Los Mochis, Sinaloa.- Choferes de
urbanos en capacitación con transitos.
Falta armamento, vehículos y personal
capacitado en Procuraduría y Secretaría de Seguridad: SESESP
Las áreas de seguridad del
Gobierno del Estado tienen personal con falta de capacitación, dependencias con
carencias y corporaciones policiales con equipo en condiciones regulares.
La Evaluación del Ejercicio
Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, realizada por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, identificó
las debilidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).
El Informe
Anual de Evaluación
fue realizado para verificar el cumplimiento de los Lineamientos
Generales del FASP que entrega el Gobierno Federal al estado.
El estudio pretende conocer
los resultados del ejercicio, el destino y la
aplicación de los recursos, así
como los impactos obtenidos y
la pertinencia de las acciones, a
fin de establecer estrategias para la mejora de la gestión institucional y de
los operadores que concurren al Sistema Estatal de Seguridad Pública.
En la Procuraduría General de
Justicia del Estado detectó carencias en las área de periciales, policía
investigadora y Agencias del Ministerio Público Especializada en Desaparición
de Personas.
El informe destaca la falta
de mejor armamento, parque vehicular de las corporaciones y de aumento del
personal operativo.
La Policía Ministerial del
Estado (PME) y unidades especiales cuentan con 917 armas cortas y 555 armas
largas, cuyo estado es regular.
Además cuenta con un parque
vehicular de 91 patrullas pick up y 38 sedán también en estado regular.
El número de personal
operativo adscrito a la PGJE no se ha modificado de manera sustantiva, pues
está en un rango de 734 a 751 elementos operativos desde 2013, indica.
La renovación
del equipamiento táctico
para el personal
operativo de la PGJE no ha sido constante, por lo que
cuentan con material que está próximo a cumplir su vida útil, advierte.
“Ante una eventualidad que
requiera de la movilización del personal operativo de la PGJE, no se contaría
con el parque vehicular suficiente para su trasladado; de igual forma no
tendrían equipamiento necesario para operativos especiales”, señala.
Desde 2002, detalla, se
cuenta con una
Agencia del Ministerio
Público Especializado en
Desaparición de Personas y a esa
se sumaron tres agencias regionales más para la atención
de casos de desapariciones y personas no localizadas, que brindan atención a
los 18 municipios de Sinaloa.
En esas agencias se registra
falta de recursos humanos y materiales que impiden su correcta operación, a
pesar de que Sinaloa ocupa uno de los primeros lugares en desaparición de
personas, por lo que los recursos humanos y materiales pueden resultar
insuficientes para la atención de esta problemática, establece.
En el área de servicios
periciales no se dispone del
equipamiento, reactivos químicos, suministros de laboratorio y de seguridad
personal necesarios para que opere con la mayor eficacia.
El SESESP recomienda
desarrollar una estrategia
integral, interinstitucional y
multidisciplinaria para la búsqueda
de personas desaparecidas
o no localizadas en la que se integre a las
autoridades municipales, estatales y federales, así como a organizaciones de la
sociedad civil, estableciendo mecanismos
efectivos de coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y
justicia y los diferentes niveles de gobierno.
También considera necesario
que el Servicio Médico Forense cuente con los insumos y el equipo necesarios
para operar efectivamente y fortalecer los laboratorios de genética forense y
huella balística con personal especializado.
En el caso del Centro de
Justicia para las Mujeres señala que la construcción se encuentra al 100 por
ciento, faltando la obra exterior, conexión de energía, agua potable y barda
perimetral.
Con los recursos
destinados a este
programa durante 2016 pudo concluirse
la segunda y última etapa del Centro de Justicia para las
Mujeres, por lo cual el Estado
contaría con la
infraestructura necesaria para
iniciar operaciones.
De no poner en marcha el
centro, indica, se corre el riesgo de recibir una partida presupuestal menor a
la requerida para la operación.
El personal de las instituciones de seguridad
estatales y municipales no ha sido
capacitado ni evaluado
conforme a la
normatividad vigente y en materia
de formación inicial y continua.
La evaluación identificó avances parciales,
mientras que para
el caso de formación
de mandos, los avances son nulos.
La falta de capacitación del
personal en los ámbitos administrativo y operativo, pone en riesgo el
funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, menciona.
El informe revela que la
cobertura de capacitación a funcionarios que laboran en las áreas de prevención
es de apenas el 16 por ciento y aun cuando abordan temas
diversos, las capacitaciones tienen una duración corta de máximo dos días.
Detalla que de 8 mil 46
elementos de las Policías Municipales, Estatal Preventiva, Ministerial y
Custodio Penitenciario, apenas 145 recibieron formación continua y formación de
mandos.
En habilidades destrezas y
conocimientos solo fueron evaluados 371 elementos de las corporaciones, excepto
de la Policía Ministerial del Estado, de la que no se presentó ningún agente
evaluado.
Quedaron pendientes
de capacitar a 695 elementos
del sistema penitenciario entre sicólogos, médicos
y departamento jurídico, funcionarios de las áreas
de prevención, operadores
telefónicos y poligrafistas
y sicólogos.
El informe recomienda ampliar
la cobertura de capacitación y la duración de los cursos con el propósito de
profesionalizar a los funcionarios de las instituciones de seguridad pública;
en particular, a quienes operan las áreas de prevención social de la violencia
y la delincuencia.
También exhorta a realizar la
contratación del personal que operará el Centro de Justicia para Mujeres y
efectuar las capacitaciones en torno al funcionamiento del modelo del Centro,
perspectiva de género, prevención de la violencia, protección de los derechos
humanos, entre otros temas, todo ello atendiendo la normatividad aplicables.
El sistema de video
vigilancia del C4i registró mil 18
eventos, de los cuales en 113 casos las
grabaciones han servido para la investigación ministerial.
Menciona que aun cuando
los eventos registrados
en las cámaras han
servido para el
desarrollo de investigaciones judiciales, la
infraestructura del sistema
de video vigilancia está
subutilizada, pues la
incidencia en las investigaciones ministeriales es baja.
El SESESP sugiere hacer más
eficiente el mecanismo de cooperación con las autoridades de procuración e
impartición de justicia en los casos en los que se requiere el resguardo de una
videograbación y desarrollar protocolos que permitan a los ciudadanos acercarse
a las autoridades para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que
dispone el C4i.
En el sistema penitenciario
señala que cumplieron con el ejercicio de los recursos que se habían
presupuestado para diversas construcciones, pero señala la falta de
capacitación del personal de custodia y en la instalación de inhibidores de
señales telefónica.
En los Centros Penitenciarios
de Los Mochis y Mazatlán están operando inhibidores y en el de Culiacán
estuvieron operando hasta el mes de octubre.
De una meta de evaluar a 400
custodios en habilidades y destrezas, solo lo hicieron con 74.
En un análisis de la
incidencia delictiva, menciona que en 2016, el Estado se colocó en el escalón
24 del ranking nacional con 60.8 delitos diarios, esto es, 40 delitos menos que
los registrados en el 2011 cuando se alcanzaron los 100 delitos diarios y 10 más
a los presentados en 2000 cuando se registró
el menor número de delitos.
El año pasado, el promedio de
delitos diarios correspondientes a las modalidades de robo común, otros
delitos, lesiones y abigeato,
presentaron un descenso contrario
a los delitos patrimoniales y las violaciones, pues en este año registraron el
mayor número de la serie histórica.
Los homicidios, el robo a
instituciones bancarias y el secuestro tuvieron un leve aumento, sin llegar a los niveles alcanzados en años
anteriores, establece.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 3 ABRIL,
2017)
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