Indignados. La movilización de
periodistas y activistas es permanente por todo el País, pero las autoridades
siguen sin responder. Fotos: Archivo
Tres de los diez asesinados en este año
contaban con medidas de seguridad y en otros dos casos fallecieron sus escoltas
cuando intentaban evitar su muerte
El asesinato de periodistas
en México ha pasado de ser una consecuencia más de la violencia que se vive en
todo el país a una macabra cadena que añade nuevos muertos cada mes. Cándido
Ríos, un veterano de la información policial, ha sido el más reciente
periodista acribillado, el martes pasado en Hueyapan de Ocampo, al sur de
Veracruz.
Su muerte es la décima de un
reportero en México este año.
El asesinato de Ríos
cuestiona la eficacia de los mecanismos de protección de periodistas del
Gobierno, al que estaba adscrito. De los últimos fallecidos, tres de ellos contaban
con medidas de protección. En otros dos casos fallecieron sus escoltas cuando
intentaban evitar su muerte. El Ejecutivo niega que la muerte de Ríos tenga
relación con su profesión.
El asesinato de Cándido Ríos
es el decimoséptimo que se produce desde 2011 en Veracruz, de ocho millones de
habitantes y con un largo historial en agresiones a comunicadores. Estaba
acompañado de otras dos personas –uno de ellos, un ex policía- cerca de una
tienda de comestibles cuando fue acribillado por desconocidos.
Ríos, que cubría la fuente
policial desde hacía 10 años, trabajaba para el Diario de Acayucan y formaba
parte de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de
derechos humanos.
“Todos los indicios apuntan a
que el ataque no está vinculado con el periodista;
todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y
sus escoltas”, aseguró el miércoles el subsecretario de Gobernación, Roberto
Campa.
Sin embargo, para la hija del
periodista, Cristina Ríos Nieves, su padre fue asesinado por ejercer el oficio
de informar.
“A través de esa actividad
periodística él desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del
pueblo”, comentó durante el funeral en su casa, de acuerdo con la agencia AFP
La vivienda de Ríos tenía
cámaras de seguridad, rejas con alambres de púas y la policía local hacía
recorridos de vigilancia. Estas medidas eran parte del Mecanismo de Protección
de Periodistas del Gobierno Federal al que se había acogido desde 2012. A pesar
de todo ello el funcionario rechazó que la muerte de Ríos sea muestra del
fracaso de los mecanismos de protección aunque pidió una “revisión de los
mismos”.
Tras el asesinato del
conocido periodista Javier Valdez en mayo pasado, el Gobierno de Enrique Peña
Nieto anunció más recursos, más medios y más medidas de protección. Sin
embargo, éstas no se están aplicando o quien las recibe, como en el caso de
Cándido Ríos, no funcionan.
Según diversos medios
locales, la medida de protección con la que contaba el periodista de Veracruz
era un teléfono satélite con un botón de alerta conectado con la policía. La
Comisión Estatal de Protección a Periodistas confirmó que el reportero había
denunciado amenazas en su contra del exalcalde desde 2012, quien le dijo en más
de una ocasión: “Pinche reportero, te voy a matar”.
El mecanismo de protección
para defensores de derechos humanos y periodistas, creado a mediados de 2012
con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en
riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su
implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los
distintos métodos de seguridad, declaró Zorayda Gallegos.
Las fallas técnicas en
algunos de los equipos, como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para
acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las
quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su
implementación.
Actualmente hay alrededor de
500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas,
teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección,
rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para
alimentación, entre otras.
Ríos había elegido que lo
protegiera el Gobierno central y no el de Veracruz, gobernado hasta diciembre
por el hoy encarcelado Javier Duarte.
“El propio Ríos eligió que lo
protegiera el Gobierno Federal y nosotros (Veracruz) le damos asesoría legal,
cursos, formación, pero la protección física dependía de la Secretaría de
Gobernación”, explicó a Anal Laura Pérez responsable del programa de protección
a Periodistas de Veracruz.
Actualmente, unos 70
periodistas de Veracruz se han acogido a este programa de protección. 18 de
ellos cuentan con medidas físicas (cámaras, micrófonos, botones de pánico,
escoltas) y otros 50 pertenecen al segundo grupo.
El periodista cubría la
fuente policial y en sus informaciones era muy crítico con el anterior alcalde
de su pueblo, Gaspar Gómez, y lo culpaba de cualquier cosa que pudiera pasarle.
“En casa estaba protegido pero fuera “él estaba totalmente desprotegido.
Siempre (sufría amenazas) y creo que en el fondo él sabía que esto iba a pasar.
Indirectamente nos preparó para esto”, agregó su hija a la agencia AFP.
El periodista asesinado
investigó y documentó cómo, cuando era alcalde, Gómez daba contratos para obras
públicas a sus propias empresas areneras y cementeras.
Fuentes cercanas a la
investigación confirmaron a El PAÍS que es esa es la principal línea de
investigación. La otra tiene que ver con su acompañante ejecutado, un ex policía
con el que se había encontrado minutos antes de la ejecución. Lo que para un
periodista que cubre la fuente policial es algo normal, reunirse con policías
retirados o en activo, para la fiscalía se ha convertido en otra línea de
investigación.
Hace menos de una semana,
Artículo 19, organización que denuncia agresiones y amenazas a periodistas,
informó que el primer semestre de 2017 había sido especialmente nefasto en
México. Además de los asesinatos, la organización había documentado 276
agresiones y amenazas a reporteros, una y media al día, 52 más que en los
primeros seis meses de 2016.
Juan Vázquez, uno de los
investigadores, explicaba que la impunidad era, como siempre, uno de los principales
problemas. “No hay un solo detenido por ninguno de los periodistas asesinados
este año. A pesar del compromiso público, no se ve una actitud distinta ni un
cambio en la manera de actuar”.
La violencia afecta al gremio
en todo el país, aunque especialmente a los reporteros que trabajan en
provincia. De los 10 asesinados este año, ninguno vivía en la capital. En la
Ciudad de México, las amenazas son habituales. La semana pasada, un usuario de
Twitter colgó un vídeo en el que disparaba una fotografía del reportero Héctor
De Mauleón. Cronista de la historia y los bajos fondos de la ciudad, De Mauleón
denuncia continuamente a los capos del narcotráfico locales y su cercanía al
poder.
(VANGUARDIA/ EL PAIS/ 27 Ago 2017)
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