La ciudad de León, que el PAN convirtió
en su bastión político durante al menos dos décadas, padece desde hace años de
un fuerte incremento de la criminalidad, asociado a graves desequilibrios
socioeconómicos. Sin embargo, la respuesta de los alcaldes –entre ellos la
priista Bárbara Botello que gobernó de 2012 a 2015– ha sido desplegar más
policías y aplicar el presupuesto de forma errática, mal planeada y opaca.
LEÓN, GTO.- Felipe y María de
la Luz regresaban a su casa de una fiesta la noche del sábado 25 de marzo con
su hijo Felipe, un adolescente de 16 años, y Juan Antonio, un sobrino. A unos
metros del domicilio, un ataque armado dirigido al vehículo en el que iban los
cuatro acabó con las vidas de Juan Antonio y de María de la Luz.
Los nombres de ambos están
incluidos en estadísticas, notas periodísticas y datos oficiales entre las 100
personas asesinadas violentamente en León durante los tres primeros meses de
2017.
En los últimos cinco años,
particularmente en los meses recientes, el narcomenudeo, la desigualdad
económica y social, la especulación inmobiliaria y la violencia desatada por
los grupos delictivos han acabado con la imagen de esta ciudad guanajuatense
como bastión de la paz y el progreso, que se empeñaron en construir los
gobiernos del Partido Acción Nacional desde 1989, cuando asumió la alcaldía
Carlos Medina Plascencia.
La alternancia en el periodo
2012-2015, con la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez, fortaleció aún
más la percepción de un incremento en la inseguridad. De hecho, aparte de las
críticas de sus rivales políticos, ciudadanos organizados en grupos como el
Frente Amplio Social y Ciudadanos Hartos la acusaron de debilitar las
instancias de seguridad con numerosos relevos de sus titulares y despilfarro
del presupuesto.
Y ahora, en la gestión del
panista Héctor López Santillana (exsecretario de Desarrollo Económico estatal y
gobernador interino durante la licencia de su correligionario Juan Manuel Oliva
Ramírez en 2012), León encabeza ya la estadística estatal de homicidios
dolosos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se
registraron 154 y al año siguiente 193, lo que implicó un aumento de 25% y
representa casi 20% de los asesinatos en el estado (mil 110).
Dicho incremento de la
criminalidad tiene impacto nacional. El 7 de marzo último el secretario de
Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó ante
regidores de la Comisión de Seguridad que el año pasado la ciudad cerró en el
lugar 13 de homicidios dolosos, pero subió al octavo al cierre del primer
bimestre de 2017, con 68. Esta cifra triplica la de homicidios dolosos
cometidos en enero y febrero de 2015 (22) y 2016 (21).
Después de que se dieron a
conocer dichas estadísticas, en febrero último el procurador estatal, Carlos
Zamarripa Aguirre, dijo a Proceso: “En los últimos años, quizás en los últimos
meses, la demanda de drogas, como el crystal, ha crecido”. A eso le atribuyó el
recrudecimiento de las pugnas entre bandas criminales en León y municipios
vecinos, como San Francisco del Rincón.
La respuesta gubernamental
fue reforzar la vigilancia en lugares estratégicos e incrementar las acciones
de inteligencia, así como los operativos conjuntos con el Ejército, la
Gendarmería y la Policía Federal.
OBSTÁCULOS A LA VIGILANCIA CIUDADANA
Entre junio de 2016 y febrero
pasado las autoridades estatales anunciaron “acciones extraordinarias” para
contrarrestar la embestida de la delincuencia, particularmente en León, Celaya,
Irapuato y San Francisco del Rincón, pero algunas organizaciones civiles
consideran que esa reacción es deficiente.
Una de ellas es el
Observatorio Ciudadano de León (OCL), creado en el tramo final de la
presidencia municipal del panista Ricardo Sheffield Padilla (2009-2012) para
medir la inseguridad y calificar las acciones para combatirla. El organismo se
declaró autónomo cuando Sheffield y su sucesora, Bárbara Botello, se negaron a
destinarle fondos públicos.
Luis Alberto Ramos,
empresario inmobiliario que preside el OCL, integrado por 25 consejeros,
describe en entrevista con Proceso las dificultades para consolidar un esquema
de colaboración ciudadana que revise tanto el gasto público como las políticas,
los programas y la transparencia gubernamental:
“Con Sheffield se concretó el
surgimiento de este observatorio. El acuerdo fue que nos proporcionaría capital
semilla para insumos pero, aunque es dinero de nuestros impuestos, parece que
si el gobierno da es para que hablemos bien de él. A Sheffield no le gustaba
que lo cuestionáramos.”
En cuanto a la priista
Botello, recuerda que en la campaña electoral “tomó mucha de nuestra
información y atacó directamente. Ganó, y cuando le planteamos el trabajo, nos
dijo que nada más le íbamos a pedir dinero y no quiso darnos información.
Entonces decidimos continuar con nuestros propios recursos e incidir en un
cambio gubernamental”.
En abril de 2015, durante el
proceso electoral en el que triunfó Héctor López Santillana, éste asumió varios
compromisos a solicitud del OCL, que le expuso cómo en sólo cinco años la
Secretaría de Seguridad Pública municipal tuvo seis titulares, la dirección de
la Policía Municipal cuatro y la de Prevención del Delito cinco.
Con base en sus propios
diagnósticos, elaborados con encuestas, asesorías de expertos, datos oficiales
y hemerográficos, los consejeros del OCL le explicaron al panista la necesidad
de combatir la pobreza como parte sustantiva de la prevención del delito, lo
mismo que la obligación de transparentar la información sobre los índices
delictivos y el gasto presupuestal.
El OCL le presentó a López
Santillana datos como éstos: en 2015 León era la tercera ciudad del país con
más habitantes pobres (casi 350 mil); 19% de las 68 mil 825 viviendas
particulares carecía de agua entubada; más de 60% de la población mayor de 15
años padecía rezago educativo, y 56% de jóvenes de entre 15 y 17 años no
asistía a la escuela.
Según Luis Alberto Ramos, el
observatorio ha insistido en trabajar con el gobierno del estado y el
municipal, en primer lugar “para obligarlos a reconocer lo que pasa” y, en
segundo, “para colaborar; somos críticos y constructivos: reconstruir México
nos toca a todos”.
Con este objetivo, la
organización elabora su Boletín Hemerográfico, en el que concentra y analiza la
incidencia delictiva. A decir del empresario, en el OCL “podemos ubicar cuáles
son las colonias más conflictivas, cuál es el daño a la persona, al patrimonio…
El gobierno dice que no puede publicar la información porque alarma a la
sociedad, pero si queremos prevenir es importante saber qué está pasando, dónde
y por qué”.
En su número de diciembre de
2016, el observatorio informó que de enero a octubre de ese año la Secretaría
de Seguridad Pública leonesa registró 2 mil 92 robos a comercios, 213
homicidios dolosos, 633 lesiones dolosas y 783 robos domiciliarios.
Además, un cruce de datos
hemerográficos arrojó que, de los 163 delitos publicados en diciembre de 2016,
en 88 se empleó algún tipo de arma, y a su vez en 68% de estos casos se trató
de un arma de fuego. Para enero pasado, 90% de los delitos a mano armada
implicaron el uso de pistolas o de rifles.
La dura realidad en este
rubro se le impuso al alcalde López Santillana, quien no pudo sostener a los
mandos policiacos. Ya fue relevado del cargo el director operativo de la Policía
Municipal, Jorge Guillén Rico, quien ha enfrentado quejas ciudadanas por
lesiones y fue señalado de proteger a un policía que presuntamente asesinó a un
joven. En 2012 Guillén reprobó los exámenes de control y confianza, pero fue
reincorporado en posiciones de mando por el secretario Luis Enrique Ramírez.
Los movimientos hechos por
López Santillana no han sido bien recibidos del todo. La inclusión de Francisco
Becerra, cuyo perfil es eminentemente político, en un área directiva de la
Secretaría de Seguridad, levantó ámpulas. De trayectoria panista, Barrera
carece de experiencia en materia de seguridad y operatividad policiaca. Sus
cargos anteriores fueron delegado de la Profeco y secretario general del Comité
Municipal del PAN.
A raíz de la inconformidad
que se hizo patente al interior del propio ayuntamiento entre regidores de
oposición, y afuera entre dirigentes empresariales, la Contraloría municipal
inició una investigación para cotejar el perfil de Becerra con el requerido para
su cargo de subsecretario.
ESCUDO ROTO
Entre 2012 y 2015 las cifras
de homicidios en León se mantuvieron estables, pero en 2016 crecieron 25%. En
el mapa delictivo elaborado por el OCL destacó en diciembre pasado el barrio de
San Juan Bosco.
“Si tuviéramos una ciudad
incluyente, que tuviera una economía sana… pero la situación es distinta. Por
más que se le meta a la ‘reacción’ (policiaca) no se va a lograr nada si no hay
programas sociales enfocados a recuperar la cohesión social. Los comités de vecinos
se usan para hacer campañas; los programas, para operar políticamente”, critica
Ramos.
Tampoco se fortalece la
seguridad pública, añade, “si no se cuidan los recursos, si se ejercen mal… Se
erogan 73 millones para prevención del delito, otros para hacer 161 comités
vecinales, para patrullas. Se compran tres torres de videovigilancia… Pero a la
hora de ver qué hereda una administración a la que sigue, resulta que no hay
700 patrullas, sino solamente 70 porque las demás están en el taller. Así no se
puede”.
Esto sucedió con las torres
de videovigilancia adquiridas en febrero de 2015, durante la gestión de
Botello. Por ellas se pagaron, sin previa licitación, 12 millones de pesos
provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
Las torres nunca pudieron
coordinarse con el Centro de Cómputo municipal (C4), aunque funcionaron ocho
meses y después se desplomaron por fallas en las estructuras, según publicó en
octubre de 2016 el diario am de León. Quedaron arrumbadas.
La prevención, principal
apuesta del OCL, “fue descuidada en el gobierno de Sheffield, pero con Botello
se desplomó. No hay una administración policial eficiente y eso es una de las
mayores carencias, junto con la falta de programas sociales realistas”, comenta
el presidente del observatorio, que junto a la Coparmex y el Centro Coordinador
Empresarial impulsó la instalación de una mesa ciudadana en la que participarán
también el alcalde y funcionarios de seguridad, tanto estatales como federales.
Para el OCL y otras organizaciones
sociales, las principales acciones del sexenio del panista Miguel Márquez
Márquez en materia de seguridad, que son los programas Impulso y Escudo
–orientados a la recomposición social y a la vigilancia–, tampoco son
efectivas:
“El programa Impulso no
cumple. No hay claridad en el uso de los recursos, que se manejan para la
política y las campañas –reitera Luis Alberto Ramos–… Podemos apostarle a
recomponer (la sociedad), tenemos esa oportunidad si se aplica bien el
presupuesto con programas que den resultados, si se empodera a la gente de las
colonias que quiere participar. Si no, ya perdimos.”
Escudo arrancó hace casi tres
años y no hay visos de que vaya a conseguir su meta de “blindar” la entidad
contra la delincuencia organizada.
“Guanajuato es sinónimo de
tranquilidad y todos queremos que así siga siendo. Desde hoy los caminos de
Guanajuato serán más seguros”, dijo Márquez Márquez el 15 de abril de 2014, en
el arranque oficial del programa.
Destinado a ser el emblema de
esa administración, Escudo costó 2 mil 700 millones de pesos e implicó la
adquisición de tecnología de avanzada para vigilancia y reacción rápida
policiaca. El entonces mandatario prometió: “Evitaremos que los delincuentes
encuentren oportunidades para eludir la acción de la justicia”.
Promesa fallida: apenas va
comenzando 2017 y el reporte ciudadano Semáforo Delictivo ya coloca al estado
en el primer lugar nacional en la tasa de ejecuciones.
Este reportaje se publicó en la edición
2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ VERÓNICA
ESPINOSA/ 8 ABRIL, 2017)
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