y lectores.

Pero en nuestro país esta clase de mugre es inagotable. No terminaba el impacto que causó la inclusión de Rafael Márquez y el Julión Álvarez en las listas de la OFAC —elaboradas con información de las agencias norteamericanas—, cuando un grupo de periodistas publicó en medios nacionales y extranjeros una investigación que evidencia sobornos de la compañía brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, desde que estuvo en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y como director de Pemex, durante 4 años.

El reportaje, firmado por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, es el primero que presenta Quinto Elemento Lab, un pequeño equipo de reporteros independientes recién formado y que recibe apoyo de Open Society Foundations.

Ya había trascendido que Lozoya Austin estaba involucrado en sobornos a los que Odebrecht había acudido en una decena de países, para conseguir obra pública.

Pero nadie había documentado nada del caso mexicano. El trabajo sale a la luz cuando se conocían apenas los resolutivos de la XXII Asamblea Nacional del PRI, donde se abrió el cerco para que candidatos externos pudieran competir por las siglas del PRI en el 2018 y donde en una de las mesas se discutió el tema de la ética.

El reportaje de Quinto Elemento Lab se suma al de los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera e Irving Huerta, quienes realizaron el trabajo sobre la casa blanca de Peña Nieto y al de Animal Político, diario digital que descubrió la trama de corrupción que envolvía a la administración de Javier Duarte, cuando aún estaba en el cargo. Y a muchos más —tal vez de menos impacto pero no menos importantes— que se realizan por los medios tradicionales y por periodistas de a pie con el propósito de que lo que ocurre en nuestra vida pública se conozca y los ciudadanos tomen decisiones con mejor información.

El periodismo está haciendo su parte. Lo ha hecho desde hace décadas aunque tal vez desde menos trincheras y menos impactantes, pero al menos desde finales de los años 60´s con mayor consistencia ha estado evidenciando las tropelías de gobiernos sordos, cínicos pero, además, represivos con la prensa libre.

Y esto no ha cambiado. Registros de organismos internacionales hablan de que un 80 por ciento de las agresiones recibidas por periodistas en los últimos diez años provienen de personas que trabajan en alguna institución del gobierno. Por eso mismo las denuncias no tienen ningún efecto en los casos y por ello casi el cien por ciento quedan en la impunidad.

Esto explica por qué los mecanismos de protección a periodistas, creado en 2012, no han funcionado hasta el momento, pues los encargados de operarlo son al mismo tiempo parte del problema.

Esta semana que pasó fuimos víctimas de una amenaza más, terrible, contra un periodista y escritor, Héctor de Mauleón, quien escribe en diversos medios también sobre muchos temas, pero que en los últimos años ha tocado intereses de las bandas criminales de la Ciudad de México y de no pocos políticos, tal vez muchos de ellos coludidos con estas mafias. La forma en que los criminales dieron a conocer la amenaza es espeluznante —un hombre dispara en un campo de tiro sobre la imagen del periodista colocada en una silueta, con un mensaje de muerte.

¿Por qué alguien que tiene un arma en la mano y el poder para matar se da el lujo de publicar una amenaza así? Pues porque sabe que tiene el 99.75 por ciento de probabilidad de no ser castigado. Por eso. ¿Por qué esa desfachatez? Porque no hay Estado ni para la sociedad, ni para los periodistas. Y entonces impera la barbarie.

BOLA Y CADENA

LO PEOR ES QUE EL MECANISMO diseñado para proteger periodistas y defensores de los derechos humanos no garantiza nada. Pueden contarse muchos casos de éxito, sobre todo en aquellos donde se han tomado medidas preventivas estrictas, pero puede afirmarse que en muchas de las agresiones  a periodistas, incluyendo casos de asesinatos, pudieron haberse previsto y evitado. El problema es que el mecanismo no tiene medidas de diagnóstico de riesgos que permita avistar posibles ataques. Hasta ahora pretende hacerlo con la creación de unidades de protección en los estados, coordinados con el gobierno federal. No creo que con muy buenos resultados, por lo poquito que hemos visto en Sinaloa y por las experiencias de compañeros en otras entidades. Porque los intereses terminan tragándose las buenas intenciones.

SENTIDO CONTRARIO

JAVIER COELLO TREJO, EL OTRORA fiscal de hierro al parecer se volvió de paja. Sin más argumentos que… el licenciado no sacó ese dinero, o… no hay pruebas de que existieron esos sobornos… todo más o menos dicho, solo le queda decir que demandará a Odebrecht por daños a la moral contra su representado, Emilio Lozoya. Y que a los periodistas y medios que publicaron, exigirá derecho de réplica. Ahora, si la PGR había estado investigando el caso antes que los periodistas ¿por qué no hay una carpeta con los datos que sí se contaron en el reportaje?

HUMO NEGRO

Y EN SINALOA ESTAREMOS ESPERANDO que tanto la Unidad de Transparencia como la Auditoría Superior del Estado, indaguen sobre las compras y ventas fraudulentas en el INVIES durante la administración anterior. Solo que indaguen. Por lo pronto.

(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ 21 AGOSTO, 2017)