Son un grupo vulnerable que en México casi nadie ve.
No existe un organismo de atención especializada y la mayoría de las mujeres en
esta situación carecen de los servicios básicos de salud ni tampoco reciben una
pensión económica. Están destinadas a la marginación y al olvido
Del 2006 a la fecha, el índice de viudas
ha crecido como producto del número de asesinatos generados por la Guerra
Contra el Narco
Edgar Morín, doctor en sociología,
afirma que las esposas de los presos se enfrentan también al desamparo social,
precariedad económica, falta de acceso a los servicios de salud y relevo en la
jefatura del mando familiar
Mujeres cuya pareja está desaparecida o
las concubinas de hombres sentenciados por delitos de delincuencia organizada
tampoco tienen una pensión
Socorro es la concubina de un ex militar
sentenciado a prisión por 25 años, por eso, ella se sabe viuda, aunque
oficialmente no lo es
De acuerdo a la SEDESOL, los hogares con
jefatura femenina han crecido en 20 años; en 1992 eran 2.6 millones, pero a
finales del 2012 ya eran casi 8 millones
En este sector el problema lo viven las
parejas del mismo sexo y las que viven en poligamia, cuyos casos se ven en
condiciones más adversas que las ‘viudas formales’
La CNDH intervino para que siete hombres
en estado de viudez tengan derecho a pensiones económicas y de salud en el IMSS
En Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México,
la CNDH ha amparado a viudos que les fue negada la pensión de viudez en el IMSS
330 a 2,040
Pesos mensuales aportación de la
Secretaría de Desarrollo Social a través del Seguro de Vida para Jefas de Familia
171,888
Viudas formales y extraoficiales en el
desamparo ha dejado la Guerra Contra el Narco, desde el 2006 al primer semestre
del 2017
Fausta Marcos Chino tiene 28
años de edad y ya es viuda. Su marido murió en Estados Unidos hace poco más de
un mes y desde entonces no sólo se le cerró el mundo, también las puertas de
las instituciones de gobierno a donde ha recurrido en busca de ayuda para ella
y sus hijos; no pide mucho, sólo una beca para que sus tres menores tengan la
escuela asegurada.
Esta viuda, al igual que
millones de ellas en México, tampoco tiene la certeza de acceso a los servicios
básicos de salud, ni a la posibilidad de tener una vivienda, mucho menos aspira
a contar con una pensión económica que le garantice su tranquila subsistencia y
la de su familia, de la que ahora es jefa.
El de las viudas es el sector
invisible por el que en México casi nadie ve. No existe un organismo federal,
ni en ninguna de las entidades del país, que atienda exclusivamente los
problemas de estas mujeres, lo que les obliga a vivir en la precariedad económica
y a la exposición social, que en algunos casos llega a la mendicidad.
Algunos destellos de ayuda
para ese sector se han registrado desde la Secretaría de Desarrollo Social, en
donde la mayor de las acciones es el llamado Seguro de Vida para Jefas de
Familia, que no alcanza a resolver las necesidades económica de las que se han
quedado sin marido, al aportar de 330 a 2 mil 40 pesos mensuales.
De acuerdo con las cifras del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el país,
ocho de cada 10 personas en estado de viudez son mujeres, pero lo que no dice
ningún censo oficial es que el de las viudas es el sector más olvidado de todos
los estratos sociales, pese a ir en aumento por razones de la violencia.
Del 2006 a la fecha, el
índice de viudas ha crecido en forma acelerada, como producto de la incidencia
proporcional que deriva del número de asesinatos generados por la llamada
Guerra Contra el Narco, que hasta el mes de julio de este año ya había dejado
201 mil 581 personas asesinadas, de las que al menos el 80 por ciento eran
hombres que dejaron una viuda.
Es decir, en base a las
estadísticas estimadas por el sociólogo Edgar Morín, se calcula que sólo en 10
años y siete meses de Guerra Contra el Narco, el número de viudas en el país
creció en poco de 140 mil.
“A las que se debe agregar a
las esposas y concubinas de los presos, que también es una forma de viudez”,
dijo el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde el punto de vista del
doctor en sociología, las esposas de los presos se enfrentan a los mismos
problemas que las viudas por fallecimiento de sus esposos: desamparo social,
precariedad económica, falta de acceso a los servicios de salud y relevo en la
jefatura del mando familiar.
Esa otra forma de viudez que
señala el doctor Edgar Morín, la de las esposas de los reclusos detenidos en el
marco de la Guerra Contra el Narco, se refleja en su estadística que indica que
sólo por delitos contra la salud, 10 mil 334 presos dejaron en el desamparo a 6
mil 769 mujeres, que de la noche a la mañana se quedaron sin sustento económico
y no existe instancia que vea por ellas.
A la cifras del investigador
social se debe agregar también la de las “viudas” de los presos detenidos por
el delito de homicidio, también dentro del marco de la Guerra Contra el Narco,
que hasta el año pasado eran 6 mil 266 internos, mismos que dejaron en el
desamparo económico y social a poco más de 4 mil 219 mujeres.
Otro sector que ha dejado
“viudas”, sin que sean reconocidas como tal de manera oficial por razones
técnicas y legales, son los desaparecidos, de los que se sabe que 73 por ciento
eran hombres, y de ellos, el 82 por ciento tenían alguna responsabilidad
marital, fuera en unión libre o matrimonio formal.
Dicho en otras palabras, de
las 32 mil 146 personas que se reconocen como desaparecidas ante instancias del
fuero local y federal, al menos 23 mil 794 eran hombres, de los que se sabe por
lo menos 17 mil 370 dejaron a una mujer en el desamparo social y económico, las
que a la fecha no reciben ninguna asistencia social de dependencia oficial
alguna.
La Guerra Contra el Narco,
desde el 2006 al primer semestre del 2017, ha dejado un saldo de viudas
formales y extraoficiales, entre las que se encuentran las mujeres de los
abatidos, que dejan los presos y las de los desaparecidos, que se calcula en
171 mil 888, la mayoría en el desamparo.
‘VIUDAS’ SIN SERLO
María Dolores Barajas vive un
infierno. Desde que su cónyuge Mauricio Estrada Zamora, un periodista del
diario La Opinión de Apatzingán desapareció en Michoacán, el 12 de febrero del
2008, no ha podido cobrar su pensión, está a punto de perder su casa y no tiene
acceso al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Su estatus social ha quedado
indefinido. En ninguna instancia oficial donde la mujer pretende hacer trámites
se le quiere reconocer su condición de viuda. El argumento es que no presenta
el acta de defunción. Y no presenta ese documento, porque Mauricio Estrada se
encuentra en calidad de desaparecido.
Sin cuerpo, Mauricio no está
muerto, y si no está muerto Dolores Barajas no puede tener un acta de defunción
que le permita reclamar algún beneficio por su viudez. Ella ha tocado a las
puertas de todas las dependencias posibles para obtener el documento que le
permita reconocerse oficialmente como viuda, pero no ha tenido ninguna
respuesta.
Una situación similar
enfrenta Socorro, la concubina de un exmilitar detenido en Uruapan acusado de
ser parte de una célula criminal y que fue sentenciado desde hace dos años a
prisión por 25 años, por los delitos de delincuencia organizada y fomento al
narcotráfico. Ella ya se sabe viuda, pero oficialmente no lo es.
Socorro, no puede cobrar la
pensión de su cónyuge porque no tiene acta de matrimonio y además el salario de
su compañero ha quedado congelado en tanto se resuelva el amparo directo
interpuesto para revocar la sentencia condenatoria. Mientras, ella se ha
convertido en la jefa de familia, autoempleándose.
JEFAS DE FAMILIA, PROBLEMA LATENTE
De acuerdo con los datos de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hasta inicios del actual sexenio,
en el país existían más de 8 millones de hogares con mujeres como jefas de
familia, de los que al menos en el 39.7 por ciento de ellos se viven
condiciones de pobreza extrema a moderada, con vulnerabilidad por carencias
sociales.
De los casi 8 millones de
hogares que tienen jefas de familia, se estima que más del 51 por ciento
corresponden a viudas formales y extraoficiales, de acuerdo a la categorización
del doctor Edgar Morín, a la mayoría de las cuales la falta de programas
institucionales de apoyo directo a su condición les mantiene en la pobreza.
La proporción de hogares con
jefatura femenina ha crecido en los últimos 20 años, reconoce la SEDESOL, que
establece que en 1992 eran aproximadamente 2.6 millones las que encabezaban un
hogar, pero a finales del 2012 ya eran casi 8 millones las que habían relevado
al hombre en el sustento de sus familias, y se presume que la cifra sigue en
incremento del 2012 a la fecha.
Entre las causas que
oficialmente reconoce la SEDESOL se encuentran la migración, la separación, el
divorcio y la viudez por decesos naturales, pero a ello el doctor Edgar Morín
agrega la escalada de violencia en el país, y otras causas que han dejado
viudas extraoficiales, como las desapariciones y los encarcelamientos con
sentencias de más de 10 años.
Bajo ese contexto, la SEDESOL
ha pretendido afrontar el problema de la pobreza que viven las jefas de familia
con el programa “Seguro de Vida para Jefas de Familia”, que en este año cuenta
con un presupuesto de 13 millones 401 mil 468 pesos, que si se distribuyera
equitativamente entre el total de jefas de familia que reconoce la propia
institución, tocaría a cada mujer beneficiaria la cantidad de un peso con 67
centavos cada mes.
¿ASEGURADAS?
Seguro de Vida para Jefas de
Familia de la SEDESOL:
>> 13.4
Millones de pesos presupuesto
2017
>> 1.67
Peso mensual le tocaría a
cada mujer beneficiaria si el seguro se distribuyera equitativamente entre el
total de jefas de familia que reconoce la institución
MILES DE DESVALIDAS
Si revisamos a fondo el
problema de las viudas, derivado de la falta de apoyos económicos y sociales
acordes a su condición, el problema es más grave de lo que aparenta, explicó
Edgar Morín, pues dentro del rango de “viudas informales” entra otro sector que
no es considerado en muchos sentidos.
Ese sector, dijo el
académico, es el de las parejas del mismo sexo y el que deriva de la poligamia,
en cuyo caso las parejas desamparadas se ven en condiciones más adversas que
las “viudas formales” para acceder a los derechos que les corresponden cuando
sus parejas, mayoritariamente hombres, ya no están.
No existe una cifra oficial
sobre el número de mujeres concubinas, que en función de segunda pareja, tras
la muerte, desaparición o encarcelamiento de sus hombres, hayan quedado
desamparadas, en condición de viudas, pero Morín estima que “la cifra podría
llegar fácilmente a varias decenas de miles”.
Solo hay que ver, dijo, el
comportamiento individual de algunos policías y militares, incluyendo a
presuntos miembros de la delincuencia, que tienen por práctica común la
poligamia, lo que hace que el número de esas
“viudas informales” se estime elevado.
Según las cifras emitidas en
el “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016” se establece que en lo
que va de la Guerra Contra el Narco han sido asesinados, hasta diciembre del
2016, un total de 3 mil 194 elementos de la Policía Federal, Ejército, Armada
de México, Procuraduría General de la Republica, policías estatales,
municipales y ministeriales.
Edgar Morín, en base a sus
propias estadísticas, estima que por lo menos entre el 70 y 80 por ciento de
los elementos del Estado, abatidos en la lucha contra el narco, dejaron a una
mujer, que sería su segunda pareja, en el desamparo económico y social sin
posibilidad de reclamo alguno.
Respecto a las personas con
parejas del mismo sexo, dijo que allí se vuelve más compleja la situación, pues
de este tipo de uniones los cónyuges que quedan tras la separación tienen que
enfrentar situaciones legales difíciles, y adversas socialmente.
TAMBIÉN ELLOS SUFREN
Aun cuando porcentualmente es
mínima la cantidad de hombres en estado de viudez, estos también se enfrentan
al abandono institucional, a tal grado que hasta la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) ha tenido que intervenir para reclamar el respeto a su
derecho a una pensión económica.
El caso más reciente se
observa dentro de la recomendación 28/2017 emitida por la CNDH apenas el pasado
25 de julio, en donde se le recomienda al director del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa, entregar pensiones por
viudez, negadas por condiciones de sexo, económicas y de salud a siete hombres
que quedaron desamparados.
A uno de los viudos, que
presentó la queja CNDH/6/2016/6421/Q en el estado de Jalisco, el IMSS le
condicionó la pensión a cambio de presentar un certificado de invalidez, el que
a pesar de ser expuesto, no fue aceptada su solicitud, por lo que tuvo que
recurrir ante la instancia procuradora de los derechos humanos.
Otro de los amparados por la
CNDH, que presentó la querella CNDH/6/2016/5836/Q, se quejó de recibir “un
trato diferenciado de parte de personal de la Subdelegación Juárez del IMSS, en
el Estado de Jalisco” en donde se le solicitaron requisitos que “no son
considerados para las mujeres que solicitan la pensión por viudez”.
Otro hombre de la Ciudad de
México, que fue protegido por la CNDH luego de presentar la queja
CNDH/6/2016/3662/Q, denunció que en el IMSS se negaron a recibirle la
documentación para solicitar su pensión de viudez, esto luego de que le
obligaron a una certificación de incapacidad para trabajar y “una constancia de
dependencia económica”.
En Sinaloa ocurrió otro caso
similar, según lo establece la queja CNDH/6/2016/735/Q, luego que un hombre que
reclamó ante el IMSS su pensión por viudez, le fue negado el trámite hasta que
demostrara mediante un expediente médico su “total incapacidad para trabajar”,
lo que pese a ser solventado no ha tenido ninguna respuesta a su petición.
El caso de otro viudo al que
se le negó su pensión es el que se registra en el expediente CNDH/6/2017/754/Q,
donde se establece que en el IMSS de la Ciudad de México se le dijo que era
improcedente su petición “por carecer del dictamen de invalidez conforme a lo
previsto en la LSS-1973”.
También en el IMSS de la
Ciudad de México, según la queja CNDH/6/2017/1089/Q, a un hombre se le negó la
pensión de viudez sin argumento alguno, pese a que ha cumplido con el trámite
de citas médicas para determinar su estado de invalidez que le impide trabajar.
Otro viudo de la Ciudad de
México que reclamó a intervención de la CNDH mediante la queja
CNDH/6/2017/1340/Q, refirió que pese a cumplir con los requisitos establecidos
para el trámite de la pensión, esta le fue negada, exigiéndole una sentencia de
un juez civil para poder tener acceso a ese beneficio.
El caso más discriminatorio
es el que se contiene dentro de la queja CNDH/6/2017/2213/Q, levantada en la
Ciudad de México, en donde un viudo no ha obtenido su pensión, luego que
personal del IMSS le manifestó que “por ser varón no tenía derecho a solicitar
pensión”, exigiéndole promover un juicio ante un Juez de los Familiar para que
legalmente lo designara dependiente económico de su esposa difunta.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ VIERNES 25 DE AGOSTO
DE 2017)
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