FOTOS: Enrique Botello
A días de su jubilación un investigador
de primera categoría fue despedido en el 2016 por actos inconstitucionales
ejercidos en su contra al defender los derechos de colegas. Sobre este y otros
casos similares, de resultar a favor de los demandantes significaría un
importante daño patrimonial a la institución. Ante esto la directiva guarda
silencio
Ensenada.- Al menos cuatro demandas
laborales ante la Procuraduría General de la República (PGR) así como la Junta
de Conciliación, por supuestos abusos en contra de empleados tienen ocupado al
departamento Jurídico del Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE). Sergio Reyes Coca, uno de los investigadores de
la División de Oceanología, se caracteriza por defender a otros compañeros que
en su momento fueron supuestamente agraviados por la directiva y el sindicato,
fue sorprendido una mañana de julio del 2016 tras regresar de vacaciones e
intentó entrar al edificio donde los guardias de seguridad le impidieron el
ingreso.
Dijo que tenía sospechas pues
en el periodo vacacional un trabajador le llamó para informarle sobre unas
personas cambiando la chapa de su añeja oficina.
Con 40 años de servicio había
sido despedido de Cicese en 2009 por una serie de actos inconstitucionales
ejercidos en su contra, la queja está en la Junta de Conciliación y Arbitraje,
de hecho el caso se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos
magistrados le dieron la razón al científico.
“Desde entonces me quitaron
laboratorios, sin becarios y casi nada material, por eso me dediqué a escribir
un libro”, mencionó.
A días de su jubilación, la
administración ahora alega que lo despidieron por no tener publicaciones
cuando, por cinco años, dijo, los superiores estuvieron al tanto de sus
actividades.
“Obviamente presenté una
demanda laboral ante la Junta Federal y similarmente estoy por entrar a la
etapa de pruebas. Además me acusó de no haber hecho nada durante los últimos
cinco años y el OIC me declaró culpable de responsabilidad administrativa,
sentenciando a una Amonestación Pública”, explicó.
Como no le fue notificado de
manera oficial su despido, el abogado personal sugirió esperar a que le fuera
retenido su depósito bancario correspondiente al salario.
Una vez registrado el impago
actuó legalmente interponiendo una demanda ante la PGR por despido
injustificado.
CICESE CASTIGA “MAL COMPORTAMIENTO”
También está el caso de
Dolores Carvajal Torres, una empleada con 21 años de antigüedad y
sindicalizada, liquidada por “grosera, mentirosa, altanera, ofensas y maltrato”
al menos fue lo que manifestó la Dirección así como la comisión mixta (dirección y sindicato).
Pero en el fondo, ella asegura que la corrieron porque sabe cosas íntimas que
han sucedido en el edificio.
“La situación es que el
sindicato no está para esto, si no nos van a defender, no pueden hacer eso en
contra de los trabajadores”, sostuvo. La demanda en este caso también está
vigente ante la PGR y quiere llegar a las últimas consecuencias, conversó.
Un dato a su favor, son
documentales donde el primer profesor emérito que llegó a CICESE, quien se
jubiló en Estados Unidos y llegó a la división de Ciencias de la Salud y
Biotecnología, Salomón Barnica, quien su jefe se deslinda de responsabilidad
por la salida de Dolores.
“Él lo negó mandando en
respuesta a la comunidad del CICESE donde consideró como “una gran injusticia
porque fue una de las mejores secretarias que ha tenido”.
La justificación fue que hubo
una acusación y se levantó una comisión mixta integrada por miembros de la
directiva y del sindicato que llegaron a una petición de despido.
“El sindicato me perjudicó
mucho, mi hijo iba a entrar a la universidad, el otro iba a prepa, mi casa a
medio pagar y no sabes qué es lo que viene. Yo la verdad es que quiero
justicia”, confesó la mujer.
DISPUTA POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS
Carlos Alberto Villaseñor
González, insiste en que fue obligado a firmar su “renuncia voluntaria” el
pasado 26 de febrero de 2016, estando él en una crisis de ansiedad y de pánico.
La demanda penal es el
presunto delito de confabulación de funcionarios públicos. Trabajador del área
de Telemática, está diagnosticado con trastorno bipolar por médicos del
Issstecali, pero asegura que jamás hubiera renunciado sin tener asegurado su
futuro económico y de salud.
En su momento ZETA cubrió sus
peticiones.
Como primer instancia,
Villaseñor enteró al Comité de Ética y Órgano Interno de Control (OIC), que se
redujo a decir que no era de su competencia, de ahí se dirigieron a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que le mandó una recomendación al
órgano para que resolviera.
También enviaron una queja al
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que a su vez le
solicitaron a la dirección general del CICESE su versión de los hechos, pero
estos persistieron en su dicho inicial de que todo se había apegado a derecho,
comentó.
Se presentó la
correspondiente demanda laboral ante la Junta de la Federal de Conciliación y
Arbitraje No. 40 y el juicio está por entrar a la etapa de pruebas.
Finalmente en julio de 2016
se presentó en la Procuraduría General de la República (PGR), donde piden a las
autoridades del Cicese detalles del protocolo de renuncia voluntaria.
Hizo una serie de denuncias
ante el sindicato, el OIC, la dirección general (a cargo entonces de Federico
Graef), pero todas estas fueron ignoradas, asegura.
Actualmente la Junta Federal le ha dado un
laudo favorable para su reinstalación.
DINERO PÚBLICO, AUSENCIAS Y PLAGIO
Genaro Pimienta, Presidente de la Sociedad Mexicana de PROTEOMICA, fue
despedido el 28 abril del 2016, por la acusación de que había faltado a
trabajar sin autorización de su jefe inmediato por el lapso de tres días.
Genaro presentó múltiples
pruebas de su ausencia la cual fue una combinación de viaje por motivos de
salud de su esposa y de actividades académicas a la ciudad de Guadalajara.
No tuvo derecho a finiquito
posteriormente el juicio laboral se solucionó rápidamente mediante un acuerdo
de Separación Laboral por Mutuo Acuerdo, en el cual Genaro recibió lo
correspondiente.
Pero ahora enfrenta una
problemática referente al plagio de un millonario programa computacional en el
área de Biotecnología para el que él gestionó recursos federales.
El grupo aseguró que ha
mandado misivas dirigidas al actual director Marinone Moschetto, pero éste no
ha demostrado interés por resolver el problema laboral que, de resultar a favor
de los demandados, significará en un importante daño patrimonial.
Semanario ZETA solicitó una
entrevista con el director para despejar dudas sobre las declaraciones hechas
por los ex empleados pero ésta fue negada en dos ocasiones por la titular del
departamento de Comunicación Norma Herrera.
“Mándame tus preguntas”,
insistió la trabajadora por medio de mensaje, no hubo ya más comunicación.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impres/Lorena
Lamas /Lunes, 3 Abril, 2017 12:00 PM)
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