La fractura hidráulica (fracking) para extraer
hidrocarburos implica riesgos y daños inevitables a la salud y al ambiente. Sin
embargo, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció hace unos
días que se licitarán bloques no convencionales que requieren esta técnica
–prohibida en otros países– para explotar gas natural y petróleo en la Cuenca
de Burgos y Tampico-Misantla como parte de la Reforma Energética, advirtió La
Alianza Mexicana contra el Fracking y denunció que las autoridades mexicanas
han sido opacas respecto a especificar las áreas y municipios donde se
practicará.
“No es el Gobierno en las Rondas quien dice el orden
de qué áreas va a abrir, sino responde a la petición de las empresas según el
interés específico que tengan en las diferentes áreas”, aseguró de Aroa de la
Fuente, miembro de la Alianza.
En sigilo, pero con todo su poder, el
fracking rompe el subsuelo de México: se perforan ya 3,780 pozos
Ciudad de México, 26 de
agosto (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro
Joaquín Coldwell, anunció la realización de la primera licitación para subastar
yacimientos no convencionales para explotar gas natural y petróleo en la Cuenca
de Burgos y Tampico-Misantla como parte de la Reforma Energética. Sin embargo,
la Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió que por la característica de
estos bloques se requerirá la técnica de fractura hidráulica, lo que implica
riesgos y daños inevitables a la salud y al ambiente, por lo cual se ha
prohibido en Francia, Bulgaria o Nueva York.
“De concretarse estos planes,
el Estado mexicano estará incumpliendo sus obligaciones de garantizar, proteger
y respetar los derechos humanos, al poner en riesgo el medio ambiente, la
salud, el agua, la alimentación y la vida de las comunidades de estas zonas y
de la población general del país”, acusaron las organizaciones que la
conforman.
Aroa de la Fuente, de la
Alianza, destacó en entrevista que la Secretaría de Energía y la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) no han especificado de manera oficial las áreas
y municipios que se subastarán a las empresas privadas. Pero, según lo dijo por
Coldwell en el Foro de Análisis de la Reforma Energética, los bloques
terrestres a licitar en las próximas semanas se encuentran en la Cuenca de
Burgos y en la Provincia de Tampico-Misantla, situadas en los estados de
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Hidalgo, Veracruz y Puebla.
Los yacimientos no
convencionales tienen baja permeabilidad, es decir, el petróleo y el gas se
encuentra atrapado en pequeños poros de rocas. Para extraerlo es necesario
fracturar la roca para que fluyan los hidrocarburos hacia los pozos. En este
procedimiento del fracking se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua al
subsuelo combinados con sustancias químicas, las cuales puede provocar cáncer y
mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema
nervioso.
Las fugas de agua contaminada
con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el
subsuelo han contaminado fuentes de agua, el suelo y el aire. Adicionalmente,
la fractura hidráulica presenta significativas fugas de metano a la atmósfera
que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global. El agua
residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos
volúmenes inyectados, puede provocar sismos.
“Por lo que estamos viendo en
las últimas licitaciones relacionadas con el fracking hay gran desinformación.
No hay información de manera previa ni algún documento público donde se conozca
con exactitud cuál es el área que van abriendo y en qué tiempos, salvo en
intervenciones en foros o comunicados de prensa. El Gobierno no publica esa
información, no es el Gobierno en las rondas el que dice el orden de qué áreas
va a abrir, sino responde a la petición de las empresas según el interés
específico que tengan en las diferentes áreas”, aseguró De la Fuente.
El fracking pone en riesgo a los pueblos
nativos de 35 municipios en Puebla, alertan ONGs
El Secretario Pedro Joaquín
argumenta la necesidad de extraer gas natural propio ante los problemas de
seguridad energética por la dependencia de México de las importaciones de gas.
No obstante, la Alianza
Mexicana contra el Fracking asegura que la solución no es extraerlo de nuestro
territorio sin importar las consecuencias ambientales, sociales y climáticas,
sino apostarle a la eficiencia energética y las energías renovables con pleno
respeto a los derechos de las comunidades donde se establecen los proyectos
para generar y transmitir, como el de una consulta libre, previa e informada.
De lo contrario, se vulneraría su derecho a la autodeterminación y al uso y
disfrute de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
“Se ha señalado en otras
partes del mundo que hay evidencia científica, demostrada y contundente, sobre
los fuertes impactos negativos que esta técnica tiene sobre la salud de la
población, el medio ambiente y el clima. También está demostrado que los
impactos no se pueden evitar a través de la regulación. La única manera de
evitar los daños es con su prohibición como ya sucedió en Francia, Bulgaria,
Irlanda y en ciudades como Nueva York”, expuso Aroa de la Fuente.
LA SIMULACIÓN DE LA REGULACIÓN
Este anuncio de la Secretaría
de Energía sobre subastar yacimientos no convencionales se hizo tras la
aprobación en marzo de los Lineamientos en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar las
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No
Convencionales en tierra, sin embargo se trata de una “simulación, con términos
jurídicamente débiles e inoperable”, evaluó la Alianza Mexicana contra el
Fracking.
También se encuentran aún en
revisión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) los
Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no
convencionales.
“En un país donde la
impunidad y la corrupción reina, donde las instituciones que debieran vigilar
el cumplimiento de la Ley son incapaces de hacerlo, se quiere hacer creer que
con estos lineamientos quedarán protegidas las comunidades de una práctica experimental
que ha generado daños graves en Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina”,
destacó.
Esta regulación, expuso la
Alianza, es “una simulación” por parte del Gobierno federal al querer hacer
creer que el fracking se hará de forma segura y responsable, cuando se trata de
una técnica inherentemente insegura, devastadora y cuyos impactos negativos
“son imposibles de controlar”. La regulación es “inefectiva para evitar sus
daños irreversibles e irreparables, además de ser jurídicamente débil e inoperable”.
El fracking invade México en silencio y
sin información para los ciudadanos: grupos civiles
En representación, Aura de la
Fuente añadió que incluso ingenieros petroleros han demostrado que no es
posible evitar los daños causados por el fracking a través de una regulación,
la cual –además– “es deficiente en su operatividad”.
La Alianza ha destacado que
van en aumento los lugares en el mundo donde ha sido prohibida, con base en el
principio precautorio. Sumado a lo anterior, los lineamientos son
“jurídicamente débiles” al utilizar verbos como “promover” o “fomentar” así
como términos como “mejores prácticas”, al tiempo de que habla de principios
para la minimización de riesgos a un nivel “Tan Bajo Como Sea Razonablemente
Factible”, es decir, que no represente un costo exageradamente alto para las
empresas.
Además, los lineamientos “son
inoperables”. Si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es incapaz de
inspeccionar las descargas a los ríos de industria y municipios, ¿cómo vigilará
el cumplimiento de estos lineamientos? Lo mismo aplica para la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) creada con la Reforma
Energética que, además de limitados recursos, cuenta con una autonomía
limitada, consideró el grupo de organizaciones.
En un país donde la impunidad
y la corrupción reina, donde las instituciones que debieran vigilar el
cumplimiento de la ley son incapaces de hacerlo, se quiera hacer creer que con
estos lineamientos quedarán protegidas las comunidades de una práctica
experimental que ha generado daños graves en EU, Canadá, Australia y Argentina.
La Alianza Mexicana contra el
Fracking y las organizaciones que la integran exigen que el gobierno prohíba el
uso de esta técnica en todo el territorio nacional, como responsablemente han
hecho gobiernos y parlamentos de otros países.
ONGs denunciarán ante la ONU la
contaminación del agua en Cuenca de la Independencia, Gto
(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA/ AGOSTO 26, 2017/ 8:30 PM)
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